Sin trabajo digno, no hay pensión digna

 

No se puede exigir ahorro para una vejez digna cuando el presente apenas alcanza para sobrevivir. Este es el dilema que enfrentan millones de peruanas y peruanos y que el Congreso ha intentado disfrazar con la llamada Reforma Previsional. La Ley N.º 32123, aprobada en 2024 y reglamentada el 5 de septiembre de este año, que pretendía rediseñar el sistema de pensiones, pero terminó evidenciando las grietas de un Estado que legisla sin abordar lo más urgente, garantizar trabajo digno hoy.

La propuesta inicial incluía una pensión mínima de S/600 para quienes aportaran al menos 20 años, la afiliación obligatoria de todos los trabajadores y la imposición de contribuciones a los independientes. Además, prometía libre movilidad entre la AFP y la ONP, así como mayor competencia en el mercado de las administradoras de fondos. Sin embargo, en un país donde más del 70 % de la población laboral se encuentra en la informalidad y donde muchos ingresos apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, esa pensión mínima sonaba más a consuelo que a una solución real.

La reacción ciudadana no se hizo esperar. Septiembre fue testigo de masivas movilizaciones de jóvenes y trabajadores que percibieron la reforma como una camisa de fuerza: exigir aportes cuando los ingresos no dan ni para llegar a fin de mes. Ante la presión social, el Congreso dio marcha atrás. Apenas diez días después, mediante la Ley N.º 32445, autorizó un nuevo retiro extraordinario de fondos de las AFP —el octavo desde 2020— y derogó tanto los aportes obligatorios para independientes como las medidas más restrictivas. El tanque que supuestamente debía llenarse para asegurar el futuro, volvió a abrirse en mil fugas.

A esta contradicción se suman dos elementos que rara vez se ponen en el centro del debate. Primero, que las cuatro AFP activas en el país pertenecen al mayor grupo financiero nacional y a tres transnacionales, que manejan a su discreción más de 110 mil millones de soles de los trabajadores y cobran comisiones superiores a los mil millones anuales. Es el mismo patrón de concentración que se observa en el sistema bancario: cuatro bancos concentran cerca del 85% de los depósitos, y dos de ellos —Scotiabank y Banco de Crédito— controlan también sus AFP. En segundo lugar, la Ley N.º 32428, aprobada en agosto bajo el impulso del fujimorismo, abrió la puerta para que las AFP puedan invertir hasta el 80% de los fondos en el exterior, lo que equivale a más de 90 mil millones de soles que salen del circuito económico nacional.

El resultado es profundamente contradictorio: se conserva la promesa de una pensión mínima y la afiliación obligatoria, pero al mismo tiempo se flexibilizan los retiros anticipados y se consolidan las ventajas de un oligopolio financiero que opera con márgenes de ganancia extraordinarios. El mensaje, visto en perspectiva, no podría ser más claro: el sistema previsional ha dejado de aspirar a ser un pilar de protección social para convertirse en un campo de disputa política y empresarial. Un botín que se abre y se cierra según el vaivén de las encuestas, las protestas callejeras y las urgencias del momento.

El debate sobre las pensiones es legítimo, pero insuficiente. Ninguna reforma previsional podrá sostenerse en un país donde la mayoría trabaja en la informalidad y con salarios paupérrimos. El verdadero desafío —y la reforma pendiente— no está en cómo repartir el ahorro futuro, sino en transformar el presente: más productividad, mayor formalización laboral y salarios que permitan vivir con dignidad. Y, además, avanzar hacia un esquema en el que los empresarios también asuman un rol activo en el financiamiento del sistema, como ocurre en otras latitudes. Solo así la promesa de una pensión decorosa dejará de ser un espejismo y se convertirá en una realidad posible.

 

 

desco Opina / 26 de setiembre de 2025

Un debate a la peruana: los retiros de fondos de las AFP

 

El jueves 11 de abril, el pleno del Congreso decidió aprobar un nuevo retiro de fondos de las AFP, con 97 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Debido a esto, los peruanos afiliados –y que cuenten con fondos– podrán retirar hasta 4 UIT (US$ 5.500).

Tras la votación, algunos de los congresistas se manifestaron en sus redes sociales para celebrar los resultados. Por ejemplo, JoséLuna Gálvez, de Podemos Perú, señaló que se impuso la voz del pueblo: “El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría la ley que permite el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Tras tres contundentes marchas que Podemos Perú lideró. ¡Lo logramos!”

De acuerdo con estimaciones previas, la medida significa la salida de más de US$ 9 mil millones del sistema privado de pensiones y que 7 millones de peruanos se queden sin ahorros para la jubilación. Seguramente, esto último es lo que tuvieron en consideración los integrantes de la bancada de Fuerza Popular para, luego de dar sus votos para aprobar la ley, publicaran un comunicado señalando que su objetivo era impulsar una reforma del sistema de pensiones y no solo el retiro parcial de los fondos, para “asegurar una vejez digna para todos los peruanos con el sistema de pensión por consumo”.

En otras palabras, nos ejemplifican como la política es también un medio para quedar bien con Dios y con el diablo, hasta donde se pueda, claro está. Por eso, la congresista Sigrid Bazán señaló que “la hipocresía fujimorista siempre queda retratada. Durante el debate se negaron al retiro de las 4 UIT de las AFP, pero al final votan en verde para la foto”.

Obviamente, las AFP pusieron el grito en el cielo, nuevamente. Criticaron que los fondos que administran se hayan convertido en una continua fuente de liquidez para los afiliados, trastocando su objetivo, es decir, asegurar una renta jubilatoria.  Al cierre del 2023, estos fondos representaban el 13% del Producto Bruto Interno (PBI), proporción muy inferior a la que implicaban, cuatro años atrás (23%). Esta situación, según Elmer Cuba, de Macroconsult, está conduciendo al desmontaje del sistema privado de pensiones y, como consecuencia, si vamos por este rumbo, “solo uno de cada 10 peruanos va a tener pensión en la vejez”.

Como suele suceder entre nosotros, cada vez con mayor frecuencia, parece que uno y otro lado apoyan sus posiciones en supuestos imaginados. Veamos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población ocupada en Perú está conformada por alrededor de 18 millones de personas. De este total, el empleo formal abarca a 4 millones de personas, mientras que el trabajo informal llegó a una cifra récord de 9.7 millones de personas en zonas urbanas durante el año móvil julio 2021-junio 2022; a esta cifra debe agregarse la que arroja la informalidad laboral rural. Esto significa, como sabemos, que más del 70% de los peruanos trabajan en la informalidad y la precariedad. Dicho de otra manera, tres de cada cuatro trabajadores de la población ocupada tienen empleo informal.

En cuanto a la distribución por género, el 44.7% de la población ocupada en Perú son mujeres, mientras que el 55.3% son hombres. Además, hay un dato por demás significativo que atañe al motivo de este artículo: se observa un aumento en la población ocupada de 45 años o más, mientras que el grupo de 14 a 24 años ha disminuido.

Recordemos, para contextualizar adecuadamente, que los trabajadores informales son aquellas personas que tienen una ocupación, pero no cuentan con beneficios sociales o cuyos trabajos no están registrados. Por otro lado, los trabajadores formales cuentan con vínculos laborales sujetos a la legislación laboral, fiscal y de la seguridad social.

Pero, debemos prestar cuidado al hecho de que el empleo informal no está concentrado exclusivamente en el sector informal. En efecto, como señalael INEI, el empleo informal se descompone en empleo informal dentro del sector informal y fuera de él.

Es decir, también pueden existir empleos informales en sectores institucionales que por definición son “formales”: sociedades financieras y no financieras, instituciones sin fines de lucro, gobierno, etc. Significativamente, el desagregado territorial de estas variables, dan como resultado que el lugar donde existe mayor informalidad laboral en el sector formal es la provincia de Lima, con el 22%. 

De otro lado, luego del quinto retiro de fondos de las AFP, se constató que el 70% de los afiliados activos habían retirado (total o parcialmente) sus fondos de pensiones. En este punto, el mayor porcentaje de afiliados con retiros fue el rango de 31 a 40 años (80% de este grupo retiró); es decir, se trata de una población joven que, al retirar o agotar su fondo, acorta el ciclo laboral de ahorro jubilatorio. En promedio, en esa ocasión, los afiliados retiraron en promedio el 82.1% del ahorro jubilatorio.

Sin embargo, para modular el impacto general de esas cifras, debe decirse que al 2023, los afiliados al sistema privado de pensiones eran 9 millones 220 mil 198 personas, mientras que los afiliados al sistema nacional totalizaban 4 millones 624 mil 201. De ellos, cotizantes activos solo fueron 3 millones 839 mil 547 en el caso del sistema privado y 1 millón 433 mil 679 en el del sistema nacional.

Asimismo, actualmente el total de pensionistas que cubren las AFP es de 203,443, el sistema nacional otorga cobertura a 738, 358 y en Pensión 65 tenemos a 627,924; totalizando 1 millón 569 mil 725 pensionistas. Pero, en el Perú existen 4 millones 140 mil adultos mayores, lo que significa que el 62% de esta población no tendría ninguna cobertura jubilatoria.

Ahora bien, al remitirnos a las estadísticas del INEI, constataremos que más allá de las preocupaciones sobre la pérdida de su rentabilidad que presentan las AFP o la extravagante apelación “al pueblo” que hace el congresista Luna, se yergue un drama nacional invisible y de connotaciones graves.

Cuando discutimos sobre las pensiones nadie refiere a los actores centrales en este asunto. Resulta que el 38,9% de los hogares del país tiene entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años y que, del total de hogares del país, el 25,2% tiene como jefa o jefe de hogar a una persona adulta mayor. Además, la población adulta mayor con algún problema de salud crónico es del 78,6% y que el 42.7% de las personas con discapacidad son adultos mayores.

En realidad, lo que han venido planteando los funcionarios de las AFP y los congresistas es como desligar la producción de los sistemas de cuidados. En sus cabezas, esto último forma parte de lo que llaman “sobrecostos”. Es decir, creen que en la consabida centralidad que le otorgan al PBI no cabe interés alguno en cómo van a sostenerse los adultos mayores y las familias que dependen de ellos o, en su defecto, de las cuales dependen.

Aunque les suene extraño y paradójico, el cuidado es una parte central de la vida socioeconómica y esto no es tomado en cuenta cuando se licúan los ahorros hoy sacrificando el futuro, desplazando los costos a la sociedad y sin ofrecer alternativa alguna al vaciamiento de los fondos previsionales; o cuando los pensionistas son considerados simplemente como instrumentos de rentabilidad y miden su existencia desde la cantidad de soles que pueden ahorrar y no deberían gastar, aun cuando las urgencias del presente apremien.

Debe darse una solución para todos los trabajadores, mediante propuestas consistentes desde el Legislativo sobre un fondo pensionario que aspire a su universalización.

 

 

desco Opina / 19 de abril de 2024

El “estallido populista” del Congreso

 

Es ya un lugar común que los medios masivos, políticos y opinólogos defensores del modelo económico, así como los dirigentes de gremios empresariales, califiquen algunas leyes y normas emitidas por el Congreso como «populistas», especialmente cuando éstas atentan contra lo que el establishment político nacional entiende como economía de libre mercado.

Esto ha ocurrido una vez más a propósito de la discusión y aprobación (algunas probables, otras ya consumadas) de leyes relacionadas al cobro de peajes, el retiro de fondos en las AFP y la ONP, las deudas en el sector financiero, el ajuste de las pensiones escolares, entre otras, que cambian las reglas de juego en esas materias.

El «populismo congresal» no queda allí, sin embargo. El Presidente Ejecutivo de una consultora, colaborador de un diario donde defiende a fondo el modelo, señaló que su empresa recopiló 81 proyectos de leyes sobre el sistema de pensiones, 36 sobre el sistema financiero, 26 sobre control de precios que el Congreso actual ha gestado en cinco meses de funcionamiento.

La corrupción, la ignorancia, la defensa de intereses de grupo, el oportunismo y el chantaje, incluso la ideología, son los factores a los que se apelan para explicar esta suerte de ataques al libre mercado. Otros aluden a la irresponsabilidad derivada de las pocas posibilidades que las múltiples fuerzas del fragmentado Congreso tienen de llegar a ser gobierno. Esos factores cuentan al momento de considerar las motivaciones de los congresistas, pero no parecen ser extensibles al universo y quizás ni siquiera a la mayoría de ellos.

Así, es difícil que un representante corrupto, buscando su propio beneficio económico, prefiera afectar a sectores poderosos de los cuales podría aprovecharse. Es difícil también que una mayoría se deje arrastrar por los intereses de grupos minoritarios para aprobar leyes como las que se vienen discutiendo. En cuanto a la irresponsabilidad derivada de sus pocas expectativas de ser gobierno, hay al menos cuatro bancadas (AP, APP, Podemos y UPP) con aspiraciones para ganar las elecciones generales del 2021, lo que relativizaría la efectividad del argumento. Por último, las razones ideológicas existen, pero quienes las encarnan son minoría dentro del Congreso y, al menos hasta la fecha, no han sido capaces de consensuar o persuadir a una mayoría para que aprueben sus propuestas.

Existen razones políticas en los congresistas para ganar apoyo para sus partidos o su eventual reelección, pero la debilidad orgánica de aquellos y la no reelección inmediata relativiza estos móviles como dominantes. Ahora bien, que estén buscando legitimarse ante la población, es algo que todos los políticos hacen. La pregunta es ¿por qué ello pasa por plantear iniciativas que atacan algunos ejes importantes del modelo? ¿Por qué, por ejemplo, la defensa del libre mercado, de la gran minería o de las AFP no son particularmente populares y no movilizan apoyo masivo? Más aún, ni siquiera el discurso del emprendedor, dirigido a sectores populares, dio réditos políticos a quien lo manejó en la última campaña presidencial, de la cual fue finalmente retirado luego de una serie de papelones y una irrisoria intención de voto en las encuestas.

Recuérdese también las veces en que la supuesta candidatura de Hernando de Soto, difusor del capitalismo popular, se ha frustrado y no ha logrado despegar. La mayoría de congresistas (y de los ciudadanos) conoce este imaginario popular, de allí que busque representarlo y ganar apoyo, independientemente del impacto de las medidas «populistas» en las finanzas y en la institucionalidad pública. Dicho sea de paso, la preocupación por las finanzas públicas parece surgir sólo cuando el Estado debe realizar gastos para pagar deudas sociales con las mayorías nacionales.

Luego de tres décadas, la derecha económica y política no entiende que el modelo de libre mercado no se ha legitimado ante la mayoría ciudadana; su visión parece reducirse a lo jurídico, confiando en la «fuerza» de la Constitución, supuesta expresión de un pacto social en realidad ficticio, pues el modelo fue de hecho impuesto en los años noventa. La solidez del blindaje constitucional al régimen está evidentemente jaqueada. El mayor logro social (la reducción de la pobreza) obviamente no alcanza a contrarrestar la desigualdad y la exclusión reales y percibidas, más aún en una coyuntura donde se prevé que hacia fines de año, habrá un 10% más de hogares pobres.

Seguramente muy pocos previeron que los golpes más serios al modelo económico provendrían del Congreso de la República. Esto es parte del costo que la derecha económica y política tiene que pagar por no construir alternativas políticas orgánicas y por creer que el «goteo», la focalización del gasto social y el mercado se encargarían de solucionar los problemas. Ha pasado también en Chile, pero allí fueron movilizaciones masivas las que provocaron el estallido, cosa que en nuestro país no ha ocurrido. La debilidad de las organizaciones sociales y las pocas expectativas de la población frente al Estado deben provocar suspiros de alivio entre las élites. A pesar de todo, que el «estallido» se limite por ahora al Legislativo y sólo para ciertas medidas, no deja de ser una ventaja.

El torpedeo del modelo desde el Congreso está lejos de ser una alternativa seria para resolver los problemas de fondo. Ejemplo de ello es la reciente aprobación de la ley que devuelve los aportes de la ONP, así como antes lo fue la liberación parcial de las cuentas individuales de las AFP. Ello puede ayudar a sobrellevar la difícil situación que ha creado la pandemia, pero elude abordar una solución integral: la creación de un sistema universal de pensiones, con solidaridad intergeneracional. Muchos críticos atribuyen estas leyes a la irresponsabilidad del Congreso con las finanzas públicas, pero no mencionan que ésta tiene un antecedente en otra irresponsabilidad, que diseñó una legislación que fomentaba la fuga de afiliados desde la ONP hacia las AFP.

Los vacíos programáticos, el oportunismo y el cortoplacismo del Congreso, insoslayables, criticables e imperdonables, pueden terminar siendo una oportunidad para los defensores del modelo pues que se sepa, no han perdido su capacidad de cooptación y las elecciones del próximo año pueden cambiar el escenario. Lo que no se vislumbra es una legitimación social del modelo ni esfuerzos que conduzcan a ello; tampoco alternativas programáticas, organizadas y democráticas de cambio, lo que es ciertamente una tragedia para el país.

 

desco Opina / 28 de agosto de 2020