Entre las cifras y la realidad: la salud pública en Junín

 A pesar de los avances presentados durante la XLI Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), realizada a finales de septiembre en la ciudad de Huancayo, los indicadores en salud de la región Junín siguen reflejando una realidad preocupante y compleja. Aunque se han realizado algunos esfuerzos, los resultados no son tan alentadores; particularmente la anemia sigue siendo un desafío crítico. A pesar de los planes y políticas multisectoriales implementadas a nivel nacional, los avances en la región han sido ligeros y las cifras respecto al 2024, apenas han cambiado. La persistente alta tasa de anemia en gestantes y niños, así como la desnutrición crónica en menores, evidencia que las políticas en curso necesitan ser revisadas y adaptadas de manera más efectiva a las particularidades de Junín.

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Junín enfrenta elevados índices de anemia y desnutrición crónica que siguen siendo un reto significativo. En la región, el 24% de las gestantes y el 50.5% de los niños de 6 a 36 meses padecen anemia, mientras que el 17.8% de los menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. La persistencia de estos indicadores señala la urgencia de reforzar estrategias de atención y prevención, y evidencia que las políticas y programas actuales no han sido suficientemente eficaces para abordar de manera integral y sostenida la malnutrición en la región, lo que obliga a redoblar esfuerzos y revisar los enfoques adoptados.

Además, los indicadores relacionados con el acceso a servicios básicos en Junín revelan considerables desigualdades que afectan gravemente la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en las zonas rurales más alejadas. De los 3720 centros poblados de la región, solo el 39.7% tiene acceso a agua potable, y el acceso a saneamiento es aún más limitado (26.1%). Solo 62.4% de los centros poblados tiene acceso a electricidad, sin embargo, el acceso a internet es bajo (10.7%). La cobertura en servicios integrales sigue siendo escasa, solo 7.7% de los centros poblados tienen acceso a todos los servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad e internet). Estos datos no solo reflejan limitaciones en la infraestructura básica, sino una clara disparidad en el acceso a servicios esenciales que condicionan el bienestar de la población. Esta situación plantea la necesidad de un enfoque mejor adaptado a las realidades locales y un compromiso más firme para reducir estas brechas.

Por otro lado, según la Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud del Perú - Sala Situacional de Dengue, 2025, Junín ha registrado 1446 casos acumulados de dengue, con una disminución del 50% comparados con los 2877 reportados en el mismo período de 2024. Sin embargo, se registra un incremento del 33% con respecto a las defunciones (3 fallecimientos en 2024 y 4 en 2025). Si bien la reducción de casos indica que las medidas de control están funcionando, el aumento en la mortalidad es preocupante; a pesar de los esfuerzos preventivos, la enfermedad sigue causando muertes en la región. Esto podría estar relacionado con factores como el acceso a la atención médica o la gravedad de los casos en algunas zonas, lo que resalta la necesidad de intensificar no solo la prevención frente a los criaderos de mosquitos, sino la mejora en la atención médica oportuna para evitar más defunciones.

Parece que el entusiasmo ha desbordado en la reciente reunión de la CIGS, especialmente al destacar que Junín se encuentra entre las regiones con mejores niveles de inversión en salud. Para comprobarlo, revisamos la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que aporta los siguientes resultados: el Gobierno Regional de Junín dispone de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 3 472 569 681, con una ejecución actual del 74.7%. De este total, la función Salud recibe S/ 1 073 150 913, de los cuales se han devengado S/ 786 049 305, lo que representa un avance del 73.2%.

A pesar de que el nivel de ejecución es aceptable, los resultados en el sistema de salud regional evidencian graves deficiencias. La Contraloría General de la República, a través del Informe de Orientación de Oficio N.º 033-2024-2-2814-SOO y el Informe de Visita de Control N.º 032-2024-OCI/2814-SVC, ha identificado serias falencias en los establecimientos de salud de Junín, que incluyen la escasez de personal asistencial, problemas estructurales y la falta de equipos médicos básicos. En el Hospital Domingo Olavegoya de Jauja (en estado de emergencia desde 2012), se realizó una nueva supervisión bajo el Informe N.º 018-2025-OCI/2814-SVC, donde se detectaron filtraciones, fisuras, instalaciones eléctricas expuestas y ambientes deteriorados, situaciones que ponen en riesgo la seguridad tanto de pacientes como de trabajadores. Además, se comprobó el incumplimiento de horarios por parte de los profesionales de salud, así como la ausencia de una adecuada programación de guardias médicas. Estos problemas reflejan un uso ineficiente del gasto público: mientras el presupuesto cubre el pago del personal, este no se traduce en mejoras sustanciales en la calidad del servicio ni en la creación de condiciones adecuadas para la atención.

La situación de la salud pública en Junín sigue siendo alarmante. A pesar de los avances en el presupuesto destinado a la salud y los esfuerzos intergubernamentales, las cifras de malnutrición como la alta tasa de anemia y desnutrición crónica son preocupantes. Las inversiones económicas y los planes multisectoriales no han logrado un cambio significativo en los indicadores clave de bienestar, esto refleja la ineficacia de las políticas implementadas hasta ahora. El acceso limitado a servicios básicos como agua potable, saneamiento e internet en la mayoría de los centros poblados, especialmente en áreas rurales, refuerza la desigualdad estructural que afecta la calidad de vida de los habitantes, lo que plantea un desafío aún mayor para mejorar la salud pública en la región.

La falta de personal adecuado, infraestructuras deterioradas, escasez de equipos médicos en establecimientos de salud, como en el caso del Hospital Domingo Olavegoya, revelan la falta de eficiencia en el gasto público. Aunque el presupuesto está destinado al pago de personal, ello no se traduce en mejoras sustanciales en las condiciones de los centros de atención ni en la calidad del servicio ofrecido a los pacientes. La persistencia de estos problemas, junto con la ineficiencia en el uso de recursos y la falta de una respuesta efectiva ante emergencias sanitarias como el dengue, subraya la necesidad urgente de una revisión profunda de las políticas y estrategias en salud. Es fundamental que se adapten a las realidades locales, priorizando la mejora de infraestructura, la capacitación continua del personal y, sobre todo, un enfoque integral y sostenible para garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud para todos los habitantes de Junín.

 

 

desco Opina – Regional / 10 de octubre de 2025

descocentro 

Luchar por el derecho a la alimentación

 

Hace algunas semanas se presentó el Informe Perú del Índice Global del Hambre (IGH) 2024, elaborado por organizaciones no gubernamentales internacionales que integran la red estratégica Alliance 2015, en colaboración con el Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); que mide el hambre respecto a tres dimensiones: i) la inadecuada oferta alimentaria, ii) la mortalidad infantil y iii) la desnutrición infantil. En este informe se reveló la situación crítica respecto al hambre en nuestro país que ha mantenido, por segundo año consecutivo, un índice de 19.6 puntos, ubicándose en un estado moderado respecto a otros países y superando, en un poco más de 5 puntos, la posición que alcanzó en 2019. En este año, solo una región, Huancavelica, tuvo un índice grave, mientras que desde el 2022 aumentaron a diez las regiones en esta situación respecto al hambre, encabezadas por Apurímac y Huancavelica, regiones que se han caracterizado por sus condiciones de precariedad y pobreza. Por ejemplo, en 2023, Huancavelica alcanzó una tasa de 13.9% del total de su población en situación de pobreza extrema, 4.3% más respecto al 2022. Además, estas dos regiones presentan un porcentaje alto de desnutrición crónica infantil (DCI). Así tenemos que, en 2023, Huancavelica lideró la tabla con 26.1%, 4.6% menos respecto al 2019; mientras que Apurímac alcanzó un 18.9% de su población con DCI, 2.8% más en comparación al alcanzado en 2019.

La DCI en el Perú es uno de los principales problemas en torno a la salud pública y el bienestar social, relacionado principalmente a las condiciones de pobreza de la población. Esta se caracteriza por el retardo en el crecimiento de la niña o niño respecto a su edad, que trae como resultado una limitación en el desarrollo de sus capacidades a nivel intelectual, físico e incluso afectivo, pudiendo provocar su muerte. De acuerdo al Informe preliminar de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), correspondiente al primer semestre del 2024, la desnutrición crónica infantil ascendió a 12.2%, siendo la zona rural la más afectada con 22.1%, mientras que la urbana alcanzó un 8.3%. Y si observamos los niveles de anemia por déficit de hierro en niñas y niños menores de 3 años en el país, este alcanzó a un 42.8% de la población referida, siendo, nuevamente, la zona rural la más afectada con un 50.2% del total de su población de niñas y niños menores de 3 años.

En el Perú, se han desarrollado programas sociales con el objetivo de contribuir con la lucha contra la desnutrición infantil. Uno de ellos es Juntos, programa nacional de transferencias directas a familias en situación de mayor pobreza de las zonas rurales y urbanas que busca mejorar los índices de nutrición, educación y salud de las futuras generaciones y romper con el círculo de pobreza, bajo un enfoque de ciclo de vida y en cuyos ejes se contempla la nutrición infantil y el desarrollo infantil temprano. Para el 2022 este programa implementó una estrategia denominada Transferencia Primera Infancia (TPI) que consiste en la entrega de un bono adicional de S/ 50.00 soles a los hogares integrados por una gestante en el primer trimestre de embarazo y/o niñas y niños hasta los 30 días de nacido. En los primeros meses del 2024, UNICEF presentó los resultados de una evaluación de impacto de esta estrategia, en la cobertura del paquete integral de salud, prevalencia de anemia y la DCI en niñas y niños nacidos entre enero y julio de 2022. En esta, se halló que la nueva estrategia de Juntos había logrado, para el corto plazo, un impacto favorable en la promoción del dosaje de hemoglobina y suplementación de hierro en niñas y niños con 6 meses de edad. Mientras que en los resultados finales se halló que la TPI logró un impacto positivo en la talla y una reducción de 6.5% en la desnutrición crónica en niñas y niños con 12 meses de edad.

Qali Warma, programa social de asistencia alimentaria a niños y niñas de instituciones educativas públicas del nivel inicial y primario (principalmente), se creó en 2012 con el fin de otorgar un servicio de alimentación de calidad durante todo el año escolar, permitiendo que las niñas y niños mejoren su atención y aprendizaje en clase. Sin embargo, un estudio elaborado por Pedro Francke y Gustavo Acosta, publicado en 2021 respecto al Impacto del programa de alimentación escolar Qali Warma sobre la anemia y la desnutrición crónica infantil, reveló que esta iniciativa estatal no ha logrado efectos significativos en la reducción de la anemia y la DCI en el grupo de niñas y niños de 3 a 5 años que fueron evaluados para el periodo 2014-2017; esto debido a que no son suficientes los meses en los que se recibe alimentos desde el programa, la calidad de los mismos, la forma de entrega y la receptibilidad de las niñas y niños respecto a los alimentos que entrega el programa. En 2022, un estudio del propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), evidenció que para el 2019 el 95.3% de estudiantes de primaria de siete regiones evaluadas (Áncash, Cusco, Ica, Lambayeque, Lima, Loreto y Huancavelica) que dependen únicamente de estos alimentos, no recibían la cantidad mínima de hierro para el desayuno.

En los últimos días Qali Warma ha estado en el ojo de la tormenta debido a una nueva denuncia por la presunta distribución de conservas en mal estado y de carne de caballo a estudiantes de comunidades en las regiones del país. De acuerdo con lo señalado por Noemí Alvarado Llanos, extrabajadora de la empresa en cuestión, Frigoinca, estas conservas venían siendo entregadas desde el 2021, época en que Dina Boluarte estaba al mando del MIDIS. Cabe precisar que en esta denuncia también está implicado el actual vocero de la Presidencia de la República, Fredy Hinojosa que, entre el 2019 y 2022, era el Director Ejecutivo de Qali Warma y había favorecido estos hechos de corrupción en perjuicio de miles de niñas y niños que dependen de estos alimentos a diario. Precisamente entre el 2022 y 2023 se observó una reducción significativa en el presupuesto destinado a la contratación de supervisores en un 98% (de S/ 51.1 millones a S/ 1.3 millones), favoreciendo las condiciones para que hechos condenables como los que hoy se denuncian se sigan repitiendo.

Así las cosas, cabe preguntarse sobre los efectos reales de los programas sociales vinculados a mejorar el bienestar, la salud y la vida de las niñas y niños en nuestro país. Más aún si estos están bajo la administración de personajes cuestionados como el hoy ministro del MIDIS Julio Demartini, que prefiere centrar sus fuerzas para cuestionar la reciente prisión preventiva dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho al hermano de Boluarte, Nicanor Boluarte, y justificar su paso a la clandestinidad. No podemos optar por el facilismo que caracteriza a este gobierno y negar la crisis alimentaria y nutricional que afecta al país. Toca seguir luchando por los derechos de miles de niñas y niños peruanos que están hoy en un estado de desprotección, a causa del desinterés y la frivolidad de este gobierno. 

 

desco Opina – Regional / 22 de noviembre del 2024

El cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes

 

Este año concluye el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), formulado una década atrás, sin que hasta la fecha se haya realizado algún balance global, un informe de cumplimiento de sus metas establecidas o cuando menos la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para aportar en la elaboración de un necesario plan de continuidad. Como lo muestran algunos indicadores sobre salud infantil, embarazo adolescente, participación y violencia hacia niñas, niños y adolescente, hay avances importantes, pero los problemas identificados hace diez años subsisten y no se lograrán las metas, fundamentalmente en las zonas rurales y en las de mayor pobreza.

El Plan estableció 6 metas emblemáticas: (i) reducción de la desnutrición crónica infantil a 5%, (ii) 100% de niñas y niños de 3 a 5 años con acceso a una educación inicial de calidad, (iii) 70% de niñas y niños de segundo grado de primaria con un nivel suficiente de comprensión lectora y razonamiento matemático, (iv) reducción de la tasa de maternidad adolescente en 20%, (v) los adolescentes acceden y concluyen en la edad normativa una educación secundaria de calidad, (vi) disminución de la violencia familiar contra niñas, niños y adolescentes. Recientemente, desco, en el marco de uno de los proyectos que ejecuta en torno a restitución de derechos vulnerados en niñas, niños y adolescentes, concluyó un estudio acerca de la evolución y proyección de indicadores en perspectiva territorial, de género e interculturalidad del PNAIA 2021; priorizando 17 indicadores de 6 de los 25 Resultados Esperados del Plan. Se muestran acá algunos de sus alcances, ligados a los temas de salud, embarazo adolescente, participación y violencia.

Los datos indican que muchas de las metas no se cumplirán. Si bien la tasa de mortalidad neonatal disminuyó de 12.5 a 9.9 en el periodo 2012-2018 y la de mortalidad materna también se redujo, empeoró la proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer en 2020 con respecto al 2014, empeoró la proporción de recién nacidos vivos prematuramente y disminuyó el porcentaje de neonatos que reciben lactancia materna dentro del primer día de nacidos, según datos del INEI. Además, si bien la desnutrición crónica en niños menores de 5 años y la anemia en infantes entre 6 y 36 meses, disminuyeron entre 2012 y 2020, ese año el porcentaje de menores de 36 meses con vacunas básicas completas, cayó al 69.4%.

En el caso del embarazo adolescente es importante observar una diferencia entre antes y después de la irrupción de la pandemia. Si en el periodo 2012-2018, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años de edad que eran madres o estaban embarazadas por primera vez disminuyó a 12.6%, en 2020 se redujo a 8.3%, aunque en aquel primer año se mantienen ciertas regularidades, como su alta prevalencia en el ámbito rural. En cuanto a la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, hasta el 2019 la incidencia disminuyó apreciablemente en sus variantes familiar, escolar y sexual. Sin embargo, la pandemia ha puesto en riesgo estos avances. 48 de cada 100 niñas y niños justifican la violencia hacia ellos en el hogar y 40 de cada 100 jóvenes hacen lo propio. Los hogares enfrentan situaciones que les generan malestar emocional (pérdida del empleo, reducción de ingresos, sobrecarga de actividades de cuidado y crianza, entre otros) que incrementan el riesgo en las familias hacia los menores de edad. Lo grave es que, al margen de la pandemia, la violencia sexual que ha venido en aumento es la que se perpetra hacia niñas y niños de 0 a 11 años de edad, solo considerando los casos visibles a partir de denuncias, en espacios que se supone deben proporcionar seguridad: hogar o vecindario, de donde proceden frecuentemente los agentes agresores.

En general, la pandemia del Covid-19, no ha afectado drásticamente los indicadores, que mantienen su tendencia desde el 2012, siendo claro que no se lograrán las metas. La pandemia ha afectado sí, la operatividad de procesos habituales que implican presencialidad, como es el caso de la cobertura de vacunas básicas completas, notándose ya una cierta mejora los últimos meses de este año con el progreso relativo en el control sanitario de la pandemia.

Ésta ha supuesto una reconfiguración de las interacciones sociales. Su traslado al entorno digital, donde como país tenemos grandes brechas por cerrar, ha afectado dramáticamente la socialización. En este contexto resulta llamativa la disminución de la incidencia del embarazo adolescente el 2020 frente a la situación del periodo 2012-2019, donde la política pública hizo muy pocos avances y registraba un crecimiento en las zonas rurales, donde uno de los factores que aparecían era la iniciación sexual temprana sin uso de preservativos entre parejas menores de 18 años o parejas donde el varón mayor imponía sus decisiones. La pandemia habría debilitado estos escenarios, momentáneamente.

Si bien en los últimos años ha habido muestras de voluntad política para crear espacios institucionales de participación a nivel regional (Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Adolescentes – CCONNA) el porcentaje de gobiernos regionales donde participan niñas, niños y adolescentes en el ciclo de políticas públicas en temas que les involucran o interesan, pasó de 12% a 96%, el avance en la participación real es pobre: 4 de cada 5 niñas, niños y adolescentes manifestaban que carecían de espacios locales para expresar sus opiniones y puntos de vista antes de la pandemia, en una sociedad donde más de 1 de cada 2 miembros del hogar no participa organizadamente. Por cierto, la digitalización y los entornos semipresenciales no parecen prometer avances en la participación en el corto plazo. Queda entonces el reto de convertir a los CCONNA en espacios de auténtica participación y formación de ciudadanía.

Es evidente que se requiere actualizar la formulación del Plan, proyectándolo al 2030, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la “nueva normalidad” como condicionante de los programas y estrategias de intervención pública. Todo el planteamiento debe apuntar a superar las heterogeneidades territoriales en cuanto a resultados por cada indicador. Incorporar una estrategia digital explícita y focalizada debe ser un componente significativo, además de desarrollar con mayor amplitud y claridad la forma de operativizar los enfoques transversales de equidad, género e interculturalidad. El objetivo debe ser reconfigurar los espacios de convivencia para convertirlos en espacios de seguridad donde el cuidado, respeto e integridad física y emocional de las niñas, niñas y adolescentes sean sus rasgos fundantes. Nos encontramos, lamentablemente, aún alejados de esta aspiración.

 

 

desco Opina - Regional / 12 de noviembre de 2021

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