La seguridad ciudadana de López Aliaga

 

Atender las demandas de seguridad ciudadana en grandes ciudades del tercer mundo como Lima, requiere un enfoque integral. Exige responder a las causas subyacentes de la delincuencia como tomar medidas para prevenir el crimen y proteger a los ciudadanos, mejorando su entorno. Es indispensable enfrentar las muchas dimensiones que involucra la inseguridad como un problema complejo articulando con eficiencia la intervención de diversos actores, públicos y privados, en diferentes sectores y aspectos de la vida social del Perú.

La seguridad ciudadana requiere atenderse desde múltiples perspectivas, que pasan por el fortalecimiento de la policía local, la implementación de programas de prevención del delito, pero también por la mejora del entorno de las personas. Es decir, en la infraestructura y el equipamiento urbano en la iluminación pública, en la señalización urbana general y en particular la del tránsito, la prestación de servicios higiénicos públicos de calidad y la educación ciudadana. Esto exige promover la participación comunitaria y la colaboración de otras autoridades gubernamentales para abordar las causas subyacentes de la delincuencia.

En Lima Metropolitana soportamos una gestión municipal que, según datos de distintas fuentes, es absolutamente incapaz de gestionar eficientemente la ciudad en asuntos de seguridad. Según el último estudio de opinión Informe IPSOS sobre seguridad (febrero, 2024), 81% de los entrevistados se sienten inseguros de caminar por la calle de día y 94% cuando es de noche. El 70% considera que las condiciones de seguridad han empeorado, y apenas 8% estima que han mejorado.

Las estadísticas anuales del INEI Informe técnico N° 2 INEI sobre seguridad ciudadana (marzo 2024) dan cuenta que la población urbana de 15 y más años de edad, víctima de algún hecho delictivo entre setiembre 2021 y febrero 2024 en Lima, ha pasado del 24.4% al 32.1% (ver el gráfico Nº 36 y otros datos del informe). Finalmente, para el grupo Lima Como Vamos, la inseguridad como sensación, bordea el 70.9% a diciembre 2023, con tendencia al empeoramiento anual de los indicadores de calidad urbana en Lima. La percepción a futuro sobre delitos que pueden sufrir los ciudadanos también es negativa: aumenta en robo de dinero o celulares, robo a las viviendas, estafas, amenazas e intimidaciones, extorsión (pasa de 21.7% a 26.0% –el de mayor crecimiento–), secuestro, maltratos y ofensa sexual, así como robo de negocios.

Algunas de las expresiones de la inseguridad urbana han ganado mayor protagonismo: la actividad de bandas conformadas por asaltantes de alta peligrosidad, los secuestros de corta duración, la extorsión a negocios diversos, los asaltos en vías públicas, la mayor propagación del expendio de drogas y la proliferación de armas con capacidad de fuego superior a las de los policías, entre otras.

¿Qué ha hecho el alcalde López Aliaga para atender esta problemática y por qué la situación empeora? Propuso la identificación obligatoria de las motos lineales. Incluía que los conductores porten obligatoriamente un chaleco y un casco que lleven grabado el número de placa del vehículo, para la identificación y la labor de prevención policial y de serenazgo. Prometió la compra de 10 000 motos, en una rara figura de adquisición de equipamiento desde una entidad municipal para su entrega a la policía. Hace unos meses llegó un primer lote de 400 motos de un total –reajustado– de 4000.

Asimismo, propuso crear comités de autodefensa vecinal, cuyos dirigentes opten por formas de autoprotección vecinal para regular el acceso de personas ajenas, así como implementar instalaciones de seguridad como plumas, rejas y cámaras. El alcalde López Aliaga dijo que crearía un “Botón de Pánico” ante emergencias mediante un aplicativo móvil para respuesta inmediata al vecino. Ofreció que reservistas de las FF.AA. serían parte de la prevención del delito y de la seguridad ciudadana en las zonas de mayor vulnerabilidad, violencia y delincuencia.

Otras medidas, de su enfoque tradicional y represivo, se limitan a la integración metropolitana del sistema de cámaras de seguridad (4000), el patrullaje integrado de policías/serenos y el fortalecimiento de una central municipal de seguridad, así como la colocación de macetas con plantas y flores para espantar a los delincuentes.

Políticas públicas que deben implementarse

Reiteramos que lo que se requiere es disuadir el crimen, pero dentro de enfoques integrales que aborden las causas subyacentes de la informalidad y la delincuencia, como son la falta de empleo, la pobreza y el insuficiente acceso a servicios básicos de calidad (salud, transporte, recreación y áreas públicas). Se necesita, como ya dijimos, el mejoramiento del entorno barrial y del espacio público, empezando por calles bien iluminadas y limpias, incluyendo parques y paraderos.

El trabajo municipal debe ser concertado con las organizaciones de vecinos y vecinas, desarrollando políticas públicas de inversión en educación, que proporcionen a las y los jóvenes oportunidades para su desarrollo personal y profesional. También fomentar el empleo y crear oportunidades que ayuden a disminuir la desigualdad y reducir los incentivos para cometer delitos, además de promover la vigilancia comunitaria activa en la prevención del crimen.

 

desco Opina - Regional / 10 de mayo de 2024

descoCiudadano

Sobre la incertidumbre y los malos humores

 

El gobierno de Francisco Sagasti cumplió su primer mes de gestión en un escenario más difícil del que inicialmente previeron. Todo indica que todavía lejos de la inmunidad de rebaño, que aparece como sorprendente y perversa expectativa de muchos para lidiar con la pandemia, sin acceso a la vacuna contra el Covid-19 en el corto plazo –no obstante las promesas de la ministra de Salud de la gestión Vizcarra que era exageradamente optimista, desmentida por ella misma en su renovado rol de cabeza del sector en la gestión actual–, y con los hospitales llenándose de enfermos en varias regiones, el país enfrenta una crisis económica de magnitud y la inestabilidad política y social ha devenido ya en su forma de ser.

Con 25% de la PEA en el desempleo y con una caída de la masa salarial de más de 33% en Lima, entre octubre 2019 y el mismo mes de este año, el BCR estima en su último Reporte de Inflación que el PBI se contraerá hasta fin de año en -12.7%, proyectando un déficit fiscal de 9.2% por el mayor gasto no financiero y los menores ingresos. En otras palabras, una recesión que es sólo comparable con la que ocurrió durante la inflación a fines de los años 80 del siglo pasado. No debe sorprendernos, entonces, que los cálculos más conservadores estimen que la pobreza alcanzaría ya al 30% de la población.

En este contexto difícil, apenas en sus primeros treinta días de gestión, el gobierno ha perdido un ministro del Interior, derrotado por sus propios errores, pero especialmente por las resistencias de la corporación policial que exhibió su oposición a cualquier cambio que afecte su normalidad, acompañada por la beligerancia de la derecha más pura del país que evidenció que conserva toda su fuerza. Simultáneamente, empieza a descubrir que más allá del voto de confianza que le concedió el Congreso, un sector significativo de este poder está dispuesto a continuar en el juego de la vacancia perenne y no se conmueve por las buenas maneras y la disposición al diálogo del Presidente y su gabinete. Por si fuera poco, ha constatado que no goza tampoco de una gran confianza de la calle, como se observó en el conflicto con los agroexportadores.

Como es obvio, nadie espera que el cambio de gobernante resuelva el desplome de nuestro sistema político que en cuatro años ha asistido a la vacancia de dos mandatarios, el suicidio de un tercero, el cierre del Congreso y la instalación de uno nuevo con las mismas viejas mañas, la santificación de colaboradores en la judicialización de la política y las diarias luchas por el protagonismo mediático de fiscales interesados en segundos de pantalla antes que en acusaciones fundadas ante el Poder Judicial. Nadie esperaba tampoco mejoras significativas en la gestión de la pandemia con un aparato de salud que es el mismo con idénticas precariedades y carencias. Menos aún en el manejo de la economía, donde los grupos de poder imponen su «normalidad», no obstante el temor que les generan el Congreso, las elecciones y la reciente amenaza de una nueva Constitución.

Mientras tanto, el escenario de las elecciones 2021 empieza a «calentar» motores, con la mayoría de aspirantes desvinculados de la realidad antes descrita. La largada para esta competencia luce más poblada que nunca antes en nuestra historia; 23 candidatos parecen ser parte de una fiebre por la postulación, donde buena parte de ellos esconde apenas su interés por el poder en sí mismo, tras discursos vacíos dedicados al bien común y su voluntad de servirlo.

Las encuestas recientes de IPSOS y el IEP, aunque con matices, muestran una foto inicial similar. George Forsyth sigue apareciendo como cómodo puntero, distanciado de un pelotón inmediato de perseguidores y perseguidoras –Guzmán, Mendoza, Fujimori y Urresti–, aunque descendiendo mes a mes en el último trimestre, en la medida en que tiene que posicionarse y pronunciarse sobre el día a día del país, es decir hacer política. En un segundo grupo se ubican Lescano, De Soto, Humala, Acuña y Salaverry, impulsado por la candidatura congresal de Vizcarra, mientras el resto de aspirantes parecen desde ya condenados al fracaso. Es significativo que, a menos de 120 días de las elecciones, un tercio de los encuestados no sabe por quién votar o ya decidió no hacerlo por nadie (blanco o viciado).

Si es probable que del primer grupo salgan los contendores de la segunda vuelta, es seguro que el próximo Congreso será tanto o más fragmentado que éste; en la intención de voto congresal, la variable se encuentra en la valoración y recordación de las marcas, donde el Partido Morado (12%) es seguido por Somos Perú, Acción Popular, Fuerza Popular y FREPAP. En otras palabras, Forsyth y Mendoza tendrán que trabajar muy duro si quieren contar con parlamentarios.

Con un panorama de esta naturaleza y desnudados muchos de los límites del modelo económico, con una población que según IPSOS identificaba ya en octubre (22%) que el principal problema del país era el desempleo y la crisis económica, no debe llamar la atención que en la encuesta de noviembre, un 85% se pronunciara por cambiar la Constitución –60% mediante Asamblea Constituyente y 25% a través del Congreso–; identificando entre los cambios más significativos que demandan mejoras en educación y salud, combate de la delincuencia, lucha contra la corrupción, leyes favorables a los trabajadores, violencia contra la mujer y control de los precios básicos. Simultáneamente, la encuesta mostraba que 51% espera que el nuevo gobierno haga cambios moderados al modelo económico y 35%, cambios radicales.

Como es obvio, y más allá de la viabilidad y el sentido de la propuesta, que ameritan una discusión seria, los temores de diversos sectores que descalifican su sola posibilidad, se han disparado. Muchos de ellos, son los mismos que «terruquearon» las movilizaciones contra Merino o las acciones de los trabajadores de la agroexportación, sin tratar de entender el hartazgo de la gente con el actual orden de las cosas.

 

 

desco Opina / 18 de diciembre de 2020