Incertidumbre

 

En nuestra sociedad, las mayorías viven constantemente en incertidumbre. Esta nos genera inquietud, inseguridad, estrés, e incluso miedo por posibles escenarios aún más negativos que el actual, en el que el trabajo, la educación y la salud pueden faltar sin que exista una red de protección suficientemente fuerte y sustentada en la democracia. Vivimos incertidumbre para las personas, a cambio de aportar certidumbre a los mercados.

En el Perú esto se expresa de manera compleja y crecientemente violenta. Hoy vemos cómo la incertidumbre política afecta a la vida y organización del país más allá de las calificadoras de riesgo, el tipo de cambio, la inversión extranjera o el crédito internacional. En la actual incertidumbre lo que está en primer plano no es la economía sino las demandas políticas, las inseguridades sociales y el miedo al futuro.

Frente a la crisis actual, algunos sectores se aferran a la creencia de que la institucionalidad vigente puede aún garantizar certidumbre. Considerada indispensable para la marcha de la economía, la libertad de emprendimiento y de elección de las personas; en última instancia apuestan por mantenerla en virtud de una combinación de fuerza y determinada interpretación de la ley. Ante un problema nuevo, pretenden aplicar las antiguas recetas de un viejo orden.

Otra lectura contempla esta grave crisis como un momento histórico, en el que diferentes partes de nuestra estructura social crujen y se desmoronan. Desde esta mirada la incertidumbre aparece como un desafío social, antes que, como una amenaza al orden, en la medida en que este se considera injusto y excluyente. Desde esta perspectiva, la palabra incertidumbre hoy implica duda sobre el resultado de esta crisis histórica y sobre la viabilidad de una solución concertada y pacífica.

Cuando se toma conciencia de que vivimos en uno de los países más desiguales del mundo, nuestra incertidumbre actual no se explica solo por ideologías o discursos, ni es algo económico, o de estadísticas sociales comparadas. Requiere del conocimiento detallado de la naturaleza de la crisis y de considerar las motivaciones de los diversos actores movilizados y de los cálculos que procesan los distintos actores sumergidos en esta coyuntura que, en última instancia contribuyen pasiva o activamente a su desarrollo. Reto al que los medios y lo que queda del sistema político parecen haber renunciado. En particular la llamada prensa concentrada ha apostado por una posición sesgada y de desinformación: lo que ofrece en papel y en pantallas es incompleto y poco representativo, cuando no directamente falso, lejos de la reflexión crítica, la honradez intelectual y la competencia profesional.

Si bien la incertidumbre nos desafía como un virus desconocido, también nos demanda reflexionar y decidir. En ese sentido, puede ser también una escalera hacia un pensamiento provocador ante asuntos como la pobreza extrema, la exclusión social, el racismo imperante o frente a urgencias que van desde el cambio climático y los desastres naturales hasta el creciente autoritarismo político, problemas que no son simples ni locales, sino complejos y globales.

Depende pues del conocimiento detallado de la naturaleza de la crisis. Una parte de esta realidad se explica por la falta de conocimiento de los hechos.

Los seres humanos nos sentimos muy incómodos con ella y hay muy buenas razones. Por el bien de nuestra supervivencia, necesitamos respuestas, resolver dónde conseguir comida, cómo criar a nuestros hijos, dónde ejercer nuestra libertad, etc. Sin embargo, la idea de correr detrás de una respuesta mágica es muy común, más aún en la actualidad, ante la falta de respuestas e información que aporten a un sentido común aceptado. Es indispensable contrastar lo que aquí ocurre con lo que está pasando en el resto del mundo, especialmente en tiempos de crisis económica y convulsión social que contagian al planeta del nuevo virus de la incertidumbre.

La incertidumbre, que es la falta de seguridad, confianza o certeza sobre algo, o sobre casi todo, aparece con fuerza en situaciones como la que vivimos, con un Congreso inoperante y una Presidencia que se mantiene por medio de la imposición y la violencia contra la ciudadanía. Es urgente superar esta incertidumbre, esto exige los mejores esfuerzos de lucha, desprendimiento y concertación transparente que van desde el Corredor minero hasta el de los Pasos Perdidos, por dar solo un par de ejemplos.

 

desco Opina / 10 de febrero de 2023

Bajo el volcán

 

El presidente Castillo pudo haber sido un buen personaje de Malcolm Lowry. Igual o mejor que Geoffrey Firmin en el Día de los Muertos, en Quauhnáhuac (México), paseando de cantina en cantina, sin saber cómo resolver su crisis existencial, mientras el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl están a punto de erupcionar.

Es innegable el impacto de los factores externos sobre los precios de alimentos y combustibles. Pero, suponerlos como causa única, como ha expresado el presidente Castillo, no es un buen argumento. Menos aun cuando de por medio hay un creciente malestar social. Más grave todavía cuando se pretende controlar la complicada situación declarando un estado de emergencia, a la medianoche y por menos de veinticuatro horas de duración.

Al respecto, para abordar un punto importante, si algo comparten nuestros «sistemas» de suministro de alimentos y combustibles es la inexistencia de una cadena interna ordenada y con supuestos que pongan en funcionamiento mecanismos regulatorios o compensatorios reales cuando un acontecimiento, de cualquier naturaleza, afecta al consumidor que, dicho sea de paso, debiera ser el objetivo final de cualquier política pública bajo los marcos en que nos desenvolvemos actualmente.

Así, deberíamos preocuparnos, desde hace mucho tiempo atrás, de nuestra altísima dependencia externa en alimentos y combustibles. Sin embargo, pese a la enorme fragilidad que mostramos desde siempre en este sentido, no parece que despierte mayor inquietud en los análisis del momento.

Tampoco han sido parte de la preocupación presidencial los pobrísimos resultados que ha tenido el Estado peruano durante las últimas dos décadas en la resolución de conflictos. Con un poco más de atención, el presidente Castillo y sus operadores podrían haberse dado cuenta de que tales acontecimientos han sido procesados como un «arbitraje» que, muchas veces, no tuvo objetivos generales salvo terminar con un puntual «escalamiento», una suerte de mantra doctrinario de gran parte de los funcionarios empíricos que han tenido responsabilidad en estos menesteres.

Al Estado peruano nunca le interesaron «los conflictos» más allá de aquellos que denominó «socioambientales», cuyo tratamiento está en relación directa con la importancia asignada a la inversión minera y de hidrocarburos. Por ello, la sorpresa ante situaciones como las actuales, en las que el foco de la protesta social no está en estas actividades. La misma perplejidad que seguramente tuvo el Estado cuando, años atrás el maestro Castillo conducía una huelga magisterial que buscaba descabezar a la dirigencia del SUTEP allegada a Patria Roja.

De allí que preguntas como las planteadas por el ex ministro de Economía, David Tuesta, sobre la capacidad del gobierno de negociar, carecen de sentido. Lo que debemos preguntarnos es si el Estado la tiene. Y, obviamente que no, porque las capacidades para la negociación son aptitudes netamente políticas, algo que un ministro de Economía de este país jamás va a entender. Además, el problema adicional que debemos atender hoy, a partir de la experiencia adquirida, es que incluso la capacidad negociadora se opaca ante la incapacidad para efectivizar lo acordado y comprometido.

A estas alturas, es de aceptación general que las mesas de diálogo y/o concertación como mecanismo para «solucionar» conflictos, son la expresión más cercana de lo que los peruanos denominamos «la mecedora». No es la falta de voluntad, sino la imposibilidad de que los acuerdos abordados se plasmen, porque las formas en que se organiza el Estado peruano no facilitan para nada que lo pactado por las partes llegue a buen puerto.

Paradójicamente, en momentos en que para que maneje un momento complicado es reclamada la habilidad política como el valioso activo de un experimentado sindicalista, éste muestra su real dimensión. Sin operadores idóneos, su propio desempeño deja hasta el momento mucho que desear, oscilando entre el negacionismo, el mutismo y la sorprendente afirmación de que los dirigentes de los transportistas eran «pagados».

En este escenario donde las limitaciones del mandatario son evidentes, debemos afirmar sin atajos, que las personas no somos simples portadoras de acciones mecánicas, tal como parecen concluir parte de nuestros analistas y el propio gobierno, movilizándonos e indignándonos desde el simple expediente de nuestras necesidades básicas: «protestamos porque tenemos hambre».

El problema que tenemos entre manos, además de económico, es fundamentalmente moral. Es cierto que una serie de factores deterioran el escenario que debiera sernos propicio, pero igualmente cierto es que el gobierno que elegimos apenas hace ocho meses no hace nada para manejar la situación en función a las expectativas de los ciudadanos y las ciudadanas, que no es solamente tener algo que comer. Los peruanos nos sentimos cada vez más inseguros, más frustrados y menos optimistas.

En medio de esta situación en franco y cotidiano deterioro, sentimos que no todos nos estamos mojando de igual manera. Todo parece indicar que las brechas de nuestras desigualdades han continuado abriéndose aún más, exponiendo a un creciente número de compatriotas a situaciones cada vez más precarias. En efecto, la economía «realmente sentida» por las personas, está bastante lejos de los formulismos teóricos del mercado.

El intercambio que demandamos debe ser, sobre todo, justo. Cuando no lo es, sucede lo que estamos viendo ahora; en otras palabras, estamos ante la exigencia de un «buen gobierno» que distribuya mejor los activos, tanto los económicos como los que no lo son. De un mandatario que gestione y que en su afán de sobrevivir no se resigne a repetir los manidos argumentos contra la movilización de la misma derecha que lo combate.

 

desco Opina / 5 de abril de 2022

Pandemia, derechos y debate electoral

 

La pandemia tiene la virtud de mostrarnos una idea más sincera de nosotros que la deparada por la fantasía neoliberal. Es cierto que los latinoamericanos dejamos de ser tan pobres como éramos décadas atrás, pero seguimos mostrando enormes desigualdades que nos hacen, como siempre, el territorio más inequitativo del planeta.

Aún más, nuestras brechas tienen poca o ninguna relación con las orientaciones ideológicas: ni los países neoliberales a rajatabla, como el nuestro, ni aquellos que buscaron aplicar modelos alternativos desde el campo del progresismo, podrían aseverar que tienen entre manos mejores resultados al respecto.

En esa línea, algo sustancial en los actuales momentos, es el concepto de fragilidad. Para el Banco Mundial, refiere a “países con problemas de gobernanza profunda y debilidad institucional del Estado, identificados con indicadores basados en políticas y gobernanza. Las situaciones frágiles se caracterizan por grandes malestares sociales y/o niveles de exclusión, falta de capacidad y prestación limitada de servicios básicos a la población”.

Además, “las situaciones frágiles tienden a caracterizarse también por la incapacidad o falta de voluntad del Estado para administrar o mitigar riesgos, incluidos los vinculados a lo social, económico, político, de seguridad o ambiental y factores climáticos”.

En suma, los países frágiles empezaron a ser definidos, esencialmente, como carentes de la institucionalidad suficiente para superar problemas crónicos y enfrentar circunstancias de crisis con un adecuado manejo de los riesgos. En ese sentido, dado que los indicadores que se manejan a este nivel son nacionales y, por lo mismo, muy agregados como para apreciar de mejor manera cada caso particular, el Perú no aparece en el radar de los Estados frágiles de OCDE.

Pero, sería necio creer que al no estar en las apreciaciones de OCDE hemos empezado a superar nuestros problemas históricos. Sin lugar a dudas, la pandemia revela que nuestras fragilidades están por el lado de las crecientes brechas existentes entre los diferentes grupos sociales, diversidad de economías, género, edades, accesibilidad a servicios, territorios, hábitat, entre otros aspectos que no serán visualizados apropiadamente en las estadísticas nacionales agregadas.

Lo sensato es asumir un escenario como lo describe Martín Hopenhayn, para quien entre “los problemas candentes de la cohesión social en América Latina”, está “la negación del otro como marca secular de ciudadanía incompleta”. Y agrega: “En América Latina el tema de la exclusión y de la falta de ciudadanía efectiva hunde sus raíces en un patrón histórico dominante (…) mientras se impuso –o se impone– una racionalidad cultural basada en la negación del otro, se impuso o se impone también la negación del vínculo social y ciudadano de reciprocidad. No es solo que los grupos discriminados tienen acceso más precario a la educación, el empleo, y los recursos monetarios. También padecen la exclusión por falta de reconocimiento político y cultural de sus valores, sus aspiraciones y sus modos de vida”.

Así, la coyuntura marcada por la pandemia del Covid-19, debería ser analizada bajo este marco, y el ejercicio seguramente revelará cuestiones críticas, de enorme importancia y que, desgraciadamente, no forman parte del debate electoral ni por asomo como, por ejemplo, lo inmensamente pernicioso que es mantener privatizados sectores cruciales para el ejercicio de los derechos, Salud en nuestro caso.

 

 

desco Opina / 12 de marzo de 2021