Tan pronto, y sin pena ni gloria

 

A 23 días del mensaje inaugural de la gestión de Keiko Fujimori, el presidente de su Consejo de Ministros, Luis Galarreta, asistió a la Cámara de Diputados para la presentación de las prioridades y la política general del gobierno. Quienes esperaban que la misma estuviera acompañada del pedido de facultades extraordinarias que la mandataria anunciara como si estuviera listo, el 28 de julio, para postergarlo posteriormente unos días “por retrasos en lo que significan los nombramientos de viceministros”, tendrán que seguir esperando, no sabemos bien hasta cuándo. En sentido estricto, las debilidades, los ruidos internos del Gabinete y las reiteradas diferencias de criterio con la Presidenta, cada vez más públicos, no permitían expectativas mayores sobre su asistencia a la avenida Abancay.

Una sucesión de errores y desencuentros, así lo evidenciaban. Recordemos algunas de las señales más estruendosas. El desencuentro más grosero lo protagonizó el Ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, quien fuera Primer Ministro de Jerí, aprovechando la filtración de una carta firmada por 21 abogados, muchos de ellos próximos a la Coordinadora Republicana, anunciaba su intención de que el Lugar de la Memoria (LUM) sea trasladado a su sector, argumentando que aborda directamente la época del conflicto armado interno. Pronto, Alberto Beingolea, uno de los mejores periodistas deportivos del país, convertido en Ministro de Cultura, indicó que se trataba de una opinión personal y le respondió defendiendo la ubicación del LUM.

Por las características del personaje, ocupa el segundo lugar el Canciller y excandidato presidencial Carlos Espá, que cuando aspirante al sillón de Pizarro consideraba inaceptable que la señalada por golpista Betssy Chávez se asilara en México, aparece anunciando la autorización para que salga del país como la primera medida de su gestión. Disputando ese honor, el ministro del Interior, César Astudillo, ex comandante general del Ejército, defendió la permanencia en el cargo del Jefe de la Policía Nacional, general Óscar Arriola, argumentando sus resultados en la lucha contra la delincuencia, sin percatarse, quizá, que en los primeros 18 días de su gobierno, se habían producido 105 asesinatos, 77.5% cometidos con arma de fuego.

Por su lado, el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, aseguró que los vagones del tren promovido por el exalcalde y ahora candidato Rafael López Aliaga, en realidad fueron comprados por la Municipalidad de Lima, rechazando la versión que aquél y sus defensores, mantuvieron permanentemente. La Presidenta tuvo que aparecer en una red social desautorizando a su ministro y asegurando que los trenes se harán de todas maneras, precisando que se encuentran en Proinversión. Finalmente, Rey, en la misma presentación en la Cámara de Diputados, terminó de recular, indicó que fue malinterpretado y que no tiene nada en contra del principal aliado gubernamental y su soporte indispensable en el Senado, precisando que dejará los estudios y el futuro del proyecto en manos de Proinversión.

El desorden y la debilidad parecen tan significativos, que incluso Elmer Cuba, el ministro más rankeado del equipo ministerial, tuvo unas declaraciones poco felices y nada empáticas, al pedir "no exagerar por un poco de agua en la rodilla" cuando varios distritos del sur de la capital sufrían las consecuencias de una lluvia intensa, días atrás, obligando una vez más a que la propia señora K le llame la atención desde el mismo lugar de los acontecimientos. Como es obvio, la suma de éstos y varios otros sucesos, motivaron, muy pronto, críticas y comentarios duros de analistas y políticos que perciben el rápido deterioro que puede alcanzar al Ejecutivo.

Así las cosas, la presentación de Luis Galarreta, Presidente del Consejo de Ministros, que en el mejor de los casos puede ser calificada como reiteración de un diagnóstico que el país ya escuchó de labios de la señora Fujimori, estuvo llena de promesas abstractas –sin precisar mecanismos, mucho menos presupuestos viables para convertirlas en resultados tangibles–, así como de omisiones clamorosas que ponen en cuestión la composición y capacidad del equipo ministerial y su posibilidad real de llevar adelante las ofertas y compromisos anunciados por el gobierno. Como su Presidenta, no podía ser de otra forma, empezó su mensaje señalando que el gobierno encontró un Estado “desordenado y desbordado”, olvidando oportunamente, igual que aquella, que tanto el desorden como el desborde los tienen claramente entre los responsables.

Sobre esa base concentró su intervención en algunos puntos e hizo unos pocos anuncios. En materia de seguridad, fortalecer el sistema de flagrancia y ampliar el subsistema contra la extorsión a 15 distritos judiciales, penales de alta seguridad y habilitar cuarteles en desuso para aliviar las cárceles, además de devolverle capacidades operativas al Sistema de Inteligencia Nacional, en el marco de unas FF.AA. protagónicas en la materia. Frente a El Niño, anunció la instalación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo para acelerar la preparación frente a su llegada, advirtiendo que “el Estado no llegará cuando el daño ya esté hecho”, olvidando que el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, acababa de anunciar un primer paquete de 800 millones de soles para 540 puntos críticos… de los más de 1900 que existen. En el discurso hubo silencio sobre las tareas pendientes de la Autoridad Nacional de Infraestructura, creada por Dina Boluarte, supuestamente para destrabar los proyectos que tenía la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Se necesitaban 7000 millones de soles para culminar obras esenciales como el Proyecto Integral de la Cuenca del Piura, el Congreso que encabezaron aprobó menos de la mitad.

Si los problemas previos del equipo encabezado por Galarreta daban indicios de un temprano desgaste sin necesidad de la intervención de la oposición, su paso por la Cámara de Diputados ratificó esa imagen e incluso las intervenciones de sus aliados, la señora Yarrow, por ejemplo, mostraron que no se alejan mucho de la línea de flotación.

 

 

desco Opina / 21 de agosto de 2026

Una careta que se repite

 

El período de Alberto Otárola como Presidente del Consejo de Ministros llegó a su fin y ha sido el mejor ejemplo de cómo nuestra sociedad ha normalizado, no sólo el abuso de poder, si no la arbitrariedad desfachatada, la cultura de impunidad y la incapacidad de las y los gobernantes para dar cuenta de sus actos. Otárola fue el rostro de ese “régimen híbrido”, a medio camino entre democracia y autoritarismo, que nos otorgan los ránquines internacionales.

Aunque hace unas pocas semanas hubo cambios en cuatro carteras, el nombramiento del abogado Gustavo Adrianzén como nuevo presidente del Consejo de Ministros sin reemplazar a un solo integrante del gabinete es, por decir lo menos, inusual, más aún cuando en el Congreso de la República ya corrían firmas para interpelar al menos a cuatro de quienes fueron finalmente ratificados.

Adrianzén no sólo hereda un gabinete. Todo indica que dará continuidad al estilo de su predecesor. Ya había dado señas de su talante autoritario como defensor de Dina Boluarte ante la OEA, cuando además de justificar las muertes por represión durante las protestas a fines de 2022 y comienzos de 2023, perdió los papeles y respondió con gritos a un grupo de manifestantes que irrumpió en la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del seguimiento a las recomendaciones que la entidad formuló en el “Informe sobre la situación de derechos humanos en Perú en el contexto de las protestas sociales”.

La presencia de Adrianzén en el gobierno de Boluarte tampoco supone un cambio en las reglas de convivencia cínica entre el Ejecutivo y el Legislativo y se puede dar por descontado que el 3 de abril obtendrá los votos suficientes para su investidura. Formalmente, los objetivos del Premier apuntan a la reactivación económica y a la atención de los problemas más evidentes de criminalidad. Y en su agenda de defensor oficioso de Boluarte, ya dio su primera muestra de impaciencia y malcriadez ante los medios, al retirarse ofuscado de los micrófonos ante la pregunta por los relojes de lujo sin origen conocido, que luce la Presidenta.

Reactivación y seguridad, eso es todo lo que ha adelantado como parte de la “ronda de diálogo” con las 9 bancadas del Congreso a las que solicitará el voto de confianza y que han aceptado su invitación, haciendo un alto en su intensa labor de persecución de adversarios políticos, ataque a la Junta Nacional de Justicia, desmontaje de controles ambientales para la inversión privada, dación de innumerables dispositivos legales para favorecer a las economías delictivas que, a fin de cuentas, son las que “ordenan” el país, así como apuro para asegurar la impunidad que necesitan.

Poco o nada es lo que se derivará de estas conversaciones para aliviar los efectos que la corrupción y la violencia tienen sobre la vida de millones de peruanos y peruanas. Tanto en nuestras ciudades como en los territorios rurales crecientemente afectados por la minería informal, la trata, el narcotráfico y demás males conocidos.

Para la gran mayoría de peruanos y peruanas que repudian tajantemente tanto al Congreso como al Ejecutivo, —según todos los resultados de las encuestas hechas en el país durante los últimos años—, sólo queda esperar a las elecciones generales del año 2026. Visto así, la investidura de Adrianzén apenas marca el derrotero de otros dos años perdidos para la democracia peruana.

 

 

desco Opina / 22 de marzo de 2024

Un Gabinete corregido, aumentado y puesto al día

Terminada la ronda de conversaciones con los partidos políticos, la pregunta surgida, apenas se dio a conocer esta iniciativa del Ejecutivo –mejor dicho, del premier Jiménez–, continuó sin respuesta. ¿Cuál era la finalidad de reunirse e intercambiar pareceres entre un Premier que está de salida con agrupaciones fantasmales, unas, seriamente cuestionadas otras, y sin legitimidad todas ellas?

La explicación real tras los formulismos empleados –distensión de las relaciones políticas para mejorar las relaciones con la población y así detener la caída en barrena de la aprobación presidencial– era, por decir lo menos, ingenua en un contexto en el que las amenazas de los mineros ilegales/informales/artesanales constituían materia suficiente para que el ministro del Ambiente se viera obligado a declarar que no renunciaría, mientras los emprendedores de Gamarra exigen la intervención gubernamental para amenguar la crisis que padecen debido, entre otros factores, a la inoperancia de Indecopi (que parece reflejar la del Estado) todo, cuando sigue sin resolver la modernización de la refinería de Talara y parece un hecho que el gasoducto del Sur quedará como una buena intención.

Bajo estas circunstancias, que el Frente Amplio de Izquierda acudiera a la cita no parecía buena idea. Incluso, no haber expresado opinión sobre ningún aspecto importante de los últimos meses, acrecentaba las dudas que se tenía sobre el sentido de su presencia. Sin embargo, contra todo pronóstico, la izquierda peruana organizó su participación y forzando una situación que parecía solamente una fugaz oportunidad para la visibilidad, logró convertirla en una expresión política.

Bajo una consigna clara  –¡Qué se vaya el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla!–, logró condensar no sólo un estado de ánimo sino una propuesta para salir del atolladero en el que se encuentra actualmente el Ejecutivo.

Enviando al ministro Castilla a casa, la izquierda le dijo claramente al premier Jiménez que se requiere de un nuevo gabinete ministerial, con un titular del MEF más decidido a pasar a una política contracíclica agresiva, que acepte las reconsideraciones exigidas a la estructura del Presupuesto General de la República 2014, que no sea propenso a la centralización del gasto y que concerte la priorización sectorial y la territorial. Además, el nuevo ministro de Economía debería estar alineado con los objetivos políticos de un Premier que tenga mucho más autonomía que sus antecesores en el actual gobierno, capaz de formar su propio Gabinete.

De esta manera, el Ejecutivo se encontraría algo más preparado para enfrentar un escenario cercano que será protagonizado por la conflictividad proveniente de la minería informal, las complicaciones que aparecerán próximamente en torno a grandes proyectos como Antapaccay, Toro Mocho y la salida de Anglo American de Quellaveco. Pero también por la posible protesta de las autoridades del interior del país frente al proyecto de presupuesto 2014.

La fórmula fantasiosa de mostrar un fortalecido ministro de Economía en medio de un aparato estatal flácido, sin reacciones e incapaz de lograr mínimos resultados, no es solamente un lastre para un gobierno que ya ha entrado en enormes dificultades para resolver, sino, incluso, contrario a un modelo económico criticable y en dificultades pero manejable aún, si el gobierno logra hacer los ajustes políticos que se requieren. Todo lo cual avizora una coyuntura esencialmente política en el corto plazo y no porque se acercan las elecciones municipales/regionales.

Las organizaciones sociales, los empresarios y lo que queda de liderazgo político, perciben claramente la inexistencia de un orden básico y entienden que la pugna se da sobre el sentido y las características que aquél debe tener. En este reacomodo de fuerzas, en el que un factor crucial es la concentración de la propiedad de los medios de comunicación resultante tras la compra de Epensa por el grupo El Comercio, el presidente Humala ha quedado evidentemente aislado lo cual es una señal preocupante pues si descartamos la posibilidad de que pueda administrar la situación o esté en capacidad de dar un golpe de timón, la militarización y el endurecimiento van quedando como únicas alternativas.

desco Opina /  13 de setiembre de 2013

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