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viernes

El huaico de la derecha y la crisis en el sur

Adornada con una canción de Tongo y sustentada en un «programa mínimo» que incluye el indulto a Fujimori, la candidatura presidencial de Jaime Bayly es publicitada como el hecho político del momento. Como sabemos, de cara a un proceso electoral no sólo importan las candidaturas fuertes, sino a dónde apuntan los que tienen opciones más limitadas, tanto por su capacidad de endose como por la agenda que pueden plantear.

Con poco que arriesgar en términos de caudal electoral, tendencias partidarias o alianzas políticas, Bayly y sus eventuales socios –personajes oscuros como Barba Caballero o Ghersi– optan por el negocio de radicalizar el discurso más allá de lo que cualquier candidato de derecha o izquierda podría. El anticlericalismo, la disolución de las FF. AA., la legalización del aborto y del consumo de drogas; presentados bajo un empaque «liberal», son en realidad el «gancho» para movilizar a un electorado joven, con aspiraciones de modernidad, más bien antipolítico y en ese sentido condescendiente con el fujimorismo y apático frente al gobierno aprista y a las consecuencias del modelo económico. Es el voto antisistémico de derecha y, en la medida en que el único punto que podría prosperar de su plataforma política es el indulto a Fujimori, podría ser la salida para el voto vergonzante por la heredera del dictador. Una broma que en Lima ha pasado de entretenimiento de domingo por la noche a un seis por ciento de intención de voto.

Pero, ¿qué es lo que expresa una candidatura de este tipo? En primer lugar, la renuencia de la derecha política a verse enfrentada a los temas cruciales para el país. Esta vez, no están dispuestos a que la agenda se la vuelvan a marcar sectores que se mueven bajo las banderas del cambio de orientación del modelo económico. En el 2006, la contienda ante Humala los hizo abandonar a su cuadro más orgánico –Lourdes Flores– por García, disfrazando la voluntad de continuidad con la consigna del «cambio responsable», obligándolos a enfrentar temas calientes como el abandono del sur andino, la firma del TLC con EE.UU o la redefinición de políticas sobre recursos naturales y energéticos. Hoy, nuevamente sacrifican a Flores ante un inorgánico Castañeda, colocan unas cuantas fichas en Bayly, se hacen de la vista gorda con Keiko y le dejan la puerta entreabierta a Toledo.

El hecho político del momento es pues la definición de la derecha entre sus múltiples opciones electorales –con escasos matices programáticos entre ellas–. En las elecciones anteriores la pelea era por quién captaba la opción por un cambio. Hacia el 2011 –esto es sintomático de la inexistencia de oposición real y de las limitaciones del nacionalismo– la lucha está por quién ocupa la opción de continuidad, sin importar si para eso hay que farandulearse con Bayly como «animador del campeonato» o tragarse el sapo de la corrupción y el autoritarismo que encarnan los Fujimori. Dado que la opción por el cambio –sea cual sea– parece ser la única constante del electorado peruano (salvo Toledo, ninguno de los mencionados sería creíble en esa postura), la pelea está por alinear fuerzas contra un eventual repunte de Humala o la aparición del ya clásico outsider que juegue «por izquierda».

La vigente radicalidad de los electores del sur del país se ve en tanto reavivada por la tragedia. Las terribles inundaciones por lluvias no son una catástrofe solamente por las muertes o el aislamiento de las zonas afectadas. Las tomas aéreas en televisión y las campañas para la emergencia (alimentos, ropa, medicinas) nos solidarizan con la conmoción de los damnificados, pero no con la pérdida de su capital –miles de cabezas de ganado y de hectáreas de sembradíos– lo que supone un retraso económico de varios años; más aún si a la luz del terremoto de Pisco, ya se sabe del grado de indolencia del Estado y el sector privado frente a la recuperación de la infraestructura y de los circuitos económicos que están fuera de la economía «moderna», como en este caso son la agricultura serrana, la ganadería de altura y el tejido económico local comercial y de servicios. Si bien alguna respuesta se vislumbra frente al sector turismo, es sólo en tanto se ha afectado el más sobresaliente patrimonio arqueológico peruano, Machu Picchu, que dinamiza fuertemente la economía cusqueña y pone en juego «la imagen» del Perú, que es lo que parece preocupar más a los ministros de Agricultura y de Desarrollo Social, semanas atrás más apurados en viajar a Haití –donde eran de lejos menos necesarios que los rescatistas que desembarcaron del avión–, que en evaluar los reportes de la intensidad de las lluvias, usuales protagonistas de esta época del año que en esta oportunidad cobraron especial violencia.

Así las cosas, el sur andino parece un fantasma temido por los asistentes al CADE y a las convenciones mineras, sólo en el momento electoral y olvidado luego una y otra vez. Nada se ha hecho y no tendría por qué llamar la atención que estén dispuestos a votar por un candidato que cuestione este orden que ningún beneficio importante les ha traído. Más aún si son alentados por el ejemplo de los cambios que ocurren en la vecina Bolivia –una refundación jacobina: la república plurinacional– y que la prensa nacional discretamente ignora, tergiversa o minimiza, más allá de su sostenibilidad en el mediano plazo.

Mientras tanto, la política menuda y el cubileteo irresponsable para definir las reglas de juego para las elecciones regionales y municipales de octubre de este año, parecen apuntar a debilitar el sistema político, alentar la fragmentación y por tanto hacer inviable el desarrollo interno del país. Los posicionamientos en juego en el proceso de 2010 se pierden en el mar mediático, dejándose absolutamente de lado no sólo el necesario balance de la descentralización y el desarrollo territorial desde las regiones, sino también, las reacciones ante la última modificación a la Ley de Elecciones Regionales, asunto que seguramente resulta esotérico para la banalizada «opinión pública» que expresa la prensa nacional, aunque sean cruciales para la distribución de poder en el país.


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desco Opina / 5 de febrero 2010
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lunes

El olvido en el sur

desco Opina - Regional / 3 de julio de 2009

Algunos analistas han empezado a hablar del efecto del «Baguazo»: el uso de medidas de fuerza para conseguir la atención inmediata del Gobierno Nacional. Al respecto, son notables los esfuerzos hechos por los grandes medios de comunicación para generar esta sensación que, finalmente, distorsionan los verdaderos sentidos que tienen las protestas sociales.

Por ejemplo, pasemos una somera revista a lo que acontece en el sur del país. A pesar de su enorme importancia, los últimos gobiernos han preferido darle las espaldas y aplazar las tareas de su desarrollo para un eterno después. Para muestra está el Programa Sierra Sur que, se suponía, debía potenciar el desarrollo en la zona rural de esta parte del Perú, y se ha convertido en un monumento a la ineficiencia y la imprevisión, sin una visión integral de los desafíos. De otro lado, el gaseoducto que debía abastecer al sur se ha vuelto una quimera por la ampliación del ducto de gas de Camisea hacia la capital y la incertidumbre acerca de la magnitud real de las reservas gasíferas. Sobre esto último, en un taller para periodistas en Lima (en febrero), el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, ante una pregunta sobre el tema, confesó que las reservas no estaban aseguradas para alimentar el ducto del sur y que estaban haciendo los estudios respectivos. En otras palabras, este proyecto sería otra «mecida» gubernamental más, con estudios de prefactiblidad de por medio.

La Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo reportó en su último informe (al 31 de mayo) 212 conflictos sociales en todo el país, entre activos y latentes. En el sur se han reportado 73, siendo los departamentos de Ayacucho (17) y Puno (18) los que más casos cargan en sus hombros. En todo caso, dentro de este paquete hay que discernir entre los que tendrían que solucionarse de manera interna y los que tienen que ver directamente con el Ejecutivo.

En Camaná (Arequipa) tenemos el caso de la instalación y construcción de plantas harineras y de aceite de pescado, que se levantaron de forma amañada y con el aval del ex ministro de la Producción, Rafael Rey. Las autoridades regionales, locales y sociedad civil rechazan su funcionamiento porque ocasionarían daños ambientales. El problema está a la vista; sin embargo, el gobierno continuamente «meció» a las autoridades locales para no intervenir en el tema. Recién, unas semanas atrás, se instaló una mesa técnica para revisarlo. Pero los pobladores que ya no se fían de estos procesos, ya han advertido que realizarán un paro de 48 horas, vencido el plazo que se le dio a la comisión para que resuelva el conflicto. Mientras tanto, las empresas siguen funcionando ante el estupor del propio presidente Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén.

En Ayacucho se cansaron de la postergación y las autoridades y organizaciones sociales convocaron a la «marcha de los Waris», hacia Lima, exigiendo que se coloque la plataforma de demandas de su región en la agenda nacional. En el mes de mayo, se instalaron mesas técnicas para revisar la agenda, que incluye temas como educación, salud, agricultura, Camisea, institucionalidad y descentralización. Actualmente está pendiente la entrega de los resultados, pero hay que recordar que una marcha similar se hizo en el 2007 –sin éxito – por lo que los ayacuchanos amagaron con hacer una nueva en el 2008, que se postergó hasta el presente año. Aparte de estas demandas, se han reportado otras de carácter ambiental, en las que las comunidades campesinas piden que no se vulneren sus derechos y que las empresas mineras cumplan sus deberes socioambientales.

De los 16 conflictos que se han detectado en Cusco 10 son socioambientales. En la mayoría de ellos se ha iniciado el diálogo entre los actores (la población y las empresas mineras), pero no estaría de más que el Ejecutivo haga un seguimiento. En el tema que no se ha alcanzado el diálogo con el Gobierno Nacional es la derogatoria de la Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural (Ley 29164). Este pedido lo están realizando la Asamblea Regional, la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, organizaciones, autoridades regionales y población. Su pedido se basa en que la norma, más allá de proteger el patrimonio cultural o ponerlo en valor, lo que hace es facilitar las concesiones para servicios turísticos (restaurantes, hoteles, etc.) a grandes capitales, que usualmente poco hacen para generar dinamismo en las economías locales.

Pero en Cusco el conflicto más candente por estos días es el paro campesino de la provincia de Canchis, reiniciado el 30 de junio luego de un breve receso. Los pobladores caminaron hasta la capital del departamento para hacer conocer sus carencias y comunicar que su paro empezó el 11 de junio. Al gobierno le pidieron, entre otras cosas, la anulación de la concesión del la central hidroeléctrica Salcca Pukara, la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de la Carrera Pública Magisterial y declarar en emergencia al sector alpaquero. El premier Yehude Simon cumplió su promesa y fue a conversar con el Comité de Lucha de Canchis, pero el diálogo fue infructuoso. El 25 de junio dieron al gobierno una tregua de tres días para resolver su pliego de reclamos.

En Tacna y Moquegua sigue latente el problema por la repartición del canon minero de los yacimientos mineros de Cuajone y Toquepala. Autoridades regionales y población en Tacna se oponen a la modificación del artículo 5 de la Ley del Canon Minero, la 27506, por considerar que le restaría ingresos, y demandan que se mantenga la distribución del canon minero como lo estipulaba la ley.

Por último, en Puno, entre los casos más importantes está el que reúne a las comunidades campesinas de Quicho y Altiplano de Echía, y los distritos de Corani y San Gabán, quienes manifiestan su desacuerdo con la Central Hidroeléctrica de San Gabán por el incumplimiento de acuerdos. También podemos citar el pedido de las rondas campesinas de la provincia de Carabaya, quienes demandan una vía alterna a la carretera en construcción, dada la frecuencia de accidentes y pérdidas de vidas humanas. En ambos casos no se ha iniciado ningún tipo de diálogo. Aparte de los casos citados, recientemente (a partir del 25 de junio) se realizaron paralizaciones de 72 horas en Cusco, Puno y Arequipa. En Puno fue convocada por la Federación de Campesinos de Puno y en Arequipa la realizaron los agricultores de Majes. El pedido en común: la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos.

Evidentemente hay un problema de gobernabilidad, que se ha propagado por la desconfianza en la clase política, con partidos coyunturales y en profunda crisis y con congresistas poseedores de un amplio descrédito ante los electores. Hay pues un descontento generalizado en el sur, alimentado por un gobierno indiferente y capitalizado −hay que decirlo, también− por algunas dirigencias radicales que llevan consigo muy pocas propuestas que mostrar. La situación exige el establecimiento de espacios de diálogo y negociación con propósitos claros de atender las demandas sociales. La continuidad en la autosuficiencia gubernamental en la defensa a rajatabla del modelo neoliberal no hará otra cosa que atizar mayores conflictos. Tener en cuenta que el «chorreo» ofrecido hace varios años no tiene cuando llegar.

desco Opina - Regional / 3 de julio 2009

Programa Regional Sur
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