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viernes

No basta la confianza



Bien conviene que el Ejecutivo vea el lado vacío del vaso. Esos vaivenes extremos que muestran las encuestas de popularidad presidencial, muy positivas este mes, denotan la inexistencia de aquello que denominamos institucionalidad, algo que no terminamos de comprender, pero nos queda claro que es esencial para cualquier sistema democrático que se precie de serlo.
Que sepamos, lo que tenemos como estructura estatal desde hace 30 años no es una que propenda a los mutuos controles mediante pesos y contrapesos entre sus partes componentes. Lo que organizó Fujimori en los 90 –seguramente exacerbando lo que ya se había incubado en los años previos– fue un remedo institucional en el que las formas no expresaban contenido alguno, salvo encubrir una discrecionalidad en el ejercicio del poder cuyas consecuencias conocemos hoy en toda su magnitud.
Al haberse carcomido las instancias y los procedimientos, sin realizarse esfuerzos para efectuar algún tipo de reparaciones básicas, que era lo que se esperaba en la coyuntura antidictatorial del 2000-2001, señalar simpatías hacia el Presidente de la República no significa, aunque suene paradójico, tenerle confianza ni, mucho menos, respaldo que pueda traducirse en acción política.
Sumado a ello, pareciera que lo más delicado es que tanto el Ejecutivo como el Parlamento empiezan a constatar que son mutuamente dependientes. Para ambos, la única manera que vislumbran para llegar al 2021 es atacando al otro, sin posibilidad de que el Presidente de la República termine cerrando el Legislativo, ni que éste promueva la vacancia del primero.
Pero, este espiral sin solución de continuidad se desarrolla en medio de un contexto de incesante deterioro económico, que no puede ser intervenido por una conducción política del país que es extremadamente frágil y solo busca cumplir con su cometido de arribar al fin de su mandato a como dé lugar.
Sí, debemos tener cuidado que no haya habido crecimiento en el mes de abril, más aún con el continuo deterioro que vienen mostrando los indicadores de consumo en los últimos meses. Pero, el aspecto central que no queremos ubicar en el centro de nuestro debate político es el empleo.
En efecto, el ritmo del crecimiento económico que tenemos, hace que seamos muy escépticos sobre la capacidad de absorber laboralmente a los nuevos contingentes de jóvenes que se suman anualmente a la PEA. El resultado será una ampliación de las brechas laborales y mayor informalización, cuyas consecuencias directas serán la disminución de los ingresos reales de las familias y menor recaudación.
Así, el empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en Lima Metropolitana solo creció 0.5% en marzo pasado. Si bien esta cifra mejora el registro del mes anterior (febrero), que fue de 0.2%, en realidad son cifras muy magras y sin mayores impactos positivos en una mayor inclusión laboral. En el 2011 el empleo crecía más del 5% mensualmente, pero en los años siguientes esto se desaceleró y pasó a cifras negativas en el 2017.
Ahora bien, como acostumbramos «resolver» nuestros problemas cortando el hilo por el lado más delgado, empezamos a culpar a los migrantes venezolanos de nuestro desolador panorama laboral. Al respecto, no era necesario que el presidente Vizcarra asistiera al abordaje de un grupo de venezolanos que fueron expulsados del país por haber delinquido, porque corría el riesgo que este acto sea interpretado como una demostración contraria a la presencia de los migrantes, como finalmente ocurrió.
Finalmente, está el lado empresarial, en donde muchísimas cosas importantes deben empezar a resolverse, en medio de esta situación crecientemente complicada. En primer lugar, está el control de daños ante el vendaval Lava Jato que ha comprometido el centro mismo del sector construcción que, para mayor detalle, ha sido uno de los factores que contribuyó al crecimiento del PBI durante las últimas décadas.
A su vez, los empresarios deben adoptar una posición frente a la desaceleración de la economía que no afecta en mayor grado a la minería, como se sospechaba, pero sí a los demás sectores, que disminuyen sus expectativas en relación directa a la baja constante del consumo y de la inversión. ¿Cuál es la receta, según ellos, para superar esta situación? Se llama erradicar el «ruido político». Entonces, ya sabemos por dónde vienen parte de las presiones más importantes y cuál es su objetivo.


desco Opina / 21 de junio de 2019

lunes

Los días que restan (cumplidos cien días)

En sus primeros cien días, el principal mérito del presidente Humala ha sido lograr el complicado equilibrio que le exigía su «Hoja de Ruta»: conjurar los fantasmas del desgobierno económico que levantaban sus detractores y cumplir en lo elemental con sus ofertas electorales respecto a captar la renta minera y promulgar la ley de la consulta previa. Pasada la evaluación de costumbre, y aún sensible por el affaire Chehade, el gobierno enfrenta su primer desborde de conflictividad social.

El paro regional convocado en Cajamarca y las movilizaciones ocurridas en Andahuaylas, –por la revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga de Yanacocha y por la declaratoria de exclusión de la actividad minera, respectivamente– no obstante sus particularidades, expresan uno de los problemas de fondo del llamado «modelo»: las relaciones entre el Estado y las empresas. La opción por mantener la matriz extractiva de nuestra economía lleva a pensar erradamente que esa relación, como se ha dado hasta ahora, se revierte con una mayor captación de la ganancia minera. Sin embargo, el lugar del gobierno nacional y los gobiernos regionales en la definición de la expresión territorial de la economía –agua versus oro, mina versus agro– es lo clave en esa relación, y las protestas recientes nos «devuelven» a esa realidad.

Otra mirada a las relaciones entre el Estado y el poder empresarial se vincula al tema de la corrupción, y ha tocado la puerta de la «Gran Transformación» con el desafortunado comportamiento del vicepresidente Omar Chehade. La otra cara del escándalo político es que muestra que los grupos de poder económico pueden llevar a la mesa de su lobby hasta a aquellos que opusieron una retórica radical contra la «amistad» entre el poder económico y el gobierno de García. Es ahí donde más daño ha hecho lo ocurrido con Chehade.

El otro efecto de la caída del vicepresidente tiene que ver con el equilibrio de fuerzas en la representación congresal. La necesaria salida de Chehade de la comisión parlamentaria que investigará a Alan García, hizo que el nacionalismo –al perder protagonismo– jugara a hacerle vacío a su incómodo aliado por izquierda: Javier Diez Canseco. Su renuncia a la comisión le resta filo político a la investigación y merma significativamente la posibilidad de instalar en la agenda pública una evaluación global del período García.

Si bien a cien días no hay indicador de un cambio de rumbo, un buen primer medidor de las decisiones respecto al modelo económico, será el diseño del presupuesto público 2012. Allí podremos contar con una evaluación de cómo se están –o no– reorientando recursos, cambiando prioridades en el gasto corriente y en la inversión pública (y no sólo en la política social) y si se amplía el presupuesto global, pues su tamaño en relación al PBI es sumamente pequeño. Entonces veremos también si se cumple uno de los puntos en los que insistió Humala en su inaugural gira latinoamericana: el compromiso por un Estado más fuerte.
desco Opina / 14 de noviembre de 2011
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