En el actual contexto de
polarización escuchamos permanentemente que hay que dejar de ver las cosas
entre negro y blanco, entre buenos y malos. Si bien hay zonas grises que
debemos transitar para mediar, hay casos en los que eso es imposible. Uno de ellos
es la Minera Aruntani, que desde hace más de una década viene contaminando la
cuenca de Llallimayo en Puno. No ha habido mesa de concertación y/o protesta
que consiguiera cerrarla o que logre abrirle un proceso por delito ambiental.
Hace unos días la Dirección
General de Minería (DGM) ejecutó las garantías de la empresa minera por US$
10,3 millones con el fin de remediar la contaminación provocada por las
actividades de extracción de oro en su unidad Arasi, ubicada en la provincia de
Lampa (Puno). Esta garantía fue ejecutada porque la empresa no cumplió con el
plan de cierre progresivo de la operación minera. Sin embargo, el monto de la garantía no
es suficiente para el remediar el daño ambiental causado, pues según un estudio del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se requiere la suma de US$ 265
millones para hacerlo.
Aruntani se ha lavado las manos.
Informó que, tras la ejecución de la fianza, la responsabilidad del cierre
recae en el Estado, pues de acuerdo a un artículo de la Ley de Minería, sería
la DGM la encargada del cierre mediante la asignación de otra empresa para
dichos fines.
Esta misma figura fue usada en
agosto de este año para librarse de la responsabilidad por la contaminación del
río Coralaque (Moquegua) y del río Tambo (Arequipa), esta vez por sus
operaciones en su unidad Florencia Tucari, ubicada en Moquegua. Al no cumplir
con el plan progresivo de la mina, en el 2019 la DGM ejecutó la garantía por
US$ 8,4 millones, contratando a la empresa AMSAC para que realice dos tareas:
labores de atenuación y diagnósticos técnicos sociales, tanto en Florencia
Tucari como en la unidad Arasi, pero no para efectuar el cierre de la
mina. AMSAC
aclaró que esto no forma parte de su contrato y que las acciones de cierre
demandarían una inversión que supera los S/ 1000 millones.
Respecto a esto último, el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que existen dos resoluciones del
Poder Judicial, ambas en materia de Amparo Constitucional, que señalan que Aruntani S.A.C. mantiene la
responsabilidad de cierre, mitigación y remediación ambiental de la mencionada
unidad minera Florencia Tucari. Es previsible que, para el caso de Puno, el Ministerio de
Energía y Minas recurra a los mismos trámites judiciales para que la empresa
cumpla con remediar el manejo irresponsable de sus operaciones.
Y en Melgar (Puno), el gobierno estudia la posibilidad de
declarar la emergencia ambiental por la contaminación hídrica de la Cuenca Lllallimayo. El
Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido a transferir S/ 4,6 millones
para trabajos de derivación de aguas en cuatro distritos de la provincia:
Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri.
Si bien los últimos veinte años
el Estado ha hecho un esfuerzo por crear una legislación ambiental que vaya
acorde con el incremento de inversión minera en nuestro país, es evidente que hay
deficiencias. Los autores del libro Desarrollo Territorial y Minería, apuntan como problema que
estas políticas tienen una visión muy sectorizada y carecen de una articulación
efectiva entre autoridades del gobierno nacional y los gobiernos regionales y
locales. A ello se suma la fragilidad de la institucionalidad en el país, con funcionarios
que son rotados continuamente de sus puestos y un ministerio –el MINEM– con un
trastorno disociativo que alienta la inversión minera a ultranza y, al mismo
tiempo, tiene que controlar su accionar. Un claro ejemplo es Rómulo Mucho, a
quien la propia Aruntani le arruinó la campaña pro Tía María, cuando las aguas
mostazas del río Coralaque tiñeron las del río Tambo, dejando a la población
del valle sin agua potable y sin agua para riego.
Del otro lado están las empresas
que, salvo excepciones, sólo piensan en sacar los mayores réditos posibles,
aprovechando resquicios en los vacíos normativos y en la debilidad estatal para
hacer un efectivo control ambiental. En vez de reconocer sus faltas,
judicializan sus deudas y ejercen una fuerte presión para flexibilizar la
normativa existente. Según el Registro Único de Infractores
Ambientales Sancionados por el OEFA – RUIAS, existen 5718 infracciones en el sector
minería, que representan el 26,8% de los ocho sectores económicos a los que
hacen control. Estas infracciones suman alrededor de S/ 959,5 millones en
multas, cifra que representa el 61% de la deuda de todos los sectores administrados.
El pasado viernes 1 de noviembre,
el gobierno publicó de manera extraordinaria el Decreto Supremo Nº
009-2024-MINAM para reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que evalúa los estudios de
impacto ambiental de las empresas interesadas en explotar los recursos en
nuestro país y aprueba su viabilidad. El objetivo de esta reorganización es “destrabar” las inversiones haciendo uso
de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta iniciativa resulta ser un despropósito
que viene siendo criticado por exministros de diferentes carteras y por el
expresidente del organismo en cuestión, Alberto Barandiarán, quien ha
calificado al accionar del Ejecutivo como una “clara interferencia de la autonomía y
gestión medioambiental”.
Esta es otra muestra de cómo se quiere afectar el control ambiental en pro de
la inversión.
Así las cosas, el Ejecutivo y el
Congreso parece que seguirán promoviendo políticas a favor de las empresas
extractivas, sin que medie una preocupación real sobre el medio ambiente en
plena crisis hídrica. Los CEO de las industrias extractivas seguirán facturando
cómodamente desde sus mullidos sillones en algún barrio acomodado de Lima, a
costa del bienestar de cientos de personas que vienen siendo afectadas en sus
formas de vida y en su salud, pero que, por la distancia geográfica que las
coloca fuera del foco de influencia en la opinión pública capitalina, pareciera
no importar.
desco Opina – Regional
/ 8 de noviembre del 2024
descosur
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