López Aliaga: la municipalidad como trampolín

 

El uso abusivo de un cargo público como plataforma personal tiene su personificación más reciente en el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Con la complicidad de su cuerpo de funcionarios y bajo un discurso populista que no resiste contraste con la realidad, su administración se ha convertido en una vitrina de propaganda electoral en la que se inauguran obras incompletas, se anuncian ocurrencias inviables y se compromete el futuro financiero de la ciudad con gran irresponsabilidad, como ha resaltado recientemente un reportaje de The Economist.

El alcalde, ya en el tercer año de gestión, ha reemplazado con improvisación y espectáculo mediático lo que deberían ser avances reales respecto a la infraestructura urbana de Lima, tan necesitada de planificación y proyectos urbanos coherentes. Ejemplos sobran: la insólita iniciativa de convertir piscinas municipales en “playas” echando arena, la delirante idea de resolver la movilidad en el Centro Histórico con “carrozas tiradas por caballos” o la promesa incumplida de llevar agua potable a las laderas de los cerros donde cientos de miles de limeños viven sin servicios básicos, usurpando funciones del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal en lugar de coordinar, como también tendría que hacerlo con la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU.

En el terreno social, ha fracasado rotundamente en la reubicación de ambulantes —otro de sus compromisos centrales— generando más conflictos que soluciones, sin ofrecer alternativas para los cientos de miles de peruanos que dependen de ese trabajo precarizado. Su supuesta capacidad de gestión, que vende como carta de presentación presidencial, se desploma frente a la evidencia de una ciudad que sigue desordenada, desigual y sin un horizonte claro.

López Aliaga no construye consensos, divide y polariza, buscando consolidar una base radicalizada a costa de deteriorar el debate democrático. Ello se manifiesta en el cargamontón de insultos y descalificaciones contra todo aquel que no se alinee con su discurso de ultraderecha, empezando por quienes expresan posiciones de izquierda, aunque sin dejar de lado a la propia derecha fujimorista y a Acuña de APP, a quienes ahora ve como peligrosos rivales.

Más grave aún es el manejo de recursos públicos: la operación de los trenes “donados”, convertida en un show personalista, ha destapado cuestionamientos sobre las modalidades de adjudicación de contratos en la Municipalidad de Lima, en las que lo único transparente parece ser el direccionamiento de oportunidades de negocio a antiguos socios del alcalde, para quienes plantea adendas para añadirlos haciendo un abierto tráfico de influencias y la carga de un enorme endeudamiento para la ciudad, hipotecada ahora por más de 15 años.

Es el presente y el futuro de Lima usado como caja chica de su campaña presidencial; una candidatura disfrazada de gestión protagonizada por alguien incapaz de gobernar con seriedad, con el riesgo añadido de trasladar sus fracasos y deudas a nivel nacional.

La contradicción es brutal: mientras promete rescatar al país de la corrupción y la ineficiencia, su gestión municipal exhibe prácticas de opacidad, improvisación y endeudamiento irresponsable. Se vende como gestor exitoso, pero no logra resolver los problemas más urgentes de Lima ni cumplir las promesas con las que llegó al sillón municipal.

Su candidatura, una campaña mal disfrazada de obras de gestión exitosa, sostenida en insultos, populismo barato, apostando por un discurso de choque que explota el desencanto ciudadano con la política tradicional, demuestra que estamos ante un liderazgo peligroso, incapaz de gobernar con seriedad y con el riesgo añadido de trasladar sus fracasos y deudas a nivel nacional.

 

desco Opina / 5 de setiembre de 2025

Levedad y miopía en la derecha peruana

Entre la curiosidad morbosa y la estupefacción, gran parte de la ciudadanía asiste por estos días a una insólita campaña de los medios de comunicación en torno al “caso Richard Swing”, impresentable e inenarrable personaje, acusado de cobrar 175 400 soles por consultorías extrañas y en apariencia amañadas.

Nadie niega la necesidad de investigar las sospechas de corrupción en el uso de recursos públicos, más aún en medio de la tragedia y crisis que estamos viviendo, pero este despliegue mediático justo cuando el Perú afronta graves problemas que ponen en juego la vida, la salud y el empleo de millones de ciudadanos (por ejemplo, los altos precios del oxígeno, hoy un bien muy valioso; los cobros de clínicas privadas por los test del Covid-19, la distribución de bonos, los focos de contagio, etc.), despierta sospechas sobre su objetivo real.

Detrás de esta levedad y de su tono de farándula, los editoriales y artículos de distintos diarios, así como varios programas televisivos y radiales coinciden en apuntar al Presidente. La comisión de fiscalización del Congreso, presidida por un ex Contralor General de la República, destituido por serias sospechas de corrupción aún no aclaradas por la justicia (hoy sumado al bando de Antauro Humala, la “bestia negra” de la derecha), se ha sumado a la cruzada.

¿Qué están persiguiendo? Pueden aventurarse dos hipótesis: (i) arrinconar al Presidente hasta lograr su vacancia, sin importar que estemos en medio de una pandemia de incierto final; o (ii) liquidar la imagen de Martín Vizcarra para que llegue destruida al 2021. En ambos casos, y más allá de las dudas razonables sobre su intervención en el affaire, parece haber un juego motivado por los afanes de venganza del establishment derechista, que no le perdona la derrota que significó para muchos de ellos el cierre del Congreso y su consecuente pérdida de influencia y poder.

Algunos comentaristas creen que el escándalo no afectará al Presidente, lo cual es bastante probable, pero la campaña muestra la estrechez de miras de un grueso sector de la derecha política, mediática y tecnocrática. Sus prioridades están lejos de las del país y su miopía les impide ver que, más allá de sus estilos personales, Martín Vizcarra está contribuyendo a legitimar el modelo del cual se proclaman los más celosos guardianes defensores.

Los sistemas políticos se legitiman en base a leyes y normas, pero también con la aceptación e internalización de éstas por la ciudadanía. Los líderes y autoridades políticas juegan un rol en ello, cuando logran persuadir a la población en que tal sistema los representa y responde mínimamente a sus intereses. En nuestro país, donde hay tanta desconfianza hacia los políticos, la política y el gobierno, que un presidente como Vizcarra haya logrado una gran aprobación, constituye un capital político personal, pero también para el sistema. Que además ocurra en un contexto como el actual, no es poca cosa.

El Presidente puede ser calificado como un político de centro derecha, demócrata hasta donde hemos visto, más allá de sus errores y ciertas actitudes dudosas. Ni siquiera es un Ollanta Humala en versión moderada y no va a encabezar ninguna revolución o cambio chavista de la sagrada constitución fujimorista. Acusarlo de populista, como muchos columnistas y opinólogos neoliberales hacen, confirma su cerrazón y estrechez.

Plantear, por ejemplo, el impuesto a la riqueza o a los altos ingresos no es sinónimo de tal (¿en qué consistiría lo antitécnico de la medida?); se aplica en países de la OCDE a donde tanto esos tecnócratas y neoliberales quieren hacer ingresar a nuestro país; incluso en Chile, por un presidente de derecha. Cambiar la estructura tributaria vigente, retrógrada y basada en impuestos ciegos e indirectos no debilita el modelo; la experiencia de los países desarrollados lo muestra.

Tampoco es populismo reformar el sistema privado de pensiones y el sector Salud. Por el contrario, ayudaría a reducir desigualdades, sin destruir los fundamentos del libre mercado. Poco o nada de eso importa cuando se defienden intereses de grupos minoritarios pero muy poderosos (hablar de grupos de poder es también populismo o marxismo), o de intentar recuperar el poder y la influencia política que en cierta forma perdieron por acción de un provinciano incluido en una plancha de demasiados blancos (Carlos Bruce dixit).

El apoyo a ciertas medidas «populistas» del Congreso evidencia las fallas del modelo (sin partidos programáticos, aventureros y oportunistas políticos pueden encarnar también aspiraciones sociales). La campaña para desprestigiar y, eventualmente, destituir a un Presidente que no forma parte de la élite limeña del poder, pero que por primera vez en varios años, goza de altos niveles de popularidad y en la práctica aporta a legitimar el sistema, solo añade combustible a la hoguera donde puede incinerarse el modelo. Su eventual destitución contribuiría a agudizar la desconfianza y desafección política. Poner en su reemplazo al actual presidente del congreso es inimaginable. Antauro Humala debe estar frotándose las manos en Piedras Gordas.

desco Opina / 5 de junio de 2020