Irresponsablemente,
y bajo el argumento de que la mayoría de las cooperativas del VRAEM son «lavadoras» de dinero del narcotráfico, se viene satanizando a todas las que operan en estas
localidades. En realidad, debería especificarse que estas sospechas se enfocan
en las de ahorro y crédito, más no en las de productores –que representan el
mayor número de ellas– que cuentan, además, con el apoyo de DEVIDA para
asegurar su sostenibilidad. El hecho de que operen en zonas sensibles a la
producción y tráfico de drogas, no justifica las sospechas sobre ellas; sin
embargo, el polvo levantado, las afecta sin excepción.
“De las 671 cooperativas identificadas y
contabilizadas en el Perú, casi la tercera parte está en el Vraem, que es un foco de generación de dinero ilícito”, aseveró el Congresista
Lombardi, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia
Financiera del Congreso. Al no existir obligación de estas instituciones de
inscribirse en la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep),
las cifras sobre su número y existencia son meras especulaciones, lo que no necesariamente
aleja las sospechas de lavado de activos del narcotráfico y la minería ilegal;
pero en estas sospechas no sólo estarían las que se ubican en el VRAEM, sino en
todo el territorio nacional. Ya en el 2015 la Fenacrep se opuso a que se le
otorgaran mayores facultades de supervisión a la Superintendencia de Banca y
Seguros (SBS), acusando la existencia de una campaña de difamación y calumnia, con el argumento de que sólo se
requieren algunas modificaciones de la Ley General de Cooperativas que recoja
el espíritu de su creación.
No
es de sorprender que muchas de estas cooperativas hayan financiado intereses y preferencias políticas particulares, lo cual se habría puesto de manifiesto en la
sesión del Pleno del Congreso de la República del 24 de mayo último; en donde la
Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera –presidida por
Guido Lombardi– y la Comisión de Constitución y Reglamento –presidida por
Úrsula Letona–, expresaban dictámenes contrapuestos. Mientras la primera
impulsaba mayores facultades a la SBS, la segunda proponía la creación de un
organismo de supervisión específico denominado Superintendencia de Entidades
Solidarias, con el argumento de que la SBS no era una institución impoluta
evidenciado en el Caso Lava Jato, al señalar que “la SBS no ha estado a la altura de las exigencias de la coyuntura”,
refiriéndose específicamente a la Unidad de Inteligencia Financiera que en su
momento no habría reportado las denominadas operaciones sospechosas de muchos
de los políticos implicados.
Queda
claro que todo nuestro sistema financiero se halla permanentemente bajo la
lupa. Un informe del 2016, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), hizo una advertencia poco usual sobre la penetración de dinero sucio en la banca nacional. Cabe señalar que en las sucursales de la banca
formal de la selva, quien realiza operaciones importantes debe responder varios
complicados cuestionarios, lo cual puede ser entendido como una de las razones
para que la bancarización de las operaciones comerciales lícitas no se
masifique.
En
esta misma sesión del Pleno, salieron a la luz vínculos de personalidades del
mundo cooperativo con algunos legisladores,
hecho que generó tensiones y enfrentamientos. Sin embargo, y pese a las
negaciones, una cooperativa de Huaral que tiene en su cartera de clientes a
legisladores de Fuerza Popular, está bajo las investigaciones fiscales, lo que trae por los suelos la teoría de que
sólo el VRAEM sería susceptible de operaciones dudosas, pero demuestra con
certeza que no existen mecanismos de fiscalización eficaces. El retorno del
proyecto de Ley a la Comisión de Economía, alarga el debate y la aprobación de
algún canal de control efectivo que despeje dudas e identifique a aquellas que
bajo esa fachada están operando para cometer ilícitos.
Bajo
los mismos argumentos, deberían ser sujeto de sospechas públicas muchas
entidades de microfinanzas semidesconocidas que instalan minúsculas oficinas en
muchas ciudades del interior del país –y en especial en la selva–, de las
cuales se tiene poco o nulo historial conocido sobre la procedencia de su
capital. Incluso otorgan préstamos con altos intereses, pero dados los escasos
requisitos que exigen, tienen cautiva una cartera de prestatarios frecuentes.
Si se tuviera esto en consideración, seguramente que a las 21 cooperativas investigadas por la SBS y/o la Fiscalía, se sumaría un número
importante de empresas de microfinanzas, así como muchos prestamistas y
financistas silenciosos.
Esta
incertidumbre sobre la legalidad de las operaciones de las cooperativas y la
escasa capacidad de control del Estado, puede derivar en un pánico financiero
de sus ahorristas y prestatarios, lo que acarrearía un incremento de la
informalidad y la desbancarización de muchas operaciones comerciales. Además de
analizar quién gana con esta lentitud, se debe sopesar cuánto se arriesga y
cuánto nos costará como país.
desco Opina -
Regional / 15 de junio de 2018
Programa
Regional Centro - descocentro
Entradas
