La coalición autoritaria acelera el modo “elecciones”

 Las encuestas recientes, que empiezan a multiplicarse como parte del modo “elecciones” que los políticos de la escena oficial y los medios empiezan a imponer, no traen mayores novedades sobre la aprobación de la señora Boluarte y el Congreso de la República. Reducida en ambos casos a prácticamente un error estadístico, su desaprobación alimenta el descrédito de la democracia en el país, que nos ubica entre los países con mayor desconfianza en ella en los distintos estudios regionales como el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas. La reciente medición del Instituto de Estudios Peruanos, muestra que un 37% declara no confiar para nada en las elecciones, sobre todo en las zonas rurales, entre los más pobres y en el norte, sur y oriente del país, frente al 8% que afirma confiar mucho en ellas, mayoritariamente en Lima y en los estratos altos. Usando una escala de confianza en elecciones que va de 1 a 7, dicha encuesta establece tres categorías de confianza –baja, intermedia y alta–, mostrando que 49% manifiesta escasa confianza en estos procesos

No obstante, éstos y otros datos en la misma dirección, la coalición autoritaria en el gobierno, Congreso y Ejecutivo, cada uno a su manera y en función a sus propios intereses, organizan sus acciones para hacer de las elecciones próximas el centro de sus decisiones y orientaciones, convencidos de que por esa vía tranquilizarán las aguas de los malestares permanentes que generan, terminarán de construir en muchos casos los blindajes legales que requieren para su impunidad y garantizarán su reproducción futura.

La mandataria, combina su enfrentamiento virulento con la Fiscal de la Nación que le ha presentado cinco denuncias constitucionales, con la multiplicación de sus innumerables mentiras –desde los Rolex y las cirugías hasta la supuesta invitación a Estados Unidos que le habría hecho el vicepresidente de ese país en su encuentro en El Vaticano–, con el apuro por aumentarse el sueldo, haciendo creer que no tiene vínculo con la descabellada iniciativa, así como con el estilo malcriado que dejó al presidente colombiano con la mano estirada en Quito, y el tormento al que somete a los escolares en sus inauguraciones con sus agresiones a los medios de comunicación y las agencias encuestadoras. Todo ello, acompañado de su subordinación y su negociación permanente con el Congreso de la República, en un escenario, según evidencia la encuesta del IEP, en el que 62% y 58% indican que las grandes empresas y el Congreso influyen mucho en el gobierno, mientras 37% identifica a Keiko Fujimori como la figura con mayor influencia en el gobierno, seguida por Cerrón y César Acuña.

El Congreso, por su lado, interesado en asegurar su control de las instituciones electorales y del conjunto del futuro proceso, elimina a sus competidores, busca reducir a sus críticos y garantizar todas las condiciones que les aseguren su futuro en la próxima representación, sin dudar en traspasar toda barrera que se los impida, como lo evidencian cotidianamente con sus decisiones. Claros en su poder político sobre Boluarte, hacen crecientemente del manejo populista de la economía, un arma adicional en la búsqueda de “simpatías” que esperan se traduzcan en votos futuros en sus pretensiones reeleccionistas.

Así, sin ningún estudio ni sustento técnico aprobaron un proyecto de ley que busca cambiar la composición del Impuesto General a las Ventas desde el 2026. La norma aprobada en el Congreso mantiene la tasa en 18% pero reduce a 14% la participación del gobierno nacional e incrementa al 4% la del Impuesto de Promoción Municipal que hace parte de aquél. 10 000 millones de soles menos para los gastos e inversiones del nivel central. La medida no significa necesariamente que el gobierno nacional disminuye las transferencias a los gobiernos locales por ese monto, lo que representa un riesgo fiscal significativo si eso no ocurre y el gasto aumenta. Máxime cuando el Ejecutivo de Boluarte comparte el mismo ánimo populista y buscando el apoyo de los gobiernos locales a su interés de supervivencia hasta el 2026, anuncia desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un incremento en la regla del déficit fiscal como parte del crecimiento del gasto, lo que, sumado a la incapacidad de generar ingresos sostenibles, está llevando paulatinamente a un mayor endeudamiento público.

En este estado de cosas, con una opinión pública desconfiada de las elecciones, con 71% de peruanas y peruanos que creen que es probable que la campaña electoral resulte financiada por la minería ilegal, con 82% convencida que el poder de aquella ha influido en el Congreso y en las autoridades regionales, en un país en el que según el último informe del Latinobarómetro, apenas 10% se decía satisfecho con la democracia, es evidente que el divorcio entre la percepción ciudadana y el accionar de la mandataria y los representantes, de los políticos de manera más general, está claramente presente.

Las futuras elecciones, que a todas luces no serán competitivas, enfrentan problemas más de fondo que la eventual participación de 43 listas, lo que ciertamente es un problema grave. La aceptación en el escenario electoral, que muestran figuras como Martín Vizcarra, Pedro Castillo o Antauro Humala, más allá de si pueden o no ser candidatos a alguna forma de representación o no, son un mensaje claro para una clase política que sigue mirándose el ombligo.

 

 

desco Opina / 30 de mayo de 2025 

Maniatados y sin justicia

 

El 7 de diciembre se cumplió un año del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, que lo llevó a la cárcel. La torpeza de su sucesora, Dina Boluarte, de juramentar hasta el 2026 cuando se requería un adelanto de elecciones, así como su evidente acuerdo con los sectores más duros del Congreso que le suspendieron una investigación en curso, levantó a la población en distintos lugares del país durante las sucesivas semanas, con un balance doloroso de muertos y heridos en Puno, Apurímac, Cusco, Arequipa, La Libertad y Ayacucho, que aún no encuentran justicia.

A sabiendas de la cercanía de este triste aniversario, donde se quebró el orden institucional, el Ejecutivo publicó un decreto legislativo para cambiar el Código Penal, buscando profundizar y ampliar la criminalización de la protesta. De ahora en adelante, un yape para colaborar con el almuerzo de protestantes (o agentes de delito, si la fiscalía lo determina así), o cualquier donación, te puede llevar cinco años a la cárcel. Si protestas en la carretera, harto de las mecidas de una mesa de diálogo, porque una agroexportadora va contra tus derechos laborales, o porque una empresa de dudosa reputación inicia un proyecto minero en tu localidad, o porque no encuentras justicia cuando apagaron la vida de un familiar, puedes irte quince años a la cárcel. El primer ministro Alberto Otárola y Dina Boluarte le han echado candado a la protesta, o más bien sal al fuego, según como se vea.

Más doloroso ha sido aún, el manejo político de las masacres de Estado. Después de meses de protesta de familiares de los caídos pidiendo justicia, con informes internacionales y nacionales denunciando al gobierno por las masacres durante las mismas, además de expedientes fiscales amontonándose en la capital por decisión de Patricia Benavides, en un afán deliberado para no resolver los casos en los lugares donde ocurrieron los hechos, la vilipendiada Fiscal de la Nación, denunció cínicamente a Boluarte y Otárola por homicidio calificado por seis de los cuarenta y nueve casos de muertes causadas por abuso militar y policial durante las protestas. Ni siquiera hizo la denuncia por una voluntad tardía de hacer justicia, sino como una carta para salvarse de la destitución ante el papel deleznable que ha tenido en ese puesto de poder, desde el que buscó proteger a su hermana, eliminar a Zoraida Ávalos, intervenir en la elección de Josué Gutiérrez, el Defensor del Pueblo, pretendiendo lograr la captura de la Junta Nacional de Justicia.

En este escenario, también estarían desapareciendo pruebas de la ya precaria investigación fiscal sobre las muertes en las protestas, a juzgar por el testimonio del fiscal José Domingo Pérez a una televisora limeña, denunciado la destrucción y extracción de documentos de la Fiscalía de Derechos Humanos.

La liberación de Alberto Fujimori, condenado a veinticinco años de cárcel por delitos de lesa humanidad, es la cereza del pastel que seguramente seguirá alimentando la indignación acumulada de la ciudadanía, porque su excarcelación representa la impunidad en nuestro país y la transgresión a las normas.

Siguen ajustando, entonces, la soga contra nuestros cuellos, aletargándonos, pero enfureciéndonos cada vez más. Pese a las normas represivas se han programado tres días de marcha en veintiséis regiones del país contra el régimen de Dina Boluarte, que fueron anunciadas por la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL). Mientras tanto, cientos de personas autoconvocadas, que participaron en las protestas posteriores al 7 de diciembre de 2022, continúan siendo procesadas, por un sistema infectado también por esta democracia que ya no es democracia.

Diciembre se dibuja así, otra vez, como el mes más largo y temible del año, por una serie de acontecimientos que llegan en tropel y nos dejan un mal sabor de boca, que ninguna chocolatada podrá resolver. No hay argumento que resista la tragedia de nuestro país.

 

 

desco Opina – Regional / 7 de diciembre del 2023

descosur

La Fiscal de la Nación

 

Muy cercanos a la fecha del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y de las protestas que se prolongaron hasta marzo, resulta todavía difícil tomar distancia de estos sucesos, que aún nos conmocionan.

El nuevo gobierno, instalado hace apenas un año, producto de un pacto entre los restos que dejó Castillo en el Poder Ejecutivo (la sucesión presidencial de Dina Boluarte) y el bloque que conformaba el control del poder en el Legislativo, está siendo profundamente  afectado por la crisis terminal que enfrenta la Fiscal de la Nación, la abogada Patricia Benavides, al salir a la luz contundente información sobre su presunto proceder criminal, aprovechando su cargo para favorecer a mafias a cambio de su permanencia en el poder…con el que ahora ha roto parcialmente, al enfrentarse al Poder Ejecutivo, parodiando a un Sansón que destroza las columnas y muere con todos los ocupantes ilegítimos del templo.

Lo que ahora se lee, por las pruebas difundidas, no constituye novedad para quienes desde cierto periodismo de investigación y de análisis político más que lo sospechaban desde hace tiempo. No existían las evidencias que hoy abundan, comprometiendo a los usurpadores del poder.

Esto ha desencadenado el inicio de una nueva fase de reacomodo en la que los actores políticos actuantes pasarán a otra etapa (Ejecutivo y Legislativo en particular). Sin duda, interpelará también a todas las organizaciones e instituciones, los gremios de trabajadores y de propietarios nacionales y extranjeros que constituimos el tejido económico, cultural y social de nuestro país.

La profunda grieta provocada por la corrupción y la ignominia se muestra una vez más, desnudando el alma herida que es nuestro país. La credibilidad en la gestión de todo el Estado aparece nuevamente aplastada, por los suelos, y eso impacta en las relaciones sociales, lo poco que queda de institucionalidad pública y, por cierto, en la economía. Lo que se tiene a la vista son algunas de las consecuencias de lo que pasa cuando prima el enfrentamiento mafioso de poderes sobre la concertación.

Más adelante, dentro de algunos años, los acontecimientos vividos en este quinquenio, probablemente serán materia de reflexión y aprendizaje sobre cómo actuar mejor para concertar y evitar profundizar las brechas que la pandemia evidenció para todos.

La derecha radical que ha florecido vigorosa en determinados sectores sociales, aunque evidencia su falta de ideas y lo mezquino de sus intereses, también ha entrado en crisis interna y se debilita relativamente ante el enfrentamiento entre la Fiscal de la Nación y el Poder Ejecutivo.

La imparable violencia delincuencial de chantajes, homicidios por encargo, ajuste de cuentas entre bandas, robos, extorsión y cobro de cupos, tiene al país sumido en una inseguridad creciente, en el descrédito acelerado de nuestras reglas de juego a todo nivel y el quiebre del diálogo. Las ideas no se exponen, se imponen decisiones, y la sed de venganza de los principales perdedores parece no tener fin.

El desarrollo al que aspiramos debiera ser un proceso colectivo que también favorezca lo individual, una dinámica intersectorial e integral que convoque acciones y coordinaciones interdisciplinarias, interculturales, e intersubjetivas. Hoy parece imposible que esto pueda ponerse en marcha.

En el escenario al que asistimos, como en un circo de tres pistas, abundan payasos, fieras, prestidigitadores y equilibristas. También corruptos, asesinas y homicidas, junto a muchos improvisados, mientras los medios de comunicación (con la dinámica generada en las redes sociales que los absorbe), evidencian una situación de crisis del Estado y la sociedad, en la que la mayoría de la ciudadanía aparece cada vez más excluida –en muchos casos autoexcluida– de esta afanosa disputa.

Quienes debieran gobernar para bien de las mayorías, torpemente dan manotazos de ahogado en una economía sumida en franco proceso de recesión, a puertas de las urgencias que habrán de significar los efectos del paso de un FEN, cargado simultáneamente de lluvias destructoras en el norte y centro de nuestro territorio, y una agobiante sequía en el sur del país.

Es hora de construir un nuevo pacto social para creer en nosotros y confiar en los demás. Uno que muestre al mundo y a nosotros mismos, que somos una nación y no un país de desconcertadas gentes. Hasta hoy, entre tantos muertos y heridos y la enorme pobreza que atrapa a casi cinco de cada diez peruanos, expresando la enorme desigualdad que nos caracteriza, no encontramos la forma de salir del pantano de podredumbre en el que hemos sumido a este magnífico país, cargado de culturas y riquezas naturales como pocos en el mundo. Un lugar en el que los 33 millones de personas que lo ocupamos podríamos estar más cerca de avanzar en un proyecto del buen vivir, y no a la catástrofe y el caos destructivo en el que estamos inmersos.

 

 

desco Opina / 1 de diciembre del 2023