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viernes

Salario mínimo: un impulso necesario y justo para la recuperación

 

Cada vez que se propone un incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en Perú, el debate público estalla como una tormenta. Desde el sector empleador, algunos de sus voceros, rápidamente alzan la voz, advirtiendo que cualquier aumento pondría en riesgo la recuperación económica del país. Del otro lado, el sector trabajador no deja de insistir en que la RMV debe ajustarse para cubrir el costo de la canasta básica familiar, una demanda largamente postergada que refleja la necesidad de justicia económica para los trabajadores de menores ingresos.

A pesar de la intensidad de estas posturas, lo cierto es que el debate sobre el salario mínimo debería darse en un espacio técnico, donde prevalezca el análisis riguroso y las cifras sirvan como base de las decisiones. Ese foro existe, es el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), en particular, la Comisión Especial de Productividad y Salario Mínimo (CEPSM). Es en este espacio donde se debe buscar el equilibrio entre las preocupaciones empresariales sobre los costos laborales y las legítimas demandas de los trabajadores por una remuneración digna.

En este contexto, el pleno del CNTPE encargó a la CEPSM, el 12 de agosto último, la tarea de evaluar la solicitud de incremento de la RMV, formulada en el discurso presidencial del 28 de julio. Se espera que la comisión concluya su trabajo hacia mediados de octubre y comunique sus conclusiones al Poder Ejecutivo, quien finalmente tomará una decisión. No obstante, este debate no debería terminar ahí. El reto mayor radica en avanzar hacia la institucionalización de un proceso que permita reajustes periódicos y predecibles de la RMV, evitando que éste se convierta en una disputa sujeta a los vaivenes políticos o a la presión coyuntural. Consolidar un mecanismo transparente y sostenible para futuros reajustes será clave para garantizar la estabilidad económica, como la equidad social.

La discusión sobre el aumento de la RMV se enmarca en un contexto económico relativamente favorable. En los últimos seis meses, Perú ha mostrado una tasa de crecimiento cercana al 3%, lo que indica cierta recuperación después de un período de inestabilidad global. Este crecimiento otorga alguna capacidad al mercado laboral para absorber un aumento en la RMV sin que comprometa la competitividad o cause un impacto negativo en la creación de empleos formales.

Una de las cuestiones centrales a evaluar a favor de un incremento de la RMV, es la mejora en las condiciones del mercado laboral. La tasa de desempleo ha disminuido en los últimos dos años, lo que sugiere que el mercado tiene capacidad para generar empleo y absorber un aumento en los costos laborales. Además, la informalidad, que ha sido una barrera histórica para el desarrollo económico en Perú, ha caído en 1.6 puntos porcentuales en los últimos doce meses, lo que representa una mejora en la calidad del empleo. Esta reducción, también refuerza la idea de que un incremento de la RMV podría ayudar a consolidar la formalización de más trabajadores.

Adicionalmente, cabe destacar que la relación entre la RMV y el salario medio ha disminuido, tanto en el mercado laboral en su conjunto, como en el empleo formal. Esto significa que el salario mínimo ha perdido terreno frente a los salarios promedio, lo que ejerce presión social y económica para que se ajuste de manera que mantenga su poder adquisitivo y cumpla con los estándares de equidad que promueve la Constitución.

Por último, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo del salario mínimo en más de 9% desde el último incremento producido en mayo de 2022. Este deterioro afecta principalmente a los trabajadores y sus familias que dependen de la RMV para subsistir. Por tanto, un aumento no sólo es necesario desde el punto de vista económico, sino también social, para garantizar que los trabajadores puedan hacer frente al incremento en los costos de vida.

Sin embargo, no todos los indicadores socioeconómicos son tan alentadores. Un componente necesario para justificar un aumento de la RMV es la productividad multifactorial, que no ha mostrado avances, sino por el contrario, retrocesos en los últimos años. La informalidad sigue siendo masiva y, por tanto, se constituye en un obstáculo para mejorar la productividad, ya que una gran parte de la fuerza laboral no tiene acceso a capacitación o tecnología. Además, aún falta una recuperación significativa de la inversión privada en sectores de valor agregado y del consumo, lo que limita el dinamismo económico general. Es posible que el aumento de la RMV contribuya a la recuperación del consumo, pero serán necesarias también, políticas que apunten a mejorar el capital humano de los trabajadores y el clima de confianza para reactivar la inversión privada.

Para concluir, el aumento de la RMV, más allá de las tensiones que genera en el debate público, debe seguir discutiéndose en el marco institucional del CNTPE, con el rigor técnico que amerita. Como ya se ha explicado, el verdadero desafío, además de subir el salario mínimo antes de fin de año, es el de garantizar que este proceso se institucionalice en una norma y se maneje de forma predecible, protegiendo tanto a los trabajadores como al desarrollo económico del país. De esta manera, el proceso se alineará mejor con el mandato constitucional de garantizar una remuneración equitativa y suficiente para los trabajadores y un desarrollo sostenible.

 

 

desco Opina – Regional / 27 de setiembre de 2024

Los costos proyectados de una política degradada

 

La política, importa. Hoy más que nunca. Es el universo del deseo. En el mundo real, desgraciadamente, debemos prever los costos de no haberla organizado ni tener los actores mínimamente capacitados para llevarla a cabo, en momentos que se debe contrarrestar una crisis sanitaria sin precedentes, gestionar la convivencia con la enfermedad y, además, buscar reconstruir los factores y espacios sociales que han sido dañados.

En efecto, los impactos económicos han sido fortísimos. Según el Banco Mundial, nuestra caída en el PBI trimestral es de alrededor del 30%, proyectándose algo más del 12% en el anualizado, que si bien es exagerado para algunos analistas locales, no lo es tanto como para dejar de considerar que formamos parte de los peores escenarios a nivel mundial.

Cuando buscan una causa a esta situación, desde las comprensiones más ortodoxamente neoliberales, no hay duda en identificar a las estrictas medidas de confinamiento llevadas a cabo como el fundamento de la caída económica. Ahora bien, podemos debatir sobre la plausibilidad de esta aseveración, pero lo incuestionable es que la rigidez de las medidas sanitarias no dio como resultado una situación aceptable en términos de la salud: la cantidad de muertos e infectados no se condicen, bajo ninguna apreciación, con el rigor de las medidas adoptadas.

En todo caso, si los síntomas de recuperación siguen las proyecciones esperadas, se estima que será rápida y hacia el primer trimestre del 2021 estaremos apreciando una “normalidad restablecida”. La recuperación tiene como base el sector primario y, como segundo rasgo, una baja y lenta recuperación de la inversión privada.

En ese sentido, las cartas que puede y debe jugar el país son las de la inversión pública –algo en que, aunque parezca increíble, están de acuerdo tirios y troyanos– pues el sentido común estima que su presencia es fundamental precisamente en momentos en que la demanda privada está deprimida.

Por otro lado, una fortaleza en la presente crisis ha sido las vigorosas espaldas financieras del país que otorga, entre otras cosas, un buen nivel de liquidez que ha evitado la ruptura de las cadenas de pagos. Pero, esto no significa que no tengamos que vigilar la política de gasto fiscal, es decir, las decisiones tomadas para canalizar los recursos teniendo como objetivo una recuperación «eficiente», léase evitar las quiebras empresariales no sólo con inyecciones de créditos a bajos intereses, sino también con la disminución de la presión tributaria.

En teoría, la política fiscal expansiva –que es la que recomiendan los técnicos para momentos como los actuales– pretende incrementar la producción y por tanto el empleo a través de una disminución de los impuestos y un aumento del gasto público. Es decir, si aumentasen los impuestos, la demanda agregada disminuye y con ella lo hacen la inversión y el consumo. En ese sentido, nuestros ortodoxos, repentinamente, ya no se hacen los embrollos de siempre con las tasas de déficit fiscal.

Pero sabemos que, en nuestro caso, los resultados de estos lineamientos fiscales, no serán necesariamente como proyectan los manuales. Primero, la alta informalización del trabajo hace dudosa cualquier meta que busque preservarlo en sus ámbitos formales. Segundo, sabemos que el motor de la recuperación son las actividades extractivas-primarias las que casi no generan trabajo formalizado. Entonces, es probable que haya una inyección de recursos para aumentar la producción, pero donde no veamos tasas significativas de recuperación de puestos de trabajo.

Por otro lado, dada nuestra buena performance en tipo de cambio e inflación, podemos apostar a una política monetaria relativamente expansiva para promover el aumento del consumo y la inversión. Es decir, más demanda agregada, lo cual incentiva al mercado y, con ello, provocar el aumento de la producción y el empleo. Como en el caso de la politica fiscal expansiva, en términos generales, es lo que razonablemente debe aplicarse hoy, teniendo total conciencia de los límites en los resultados que genera una situación como la nuestra.

Entonces, se busca armar un escenario en el que los aspectos sanitarios se equilibren con el reinicio paulatino de las actividades económicas. Ello debe fundamentarse, desde el lado económico, en el impulso de la demanda para lo cual se requiere la aplicación exitosa de politicas fiscales y monetarias expansivas.

Ese escenario, tiene como premisa la existencia de muchísima confianza entre los agentes económicos, políticos y sociales del país. Aquí es donde surge el gran cuello de botella del esquema. Las condiciones para que funcione son la nula probabilidad de una crisis política grave y que el próximo gobierno no cuestione sus lineamientos.

En efecto, debemos elegir en abril del 2021 el gobierno que debe manejar los efectos de la pandemia y guiarnos hacia la recuperación que, en buen romance, significa volver a ser lo que fuimos en febrero del 2020. Así, un vistazo a la oferta electoral, a las condiciones de los denominados partidos políticos, a los sorprendentes debates públicos, a la política menuda de los actuales congresistas buscando permanecer siquiera un mes más en el cargo, la multiplicación de jueces venales y demás rasgos de la institucionalidad democrática peruana, tendría que preocuparnos sobremanera.

 

 

desco Opina / 23 de octubre de 2020

sábado

PPK de espaldas a la calle



El Mensaje a la Nación que inaugura el segundo año del gobierno de Peruanos por el Kambio fue, qué duda cabe, decepcionante. La expectativa era poca, es cierto. No obstante, el carácter ritual que se le confiere a este acto donde se actualiza la noción de comunidad nacional genera sentimientos no justificables a la vista del primer año de PPK, pero sí muy humanos, como la esperanza. ¿Alguien recuerda la “revolución social” con la cual emprenderíamos el camino a ser un país más justo y solidario? Hoy, las medidas se centran, como siempre, en la reactivación económica pero sobre todo en el corto plazo. Tal es el bajo vuelo de las aspiraciones gubernamentales.
Por otro lado están los múltiples vacíos. El ejercicio de detectar qué cosas no se dicen en un discurso podría resultar estéril si algunos silencios no fueran elocuentes al punto de parecer cómplices. Hay ya varios señalamientos sobre lo que el Presidente omitió, entre ellos lo más clamoroso es su renuencia a abordar la protesta y las paralizaciones del magisterio y de la Federación médica. Para variar, la ‘calle’ no apareció en el Congreso este 28 de julio.
Quizá lo más sorprendente ha sido el mal manejo económico que tras un año, ha merecido ya muchas críticas y diagnósticos. En ese sentido, el reconocimiento del Ministro de Economía y Premier del error en que incurrieron al contraer el gasto público, debe leerse como un componente tácito en los mea culpa del Presidente en su discurso. PPK, el hombre que subestimó, alude a los shocks de El Niño Costero y Lava Jato, pero no dice nada sobre haber apostado casi exclusivamente al juego de los destrabes y la ejecución por medio de APP como medida de reactivación para una economía urbana hoy al borde de la recesión. Al destrabe se suma el impulso que se piensa provea la reconstrucción y la apuesta por usar los Panamericanos; la reactivación al ritmo de la construcción de estadios y villas deportivas.
Pero, hay una contradicción aquí, las medidas se orientan más a la reactivación en el corto plazo, pero la meta de déficit fiscal, es decir, el ‘permiso’ que se da el gobierno para endeudarse, aunque aumentó de 2.5% a 3% del PBI, parece muy bajo para sostener fuertes impulsos de inversión pública. En suma, en 2017 no habrá gran reactivación económica. Los efectos podrían llegar a verse en 2018. ¿Y después?, no queda tan claro. Hay algunas señales sobre enmendar el rumbo, pero aquí también asoma la ideología. Un comentarista advierte sobre los peligros de una supuesta “planificación central” a propósito de la propuesta Autoridad Autónoma del Transporte, incluyendo una melancólica defensa de las combis que seguro nunca utiliza. Dentro del mismo gobierno debe dejar de mirarse como ‘burocratización’, lo que podría interpretarse como atisbos de una institucionalidad que no existía hacia fines de los Noventa. El necesario debate sobre la fiscalización laboral es expresión de eso.
El tema de la reconstrucción muestra una lentitud pasmosa con un plan que no llega a formularse. El renovado entusiasmo por la misma tiene que ver menos con un imperativo moral para con los conciudadanos que sufren y más con el rol de la misma como ‘motor’ de la reactivación. Las imágenes nos muestran como en la ciudad de Lima hay ciudadanos y ciudadanas que tienen que arriesgar su vida pasando por los puentes desplomados por el río y no hacen sino confirmar la dejadez. Como podría esperarse, si las autoridades políticas tuvieran que usar esos puentes todos los días, ya se habrían arreglado. Tal fue el caso en la “reconstrucción” de Pisco tras el sismo de 2007; a las pocas semanas se habían reestablecido grandes emprendimientos comerciales, mientras que la población dormía en carpas. Si Alan García se enfrentó en el discurso y en los hechos a la noción de equidad y justicia ciudadana, el gobierno de PPK lo hace por omisión. Pareciera que lo que no se puede resolver en una oficina, en una reunión de ejecutivos no tiene solución, o no es un problema.
La mención inicial de PPK a los peruanos y peruanas que se arriesgaron durante la emergencia es un mensaje poderoso porque ofrece reconocimiento a una actitud de desprendimiento y solidaridad. Pero viéndolo bien, puede que el mensaje también sea que este gobierno no se va a ocupar de la “sociedad” y que ésta va a tener que recurrir a gestas heroicas si quiere mantener la cabeza fuera del agua. Hay una desconexión cada vez más clara entre el gobierno y las necesidades de las mayorías, más allá de medidas aisladas. Igual sucede con la oposición fujimorista, que se desentendió muy rápido de su promesa de poner en agenda los temas de su plan de gobierno. Este contexto que nos ha dado ya dos reuniones PPK – Keiko, parece haber puesto algunos temas en agenda en un ambiente de concesiones y desplantes. Parece estarse gestando una dinámica que termina excluyendo a la sociedad, con el riesgo de radicalización que eso supone.  
Al gobierno le falta manejo político, esto se ha dicho hasta la saciedad. Pero además, le falta una visión sobre la forma en la que funciona la sociedad peruana, lo cual supone involucrarse activamente con la calle. Este vínculo es político, pero implica algo que parece que el gobierno no va a exhibir: autoridad moral para interpelar a la sociedad peruana de frente. El Presidente aparece atenazado por una concepción del realismo político que no inspira. Si ‘realismo’ se limita a ser un notario de todo lo que no se puede hacer, la sociedad peruana parece destinada a rescatarse a sí misma cuantas veces sea necesario.

desco Opina / 4 de agosto de 2017