Cumplidos dos meses y medio del gobierno de Ollanta Humala, los puntos en los que la agenda oficialista ha tenido avance más considerable han sido el establecimiento del gravamen minero y la Ley de Consulta Previa, aprobada en el Congreso de la República. Sin embargo, ambos son logros mediatizados, el primero por el cálculo real de la cifra que percibiría el Estado, bastante menor a la señalada por el Primer Ministro, el segundo por el anuncio de la reducción, a seis meses, del plazo mínimo para la realización de estudios de impacto ambiental-EIA en inversiones extractivas, lo que resulta contradictorio no sólo con el principio de «plazo razonable» que se contempla en la Ley de Consulta Previa, sino con la realidad de asimetría y poca credibilidad que ha caracterizado los EIA, y que ha sido fuente de numerosos conflictos sociales en los últimos años.
Aunque se trata de pasos contradictorios en un gobierno con alta expectativa respecto a un viraje en las relaciones entre la gran inversión y el Estado, no se percibe que hayan provocado aún fisuras de consideración entre quienes respaldan a Humala. En este sentido, el planteamiento de la «gradualidad de los cambios» muestra aún capacidad de sostener las alianzas sociales del oficialismo, cohesión a la que en buena medida aportan los medios de comunicación antigobiernistas con sus ataques selectivos: primero Ricardo Soberón, jefe de DEVIDA, luego la titular de Mujer y Desarrollo social, Aída García Naranjo, en lo que constituye la primera crisis ministerial de Gana Perú. En tanto, el cuestionamiento de las organizaciones de derechos humanos a Daniel Mora, ministro de Defensa, por sus declaraciones sobre un «punto final» a los juicios de derechos humanos, ha pasado inadvertida para el grueso de la opinión pública, y forma parte de una guerra sorda que empezó apenas iniciado este gobierno.
La presión mediática sobre García Naranjo y Soberón es sólo una cara de la moneda de la relación entre oposición y oficialismo. Esta presión sobre integrantes del gobierno provenientes de la izquierda o próximos a grupos con agendas consideradas radicales –como los cocaleros–, proviene en el primer caso del fujimorismo y del aprismo, y en el segundo caso de medios ultra-conservadores y del descompuesto aparato de inteligencia montesinista. Si bien no han encontrado respaldo real en los grupos de poder económico –con quienes Humala vive aún una inesperada «luna de miel»– sí han minado considerablemente el perfil izquierdo del gobierno, para provecho, entre otros, de un sector «duro» del nacionalismo –descontento con la cesión de un ministerio «social»–.
En cualquier caso, por ahora ganan quienes mediante una actitud «flexible», hasta complaciente frente a Humala, pretenden continuar avanzando por la política económica , que es el flanco que el mandatario cedió con su «Hoja de Ruta». Esperamos que este nuevo «cerco» sobre Humala –muy distinto al denunciado en las elecciones– encuentre pronto su tope, de modo que se cumpla con las expectativas de cambio que llevaron a Gana Perú, del fondo de las encuestas, a Palacio de Gobierno.
desco Opina / 17 de octubre de 2011
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