PPK y la «gerencia» de los territorios

Mientras el fujimorismo sigue mascullando la derrota, conviene enfocarse en los desafíos del presente. Puesto que la conformación del primer gabinete ‘pepekausa’ se hará pública el 10 de julio y que lo único cierto es que Thorne irá al MEF, por ahora las únicas indicaciones que tenemos son las comisiones de transferencia. Por lo visto habrá un manejo tecnocrático, previsible en un gobierno de PPK, aunque hay señales sobre la seriedad con la que se aborda la labor, por lo menos. Es así en el MIDIS, MIMDES, MIMPV, Interior, Salud y Defensa, entre otros. Pero hay un ministerio intransferible, porque no existe: el de Descentralización. ¿Qué cabría esperar de PPK sobre la gestión y articulación de los diversos territorios que componen este país?

El escenario en el que le toca operar a este gobierno es uno de estrecheces, ya no solo políticas, sino económicas. El presidente electo ya declaró públicamente que la caída en el crecimiento del PBI se debe a una sola razón: el menor precio de los commodities, sobre todo los que provienen de las industrias extractivas. Contra la opinión interesada en desprestigiar a Ollanta Humala (¡como si hiciera falta!) la desaceleración no tiene que ver exclusivamente con el manejo macroeconómico del gobierno. Un representante del PNUD declaró recientemente que hasta 1.6 millones de peruanos podrían volver a contarse dentro de los pobres, por vivir con muy poco y sin seguridades de ningún tipo. La razón está asociada también al enfriamiento de la economía mundial y en América Latina en específico, a la baja en los precios de las exportaciones primarias. Tal vez por eso se impone dar señales a los gobiernos subnacionales, algunos de los cuales han sido «canondependientes», como declaró el Vicepresidente Vizcarra.

PPK y su equipo viajaron al Cusco a la llamada Primera Cumbre por la Descentralización, co-organizada por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) que congregó a 22 gobernadores regionales y alrededor de 1000 alcaldes. Anunció medidas para igualar la cancha, en otras palabras, evitar la desigualdad, entre las regiones más ricas y las más pobres, mientras Vizcarra anunció con claridad que espera destrabar alrededor de 67 mil millones en inversiones mineras. Hace bien el gobierno en mostrar sus cartas de una vez y de manera tan pública. Previsible es también que varios de esos proyectos, por ejemplo Las Bambas, enfrenten resistencias de las poblaciones en las llamadas ‘zonas de influencia’. En ese caso, el gobierno de salida pactó un programa de inversiones de S/. 1400 millones pero en el cual parece haber poco avance.

Ojalá el manejo en este tema haga oídos sordos al discurso pasatista de algunos sectores pro empresariales que siguen tratando de echarle la culpa de toda protesta a los «radicalismos» y que no dudan en exigir represión a la mínima señal de disenso. Estos sectores empresariales bien podrían estar a favor de  una propuesta que se escuchó en la mencionada Cumbre con autoridades regionales y locales: la de crear sedes descentralizadas de Proinversión. Estarían de acuerdo si de concesionar el país por partes se tratara, por cierto. Una propuesta audaz del alcalde del Cusco fue que el Gobierno destine el 50% de su presupuesto a las regiones. Pero es sabido que en un escenario de contracción, la tendencia es más bien a desconcentrar: en épocas de vacas flacas se espera que cada región «baile con su pañuelo».

No obstante, PPK sí se ha referido a la diversificación productiva en los territorios como respuesta desde el gobierno para asegurar ingresos a nivel país. El tema lo puso en agenda pública el Ministro Piero Ghezzi para este gobierno, pero tuvo poco eco en los hechos. El presidente electo se ha referido a ampliar lo que capta el país por el turismo, a las industrias como las fundiciones y a la agroexportación. Sobre este último punto, declara estar a favor del régimen especial que en campaña fue presentado como ‘Ley Chlimper’, es decir, está a favor de flexibilizaciones laborales, como buen neoliberal que es.

Cuando se habla de territorios usualmente se imagina al Sur. El gran espacio costero, andino y amazónico que no votó por él en la primera vuelta pero que, en varios casos notables como Puno, Arequipa y Tacna, le dio su apoyo contra Fujimori en la segunda. Tienen razón en el Sur en reclamar atención del nuevo mandatario aunque, claro está, un presidente no debe gobernar para ‘pagar’ los votos recibidos, sino para todos los peruanos. Pero sí es cierto que territorios donde se encuentran el mencionado proyecto Las Bambas, y donde se produce el agua que da vida a la agroexportación de la costa peruana, exigen un manejo serio y articulado. El presidente electo ha declarado muchas veces que le interesa en particular llevar agua a los hogares peruanos pero también construir infraestructura de riego, para favorecer inversiones que se dan, por citar solo un ejemplo, en Ica con aguas que fluyen desde Huancavelica. Dicho sea de paso, el fujimorista gobernador de Ica, Fernando Cilloniz, brilló por su ausencia en la ‘Cumbre’. 

No menos importante en los tiempos que corren es la relación bilateral con los vecinos, y eso también adelanta algo del manejo económico y territorial de Kuczynski. Su gran interés por Chile y su participación en la III Cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico dice mucho de las ganas que tiene de atraer capitales desde «ese» sur: “Estamos para servirles, queremos atraer inversión y ustedes tienen la puerta abierta”, declaró en el evento. Sin duda, PPK se siente a gusto en el mundo de los negocios pero debería estar preparado para exponer, democráticamente, sus respuestas a las voces en contra. Después de todo, ya tiene suficiente con la oposición de tinte revanchista que ha anunciado el fujimorismo en el Congreso.

En conclusión, es un escenario complicado para la economía, y por tanto, para la reducción de las desigualdades en el país. El nuevo gobierno es claro en su orientación promercado, y en eso no difiere del fujimorismo, pero parece ser al menos más franco en su manejo tecnocrático o ‘gerencial’ de este país. No va a ser «Presidente del Directorio», sino presidente de los millones que, en diferentes territorios, claman por señales de que su existencia no es marginal para el modelo. El impulso a la descentralización es positivo si no se negocia de espaldas a las poblaciones y sus autoridades y si se articulan los esfuerzos del Estado por dar coherencia a la administración social y económica en costas, sierras y selvas. PPK es un pragmático, y su proyecto político no tiene una gran visión del país. Pero para suerte suya, el gobierno de Humala dejó el techo tan bajo, que basta vocación de diálogo y algunas ideas claras para llegar al bicentenario con un país que no dé signos de fragmentación.     

desco Opina / 1 de julio de 2016
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Los resultados de octubre

Los resultados de las elecciones regionales parecen estar despertando distintas luces de alarma entre analistas, medios de comunicación y empresarios. Los mismos que el 2010 querían entusiastamente «descubrir» empresarios entre los vencedores, hoy quieren encontrar «corruptos» y «antisistema», sorprendiéndose del triunfo categórico de Santos, de las votaciones de Aduviri y Michael Martínez o del éxito relativo de Waldo Ríos,  olvidándose «oportunamente» de los casos limeños como el del propio Castañeda o los avatares de San Isidro con sus «votos golondrinos», denunciados por el entorno de la ex candidata Osterling, la que proponía trasladar el colegio emblemático Alfonso Ugarte «porque la mayoría de estudiantes son de otros distritos».

En sentido estricto, las autoridades ya electas y los candidatos que irán a la segunda vuelta, ratifican la debilidad de nuestro sistema de representación cada día más fragmentado, pero también, las pulsiones de una sociedad fuertemente desarticulada y ligada a las dinámicas e historias particulares de sus respectivos territorios, desde donde viven el acontecer nacional. Así, no debe sorprender que algunos de los reales empresarios triunfantes (Amazonas), estén sindicados de vinculación con actividades ilícitas y lavado de activos, mientras otros arbitrariamente sean señalados de antisistémicos (Junín), aunque no existan argumentos razonables para ello.

La victoria deSantos, sorprendente por la alta votación alcanzada, expresa antes el rechazo cajamarquino al gobierno por el que votó el 2011 y al comportamiento reiterado de una empresa determinada, que una posición antiminera o el predominio de una organización partidaria en ese espacio del país. Al otro lado, el también sorprendente porcentaje alcanzado por el candidato Juan Luque en Puno, anuncia la voluntad de evitar la incertidumbre y seguramente la confrontación que habría supuesto una victoria de Aduviri.

En términos generales, salvo alguna excepción, los resultados eran previsibles tras una campaña que tuvo poco de programático y mucho de cuchillero, en la que se logró instalar la desconfianza sobre la mayoría de postulantes, alimentada por indiscutibles casos de corrupción en el interior del país (Ancash y Chiclayo, por señalar los menos polémicos), que ciertamente no son muy distintos a los que uno observa indignado nacionalmente. Es cierto que muchas autoridades del interior están seguramente involucradas en actos de corrupción, pero no olvidemos que ello ocurre en el mismo país que tiene a sus últimos tres presidentes en situación lamentable; el uno, condenado por violación de derechos humanos, los otros dos, sindicados de distintos actos de corrupción.

Aunque en esta ocasión, los denominados partidos nacionales tuvieron por primera vez más listas que las agrupaciones regionales, que son las más de las veces calco y copia de aquellos, no obtuvieron los resultados que esperaban. Apenas si ganan La Libertad y Lambayeque (APP) y mantienen alguna expectativa para la segunda vuelta en otras tres regiones (Ica, Pasco y San Martín). APP, quien sale mejor parado, se ratifica como partido firma a partir de una red clientelista solventada por una universidad, cuyo papel claro ha sido hasta ahora el reducirle el sólido norte al APRA, intentando con éxito limitado avanzar al Centro y al Sur. Tiene autoridades en 16 departamentos y cierta «fuerza» en La Libertad y Lambayeque, pero también en Ancash, Ayacucho y Lima provincias.

Los mayores perdedores son sin ninguna duda el APRA, que no Alan García, el PPC ya enfrascado en una guerra interna, así como las izquierdas. Los primeros apenas ganan una provincia en La Libertad  y 45 distritos en todo el país. Los segundos, casi desaparecen con 7 distritos en Lima y 7 más en todo el país. Las izquierdas, finalmente, siguen viviendo su larga agonía; la suma del MAS, Tierra y Libertad y el Frente Amplio alcanza apenas a una región, 5 provincias y menos de 40 distritos. Como es penosamente obvio, cada uno responsabiliza a los otros.

Así las cosas, nuestra precaria democracia se sigue vaciando de contenido, nuestro sistema de representación se ratifica como un rompecabezas de infinitas fichas que además son intercambiables y la descentralización, que ciertamente tiene múltiples limitaciones y dificultades, se convierte en el chivo expiatorio y en la explicación fácil de todos y cada uno de los problemas del país que tienen en el Estado, las instituciones y los partidos, un vértice que no se quiere ver, mientras siga «facilitando» la gran inversión privada. Por este camino, no nos quejemos más adelante, porque como es obvio, seguimos sembrando tormentas, en el país todo y no solo en el interior.

desco Opina / 10 de octubre de 2014
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Los indígenas, las regiones y el territorio

Las elecciones regionales y locales tienen la virtud de marcar, por defecto, algunos aspectos que podrían devenir en claves para la formulación de una agenda política de izquierda. Por ejemplo, ¿Cómo se está pensando desde estos ámbitos cuestiones tan importantes como pueblos indígenas, comunidades campesinas, concesiones mineras y territorialidad? Este es sin duda un asunto decisivo para la construcción de un país democrático e inclusivo.

Según el IV Censo Nacional Agropecuario, en el país existen un total de 7,599 comunidades, de las cuales 6,277 son comunidades campesinas (94% ubicadas en la Sierra) y 1,322 comunidades nativas (99% ubicadas en la región amazónica), las que conducen el 60% de las tierras agropecuarias, pero la mayor parte sub-explotada y en descanso.

Por otro lado, sólo el 3,3% de las comunidades campesinas y el 1,1% de las nativas tienen títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos. En parte, esto ocasiona que únicamente el 10,6% de las comunidades campesinas y el 2% de las nativas reciban servicios de asistencia técnica, capacitación y asesoría empresarial, mientras que en acceso al crédito no llegan ni al 1%.

Asimismo, el 1.39% del territorio de comunidades nativas y el 49.63% del de las comunidades campesinas tienen superpuestas concesiones mineras. Frente a esta realidad, la pregunta que surge inmediatamente es ¿Dónde está el Estado?

Estos datos generales son suficientes para entender en toda su magnitud el neo-liberalismo salvaje que ha venido imponiéndose en el país, sin considerar mínimamente los derechos que asisten a los titulares de los recursos, en este caso, las comunidades rurales.

Más aun, esta es una realidad que, al parecer, no cala por ningún lado en el aparato público: las comunidades son entidades invisibilizadas pues no están geo-referenciadas y los únicos esfuerzos en ese sentido son privados, como es el caso del Instituto del Bien Común (IBC). Incluso, lo que pasa con la tierra es altamente probable que también esté sucediendo con otro recurso fundamental: el agua.

Entonces, si lo que se busca es construir una agenda desde las organizaciones indígenas, es necesario incorporar todos estos factores bajo una dimensión más amplia –el territorio– y formular desde éste una propuesta con visos programáticos. En esa línea, el espacio regional sería el ámbito más adecuado para el despliegue político de estas posiciones.

De esta forma, desde las regiones deberíamos empezar a superar una manera de construir el territorio teniendo como eje la mega-infraestructura, como ocurre por ejemplo con el IIRSA, que desde la perspectiva indígena resulta tan complicada como las concesiones mineras, apostando más bien por la consolidación de una territorialidad que tenga a los pueblos indígenas como uno de sus factores movilizadores.

desco Opina / 26 de setiembre de 2014 

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