Recapitulación y retos actuales

 

Aunque al parecer superamos el ojo de la tormenta en el plano político, las demandas populares en medio de la crisis económica se mantienen tal cual.

El telón de fondo de la reciente crisis política se ha definido por tres elementos: el agotamiento del modelo económico evidenciado y agudizado por la pandemia del Covid-19; el desfase entre los intereses de mafias y grupos de poder en relación al gobierno, al punto de descartar al presidente Vizcarra; y finalmente, la necesidad de los «dueños del Perú» de encontrar mejores condiciones para la próxima etapa electoral y la defensa de sus intereses.

El gabinete de giro ultraconservador que quiso imponer el breve gobierno de Merino expresaba la convergencia entre grandes grupos de poder como Confiep, el Grupo Romero o la Sociedad de Pesquería, y el cajón de sastre ultraderechista membretado como Coordinadora Republicana. El súbito poderío ganado por este sector reciclado, en una transición de poder totalmente irregular, fue el detonante de una impensada reacción ciudadana que llevó a la renuncia de ese gobierno transitorio. La gran mayoría de peruanos y peruanas valoraba cierta estabilidad y prefería que Vizcarra fuera juzgado y sancionado apenas concluyera su gestión de gobierno, pero no en medio de la pandemia.

La fuerte reacción juvenil ciudadana (“no me representa”) en medio de un ambiente de antipolítica y hartazgo, ocurre ante la debilidad de los gremios de trabajadores urbanos, campesinos y otros que coincidían en ver la salida de Vizcarra como un reclamo popular. Un error que embarcó a esos sectores y algunos grupos de izquierda, como furgones de cola de la ultraderecha conservadora, junto al fujimorismo y al antaurismo. Hartazgo hay y mucho, pero no desinterés por la política, en una generación nacida en una sociedad permanentemente envuelta en la corrupción.

La protesta se activó desde las redes y luego pasó a las calles. Quizá nunca había salido tanta gente en el Perú. No se ha tratado de una “movilización juvenil”, sino de ciudadanos, una inmensidad de jóvenes, en todas las ciudades del país, sin intermediación de liderazgos gremiales o de frentes políticos. Jóvenes que tomaron la política sin los políticos, cuyos referentes de organización y movilización vienen de sus identidades más inmediatas: el fútbol, el consumo cultural, las ‘tribus’ digitales y barriales, con menos aglutinamientos territoriales de los que se intentó con las “zonas” que funcionaron durante la resistencia a la “ley pulpín” en 2014-2015.

Es temprano para un balance completo, pero no debe dejar de valorarse como positivo que se le cerrara el paso a un gobierno de la ultraderecha aliada a los dueños del país. La conducción del Estado ha girado desde un sentido común de derecha y centro a otro de centro izquierda.

Acción Popular y Alianza para el Progreso retroceden en su espacio electoral sin facilitar con ello condiciones para una presidencia de izquierda en abril, pues se mantienen los vetos de los poderes fácticos y los medios. El rol que juegue la nueva Presidenta del Congreso, Mirtha Vázquez, tendrá un peso específico en las posibilidades de la izquierda. En medio de ello, el expresidente Vizcarra podría tentar suerte como ficha de una derecha moderna, y el partido Morado gana espacio y adeptos con Francisco Sagasti de presidente transitorio.

En lo inmediato, la vigilancia y la movilización quedan como tareas centrales. El retroceso de Confiep y de varios de sus aliados y voceros aparece como la oportunidad de proponer un renovado Pacto Social que atienda los graves problemas actuales de pobreza, desempleo, salubridad, educación, vivienda y abandono de la agricultura familiar. Puede ser el inicio de una coyuntura de construcción de una nueva representación social y política que atienda la fractura social que sufrimos. Tenemos ante nosotros el reto de superar el desencanto y la deuda moral con la sociedad incluyendo nuevos derechos y responsabilidades para las mujeres, los jóvenes, grupos LGBTI y otros sectores como las poblaciones indígenas amazónicas. Esa será la base para lograr el consenso de darnos una nueva Constitución para el país del bicentenario y el siglo XXI.

 

desco Opina / 20 de noviembre de 2020

Al vacío y sin paracaídas

 

La decisión congresal de vacar al Presidente Vizcarra abre un nuevo capítulo de la profunda crisis política que nos agobia desde hace ya varios años. Por la fuerza de los números, 105 votos, se impuso una decisión definitivamente inconstitucional, una suerte de golpe blando cuya naturaleza no cambia por el allanamiento del exmandatario que, a juzgar por su intervención de defensa en el Parlamento, tenía ya entonces claro el final de una película, que una semana atrás, tanto él como el país no creían posible.

Él, porque confiaba que con el anunciado rechazo de APP a la medida y la distancia frente aquella del FREPAP, le alcanzaba. El país, convencido que, en un escenario de pandemia con decenas de miles de muertos, una difícil situación económica y del empleo por los próximos años, así como un proceso electoral ya convocado y en curso, resultaba irracional un cambio de este calibre; máxime cuando el Ministerio Público ya se encontraba investigando el caso.

Sin embargo, entre el 2 de noviembre y anoche, desde distintos frentes se acabó de construir el escenario que terminó con la gestión de Martín Vizcarra. Confluyeron diversos sectores. Desde aquellas agrupaciones políticas con intereses particulares y de corto plazo, en un Congreso donde cerca de 70 de sus integrantes tienen historia judicial más o menos frondosa, pero no tienen problemas en descubrir la incapacidad moral de terceros, hasta sectores del Ministerio Público interesados en «asegurarse» el caso del exmandatario, quienes siguiendo una práctica tan instituida como condenable, filtraron a los medios las presuntas comunicaciones del aspirante a colaborador eficaz José Hernández y el ex gobernador moqueguano. Con ellos, el Club de la Construcción, interesado en bloquear los juicios que los afectan –a ellos y a muchas de las empresas que los supervisaban como ATA y CESEL Ingenieros– como parte de los pasos que urgen para recuperar su poder, así como buena parte de los medios de comunicación que el domingo pasado, buscaron repetir su perfomance de la primera vacancia.

Como era previsible, la decisión generó una ola de indignación y protesta contra una de las instituciones más criticadas y resistidas los últimos años. La presencia espontánea de grupos de manifestantes en las calles y los pronunciamientos de distintas organizaciones de la sociedad civil fueron inmediatos y coincidentes en la condena y en la expresión de los temores que produce una institución que actúa irresponsablemente.

Es evidente que la correlación que vacó a Martín Vizcarra termina tras la juramentación de Manuel Merino como nuevo Presidente. En el mejor de los casos, se expresará quizá apenas en la conformación del nuevo gabinete que sea cual fuere su composición, tendrá que disponer de tiempo para armar la gestión del Estado que pretendan, cualquiera que ésta sea, con el agravante de la ratificada demostración de fragilidad de la institución presidencial que hoy podrá afectar a Merino, quien ayer la usó entusiastamente y sin dudar.

Como resulta obvio, el cambio de gobernante no resuelve el desplome de nuestro sistema político que en cuatro años ha asistido a la vacancia de dos mandatarios, el suicidio de un tercero, el cierre de un Congreso y la instalación de uno nuevo con las mismas viejas mañas, la santificación de los aspirantes a colaboradores en el santoral de la judicialización de la política y las diarias luchas por el protagonismo mediático de fiscales más interesados en segundos de pantalla que en acusaciones fundadas ante el Poder Judicial. Tampoco mejorará la gestión de la pandemia con un aparato de salud que seguirá siendo el mismo con idénticas precariedades y carencias. Menos aún el manejo de la economía, donde los grupos de poder continuarán imponiendo su «normalidad». En otras palabras, el curso de vaciamiento de contenido de la democracia y la política continuará su marcha porque la crisis no es resultado de un actor movilizado y presionando por el orden de las cosas, es apenas el desplome de lo ya totalmente desgastado.

La presencia de jóvenes en las calles, las voces de protesta de diversos sectores de la sociedad y la crítica frontal de varias/os de los/as aspirantes del 2021 es importante y tendrá sentido si se organiza y se sostiene. Si es capaz de garantizar, como mínimo, que se cumpla el cronograma electoral y las condiciones elementales para que el futuro gobierno y Congreso tengan la legitimidad social y política para enfrentar el difícil escenario en el que llegaremos al Bicentenario. La ciudadanía y sus organizaciones tendrán el desafío de vigilar y enfrentar las consecuencias de esta vacancia, e impedir que el Estado devenga en parálisis y botín como puede ocurrir dada la precariedad e incertidumbre que atravesaremos los próximos meses.

 

 

desco Opina / 10 de noviembre de 2020