La cumbre sobre cambio climático de la ONU COP 26 (Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), se desarrolló en Glasgow, Escocia, las primeras semanas de noviembre. En ella participó la delegación peruana, posiblemente comprometida con el tema, pero que quizá sobredimensiona nuestras capacidades de colaboración para alcanzar la carbononeutralidad y la resiliencia al cambio climático.
El Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que consigna las acciones de mitigación de diferentes sectores, el Infocarbono (Inventario Nacional de GEI), y la Huella de Carbono Perú (que mide las emisiones de GEI de una organización ya sea pública o privada), forman parte del Sistema para la Medición de las Medidas de Mitigación que nuestro país viene implementando. Todas ellas son herramientas importantes, pero insuficientes para considerarnos a la vanguardia a nivel latinoamericano, tal como lo señalaron los miembros de la delegación peruana. Hay muchos temas aún pendientes o insuficientemente atendidos.
En 2014 el Ministerio del Ambiente (MINAM) señaló que nuestra meta para el 2021 era «cero deforestación», que evidentemente no se alcanzó. Se estima que en el 2020 más de 150 000 hectáreas de bosques tropicales fueron devastadas como consecuencia de la tala y la minería ilegal a nivel nacional, cifra que siguió elevándose este año, dado que la pandemia obstaculiza la fiscalización de parte de las autoridades; tarea ésta que incluso antes de esta crisis sanitaria tenía serias deficiencias e involucraba, incluso, actos de corrupción de varios funcionarios.
Esta pérdida forestal es responsable de casi la mitad de las emisiones de gases efecto invernadero a nivel nacional. Aunque las áreas naturales selváticas son espacios geográficos de vital importancia para la captura de carbono, los equipos técnicos y de seguridad para garantizar su intangibilidad carecen del financiamiento suficiente y de la logística adecuada para cumplir su tarea, por lo que aquellas continúan bajo amenaza. Los atentados a su intangibilidad son cometidos muchas veces por personas de su entorno, dándose incluso casos de corrupción y tolerancia de autoridades de diversos sectores frente a estos hechos. Un artículo publicado en el 2019 por la revista Science, reportaba que Perú protagonizó 61 eventos de reducción del nivel de protección, así como de eliminación de bosques naturales, lo que nos ubicaría entre los países que peor tratan a sus áreas de interés forestal con fines de captura de carbono.
Nuestro parque automotor contribuye considerablemente en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Al Estado peruano le corresponde el diseño de políticas públicas y acciones que vayan más allá de sanciones a conductores o la promoción de bonos de chatarreo, desarrollando una tarea muy importante que es la concientización ecológica de la ciudadanía. Esta situación se complica por una serie de factores como sistemas deficientes y mal administrados de transporte urbano, unidades obsoletas, alta congestión, excesiva cantidad de pequeñas unidades de transporte que excede diez veces más el número necesario, entre otros. Al igual que en el caso de la deforestación, las ciudades de nuestra selva no son ajenas a esta problemática; pese a que los bosques aledaños podrían ser paliativos interesantes contra la contaminación, muchas mediciones en las áreas muestran un valor negativo y muy por encima del estándar recomendado.
Nuestra Ley Marco sobre cambio climático define competencias para varios niveles e instancias de gobierno y, es entonces que aparecen los problemas, porque es sabido que en el país las tareas compartidas son responsabilidad de todos y de ninguno. Mal podríamos decir entonces que Perú es un ejemplo de gobernanza climática, si a duras penas podemos reconocer nuestras profundas debilidades institucionales y ciudadanas; sin ninguna duda, mal podríamos ser referentes a ser imitados.
desco Opina – Regional / 26 de noviembre del 2021
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