El sueño de la gobernanza climática peruana

 

La cumbre sobre cambio climático de la ONU COP 26 (Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), se desarrolló en Glasgow, Escocia, las primeras semanas de noviembre. En ella participó la delegación peruana, posiblemente comprometida con el tema, pero que quizá sobredimensiona nuestras capacidades de colaboración para alcanzar la carbononeutralidad y la resiliencia al cambio climático.

El Registro Nacional de Medidas de Mitigación, que consigna las acciones de mitigación de diferentes sectores, el Infocarbono (Inventario Nacional de GEI), y la Huella de Carbono Perú (que mide las emisiones de GEI de una organización ya sea pública o privada), forman parte del Sistema para la Medición de las Medidas de Mitigación que nuestro país viene implementando. Todas ellas son herramientas importantes, pero insuficientes para considerarnos a la vanguardia a nivel latinoamericano, tal como lo señalaron los miembros de la delegación peruana. Hay muchos temas aún pendientes o insuficientemente atendidos.

En 2014 el Ministerio del Ambiente (MINAM) señaló que nuestra meta para el 2021 era «cero deforestación», que evidentemente no se alcanzó. Se estima que en el 2020 más de 150 000 hectáreas de bosques tropicales fueron devastadas como consecuencia de la tala y la minería ilegal a nivel nacional, cifra que siguió elevándose este año, dado que la pandemia obstaculiza la fiscalización de parte de las autoridades; tarea ésta que incluso antes de esta crisis sanitaria tenía serias deficiencias e involucraba, incluso, actos de corrupción de varios funcionarios.

Esta pérdida forestal es responsable de casi la mitad de las emisiones de gases efecto invernadero a nivel nacional. Aunque las áreas naturales selváticas son espacios geográficos de vital importancia para la captura de carbono, los equipos técnicos y de seguridad para garantizar su intangibilidad carecen del financiamiento suficiente y de la logística adecuada para cumplir su tarea, por lo que aquellas continúan bajo amenaza. Los atentados a su intangibilidad son cometidos muchas veces por personas de su entorno, dándose incluso casos de corrupción y tolerancia de autoridades de diversos sectores frente a estos hechos. Un artículo publicado en el 2019 por la revista Science, reportaba que Perú protagonizó 61 eventos de reducción del nivel de protección, así como de eliminación de bosques naturales, lo que nos ubicaría entre los países que peor tratan a sus áreas de interés forestal con fines de captura de carbono.

Nuestro parque automotor contribuye considerablemente en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Al Estado peruano le corresponde el diseño de políticas públicas y acciones que vayan más allá de sanciones a conductores o la promoción de bonos de chatarreo, desarrollando una tarea muy importante que es la concientización ecológica de la ciudadanía. Esta situación se complica por una serie de factores como sistemas deficientes y mal administrados de transporte urbano, unidades obsoletas, alta congestión, excesiva cantidad de pequeñas unidades de transporte que excede diez veces más el número necesario, entre otros. Al igual que en el caso de la deforestación, las ciudades de nuestra selva no son ajenas a esta problemática; pese a que los bosques aledaños podrían ser paliativos interesantes contra la contaminación, muchas mediciones en las áreas muestran un valor negativo y muy por encima del estándar recomendado.

Nuestra Ley Marco sobre cambio climático define competencias para varios niveles e instancias de gobierno y, es entonces que aparecen los problemas, porque es sabido que en el país las tareas compartidas son responsabilidad de todos y de ninguno. Mal podríamos decir entonces que Perú es un ejemplo de gobernanza climática, si a duras penas podemos reconocer nuestras profundas debilidades institucionales y ciudadanas; sin ninguna duda, mal podríamos ser referentes a ser imitados.

 

desco Opina – Regional / 26 de noviembre del 2021

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Las iniciativas regionales frente al cambio climático y la COP 20

Los estudios realizados en las regiones de Junín y Huancavelica para formular la estrategia de adaptación al cambio climático, han diagnosticado efectos negativos en las actividades agropecuarias. Podemos mencionar la pérdida de cosechas por heladas o sequía, la presencia de plagas ocasionales, mortalidad de crías en rebaños mixtos familiares por friaje, deslizamientos de tierras de cultivo, huaycos, etc. En la población ha significado el incremento de enfermedades respiratorias, migración, entre otros. Estos acontecimientos vienen configurando escenarios coyunturales adversos al menos en los andes centrales, como lo corrobora el Tyndall Center de Inglaterra, que menciona que el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático después de Bangladesh y Honduras, temas que seguramente serán abordados en la COP 20 y que las autoridades regionales tendrían que tomar en cuenta en sus diversas acciones para reducir las consecuencias directas e indirectas que estos fenómenos puedan ocasionar.

Los Gobiernos Regionales de Huancavelica y Junín cuentan con una Estrategia Regional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (ERCC), cuya elaboración se inició con la conformación de grupos técnicos impulsados desde las Gerencias Regionales de Recursos Naturales y Medio Ambiente, donde colaboraron actores del sector público y privado, como ocurrió en el caso de Junín. Los esfuerzos se pusieron en temas como la integración del cambio climático a políticas públicas, la prevención y alerta temprana de desastres, la gestión de cuencas, el cambio de matriz energética, infraestructura, educación ambiental e investigación. En Huancavelica, el Plan Estratégico Ambiental cuenta con tres líneas principales: adaptación, mitigación y predicción en las áreas de salud. Estos documentos muestran la vulnerabilidad de las regiones en torno a los efectos producidos hasta la actualidad por el cambio climático y los esfuerzos que se realizarán de aquí en adelante para su adecuación y puesta en marcha.

Sin embargo, a la fecha no se han ejecutado acciones concretas relacionadas con la adaptación y mitigación del cambio climático, y si bien es cierto que hay proyectos de inversión pública que contemplan aspectos vinculados a ello, estos no son específicos y se dispersan en una variedad de temas. En esa lógica, resulta vital incorporar recursos para la inversión en actividades como la reforestación, la siembra y cosecha del agua, conservación de la biodiversidad, educación ambiental, entre otros, focalizándolas adecuadamente en función de un diagnóstico bien elaborado.

Un elemento clave para viabilizar la concreción de estos planes es lograr que sean asumidos por los actores de la sociedad civil y las diversas fuerzas políticas. Para ello, es necesario diseñarlos con la participación activa de la ciudadanía y de las agrupaciones políticas con presencia regional y local, superando la desinformación y desinterés existentes. Las experiencias de otras regiones y/o países que han adelantado en el tema son un buen referente para avanzar en el trabajo. La COP 20 puede ser también otro punto de referencia para mejorar y concluir las herramientas de gestión que se necesiten.

En conclusión, al igual que en Junín y Huancavelica, seguramente existen iniciativas similares en otras regiones; sin embargo, a pocos días de la COP 20, ni la población ni sus organizaciones representativas conocen mucho acerca de la realización de este importante evento. Las estrategias mencionadas no son el resultado de una agenda pública sino de una agenda del Estado, que obedece al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el país, así como a intereses de sectores económicos, generando condiciones para construir políticas públicas regionales concertadas, que incluyan elementos relacionados con la adaptación y mitigación del cambio climático. La debilidad principal continúa siendo la ausencia de información adecuada y convenientemente difundida entre la opinión pública de las regiones, a fin de sensibilizar a los distintos actores de la sociedad civil en la necesidad de actuar de inmediato en el asunto.

desco Opina - Regional / 14 de noviembre de 2014

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