Sin haber sido estrictamente elegido, sin tener una organización política y, sobre todo, sin haber supuesto que algún día tendría que conducir al país sin el fantasioso «piloto automático» que nos hizo creer ese 1% que se benefició a manos llenas con el mayor y más intenso ciclo de crecimiento económico que jamás tuvimos, pudo haber formado, sin duda, un clima que tendiera a una mayor democratización.
Para ello, necesitaba un equipo mínimo que, en su momento, pudo tenerlo. Además, debía tener algunas ideas claras y un objetivo, solo uno, que no sea «sobrevivir hasta el 2021». No los tuvo.
Este conjunto de deficiencias se agravaría con la clamorosa ausencia de perspectiva que prima cuando se analiza el gobierno del presidente Vizcarra: se le considera una administración gubernamental en sí misma cuando, en realidad, es parte del gobierno que se constituyó en el 2016, teniendo a Pedro Pablo Kuczynski como cabeza y, lo que es más, encuadrado en un sistema democrático falaz, que intentó organizarse sin cuestionar en lo mínimo el rampante neoliberalismo de la Constitución de 1993.
Por otro lado, está el Congreso. Es cierto que son los fujimoristas y apristas los que buscan colocar la idea de la incapacidad de Vizcarra para gobernar, para que no vean la suya. Felizmente, están totalmente desprestigiados y sus juegos políticos no prenden más allá de las paredes del Congreso donde aún son fichas cruciales para cualquier decisión porque, para mal, la formalidad constitucional les otorga un protagonismo que hace muchísimo tiempo se lo niega la ciudadanía.
Otra arena es el propio Ejecutivo en donde tenemos al ministro Vicente Zeballos, ofreciendo una especie de interpretación auténtica del anuncio presidencial para adelantar las elecciones al 2020, incluido un cronograma que asume un hipotético comportamiento del Congreso que, en el cálculo del Ministro, debería aprobar la propuesta presidencial entre agosto y setiembre, ser sometida a referéndum en la última semana de noviembre y convocar a elecciones en la primera semana de diciembre.
Zeballos está tan seguro de sí mismo que no descarta la posibilidad de que el Ejecutivo plantee, dado el caso, una nueva cuestión de confianza y, además, adelantarnos que en las elecciones propuestas solo se aplicaría la paridad y alternancia dado que las otras reformas, como el fortalecimiento democrático de los partidos, no podrán emplearse.
Sin embargo, las cosas no parecen tan llanas como en la mente del Ministro de Justicia. Luego de presentarse el proyecto de Ley al Congreso, Fernando Tuesta considera que si bien es posible llegar a un cambio de mando en julio del 2020, el Ejecutivo debe facilitar el trabajo de los organismos electorales con medidas que les permitan contratar y comprar bienes y servicios, en plazos cortos.
Por otro lado, de las cuatro leyes de reforma política que el presidente debe promulgar –inscripción y cancelación de partidos políticos, financiamientos, paridad y alternancia y democracia interna– solo la última no podría aplicarse pues el calendario electoral es muy apretado, a diferencia de lo manifestado por Zeballos. Pero, advierte, todo lo anterior solo será posible, si el Congreso aprueba el proyecto de ley en un plazo corto que no debiera ser más allá de agosto.
Pero desde el mismo Ejecutivo se propone otra fórmula. La vicepresidenta, Mercedes Aráoz, cree que se puede llegar al 2021 buscando un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo mediante el diálogo. En suma, considera que debe construirse un nuevo escenario en el que se pueda superar la crisis: “no es un tema solamente del Congreso como tampoco es solo del Ejecutivo, como algunos lo están diciendo. El último año ha sido tenso y difícil y ni el Ejecutivo ni el Legislativo han estado a la altura para encontrar un espacio de diálogo. […] Hemos utilizado de manera frívola dos instrumentos constitucionales: uno que es la vacancia presidencial y el otro que es la cuestión de confianza”.
Finalmente, la Confiep, a través de su Presidenta, ha sido enfática en señalar que el adelanto de elecciones buscaría dar curso a un impase político sin solución, aunque su preocupación real es que podría retraer aún más el crecimiento económico. Lo mismo será afirmado por el Presidente de la SNMPE y, más directo, por el aún informal precandidato Roque Benavides, para quien lo lógico hubiera sido que el Presidente renunciara y convocara a elecciones inmediatamente. No está demás decir que, la única preocupación nacional de los empresarios peruanos es, como siempre, lograr mejores condiciones para sus bolsillos. Su empatía no da para más.
En otras palabras, pareciera que nadie sabe bien a qué apuntan estos cambios al cronograma electoral. Al enrarecido escenario nacional el presidente Vizcarra decidió sumarle más ingredientes, sin saberse bien cuál es finalmente el objetivo político que persigue. Por otro lado, los actores de primera línea que debieran haber opinado, los partidos políticos, todavía callan porque no existen o porque su voz está por demás debilitada. No hablemos mejor de las organizaciones sociales y si van a activar sus cansinas convocatorias a marchas a favor o en contra.
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