El Programa Metropolitano de vivienda popular

En diciembre del año pasado, en pleno fragor del proceso de revocatoria de la alcaldesa de Lima, el concejo municipal metropolitano aprobó la ordenanza que creaba el Programa Metropolitano de Vivienda Popular. Este programa, instituido para enfrentar por vez primera la creciente problemática del acceso de vivienda para sectores populares (que son la mayoría de la población urbana), parece sin embargo haberse congelado en el tiempo ya que pese a los meses transcurridos no se dispone de información sobre su avance.

Esta iniciativa impulsada entonces por la regidora Marisa Glave, (presidenta de la comisión de desarrollo urbano de la municipalidad metropolitana hasta su revocatoria) contó con el respaldo casi unánime del Concejo y parecía abrir un nuevo espacio de trabajo y compromiso con un serio problema nunca antes atendido por el municipio: la vivienda popular.

Superado el proceso de revocatoria y en el marco explícito de la convocatoria formulada a otros partidos políticos por la alcaldesa metropolitana para realizar un trabajo conjunto, rubricado con la firma del Acuerdo por Lima, parecía posible dar prioridad no solo a la reforma del transporte sino también a programas como Barrio Mío y Vivienda Popular. Sin embargo, las expectativas de que por fin, el gobierno Metropolitano, asuma la problemática de la vivienda popular en la ciudad de Lima, parecen haberse diluido en un espejismo que se desdibuja por falta de voluntad política municipal.

A más de ocho meses de aprobada la ordenanza 1643 que crea el Programa Metropolitano de Vivienda Popular, la municipalidad metropolitana no ha dispuesto una asignación presupuestal destinada al mismo, lo que hace temer que finalmente no se cumpla con este importante compromiso de atención a la precaria situación de la vivienda de cientos de miles de familias de la metrópoli.

Como sabemos bien, para las familias de escasos recursos, las mayorías pobres de Lima, el acceso a una vivienda adecuada es una tarea titánica que requiere del apalancamiento, apoyo y asesoría del Estado, en este caso, del gobierno municipal. Resulta bastante preocupante que la Municipalidad Metropolitana de Lima, con un discurso y un compromiso explícito de apoyo al mejoramiento de la vivienda que parecía resuelta en este campo no esté avanzando al ritmo esperado y que la atención a los problemas de la vivienda se mantenga fuera de sus prioridades. Mientras tanto la atención a la vivienda se mantiene limitada a servir solo a los sectores medios mediante las políticas del Ministerio de Vivienda, situado de espaldas a los pobres de las ciudades y el campo.

desco Opina - Regional / 25 de julio de 2013
Programa Urbano
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Vientos de fronda

La elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, los miembros pendientes del directorio del Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo, como no podía ser de otra manera, ha terminado en un escándalo de consecuencias impredecibles. La obcecación de la mayoría de integrantes del Congreso de la República los llevó a votar en conjunto las polémicas propuestas que habían negociado previamente, guiados por el más mezquino de los criterios de cuoteo partidario. Que la mayoría de propuestos no cumpliera con las condiciones mínimas para la responsabilidad a la que aspiraban y que varios de ellos tuvieran una trayectoria personal fuertemente cuestionable, importó poco. Que distintas voces desde la sociedad civil expresaran su condena e indignación por el proceder del Congreso, importó menos aún.

El Presidente de la República y los principales líderes políticos, que sin duda alguna, estuvieron entre los promotores del arreglo finalmente consagrado por los parlamentarios, terminaron buscando desmarcarse de una elección que despertó protestas ciudadanas crecientes, aún antes de consumarse. El primero, diferenciándose de dos de las propuestas, las que despertaron críticas mayores. Los demás, concluida la escandalosa elección, tratando inútilmente de responsabilizar únicamente al mandatario y al partido de gobierno, de un juego perverso del que todos fueron partícipes de una u otra manera, como es el caso del APRA que en esta ocasión no fue parte de la repartija institucional porque no tiene los votos suficientes para participar en la versión peruana del juego de las sillas.

El daño a instituciones centrales de nuestra precaria democracia, algunas de ellas como el Tribunal Constitucional, ya heridas de antemano, es innegable. La credibilidad del Congreso de la República, una de las instituciones con menor índice de aprobación en todas las encuestas, minada definitivamente. Los principales liderazgos político partidarios, de alguna manera hay que denominarlos, reducidos a su condición más elemental de negociantes de intereses particulares. El propio Presidente Humala situado en el corazón de una crisis que contribuyó a crear y que finalmente desencadenó, desautorizando a todos y cada uno de sus operadores políticos, revelando una creciente y peligrosa orfandad. Nuestro débil sistema político golpeado, una vez más.

En este escenario, el malestar ciudadano empieza a tomar la calle lentamente. Las voces de protesta legítima provienen desde las redes sociales, desde los y las jóvenes que descubren que es poco lo que se puede esperar de una clase política encallecida y envejecida moral y éticamente, que es la peor manera de envejecer. Más allá de la coyuntura inmediata, se van percatando que sin su acción y su participación, la democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar, cada vez corre más peligro.

Hoy día, tenemos un Congreso totalmente deslegitimado y un Ejecutivo atrapado en su juego corto y, de pronto, en su tentación autoritaria, mientras una oposición que no es tal, balbucea en su defensa que el consenso, al que se prestaron y por el cual votaron mayoritariamente, es resultado de la imposición gubernamental. Todo ello en medio del silencio interesado de aquellos que se desgarran las vestiduras cuando se mueve un ápice algún elemento del orden establecido, en nombre de no hacer olas para no afectar las inversiones.

En otras palabras, una situación extremadamente difícil que es resultado de la instalación y del vigor de la antipolítica que se afirmó en el país en las últimas dos décadas. Situación que se prolongará los próximos días sin duda alguna, porque el malestar ciudadano seguirá creciendo e independientemente de la salida institucional que se encuentre para corregir esta desfachatez, las consecuencias las seguiremos pagando. En el corto plazo, la elección del nuevo Presidente del Congreso, seguramente será un nuevo capítulo del juego de las sillas y probablemente otro espectáculo patético, más aún cuando el candidato gubernamental a la reelección, es uno de los artífices de lo que estamos viviendo.

En el mediano plazo, porque es evidente que sin una reforma profunda de nuestro sistema político, sin una transformación real de los partidos que tenemos y su comportamiento, el malestar se convertirá en indignación. El desafío de la ciudadanía, hoy día sin representación ni organización, es enorme, porque de lo que se trata es de crear las condiciones para el proceso de los cambios que se requieren, con esta clase política que es parte central del problema.

desco Opina / 19 de julio de 2013
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Deficiencias en la cobertura del seguro agrario en Huancavelica

Desde hace algunos años el Ministerio de Agricultura - MINAG viene destinando partida presupuestaria para pagar la prima del llamado Seguro Agrícola Catastrófico (AgroProtege) en las regiones de sierra del país (Huancavelica, Apurímac, Cusco, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Pasco y Puno). La finalidad del seguro es atender a pequeños agricultores que se encuentran en situación de daños o pérdida del cultivo por factores climatológicos como la helada, granizada, presencia de plagas u otros.

En el caso de la sierra central, la región de Huancavelica cuenta con el Seguro con una prima S/. 6 millones 250 mil. La prima será ejecutada a través de la aseguradora MAPFRE y tiene como fin cubrir la campaña agrícola agosto 2012 – julio 2013. Según la Dirección Regional de Agricultura Huancavelica (DRAH), durante dicha campaña, 9,570 agricultores (1,872 productores en Churcampa, 5,095 en Huancavelica, 987 en Acobamba, 914 en Tayacaja, 565 en Angaraes, 137 en Castrovirreyna y 2 en Huaytará) perdieron grandes áreas agrícolas por los fenómenos climatológicos de la región; por lo que recibirán una indemnización del seguro agrario. (DRA Huancavelica - Oficina de Información Agraria).

La evidencia empírica no augura un buen futuro para estos agricultores. Según el MINAG, las comunidades de Callanmarca, Chaupiorcco, Huanaspampa, Chilhuapampa, Salcahuasi, Manyaclla, Mayunmarca, entre otras, perdieron cultivos de maíz amiláceo, papa, cebada grano seco, arveja, haba grano seco y frijol en su totalidad; por lo que está establecido, la aseguradora indemnizará con 550 nuevos soles por hectárea de cultivo dañado. Sin embargo, algunos agricultores reciben sumas que van desde 80 hasta 150 nuevos soles por las extensiones de sus parcelas que tienen en promedio una yugada (0.25 Has). Además del bajo monto, se suma a ello, que los pagos por indemnizaciones tienen que ser cobrados en provincias, obligando a los agricultores a realizar viajes largos y gastar en pasajes y viáticos. Finalmente, el dinero de la indemnización se ve utilizado en gastos como los mencionados y no en reparar las pérdidas de sus tierras. Cabe resaltar que los agricultores invierten como montos mínimos desde 2000 nuevos soles en cereales y 6000 nuevos soles en tubérculos por hectárea. En consecuencia, la suma de cobertura de las aseguradoras no solo genera una percepción negativa y pesimista en el agricultor, sino que, además, impediría su capitalización.

Tenemos tres razones (producto del trabajo de campo) para pensar que el seguro agrario catastrófico (SAC) no es percibido como favorable por los agricultores huancavelicanos:

a) En el 2009, en una entrevista radial, la hoy ministra de Desarrollo e Inclusión Social, dijo que el seguro era uno más de “un montón de experiencias piloto” en el sector y que los agricultores no conocían bien de qué se trataba. Actualmente, se sigue careciendo de información precisa del proceso de peritaje para la indemnización, manteniendo así la situación de desconocimiento de los agricultores.

b) Uno de los aspectos que no se visibiliza es la negociación entre el Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario (FOGASA) y la empresa aseguradora, dado que no se considera la información pertinente de los rendimientos promedios de los cultivos asegurados de primera fuente; porque según los criterios técnicos manejados en el campo, solo es indemnizable cuando el cultivo tiene una pérdida promedio mayor al 60% del promedio de rendimiento. Así mismo, la Dirección Regional Agraria de Huancavelica presenta una débil capacidad de gestión, debido a que no tiene un equipo técnico especializado en SAC y existen escasas capacidades en los agentes agrarios y pequeños productores para entender un proceso de peritaje técnico de acuerdo al lineamiento de política entre la aseguradora y el gobierno nacional. Estos procesos de peritaje realizados por la empresa encargada de hacer evaluaciones de campo (McLarens Toplis) tienen metodologías y técnicas validadas para regiones con superficie de llanura, donde la agricultura se desarrolla de manera intensiva, a diferencia de Huancavelica, donde la topografía es bastante más accidentada, lo que genera mayores costos de producción y mayores riesgos climáticos.

c) Seguro agrario con decisores privados para la campaña agrícola en mención (agosto 2012 – julio 2013); en el caso huancavelicano se designó a la empresa aseguradora MAPFRE para la cobertura, la que a través de su operadores locales ofrece servicio basados en criterios técnicos (lo cual es bueno), pero el no tener en cuenta los aspectos cualitativos de la producción agrícola, hace que este proceso no redunde en beneficio de los agricultores afectados, en la medida que la cobertura del seguro no cubre la magnitud de sus pérdidas. Estos problemas son producto de los precios regulados y estandarizados que se derivan del oligopolio entre las empresas aseguradoras.

Creemos que el seguro es de importancia, sin embargo, el deficiente conocimiento sobre el territorio agrícola y las necesidades reales de los afectados genera que los beneficiados sean un grupo menor de productores, por la tanto, a la actualidad no se han cubierto las expectativas de la mayoría de los agricultores quienes se sienten desconfiados y desconcertados por el mecanismo de evaluación que viene utilizando la aseguradora para el pago.

desco Opina - Regional / 16 de julio de 2013
Programa Sierra Centro
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La izquierda, nuevamente

Una vez más, convergen esfuerzos para crear y, en la medida de lo posible, consolidar un espacio de izquierda en la política peruana. La voluntad no está en cuestión sino cuál es finalmente el objetivo. Para algunos, que tiempo atrás no dudaban en señalar que la tarea era acumular fuerzas, ahora consideran que el motivo inmediato es el electoral, en tanto son poseedores de la llave legal. Para otros, la «necesidad táctica del momento» se reduce a no dejarse envolver por la ventaja del primero, para lo que será bueno apostar por «los procesos de largo plazo».

No sólo la parte formal guarda semejanza con los reiterados intentos de reagrupamiento del pasado reciente. La compulsión a la repetición también parece manifestarse en los contenidos. Como señala más de uno, la izquierda no ha podido tomar posición en ninguno de los temas debatidos en los últimos años, desde el servicio militar hasta la descentralización, pasando por los derechos de género. Incluso, las deficiencias mostradas respecto a cómo organizarse y comunicar parecen ser las mismas de siempre.

Sin embargo, al lado de las continuidades, hay elementos que permiten vislumbrar cambios con cierto optimismo. Tras los mismos rostros y prácticas es inocultable la instalación de un evidente hartazgo ante la inoperancia y ausencia de resultados que ha seguido a la izquierda peruana durante los últimos treinta años. Es decir, percibir que se está actuando al límite y que ya no hay oportunidades no deja de ser una ventaja en un espacio que se ha caracterizado por su conservadurismo y rigidez ante el cambio.

Por otro lado, el temor de la derecha peruana ante este nuevo intento, disfrazado de desdén y soberbia, también debe tomarse como un dato positivo. Como suele hacer, busca desde ya descalificar los intentos bajo un sino fatalista, del tipo «el programa de la izquierda siempre tendrá malos resultados» agregando a renglón seguido que «a estas alturas resulta particularmente difícil ser una persona históricamente informada y al mismo tiempo, defender fórmulas como las aludidas sin caer en necedad».

La contradicción es obvia: advertencia ante la posibilidad de caer en la necedad. Por eso, sólo a una derecha como la peruana sirve el argumento de una izquierda que no aprende las lecciones y aparece como un ser prehistórico en el siglo XXI. Es la manera como han evitado que se discutan los límites evidentes que manifiesta el modelo que auspicia y, de paso, no permitir que exista una agenda política diferente a la suya.

Es el chantaje que la izquierda peruana está obligada a superar, marcando su propia cancha y proponiendo sus ejes para el debate. Así, señalar derroteros en la política exterior apostando por la integración regional y dejar de lado la prioridad comercial, abrir el debate para un cambio en la matriz productiva, profundizar el sentido democrático y el fortalecimiento institucional buscando ir más allá del concepto liberal de los derechos, así como definir los nuevos sujetos de la acción política, son sólo algunos de los aspectos en los que debe presentar debate.

desco Opina / 5 de julio de 2013
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Qali Warma y las cadenas de la informalidad

Uno de los argumentos del MIDIS para la desactivación progresiva del PRONAA y el lanzamiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma –en su reemplazo–, señalaba que el primero «no funcionó bien y descuidó los criterios nutricionales de la población escolar». Sin embargo, pese a lo acertado de esta apreciación, la nueva propuesta no recogió las lecciones que dejó la experiencia pasada sobre todo en materia nutricional. El equipo de profesionales que lideraba el componente alimentario –el más importante del programa– estaba constituido por ingenieros de industrias alimentarias, cuyo perfil profesional no era el más adecuado para este propósito. Por esta razón, se cometieron errores en la selección de insumos para las dietas, tal como lo señaló en su momento el Colegio de Nutricionistas del Perú. Quedó demostrado que se distribuían productos que contravenían el espíritu de la recientemente promulgada “Ley de la comida chatarra”. La Ministra Trivelli aceptó el error de su portafolio y asumirá las recomendaciones del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud; algo que se pudo prever con una adecuada composición y selección del equipo técnico necesario para implementar este tipo de programas.

En la selva central este tipo de programa presenta una seria problemática: la informalidad y precariedad presente en los niveles públicos y privados. Empezando por los proveedores locales que ofrecen poca garantía sobre la calidad de los productos (autenticidad y vigencia), tanto como en las condiciones de almacenamiento y traslado de los mismos y, sumado a ello, la poca capacidad estatal para la fiscalización y monitoreo del servicio y para deshacerse del stock que ha superado su fecha de caducidad. Esta situación es más dramática aún en el interior del país, sobre todo en escenarios rurales, donde el programa ya ha sido denunciado por deficiencias como proporcionar alimentos en mal estado a colegios. Conservas de pescado malogradas, yogurts con gusanos, entre otras perlas, han sacudido los primeros meses de la implementación. La Ministra atribuyó el problema a compras del fenecido PRONAA.

Las escuelas rurales, no ocultan su alegría al saberse seleccionadas para ser beneficiarias del programa, pero es allí cuando las limitaciones de infraestructura local hacen sentir su presencia. Ausencia de energía eléctrica, inexistencia de cadenas de frío, caminos deficientes que deterioran los productos perecibles, falta de espacios adecuados en las escuelas para el almacenamiento y preparación, inseguridad para evitar los robos, carencia de utensilios y mobiliario para el consumo de los alimentos preparados, insuficiencia de cocinas para la cocción; entre otras limitaciones, que ponen en riesgo la calidad e inocuidad de los menús. A todo ello debemos sumar el poco conocimiento de los padres de familia en temas de manipulación de alimentos, así como las limitaciones de recursos humanos y financieros de las dependencias locales del MINSA que no aseguran a los usuarios una supervisión eficiente, lo que nos hace suponer que el riesgo de contaminación, o la aparición de nuevas denuncias por insumos en mal estado estará siempre latente.

En muchas escuelas rurales en la selva central –especialmente las multigrado– son los mismos maestros los que con buena voluntad se dedican a la preparación de alimentos para sus alumnos, en desmedro de las horas que deben dedicar al dictado de clases. Esta es una situación inapropiada pero realista, porque las organizaciones de padres de familia no pueden asumir ese compromiso dada la dispersión de sus viviendas y las distancias en relación a la institución educativa. En el Programa del Vaso de Leche sucede una situación similar, y por ello, las municipalidades locales aceptan que no se efectúe la preparación de alimentos como exigen las normas, sino la distribución del insumo para facilitar que de esa manera llegue a la gran mayoría de beneficiarios.

Recientemente el primer mandatario señaló «…lo que tratamos de hacer con este programa es luchar contra la corrupción que hubo en el PRONAA…»; al parecer no será fácil erradicar la corrupción de los programas sociales; porque de lo contrario no se explica que hubiese sido necesario que el programa acoja las recomendaciones de la Contraloría, en cuyas visitas de monitoreo se hallaron serias irregularidades en 230 colegios de Lima Metropolitana. Vistas así las cosas, la corrupción e improvisación serán las duras cadenas de este tipo de programas sociales; un duro lastre para conseguir y observar resultados en materia nutricional.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2013
Programa Selva Central
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¿Servir a la Patria?

La semana última una movida de la Defensoría del Pueblo impidió la realización del sorteo del servicio militar obligatorio-SMO, cuya implementación lleva ya un tiempo alimentando un intenso debate que muestra la tensión entre proyectos institucionales distintos y, de fondo, la apuesta por diversos modelos de sociedad.

Para quienes se ubican en el discurso de la seguridad y la defensa nacional y desde él defienden el reclutamiento obligatorio como modalidad válida para reforzar nuestro ejército, la opacidad de la información y los serios problemas de gestión de recursos juegan en contra para ganar legitimidad en la opinión pública. Ello por no profundizar en el debate sobre la validez del modelo de acuartelamiento y el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y, al menos hasta hace muy poco, de franco crecimiento macro económico.

En una cultura de gestión pública que ha girado al discurso de lo técnico y de la asignación de presupuesto en función de resultados, llama la atención que el sector Defensa aparezca poco permeable a los filtros y la fiscalización, situación que no es cuestionada por ninguna fuerza política en particular, sea de derecha o de izquierda. Los enormes avances de la última década en materia de transparencia de la información pública parecen no haber alcanzado a nuestras Fuerzas Armadas. No se tienen cifras claras respecto a la necesidad de personal, ni controles institucionales fiables sobre el gasto, por no hablar de su efectividad. El que la información del sector Defensa tenga implicancias en la seguridad nacional no quiere decir que ella no deba someterse a control público, sino que requiere otros mecanismos para conocerse y evaluarse.

La opacidad de la información sobre las necesidades logísticas y de personal del Ejército Peruano es uno de los más serios lastres en la gestión de esta institución pública, y, naturalmente, alimenta la desconfianza no sólo de las entidades que velan por los derechos ciudadanos –desde el Estado, la Defensoría del Pueblo y desde la sociedad civil varias organizaciones no gubernamentales– sino de las familias peruanas, especialmente las familias pobres, que no encuentran en la oferta formativa militar ni en el discurso de servicio a la Patria, algo compatible con una opción de vida y laboral satisfactoria para los suyos.

Si bien en el debate sobre el SMO han prevalecido los principios esgrimidos por la Defensoría del Pueblo, en el sentido de garantizar los derechos y libertades de los jóvenes pasibles de llamamiento, aún hay mucha tela que cortar. Como apuntes para avanzar en esta tarea, consideremos tres aspectos. El primero, que cualquier mecanismo de captación de personal para el servicio debe darse en la perspectiva de un nuevo consenso nacional sobre el rol de las Fuerzas Armadas, garantizando la estricta observación de sus limitaciones constitucionales en escenarios de conflictos sociales internos, así como sus recursos frente a los focos armados asociados al narcotráfico, y su nueva situación en el escenario post fallo de La Haya.

El segundo, que deben aplicarse a las instituciones armadas –aunque con mecanismos diferenciados– los mismos principios para asignación presupuestal y control que se exige a todo el aparato público, lo que requiere una voluntad de reforma estatal. El tercer aspecto, quizá el más complejo, plantea romper con el conservadurismo en que empatan amplios sectores de nuestra sociedad con lo más reaccionario de las Fuerzas Armadas, consistente en alimentar el mito de que los militares encarnan los valores asociados al servicio al país y la defensa de lo nacional, o peor aún, que en última instancia, son los garantes del orden social. Socavar ese mito, y proponer uno de carácter ciudadano y popular debe ser tarea de las organizaciones políticas, especialmente de aquellas que afincan su discurso en la defensa de nuestros recursos naturales y en la apuesta por la justicia social.

desco Opina / 24 de junio de 2013
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Agua, minería y transparencia en Arequipa

Los impuestos generados en el sector minero son los recursos más importantes en los presupuestos de municipios y de gobiernos regionales en casi todo el país. Después de que el Gobierno Nacional aprobara hace unos años la reinversión de utilidades –mecanismo hoy en desuso– a la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), abriendo la puerta para reducciones en el Impuesto a la Renta y por tanto del canon minero, la empresa se comprometió a financiar los estudios técnicos y la construcción de la Planta de Agua Potable II de Alto Cayma. Además, sufragaría los estudios para una planta de tratamiento de aguas servidas cuyo costo sería solventado de manera mancomunada por los alcaldes de la provincia de Arequipa.

Desde el 2006 hasta finales de 2010 los alcaldes lograron reunir una bolsa de 19 millones 650 mil soles para la planta, mientras que SEDAPAR, la compañía de agua potable, se encargaba de evaluar el lugar adecuado para la planta y las mejores opciones de operación. Hacia setiembre de 2011, en vista de que aún no se comenzaba con la construcción de la planta de tratamiento y que la empresa necesitaba agua para su proyecto de expansión, ésta firma un Convenio Marco con SEDAPAR para el financiamiento, ejecución y operación del Proyecto «Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana» (PTAR) condicionado a la aprobación del proyecto de expansión de sus actividades.

El ministerio de Energía y Minas aprobó el año pasado el EIA de la expansión de Cerro Verde, con lo cual la construcción de la PTAR debía comenzar este año, pero un reporte periodístico movió las aguas señalando la existencia de cinco convenios específicos firmados entre la empresa y SEDAPAR, desconocidos por los alcaldes (accionistas de la empresa de agua potable), con los que supuestamente la PTAR sería financiada parcialmente por SEDAPAR y en consecuencia por los usuarios de agua de la ciudad, y no completamente por la empresa. Los medios de comunicación denunciaron el caso y al no haberse difundido transparentemente estos acuerdos, comenzaron también las especulaciones.

Ante el aluvión de cuestionamientos, la empresa minera se vio en la obligación de emitir un comunicado aclarando varios puntos en controversia: el PTAR no sería una obra por impuestos, lo que no afectará el canon (aunque es cierto que Cerro Verde tiene uno de los tan denostados contratos de estabilidad, que vence este año), que se encargarían del mantenimiento de la obra y que SEDAPAR sólo pagaría la cesión en uso de los terrenos por donde pasarían las instalaciones para su funcionamiento. SEDAPAR se vio obligado a colgar en su web todos los convenios firmados, además de realizar conferencias de prensa para explicar qué pasó.

Aún se cuestiona el monto de inversión de la planta, el porcentaje de agua que limpiará del contaminado río Chili y el que utilizará respecto a la carga de aguas servidas que se vierten al caudal, el pago de la empresa por el agua reutilizada, qué otra inversión hará SEDAPAR en la PTAR fuera del pago de tierras en uso, y la absolución de algunas observaciones del EIA de la PTAR, pero en general, las aguas se han calmado.

Nada de esto hubiera pasado si la transparencia fuera una de las políticas de responsabilidad social de la empresa minera, en particular si se trata de obras públicas. Ante el aumento de conflictos por la actividad minera debido a su crecimiento, en especial en toda la Macro Región Sur donde se calcula una inversión del sector en los próximos años de US$ 32,557 millones, es tiempo que los presupuestos de las empresas sean transparentados; además concertados con los planes de desarrollo de las localidades donde realizan sus operaciones. Se tiene que comprender que la inversión social de las empresas mineras no es una dádiva, sino una compensación por la extracción de un recurso no renovable. El tema de la PTAR ha puesto en la agenda, una vez más, cuál es el rol de las empresas mineras frente al desarrollo regional.

desco Opina - Regional / 14 de junio de 2013
Programa Regional Sur
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