El colapso de la democracia

El Congreso, por enésima vez, vuelve a evidenciar que no tiene mucho sentido para los fines democráticos del país, al aprobar la denominada ley mordaza o ley Mulder. Más allá de no proyectarse resultado alguno con lo previsto en dicha norma, lo realmente asombroso es una exposición de motivos que por mucho esfuerzo que se haga, no se terminó de entender.

En efecto, apeló por alguna extraña razón a la transparencia, como una de las razones de la supuesta pertinencia del proyecto de ley en cuestión, afirmando que “el accionar del Estado supone esencialmente comunicar a los ciudadanos las acciones que toma en su nombre y dar a conocer los detalles del comportamiento y desempeño de los funcionarios públicos”.

A continuación, refuerza esta «idea» con lo establecido en una de las partes centrales de la Ley de transparencia y acceso a la información, que refiere a la obligación de las dependencias públicas de generar y alimentar un portal web, donde debe colocarse toda la información que indica la norma.

Luego, viene el salto mortal y el argumento sale de cualquier alineamiento con marco legal alguno, dando lugar a la simple matonería procesal. Sin inmutarse, obvió cualquier referencia a la Ley 28874, del 2006, decidiendo que por racionalización de los gastos –¿y la transparencia que definía el problema a resolver?– la publicidad de los actos de las dependencias públicas debía limitarse.

Seguramente, los especialistas ponderarán si esta ley afecta el principio de publicidad de los actos del Estado, si restringe la transparencia o, como afirmó el Defensor del Pueblo, acota el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Entonces, si entendemos bien, la ley está obligando a las entidades públicas a publicar su información en una página web, es decir, lo que hace más de quince años establece la ley de transparencia, además de difundir trámites, fomentar valores y promover actos positivos, apelando al hecho de que los medios privados tienen «tarifas comerciales» muchas veces muy costosos para las posibilidades de las arcas públicas todo lo cual, viéndolo desde una óptica positiva, resulta reiterativo e innecesario.

Al parecer, bastaba refinar lo que ya se había establecido en la Ley 28874 –con una evaluación previa de lo actuado en torno a dicha norma– si lo que se deseaba era ordenar el rubro de la publicidad de los actos públicos. Pero, una vez más, cundió el complejo de Adán y, como consecuencia, el Congreso vuelve a morderse la cola.

Ahora bien, afirmar que dicha norma era innecesaria no significa la inexistencia de problemas graves en esa dirección y muchos de ellos, incluso, están relacionados con los intereses de los que ahora se sienten atacados, sugiriendo incluso que empezamos a parecernos a la Venezuela de Maduro, al ponerse en peligro la vigencia de derechos.

La dificultad es que, en efecto, estamos en una situación donde tirios y troyanos se han enfrascado en una tensión teniendo algunos derechos fundamentales –libertad de expresión, información, transparencia– como justificaciones de uno y otro lado. Sin embargo, también hay un amplísimo campo de derechos que debieran discutir los protagonistas de esta situación que, desconcertantemente, callan y conceden mutuamente.

Una primera cuestión que ni los gremios de propietarios de medios de comunicación, ni la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ponen en cuestión es la inmensa concentración de la propiedad de los medios de comunicación existente en el país, uno de los principales obstáculos para una debida libertad de expresión e información. Peor aún, con preocupación vemos que los afectados directamente con esto y que en su momento lideraron la protesta, ahora no manifiestan su voz al respecto.

Una segunda cuestión es la brecha cada vez más grande que existe entre los intereses de las empresas de comunicación y la libertad de expresión e información. En efecto, los medios de comunicación peruanos no son parte del espacio público –lo que los debiera caracterizar por antonomasia– sino ámbitos estrictamente privados que obedecen a los criterios de sus propietarios que les permite, entre otras situaciones, despedir periodistas cuando sus ideas se contraponen a los intereses mercantiles de la empresa empleadora.

Por último, una tercera cuestión, sintomáticamente puesta de lado por la ley Mulder, es la evidente relación entre colocación de publicidad estatal y canje tributario. A estas alturas, para nadie es un secreto que la publicidad estatal es para las empresas de comunicaciones algo parecido a la modalidad de «obras por impuestos» que, en buena forma, fundamenta su rentabilidad.

desco Opina / 22 de junio de 2018

Sobre vaciamiento de la democracia y sus supuestas «amenazas»

Los cada vez más grandes hiatos políticos del gobierno de PPK, en realidad lo trascienden. La expectativa que generó la democracia, hace más de década y media, terminó en resultados desalentadores para lo que conocemos como «calidad democrática» señalado, entre otros instrumentos, por el Latinobarómetro. Primero se buscó adjetivar a la categoría «democracia» para tratar de definir sus debilidades, para luego desechar esa vía y, con O´Donnell, aceptar que era más pertinente rastrear la trayectoria de los procesos de democratización que buscar una conceptualización imposible.

Así, en la línea de lo que propusieron Morlino y Diamond, tanto las entidades encargadas de monitorear el desempeño democrático en los países del hemisferio –Latinobarómetro, Idea International, Transparencia Internacional– como los acuerdos y metas que convinieron los gobiernos latinoamericanos en las cumbres de las Américas, prestaron mucha atención al establecimiento de ejes e indicadores para «medir» esta performance y tener de esta manera criterios «objetivos» respecto a los avances en la dicha «calidad democrática» como transparencia, libertad de expresión, justicia básica, descentralización, participación ciudadana, entre los aspectos más importantes. Luego, finalizada la primera década del siglo XXI, emergerá la seguridad ciudadana como el tema preponderante.

Finalmente, ni una ni otra vía pudo ofrecer claves más o menos contundentes para entender lo que estaba aconteciendo. A estas alturas, está clarísimo que estas maneras de concebir la democratización tuvieron, al menos, dos deficiencias ideológicas:

a.       a. La desvinculación entre la dimensión política y la dimensión económica. La fantasía tecnocrática neo-liberal descansaba en la eficiencia que podía adquirir la economía si se evitaban las «distorsiones políticas» y nada mejor para ello que reducir el aparato de Estado a su mínima expresión en tanto el mercado es concebido como «el mejor asignador de recursos».

b.     b. La abstracción de los actores sociales y, en el mejor de los casos, suponer que los participantes en la «mesa democrática» tienen el mismo poder y la posibilidad de arribar a consensos, superando el conflicto y haciendo inútil, por tanto, la política.

Bajo estos supuestos, no es difícil suponer que las comprensiones sobre las democracias «realmente existentes» que empezaron a diseñarse en las últimas décadas eran excesivamente formalistas y compartimentalizaban lo político como un espacio «técnico» solamente capaz de gestionarse a través de una supuesta burocracia capacitada y, además, como un espacio desvinculado de las dimensiones económica y social, como si pudiera comprenderse por sí mismo.

En ese sentido, las amenazas que se oponen a una democracia de calidad se leen como «externalidades» al sistema, ante las cuales debía diseñarse una respuesta que generalmente se ha fraseado en términos bélicos: «guerra contra la corrupción», «guerra contra la delincuencia», entre otras.

Sin embargo, pocas veces se ha intentado explicar el ostensible vaciamiento de la democracia como producto de las propias contradicciones que genera el sistema entre una dimensión económica plenamente controlada por los grandes grupos empresariales; un Estado «capturado» por estas entidades o, en su defecto, ausente, y dejando prácticamente solas a las empresas y la sociedad para que entablen entre ellas compromisos privados o desaten conflictos al margen de la gestión deseable desde los aparatos públicos; además del debilitamiento de las organizaciones sociales cuya capacidad para participar en las toma de decisiones es menguante.

En conclusión, las amenazas a la calidad democrática se generan dentro del sistema y son expresiones de los límites que no pueden trascenderse sin poner en peligro la pauta de acumulación establecida. De esa manera, el crecimiento económico, que tiene como base las actividades extractivas, no puede garantizar un mínimo decalidad ambiental; el sistema tributario no puede ser progresivo por la imposibilidad real del Estado de imponer tasas justas sobre la renta en lugar de obtener sus ingresos de impuestos indirectos; las inversiones en salud y educación serán muy bajas porque no son necesarias para reproducir el trabajo; se mantendrán bajas tasas de crecimiento de empleo porque, como ya bastante décadas atrás lo planteó Quijano, desde el capitalismo periférico no generamos ejércitos industriales de reserva, sino poblaciones marginales. Todo ello impactará ostensiblemente a la representación y representatividad política lo cual deslegitima a las autoridades y provoca un gran distanciamiento entre el Estado y la sociedad.

desco Opina / 25 de noviembre de 2016