Arequipa: las regalías del desencanto

 

El reciente pago que voluntariamente realizó Sociedad Minera Cerro Verde a la SUNAT, ha despertado el interés de las autoridades locales de Arequipa que cumplen su último año de gestión. De los S/ 1040 millones de soles abonados, S/ 267 millones corresponden al pago del impuesto especial a la minería y S/ 773 millones a regalías mineras, que según la Ley de Regalía Minera deben de ser repartidas al Gobierno Regional y los gobiernos locales de Arequipa, en porcentajes establecidos por la misma. Al tratarse de un “pago bajo protesto” la decisión de transferencia corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

A inicios de setiembre, 21 alcaldes de la provincia de Arequipa, junto al Gobernador Regional, solicitaron en un memorial la transferencia de los 773 millones de soles por regalías de Minera Cerro Verde, además de parte del dinero abonado por la empresa minera Buenaventura (que incluye multas y cobros de impuestos) que también tiene operaciones en diferentes partes del país y en la región.

Ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional, hace unos días los alcaldes anunciaron que viajarían a la capital para tener una audiencia en el MEF, ya llegaron a Lima y no se descarta la posibilidad de realizar una huelga de hambre hasta que el gobierno conteste a su solicitud.

En medio de este pedido, sucedieron dos hechos que podrían hacer dudar al Ministerio de la necesidad y pertinencia de esas transferencias. En plena recuperación económica pospandemia, a lo que se suma la necesidad de implementar las mejoras para poner a punto los servicios de salud en todo el departamento, el Gobierno Regional ha inaugurado una plaza que ha costado 5 millones de soles, y que ya ha merecido el cuestionamiento de la Contraloría General de la República, puesto que no es un proyecto de impacto regional. La misma autoridad, en el colmo de la trivialidad, anunció la construcción de una réplica del Huáscar para atraer turismo a Mollendo, un puerto que como recordamos, tiene una corriente tan brava que echó abajo varias veces partes del proyecto del Muelle Artesanal de Mollendo –realizado por el cuestionado Daniel Vera Ballón, otrora autoridad regional de Arequipa–, encareciéndolo escandalosamente. Flaco favor le hace el gobernador Cáceres Llica a los burgomaestres mistianos con sus banalidades.

La falta de criterio del gobernador y su inadecuada lectura del contexto, nos cuestiona sobre la falta de capacidades de los gobiernos regionales para hacerse cargo del desarrollo del departamento y sobre el éxito del proceso de descentralización. También, sobre la falta que hace la actualización de las normas para encausar la inversión y que el gasto de recursos públicos no sea un desmadre. Por último, abre un debate, nuevamente, sobre la necesidad de una reforma en nuestro sistema político y electoral, que quedó a medias. Así como están las normas, ya no es cuestión de responsabilizar al elector por su elección, porque valgan verdades, hace años estamos obligados a elegir entre una pobrísima oferta electoral. Estamos condenados a elegir el mal menor ante la nula voluntad que tiene el Congreso por llevar adelante una reforma seria.

No tenemos certeza si los recursos que solicitan los burgomaestres y el Gobernador Regional, sean para atender casos de extrema urgencia, o es que la necesidad proviene de la cercanía a un nuevo proceso electoral, y estos recursos más bien les ayudaría a apalancar su deteriorada imagen pública.

En una última declaración, el alcalde Omar Candía, ha recalcado la necesidad de plantas de tratamiento de agua, dado el crecimiento de la ciudad, y que también hace falta construir nuevas represas, dando a entender que este dinero se invertiría en esos proyectos. A estas alturas del año, ¿habrá tiempo para realizar estos proyectos? Quizá los podrían dejar encaminados, hay que tener en cuenta que el altísimo precio del cobre a nivel mundial, también les va a permitir tener mayores recursos el próximo año en las transferencias regulares de canon y regalías. En todo caso, la ciudadanía debería prestar atención al gasto del presupuesto de sus autoridades, si es el que MEF evalúa con seriedad el fundamento de esta solicitud de transferencia de regalías de forma extraordinaria. La vigilancia ciudadana es nuestra oportunidad de participar en la eficiencia del gasto.

 

desco Opina - Regional / 17 de setiembre de 2021

descosur

Cerro Verde, el bien esquivo

A medida que la millonaria inversión de la empresa minera Cerro Verde para la ampliación de sus operaciones se acercaba a su fin, aumentaba la presión para que su contribución con Arequipa sea mayor. Sin embargo, los pedidos de la Municipalidad Provincial y del Gobierno Regional, cada uno por su lado, nunca prosperaron. La empresa manifestó que sus pedidos no eran viables debido a la contracción del precio de los metales en el mercado internacional.

Ante esta negativa, al siguiente año (2016) diferentes autoridades se unieron para firmar un comunicado público solicitando a la empresa que no dilate más el proceso judicial por la demanda que la SUNAT interpuso para que paguen las regalías mineras que no abonaron por el proyecto de sulfuros primarios en los años 2006 y 2009, que asciende a más de 800 millones de soles. La minera argumenta que este proyecto estaba contemplado en su contrato de estabilidad tributaria, por lo que se niegan a pagar este concepto, que por cierto es una contribución no tributaria.

Han pasado varios meses de aquel comunicado, y varios de los argumentos de la minera se han ido desbaratando. El último revés para la empresa fue la resolución contra la Acción de Amparo que Cerro Verde interpuso en la Corte Superior de Justicia de Arequipa para anular el proceso por las regalías impagas, lo que allanaría el camino para que la resolución de esta controversia, que se ventila ya en la Corte Suprema, sea positiva para la región.

Sin embargo, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, una alta funcionaria de Cerro Verde deslizó la posibilidad de que, en caso el fallo les resulte contrario, sumarían las contribuciones hechas a Arequipa por el aporte voluntario y otros para saldar el monto en controversia. Así las cosas, parece que la batalla por estos millones se va a trasladar a otras canchas. Hubo un pedido ciudadano expreso al presidente de la citada Comisión para que se abra un grupo de investigación en el Congreso que vea este caso, y dos congresistas arequipeños, que estuvieron en la sesión, han manifestado su interés en él.

A estas alturas, la discusión sobre la contribución de la minería en el desarrollo ya no es una discusión solo de portadas en prensa, sino una más profunda, que debería de estar presente en las preocupaciones de los ciudadanos, en especial los del Sur, donde se concentran muchas inversiones en este rubro. No se trata de solicitar a las empresas que remplacen el papel del Estado; esta forma de concebir la contribución empresarial ha hecho poco más que poner a prueba los principios de los líderes locales (algunos de los cuales optaron por venderlos o alquilarlos) y mal acostumbrar a la población a recibir dádivas que no ayudan a solucionar los problemas de fondo. De lo que se trata es que las empresas abonen lo justo por las pingües ganancias que obtienen por la extracción de recursos no renovables.

Para una mejor contribución al desarrollo hace falta que el Estado corrija algunas medidas tributarias y que se acaben los contratos de estabilidad, pues el contexto en el que se hicieron, es muy diferente al actual. De parte de la empresa, hace falta una mayor transparencia en sus gastos sociales y ambientales y que conecten con los planes de desarrollo locales. También hace falta que los políticos regionales dejen de atomizar el presupuesto con una visión cortoplacista, cosa que no resuelve nada.

No podemos convertir a la empresa minera, cualquiera que sea, en una autoridad más de la localidad. Para empezar, debemos exigirle que no nos haga ‘perro muerto’. ¡A estar atentos!

desco Opina - Regional / 2 de junio de 2017

Programa Regional Sur

Agua, minería y transparencia en Arequipa

Los impuestos generados en el sector minero son los recursos más importantes en los presupuestos de municipios y de gobiernos regionales en casi todo el país. Después de que el Gobierno Nacional aprobara hace unos años la reinversión de utilidades –mecanismo hoy en desuso– a la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), abriendo la puerta para reducciones en el Impuesto a la Renta y por tanto del canon minero, la empresa se comprometió a financiar los estudios técnicos y la construcción de la Planta de Agua Potable II de Alto Cayma. Además, sufragaría los estudios para una planta de tratamiento de aguas servidas cuyo costo sería solventado de manera mancomunada por los alcaldes de la provincia de Arequipa.

Desde el 2006 hasta finales de 2010 los alcaldes lograron reunir una bolsa de 19 millones 650 mil soles para la planta, mientras que SEDAPAR, la compañía de agua potable, se encargaba de evaluar el lugar adecuado para la planta y las mejores opciones de operación. Hacia setiembre de 2011, en vista de que aún no se comenzaba con la construcción de la planta de tratamiento y que la empresa necesitaba agua para su proyecto de expansión, ésta firma un Convenio Marco con SEDAPAR para el financiamiento, ejecución y operación del Proyecto «Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana» (PTAR) condicionado a la aprobación del proyecto de expansión de sus actividades.

El ministerio de Energía y Minas aprobó el año pasado el EIA de la expansión de Cerro Verde, con lo cual la construcción de la PTAR debía comenzar este año, pero un reporte periodístico movió las aguas señalando la existencia de cinco convenios específicos firmados entre la empresa y SEDAPAR, desconocidos por los alcaldes (accionistas de la empresa de agua potable), con los que supuestamente la PTAR sería financiada parcialmente por SEDAPAR y en consecuencia por los usuarios de agua de la ciudad, y no completamente por la empresa. Los medios de comunicación denunciaron el caso y al no haberse difundido transparentemente estos acuerdos, comenzaron también las especulaciones.

Ante el aluvión de cuestionamientos, la empresa minera se vio en la obligación de emitir un comunicado aclarando varios puntos en controversia: el PTAR no sería una obra por impuestos, lo que no afectará el canon (aunque es cierto que Cerro Verde tiene uno de los tan denostados contratos de estabilidad, que vence este año), que se encargarían del mantenimiento de la obra y que SEDAPAR sólo pagaría la cesión en uso de los terrenos por donde pasarían las instalaciones para su funcionamiento. SEDAPAR se vio obligado a colgar en su web todos los convenios firmados, además de realizar conferencias de prensa para explicar qué pasó.

Aún se cuestiona el monto de inversión de la planta, el porcentaje de agua que limpiará del contaminado río Chili y el que utilizará respecto a la carga de aguas servidas que se vierten al caudal, el pago de la empresa por el agua reutilizada, qué otra inversión hará SEDAPAR en la PTAR fuera del pago de tierras en uso, y la absolución de algunas observaciones del EIA de la PTAR, pero en general, las aguas se han calmado.

Nada de esto hubiera pasado si la transparencia fuera una de las políticas de responsabilidad social de la empresa minera, en particular si se trata de obras públicas. Ante el aumento de conflictos por la actividad minera debido a su crecimiento, en especial en toda la Macro Región Sur donde se calcula una inversión del sector en los próximos años de US$ 32,557 millones, es tiempo que los presupuestos de las empresas sean transparentados; además concertados con los planes de desarrollo de las localidades donde realizan sus operaciones. Se tiene que comprender que la inversión social de las empresas mineras no es una dádiva, sino una compensación por la extracción de un recurso no renovable. El tema de la PTAR ha puesto en la agenda, una vez más, cuál es el rol de las empresas mineras frente al desarrollo regional.

desco Opina - Regional / 14 de junio de 2013
Programa Regional Sur
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