viernes

El VRAEM como excusa

El abatimiento de Orlando Borda Casablanca, ‘Alipio’, y Marco Quispe Palomino, ‘Gabriel’, ocurrió en Llochegua, Ayacucho, una zona que muchos seguramente llamarían «allá», como en la novela de Capote. El golpe es significativo porque todo indica que ambos eran mandos «narcosenderistas» importantes en la zona, con el agregado de que uno de ellos es miembro de lo que la prensa ha denominado el «clan de los Quispe Palomino». Queda como número 1 en el VRAEM Víctor Quispe Palomino, ‘José’. Evidentemente, esto le ha dado aire a un gobierno que parecía atrapado en su caída en las encuestas. No obstante, todo indica que el efecto, aunque importante, será temporal, porque resulta cada vez más difícil asociar –realmente– a estos grupos con la amenaza senderista.  

En febrero de 2013 la Comisión Multisectorial para la Pacificación y Desarrollo Económico y Social del VRAEM (Codevraem), entidad presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, había señalado que los Quispe Palomino eran una «banda de extorsionadores».  Ciertamente esto no hace que sus crímenes sean menos reales, pero sí dificulta darle sentido a sus acciones dentro de un objetivo político, rasgo característico del accionar senderista.

Es más, todo indica que la «debilidad ideológica» del grupo operando en el VRAEM facilita el trabajo de infiltración de la Inteligencia. Es mucho más claro el vínculo de ‘Artemio’ con SL, mientras que ‘Alipio’ y los Quispe Palomino corresponden más al perfil de criminales al servicio del narcotráfico, a los que el membrete de Sendero debe servirles instrumentalmente.

Más allá de los detalles operativos de una operación exitosa, son significativas las reacciones tras la operación ‘Camaleón’. ¿Quién se queda  con el mérito? El Ministro Cateriano habla de fuerzas conjuntas y niega la existencia de la brigada ‘Lobo’ anunciada por un importante medio de comunicación nacional, acaso porque las FFAA ceden su protagonismo a la Inteligencia policial y a operadores como Iván Vega, viceministro del Interior. En un intento risible por arrogarse méritos que no le corresponden, Alan García señala que los éxitos de este gobierno también son, indirectamente suyos, jugando en pared, con el ex ministro de Defensa Rafael Rey, que aprovecha la situación para defender los cuestionados contratos con los asesores israelís de Global CST durante su gestión, ahondando en el sinsentido.

Como si «subirse al coche» del éxito solo fuera el primer paso para tomar impulso, ahora García sale a interpelar públicamente al Presidente a propósito de sus declaración sobre la crisis mundial, mientras Keiko Fujimori, con algo menos de filo pero impecable timing, hace lo propio. Tener a Humala contra las cuerdas parece ser el deporte favorito de las caras visibles de los partidos, pese a que las cifras no nos hablan de un escenario apocalíptico ni mucho menos.

Por cierto, al líder aprista le interesa que se comente cualquier otra cosa que no tenga que ver con los narcoindultos que, eso sí, fueron mérito completo de su gobierno. En ese caso las pruebas de dolo saltan por doquier, incluyendoa importantes funcionarios de su gobierno y demostrando, antes del caso Obregón, que el narcotráfico en el Huallaga y en el VRAEM parece ser un elemento que corroe a los políticos que hoy pretenden juzgar desde su supuesta racionalidad de Estado.

Más allá del Plan VRAEM, es preciso interrogarse por el olvido en el que viven los compatriotas de la frontera entre Ayacucho y Cusco. Pareciera que la única forma en la que son considerados es como habitantes de un «teatro de operaciones» eterno. ¿Por qué subsisten los Quispe Palomino desde los 90 en el «negocio»?, ¿por qué parecen ser la única opción para personas que habitan en zonas con un Estado históricamente desinteresado en ellos?, ¿para lograr qué tipo de desarrollo pacificamos el VRAEM?, ¿cómo se plantea la convivencia de poblaciones campesinas, indígenas y de grandes proyectos de explotación productiva cuando la señal que se da es que hay que arrasar con cualquiera que se ponga delante, como se amenaza hacer en el Lote 88? Que el gobierno tome aire, salvando al Ministro Pedraza de una interpelación farsesca no quiere decir que deje de aprovechar la oportunidad de diferenciarse del autoritarismo y las complicidades que caracterizaron a los gobiernos de García y Fujimori. 

desco Opina /  16 de agosto de 2013
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lunes

El Gasoducto Sur Peruano y la petroquímica en peligro

“Esperábamos en el sur que se anunciara el gasoducto, esa omisión para nosotros, resulta o equivale a una postergación y genera incertidumbre”, declaró a la prensa el presidente regional de Arequipa Juan Manuel Guillén, luego de escuchar el mensaje de Fiestas Patrias de Ollanta Humala. Este comentario no hizo sino ahondar más la duda sobre si el gobierno cumplirá la promesa electoral de traer el gas a la Macro Región Sur e incentivar la industria petroquímica.
Desde que el Gobierno Nacional decidió no dar el crédito puente a la empresa Kuntur para que inicie las obras del postergado Gasoducto Sur Andino, todo ha ido cuesta abajo. El proyecto original fue descartado por uno nuevo: El Gasoducto Sur Peruano (GSP), sin embargo el gas que se trasladaría a Arequipa, Moquegua y Tacna, ahora sería virtual.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, no ha hecho más que abonar la desconfianza existente en esta parte del país respecto al nuevo proyecto. Se ha ratificado en su afirmación de que se cumplirá con la construcción del GSP, pero ha dado tantas versiones sobre cómo llegará el gas al sur, que en la intención de despejar dudas parece asomar el interés de crear confusión para dejar a las autoridades y a la sociedad civil sin piso para argumentar un reclamo formal.
De todas las versiones gubernamentales por el momento hay tres hechos concretos. El primero es la Concesión Suroeste a la empresa Gas Natural Internacional de España para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del sistema de distribución de gas natural por red de ductos a departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. El segundo es que la adjudicación del GSP se sigue postergando: se dijo que en setiembre y luego que en octubre, no obstante Proinversión ha declarado que quizá el plazo de la adjudicación se amplíe hasta fin de año mientras el Viceministro de Energía habla de hacer esfuerzos para que esto se materialice “en este gobierno”.
El tercer hecho ha causado aún más desconcierto, pues el MINEM anunció la creación de un nuevo sistema de generación eléctrica utilizando el GSP, lo que permitirá implementar el Nodo Energético del Sur. Según un experto en temas energéticos, si se utiliza el gas para energía nos olvidemos de la industria petroquímica, porque no habría gas suficiente para implementar ambos servicios.
El Colectivo Macro Sur organizó el mes pasado el Foro-Panel ‘Gasoducto Sur Peruano y Desarrollo Estratégico’ para discutir sobre el tema. El evento, que recogió las preocupaciones y expectativas de la sociedad civil regional, finalizó con seis conclusiones. En el actual contexto es urgente que el Gobierno Nacional diga algo concreto respecto a la cuarta conclusión de este foro, que interroga directamente al gobierno sobre la disponibilidad de recursos para la industria petroquímica. Y mientras el Ejecutivo contesta, ya es momento de que en el sur nos unamos para que no nos vuelvan a dar gato por liebre.

desco Opina - Regional / 12 de agosto de 2013 
Programa Regional Sur
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La política también va en automático

Como era previsible, el discurso del Presidente ante el Congreso de la República el 28 de julio, no trajo mayores sorpresas. Su presentación, mostró una vez más su resistencia a la autocrítica y su dificultad para atender los malestares que la calle y las encuestas, a las que es tan afecto, evidenciaron las últimas semanas. Cierto es que hubo una pálida mención a los errores de su gestión y a las eventuales dificultades del crecimiento del país, en un escenario global que ya lo está impactando y que genera importante incertidumbre, que también tuvo que reconocer. Sin embargo, ese tono desapareció ante el aluvión de números y datos que buscaban demostrar el éxito de su gestión en el modelo con el que básicamente ratificó su compromiso.

La apuesta por facilitar y crear mayores y mejores condiciones para la inversión privada, la aceleración de la inversión pública y el implícito compromiso con las industrias extractivas, adelantada por el todopoderoso Ministro de Economía semanas atrás, fue reiterada como la respuesta necesaria para mantener el ciclo de crecimiento de la economía, acompañada por la fe en un futuro de inclusión social -que en esta ocasión ni siquiera mencionó el discurso políticamente correcto de los derechos-, porque los números mostrados sobre los distintos programas sociales, no alcanzan para entusiasmos mayores.

Su intervención no dijo nada sobre la urgente reforma del Estado, el principal problema del país para enfrentar la crisis internacional y acelerar la inversión pública, menos aún acerca del sistema político y el evidente quiebre en sus mecanismos de representación, como si con las disculpas del nuevo Presidente del Congreso, la mención a la modernización del Estado y el ambiguo anuncio sobre la necesidad de revisar la efectividad de la descentralización, fuera suficiente. No dijo nada concreto tampoco sobre la consulta previa salvo una mención al proceso en el Área de Consevación Regional Maijuna, mientras la descentralización se redujo a 9 Consejos Descentralizados y una ambigua invitación a que el Congreso debata su futuro.

Sorprendentemente, el mandatario desperdició el espacio para explicar mejor y defender las pocas y polémicas reformas que está empezando su gobierno –la ley del trabajador público y la reforma de salud- evidenciando su poca disposición al diálogo y su incapacidad para atender algunas de las fundamentadas críticas a ambos procesos, no obstante su importancia para el país y la sensibilidad que despiertan en la opinión pública que ciertamente exige un Estado eficiente, demanda una burocracia capaz y pugna por el acceso a servicios de mayor cobertura y mejor calidad.

Otro tanto puede decirse de la inseguridad ciudadana, uno de los puntos álgidos de la agenda nacional, sobre el cual se limitó a enunciar los ejes de la política complementados por nuevas inversiones. Quienes esperaban algún indicio sobre la reforma policial, en teoría en curso, o sobre el papel del Poder Judicial en esta materia, se quedaron frustrados, como seguramente lo hicieron quienes confiaban en encontrar algún indicio claro sobre la política agraria de su gobierno.

No obstante su pobreza, la intervención presidencial tuvo algunos anuncios finales, aunque poco concretos. De ellos, destacamos dos. En el caso de la minería, en esta ocasión -recordemos que en su discurso anterior en el mismo hemiciclo nos anunció una nueva minería-, habló de la necesidad de reforzar el acuerdo social entre Estado, comunidades y empresas, donde todos ganen y se adelanten los posibles beneficios a las poblaciones de las zonas de influencia directa. En el caso de la industria, el aviso de un plan que se estaría formulando y que nadie conoce, para la diversificación productiva y la generación de valor agregado, difícil de entender en el marco de la orientación general de su gobierno.

Así las cosas, cabe preguntarse para quién habló el Presidente en un discurso que se caracterizó por una retórica plana de la que desaparecieron, a diferencia de sus presentaciones anteriores, las menciones a la gran transformación, la hoja de ruta, el nacionalismo y los derechos, mientras se multiplicó hasta el aburrimiento la mención a los miles y los millones. Difícil imaginarse a algún grupo o sector satisfecho con una intervención que parecía apenas el cumplimiento de un rito, sin ejes claros ni voluntad de liderazgo. Todo indicaría que el primer mandatario ha terminado convenciéndose que la política también puede ir en automático.

desco Opina / 5 de agosto de 2013
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jueves

El Programa Metropolitano de vivienda popular

En diciembre del año pasado, en pleno fragor del proceso de revocatoria de la alcaldesa de Lima, el concejo municipal metropolitano aprobó la ordenanza que creaba el Programa Metropolitano de Vivienda Popular. Este programa, instituido para enfrentar por vez primera la creciente problemática del acceso de vivienda para sectores populares (que son la mayoría de la población urbana), parece sin embargo haberse congelado en el tiempo ya que pese a los meses transcurridos no se dispone de información sobre su avance.
Esta iniciativa impulsada entonces por la regidora Marisa Glave, (presidenta de la comisión de desarrollo urbano de la municipalidad metropolitana hasta su revocatoria) contó con el respaldo casi unánime del Concejo y parecía abrir un nuevo espacio de trabajo y compromiso con un serio problema nunca antes atendido por el municipio: la vivienda popular.
Superado el proceso de revocatoria y en el marco explícito de la convocatoria formulada a otros partidos políticos por la alcaldesa metropolitana para realizar un trabajo conjunto, rubricado con la firma del Acuerdo por Lima, parecía posible dar prioridad no solo a la reforma del transporte sino también a programas como Barrio Mío y Vivienda Popular. Sin embargo, las expectativas de que por fin, el gobierno Metropolitano, asuma la problemática de la vivienda popular en la ciudad de Lima, parecen haberse diluido en un espejismo que se desdibuja por falta de voluntad política municipal.
A más de ocho meses de aprobada la ordenanza 1643 que crea el Programa Metropolitano de Vivienda Popular, la municipalidad metropolitana no ha dispuesto una asignación presupuestal destinada al mismo, lo que hace temer que finalmente no se cumpla con este importante compromiso de atención a la precaria situación de la vivienda de cientos de miles de familias de la metrópoli.
Como sabemos bien, para las familias de escasos recursos, las mayorías pobres de Lima, el acceso a una vivienda adecuada es una tarea titánica que requiere del apalancamiento, apoyo y asesoría del Estado, en este caso, del gobierno municipal. Resulta bastante preocupante que la Municipalidad Metropolitana de Lima, con un discurso y un compromiso explícito de apoyo al mejoramiento de la vivienda que parecía resuelta en este campo no esté avanzando al ritmo esperado y que la atención a los problemas de la vivienda se mantenga fuera de sus prioridades. Mientras tanto la atención a la vivienda se mantiene limitada a servir solo a los sectores medios mediante las políticas del Ministerio de Vivienda, situado de espaldas a los pobres de las ciudades y el campo.


desco Opina - Regional / 25 de julio de 2013
Programa Urbano
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viernes

Vientos de fronda

La elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, los miembros pendientes del directorio del Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo, como no podía ser de otra manera, ha terminado en un escándalo de consecuencias impredecibles. La obcecación de la mayoría de integrantes del Congreso de la República los llevó a votar en conjunto las polémicas propuestas que habían negociado previamente, guiados por el más mezquino de los criterios de cuoteo partidario. Que la mayoría de propuestos no cumpliera con las condiciones mínimas para la responsabilidad a la que aspiraban y que varios de ellos tuvieran una trayectoria personal fuertemente cuestionable, importó poco. Que distintas voces desde la sociedad civil expresaran su condena e indignación por el proceder del Congreso, importó menos aún.
El Presidente de la República y los principales líderes políticos, que sin duda alguna, estuvieron entre los promotores del arreglo finalmente consagrado por los parlamentarios, terminaron buscando desmarcarse de una elección que despertó protestas ciudadanas crecientes, aún antes de consumarse. El primero, diferenciándose de dos de las propuestas, las que despertaron críticas mayores. Los demás, concluida la escandalosa elección, tratando inútilmente de responsabilizar únicamente al mandatario y al partido de gobierno, de un juego perverso del que todos fueron partícipes de una u otra manera, como es el caso del APRA que en esta ocasión no fue parte de la repartija institucional porque no tiene los votos suficientes para participar en la versión peruana del juego de las sillas.
El daño a instituciones centrales de nuestra precaria democracia, algunas de ellas como el Tribunal Constitucional, ya heridas de antemano, es innegable. La credibilidad del Congreso de la República, una de las instituciones con menor índice de aprobación en todas las encuestas, minada definitivamente. Los principales liderazgos político partidarios, de alguna manera hay que denominarlos, reducidos a su condición más elemental de negociantes de intereses particulares. El propio Presidente Humala situado en el corazón de una crisis que contribuyó a crear y que finalmente desencadenó, desautorizando a todos y cada uno de sus operadores políticos, revelando una creciente y peligrosa orfandad. Nuestro débil sistema político golpeado, una vez más.
En este escenario, el malestar ciudadano empieza a tomar la calle lentamente. Las voces de protesta legítima provienen desde las redes sociales, desde los y las jóvenes que descubren que es poco lo que se puede esperar de una clase política encallecida y envejecida moral y éticamente, que es la peor manera de envejecer. Más allá de la coyuntura inmediata, se van percatando que sin su acción y su participación, la democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar, cada vez corre más peligro.
Hoy día, tenemos un Congreso totalmente deslegitimado y un Ejecutivo atrapado en su juego corto y, de pronto, en su tentación autoritaria, mientras una oposición que no es tal, balbucea en su defensa que el consenso, al que se prestaron y por el cual votaron mayoritariamente, es resultado de la imposición gubernamental. Todo ello en medio del silencio interesado de aquellos que se desgarran las vestiduras cuando se mueve un ápice algún elemento del orden establecido, en nombre de no hacer olas para no afectar las inversiones.
En otras palabras, una situación extremadamente difícil que es resultado de la instalación y del vigor de la antipolítica que se afirmó en el país en las últimas dos décadas. Situación que se prolongará los próximos días sin duda alguna, porque el malestar ciudadano seguirá creciendo e independientemente de la salida institucional que se encuentre para corregir esta desfachatez, las consecuencias las seguiremos pagando. En el corto plazo, la elección del nuevo Presidente del Congreso, seguramente será un nuevo capítulo del juego de las sillas y probablemente otro espectáculo patético, más aún cuando el candidato gubernamental a la reelección, es uno de los artífices de lo que estamos viviendo.
En el mediano plazo, porque es evidente que sin una reforma profunda de nuestro sistema político, sin una transformación real de los partidos que tenemos y su comportamiento, el malestar se convertirá en indignación. El desafío de la ciudadanía, hoy día sin representación ni organización, es enorme, porque de lo que se trata es de crear las condiciones para el proceso de los cambios que se requieren, con esta clase política que es parte central del problema.

desco Opina / 19 de julio de 2013
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miércoles

Deficiencias en la cobertura del seguro agrario en Huancavelica

Desde hace algunos años el Ministerio de Agricultura - MINAG viene destinando partida presupuestaria para pagar la prima del llamado Seguro Agrícola Catastrófico (AgroProtege) en las regiones de sierra del país (Huancavelica, Apurímac, Cusco, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Pasco y Puno). La finalidad del seguro es atender a pequeños agricultores que se encuentran en situación de daños o pérdida del cultivo por factores climatológicos como la helada, granizada, presencia de plagas u otros.
En el caso de la sierra central, la región de Huancavelica cuenta con el Seguro con una prima S/. 6 millones 250 mil. La prima será ejecutada a través de la aseguradora MAPFRE y tiene como fin cubrir la campaña agrícola agosto 2012 – julio 2013. Según la Dirección Regional de Agricultura Huancavelica (DRAH), durante dicha campaña, 9,570 agricultores (1,872 productores en Churcampa, 5,095 en Huancavelica, 987 en Acobamba, 914 en Tayacaja, 565 en Angaraes, 137 en Castrovirreyna y 2 en Huaytará) perdieron grandes áreas agrícolas por los fenómenos climatológicos de la región; por lo que recibirán una indemnización del seguro agrario. (DRA Huancavelica - Oficina de Información Agraria).
La evidencia empírica no augura un buen futuro para estos agricultores. Según el MINAG, las comunidades de Callanmarca, Chaupiorcco, Huanaspampa, Chilhuapampa, Salcahuasi, Manyaclla, Mayunmarca, entre otras, perdieron cultivos de maíz amiláceo, papa, cebada grano seco, arveja, haba grano seco y frijol en su totalidad; por lo que está establecido, la aseguradora indemnizará con 550 nuevos soles por hectárea de cultivo dañado. Sin embargo, algunos agricultores reciben sumas que van desde 80 hasta 150 nuevos soles por las extensiones de sus parcelas que tienen en promedio una yugada (0.25 Has). Además del bajo monto, se suma a ello, que los pagos por indemnizaciones tienen que ser cobrados en provincias, obligando a los agricultores a realizar viajes largos y gastar en pasajes y viáticos. Finalmente, el dinero de la indemnización se ve utilizado en gastos como los mencionados y no en reparar las pérdidas de sus tierras. Cabe resaltar que los agricultores invierten como montos mínimos desde 2000 nuevos soles en cereales y 6000 nuevos soles en tubérculos por hectárea. En consecuencia, la suma de cobertura de las aseguradoras no solo genera una percepción negativa y pesimista en el agricultor, sino que, además, impediría su capitalización.
Tenemos tres razones (producto del trabajo de campo) para pensar que el seguro agrario catastrófico (SAC) no es percibido como favorable por los agricultores huancavelicanos:
a) En el 2009, en una entrevista radial, la hoy ministra de Desarrollo e Inclusión Social, dijo que el seguro era uno más de “un montón de experiencias piloto” en el sector y que los agricultores no conocían bien de qué se trataba. Actualmente, se sigue careciendo de información precisa del proceso de peritaje para la indemnización, manteniendo así la situación de desconocimiento de los agricultores.
b) Uno de los aspectos que no se visibiliza es la negociación entre el Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario (FOGASA) y la empresa aseguradora, dado que no se considera la información pertinente de los rendimientos promedios de los cultivos asegurados de primera fuente; porque según los criterios técnicos manejados en el campo, solo es indemnizable cuando el cultivo tiene una pérdida promedio mayor al 60% del promedio de rendimiento. Así mismo, la Dirección Regional Agraria de Huancavelica presenta una débil capacidad de gestión, debido a que no tiene un equipo técnico especializado en SAC y existen escasas capacidades en los agentes agrarios y pequeños productores para entender un proceso de peritaje técnico de acuerdo al lineamiento de política entre la aseguradora y el gobierno nacional. Estos procesos de peritaje realizados por la empresa encargada de hacer evaluaciones de campo (McLarens Toplis) tienen metodologías y técnicas validadas para regiones con superficie de llanura, donde la agricultura se desarrolla de manera intensiva, a diferencia de Huancavelica, donde la topografía es bastante más accidentada, lo que genera mayores costos de producción y mayores riesgos climáticos.
c) Seguro agrario con decisores privados para la campaña agrícola en mención (agosto 2012 – julio 2013); en el caso huancavelicano se designó a la empresa aseguradora MAPFRE para la cobertura, la que a través de su operadores locales ofrece servicio basados en criterios técnicos (lo cual es bueno), pero el no tener en cuenta los aspectos cualitativos de la producción agrícola, hace que este proceso no redunde en beneficio de los agricultores afectados, en la medida que la cobertura del seguro no cubre la magnitud de sus pérdidas. Estos problemas son producto de los precios regulados y estandarizados que se derivan del oligopolio entre las empresas aseguradoras.
Creemos que el seguro es de importancia, sin embargo, el deficiente conocimiento sobre el territorio agrícola y las necesidades reales de los afectados genera que los beneficiados sean un grupo menor de productores, por la tanto, a la actualidad no se han cubierto las expectativas de la mayoría de los agricultores quienes se sienten desconfiados y desconcertados por el mecanismo de evaluación que viene utilizando la aseguradora para el pago.

desco Opina - Regional / 16 de julio de 2013
Programa Sierra Centro
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viernes

La izquierda, nuevamente

Una vez más, convergen esfuerzos para crear y, en la medida de lo posible, consolidar un espacio de izquierda en la política peruana. La voluntad no está en cuestión sino cuál es finalmente el objetivo. Para algunos, que tiempo atrás no dudaban en señalar que la tarea era acumular fuerzas, ahora consideran que el motivo inmediato es el electoral, en tanto son poseedores de la llave legal. Para otros, la «necesidad táctica del momento» se reduce a no dejarse envolver por la ventaja del primero, para lo que será bueno apostar por «los procesos de largo plazo».
No sólo la parte formal guarda semejanza con los reiterados intentos de reagrupamiento del pasado reciente. La compulsión a la repetición también parece manifestarse en los contenidos. Como señala más de uno, la izquierda no ha podido tomar posición en ninguno de los temas debatidos en los últimos años, desde el servicio militar hasta la descentralización, pasando por los derechos de género. Incluso, las deficiencias mostradas respecto a cómo organizarse y comunicar parecen ser las mismas de siempre.
Sin embargo, al lado de las continuidades, hay elementos que permiten vislumbrar cambios con cierto optimismo. Tras los mismos rostros y prácticas es inocultable la instalación de un evidente hartazgo ante la inoperancia y ausencia de resultados que ha seguido a la izquierda peruana durante los últimos treinta años. Es decir, percibir que se está actuando al límite y que ya no hay oportunidades no deja de ser una ventaja en un espacio que se ha caracterizado por su conservadurismo y rigidez ante el cambio.
Por otro lado, el temor de la derecha peruana ante este nuevo intento, disfrazado de desdén y soberbia, también debe tomarse como un dato positivo. Como suele hacer, busca desde ya descalificar los intentos bajo un sino fatalista, del tipo «el programa de la izquierda siempre tendrá malos resultados» agregando a renglón seguido que «a estas alturas resulta particularmente difícil ser una persona históricamente informada y al mismo tiempo, defender fórmulas como las aludidas sin caer en necedad».
La contradicción es obvia: advertencia ante la posibilidad de caer en la necedad. Por eso, sólo a una derecha como la peruana sirve el argumento de una izquierda que no aprende las lecciones y aparece como un ser prehistórico en el siglo XXI. Es la manera como han evitado que se discutan los límites evidentes que manifiesta el modelo que auspicia y, de paso, no permitir que exista una agenda política diferente a la suya.
Es el chantaje que la izquierda peruana está obligada a superar, marcando su propia cancha y proponiendo sus ejes para el debate. Así, señalar derroteros en la política exterior apostando por la integración regional y dejar de lado la prioridad comercial, abrir el debate para un cambio en la matriz productiva, profundizar el sentido democrático y el fortalecimiento institucional buscando ir más allá del concepto liberal de los derechos, así como definir los nuevos sujetos de la acción política, son sólo algunos de los aspectos en los que debe presentar debate.


desco Opina / 5 de julio de 2013
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