Los riesgos silenciosos de los cultivos alternativos

La actual gestión regional de Huancavelica se ha fijado este año la meta de instalar 5 mil hectáreas de cultivo de palto Hass al 2014. El cultivo, destinado principalmente a la agroexportación, hoy experimenta una reducción en su demanda. En este contexto, es necesario evaluar el impacto adverso que tiene el impulso de este y otros cultivos alternativos en los productores de la pequeña agricultura. La preocupación es aún mayor cuando hablamos de cultivos de larga duración (superiores a los 15 años) que, ante la baja de precios en el mercado, expondrían a los productores a niveles de vulnerabilidad delicados. En medio de un complejo panorama, donde son difusos los mecanismos y actores que determinan los precios, cabe preguntarnos qué mecanismos de protección adoptan los entes encargados de la promoción y producción agrícola del país para velar por los pequeños agricultores.

En la región, con una población en extremo vulnerable económica y socialmente, el principal medio de subsistencia es la agricultura. Los pequeños productores, que destinan la mayor parte de su producción al autoconsumo, hallan en la diversificación de cultivos un mecanismo de protección alimentaria y de subsistencia frente a la ausencia de otras alternativas de desarrollo. Es así que el margen de venta del pequeño agricultor es marginal, dedicando solo los excedentes de la producción a comercializarse. La cultura local, de lazos complejos con la tierra, entiende a la diversificación de cultivos como un medio de seguridad alimentaria independiente de las tendencias de un producto para la exportación o comercialización.

Bajo ese contexto, debemos preguntarnos cuáles son las verdaderas repercusiones de los cultivos alternativos como el palto u otros en regiones con características marcadas por la atomización de terrenos, condiciones edafoclimaticas adversas, indicadores altos de pobreza u otros.

Mientras que a un pequeño productor le resulta difícil adoptar un cultivo que durará 15 años en una parcela reducida, los sectores vinculados a la producción –como la Dirección Regional de Agricultura, programas especiales como Sierra Exportadora, fondos concursables como PROCOMPITE, entre los más conocidos– han correspondido con una promoción poco responsable para la propagación de hectáreas destinadas a cultivos alternativos. En el año del Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria, las autoridades languidecen en promover la diversificación de cultivos y garantizar la seguridad alimentaria en distintos niveles.

Es aquí que redunda la importancia de los sistemas de registro, pues la responsabilidad de las autoridades no pasa solamente por la promoción de cultivos, sino por asegurar el acceso a información precisa de cuánto se produce, qué variedades y cuántos productores están asociados a un cultivo.

Se necesita llevar una data consistente que refleje los niveles reales de producción de cultivos en Huancavelica. Las cifras son una herramienta que permite (a las autoridades y terceros) regular una producción más inclusiva, con niveles de competencia justos, que se adecúen a las estadísticas del término del año y el potencial de crecimiento de cada producto sin rebalsar los niveles de oferta. La necesidad se extiende al resto de nuestra sierra peruana, donde gracias a la fiscalización se podría planificar los niveles de producción.

desco Opina - Regional / 25 de marzo de 2013
Programa Sierra Centro

Reflexión post revocatoria

La ONPE dio a conocer los resultados de la jornada revocatoria del 17 de marzo, pero lo único claro es que seguimos sin resultados completos y definitivos. El 45.65% de las actas de votación, equivalentes a más de 2 millones de votos se encuentran observadas, lo que es resultado de los problemas técnicos y de organización del proceso, evidenciando la corresponsabilidad de los dos órganos electorales del país. La alcaldesa Villarán completará su mandato pero su bancada de regidores podría ser virtualmente desaparecida, lo que impide hablar de una victoria del No. Como lo adelantara el analista Fernando Tuesta, el resultado, que era uno de los posibles, no es de los mejores.

No obstante esta situación de indefinición y cualquiera que sea el resultado final, es evidente que el principal ganador del proceso es el Partido Popular Cristiano que apostó temprano por la institucionalidad y en particular su lideresa Lourdes Flores, que se posicionó como una abanderada clara del voto 40 veces no. Con ella, y como parte de la campaña, el partido de Bedoya Reyes, ha posicionado algunos rostros nuevos, entre los que destaca claramente el del regidor Pablo Secada.

Con ellos, aunque en medida menor, obtienen réditos otras fuerzas políticas que se comprometieron con la defensa de la continuidad de la gestión Villarán. Perú Posible, más que ellos Anel Townsend, Somos Perú, Acción Popular y Alianza por el Gran Cambio, entre otros, son parte de este sector que abrió las puertas a la posibilidad de una inédita coalición para la gestión metropolitana, pero también para defender la institucionalidad democrática.

En la vereda del frente, el principal derrotado es Luis Castañeda y con él Solidaridad Nacional. Su hijo fue el único regidor sistemáticamente «buscado» en el padrón por un número significativo de votantes, que expresaban de esta manera su rechazo al padre, a sus métodos y a sus distintos escuderos, incluyendo naturalmente a Marco Tulio Gutiérrez y su pléyade de acompañantes. También pierde, y fuertemente, el viejo partido de Alfonso Ugarte, arrastrado por la ambición de Alan García, quien tras lanzar la piedra, escondió rápidamente la mano, usando como argumento su inverosímil condición de militante disciplinado.

El fujimorismo también pierde, pero Keiko Fujimori se cuidó de mantener un perfil bajo y silente, permitiendo la acción de personajes de segunda fila como Marta Moyano. A fin de cuentas, ella y García parecen darse cuenta que de cara al 2016 tendrán que disputarse los votos de los tumultosos sectores que optaron por el Sí en esta ocasión.

Más allá de esta rápida y esquemática radiografía, hay tres cuestiones sobre las cuales reflexionar. En principio, es evidente que el mecanismo de la revocatoria debe revisarse de inmediato. El diseño actual atenta contra la democracia y la institucionalidad de manera obvia, por lo que mantenerlo tal cual sería una demostración de irresponsabilidad descomunal. En segundo término, es claro que la eventual revocatoria de la bancada de Villarán, reduce al mínimo a la izquierda de la escena oficial y la obliga, aún más de lo que ya estaba, a repensarse radicalmente, aprendiendo de las lecciones que debe dejarle el proceso. Cierto es que figuras como Marisa Glave y Eduardo Zegarra emergen agridulcemente como rostros nuevos para ese proceso que debe ser inmediato, pero es evidente que ello, siendo importante, es muy poco.

Finalmente, y más importante, el proceso de revocatoria que está concluyendo, muestra la importancia y la fuerza creciente que está adquiriendo la contradicción que enfrenta a quienes defienden la institucionalidad democrática y una manera civilizada de entender la política, con aquellos otros sectores, defensores y beneficiarios del todo vale, enemigos de toda forma de transparencia y abanderados del mercado en sus versiones más oscuras y salvajes. Que liberales y socialistas se hayan encontrado juntos coyunturalmente en la defensa del No puede ser una señal de los desafíos que los actores de la política peruana eventualmente deberán enfrentar en los años venideros, máxime cuando observamos la precariedad de algunas instituciones del Estado, como las que están a cargo del proceso electoral.

desco Opina / 21 de marzo de 2013

La roya, otro huayco en la selva central

Este año, además de huaycos y derrumbes las lluvias han traído a la selva central, la propagación de la roya. Aunque hay quienes minimizan el impacto de esta temible plaga y aducen que son los comercializadores de insumos los que estarían provocando «pánico fitosanitario», lo cierto es que la roya está presente y afecta tanto a cafetales antiguos como a los más recientes.

La roya afecta a los cafetos haciendo caer sus hojas y debilitándolos al punto que sus frutos se desprenden antes de madurar, En el transcurso del año, se estima que sólo en Villa Rica se han perdido 150,000 quintales de café. La Junta Nacional del Café señala que la afectación a nivel nacional bordea el 30%, a riesgo de extenderse, lo que supondría una verdadera catástrofe para la caficultura peruana, calculada en eventuales pérdidas de hasta un millón quinientos mil quintales, unos 350 millones de soles. Y no se trata sólo de la pérdida de divisas –el café es el principal producto agrícola de exportación– sino de pérdidas inmediatas para el bolsillo de los pequeños agricultores.

El desplazamiento altitudinal de esta plaga –de los 1,200 msnmm/promedio donde solía presentarse, a cultivos por encima de los 1,500 msnmm– es una preocupación adicional para productores y promotores agrarios, pues estaría indicando una posible evolución del hongo que la causa (hemileia vastatrix), efecto que podría atribuirse al cambio climático. Si bien existen variedades de café resistentes al ataque de este hongo; la calidad de taza que resulta de estas variedades es considerablemente menor. La solución no pasa necesariamente por reemplazar cultivos, puesto que el interés de los existentes radica en su reconocimiento y calificación específica en mercados especializados y, por tanto, altamente exigentes.

Autoridades de las zonas afectadas y líderes de las organizaciones de productores de los distritos cafetaleros de la selva central; como Villa Rica, Perené, Pichanaki, entre otros, demandan que se declare en situación de emergencia al cultivo y que desde las respectivas dependencias agrarias de nivel regional se asignen presupuestos para enfrentar la situación. La región Pasco ha aprobado un presupuesto de doce millones novecientos mil nuevos soles para financiar la entrega de productos químicos y asistencia técnica en fumigación. No obstante, se estima que una campaña de recuperación del conjunto de zonas afectadas demanda del Estado al menos 280 millones de soles. Por ahora, el ministro del sector, Milton von Hesse, ha anunciado que se prepara un plan de contingencia de corto y mediano plazo.

Considerando los precios poco atractivos que actualmente tiene el café en el mercado internacional, el impacto de esta plaga podría abonar en un posible escenario de tránsito hacia cultivos ilegales más rentables. Si en algo quisiéramos seguir la ruta colombiana no es en esto, sino, por ejemplo, en el importante subsidio que los cafetaleros han logrado a raíz de sus últimas movilizaciones. Tengamos en cuenta que, al igual que en Colombia, en el Perú la caficultura es la actividad agrícola que genera más empleos.

desco Opina - Regional / 8 de marzo de 2013
Programa Selva Central

La votación como castigo

A medida que se acerca la fecha establecida por el Jurado Nacional de Elecciones para la consulta de revocatoria a las autoridades municipales de Lima, aumenta entre los electores limeños la sensación de malestar ya no sólo frente a una campaña muy proclive a la afrenta y al insulto, sino hacia el acto electoral mismo. La complejidad del proceso, traducida en una cédula extra large, anuncia que el 17 de marzo será un muy largo domingo en la ciudad capital.

El descontento ya no es sólo de los votantes, sino de los ciudadanos llamados a trabajar de la mano con los organismos electorales como miembros de mesa el domingo 17 de marzo. Informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales-ONPE indican que aún no se logra alcanzar ni el diez por ciento en la meta de capacitaciones, lo que deja claro que no había necesidad de adelantar el proceso, como determinó el Jurado Nacional de Elecciones al negarle a la ONPE la solicitud de no lanzar un cronograma especial para Lima. Así las cosas, la “fiesta democrática” se extenderá hasta altas horas de la noche, entre extenuantes conteos que no arrojarán resultados claros sino tras varios días de incertidumbre. Es la votación como un castigo para los “sorteados” y a la vez, como un castigo del JNE contra la ONPE, en su larga disputa por su capacidad rectora en materia electoral.

La puja en las encuestas, con la caída amortiguada del Sí y una “meseta” del No, ha llevado a las campañas contendoras a pensar una táctica más focalizada en los sectores que les son esquivos en los sondeos de opinión. Con escasas dos semanas para presentarse a batalla, el No ha equilibrado la campaña mediática –paneles de gran formato, artistas invitados, spots televisivos- con el protagonismo del trabajo político. Un trabajo político que se sostiene, por un lado, en los militantes de la confluencia de izquierda y las organizaciones vecinales impulsando comités distritales y preparando personeros, y por otro lado, el más polémico, en un pacto político con el PPC, que se remataría con acuerdos programáticos para los dos años siguientes de gestión municipal de darse el cada vez más probable triunfo del NO.

Por su parte, el Sí ha salido a “morder” en los sectores A-B, señalando –como hizo la derecha en las elecciones que perdió frente a Villarán- un supuesto componente “ultra”, representado por los partidos Patria Roja y Tierra y Libertad, que actualmente cuenta con regidores en el Concejo limeño. Se acusa la vocación “anti-inversiones” de dichos partidos, obviando las posibilidades de participación de capitales privados que ha transparentado la Municipalidad de Lima en distintos proyectos, jalonando el escenario de Cajamarca y el conflicto generado por el intento de imponer el proyecto minero Conga. El apoyo condicionado de Pedro Pablo Kuczynski –que se quede Susana, que se vaya Tierra y Libertad- representa bien la utilidad que la derecha ve en la revocación: una forma de castigar la voluntad de la alcaldesa de gobernar la ciudad con sus aliados de izquierda. Es el castigo que se suma al que sufre Villarán desde su primer día como vecina de la Plaza Mayor, cuando quienes salieron de la Municipalidad a tentar futuro en las presidenciales la amenazaron con revocarla aún antes de que empiece a gobernar.

Como ha ocurrido en el grueso de procesos de revocación en otras regiones del país, los perdedores buscan castigar a los ganadores, dejando de lado el sentido de fiscalización que está en el espíritu del mecanismo. La particularidad en Lima es que la derecha busca castigar a la izquierda y con ello desdibujarla como opción de gobierno. El punto es que la democracia no es un sistema de venganza, sino un instrumento para garantizar que las mayorías no van a ser marginadas de las decisiones del poder. Esperamos que a partir de los resultados del 17 de marzo las fuerzas democráticas piensen que su alineación se debe no a vendetas y cálculos hacia el 2016, sino en primer lugar a la necesaria respuesta ante retos para el buen gobierno, como el que supone la inseguridad ciudadana, tema que hoy pone en jaque al gobierno y por enésima vez, a las autoridades policiales y del Ministerio del Interior.

desco Opina /  04 de marzo de 2013
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Una lección dura en Arequipa

«La letra con la sangre entra» reza un dicho popular para explicar que a través del castigo se puede aprender; la lección es para nuestras autoridades arequipeñas, en lo que concierne al futuro de la planificación de obras en la ciudad. Sólo tras las muertes y daños materiales ocasionados por la lluvia de inicios de febrero, diversas voces civiles y estatales han valorado la necesidad de alcantarillados pluviales en Arequipa. En un primer momento, el alcalde provincial Alfredo Zegarra, adelantó las cifras de ejecución de dicha obra, sin mostrar siquiera el respectivo perfil técnico.

La planificación y ejecución de obras viales parece regida por la necedad, reiterativa entre las autoridades urbanas. Los mayores daños registrados se deben a la reducción de torrenteras, que fueron invadidas con la anuencia de sucesivas gestiones municipales, incluida la de Luis Cáceres Velásquez que lotizó algunos sectores del cauce. Esta vez la Municipalidad deberá enfrentar una denuncia penal de los comerciantes del Mercado El Palomar, por las pérdidas producto del desborde ocurrido en el inconcluso intercambio vial Avenida Venezuela-Alcides Carrión. La denuncia incluirá al Consorcio Arequipa III, ejecutor de la obra –seriamente cuestionada por sus continuos retrasos– y a la minera Cerro Verde, responsable a través de la Asociación Civil Cerro Verde de la contratación del Consorcio.

Tomando en cuenta las cifras oficiales de los daños, se calcula que la reconstrucción de la ciudad bordeará los 140 millones de soles, mientras que las pérdidas a nivel regional, particularmente en el sector agrario, aún no han sido estimadas. El gobierno central ha comprometido, por el momento, 50 millones como fondo de contingencia para la rehabilitación, supeditados a la presentación de los correspondientes expedientes técnicos. Entre ellos, el principal es el correspondiente al alcantarillado pluvial de la ciudad, cuyo financiamiento sería gestionado por el Gobierno Regional de Arequipa.

Lo ocurrido muestra la necesidad de incorporar las probables consecuencias de las lluvias, como variables en la planificación urbana.; entre las prioridades está recuperar y declarar la intangibilidad de las torrenteras y cauces de ríos, y el levantamiento de un diagnóstico de los sistemas de agua y alcantarillado, cuyos resultados condicionen la expansión urbana y los futuros desarrollos inmobiliarios, empezando por determinar la viabilidad de las licencias de construcción de edificios que actualmente otorgan de forma indiscriminada los municipios distritales.

Esta nueva lógica de gestión urbana deberá alcanzar a los equipos técnicos que participan en la elaboración de proyectos viales y otros de infraestructura, que hoy parecen ver como una mera formalidad que el sistema nacional de inversión pública obligue a considerar el riesgo de desastre natural como parte de la formulación de proyectos. Asimismo, será necesario un mayor control municipal del uso de materiales y técnicas constructivas adecuadas a zonas lluviosas, y al mantenimiento de los sistemas de drenaje, tanto para viviendas familiares como para edificaciones de uso público, entre ellas galerías y centros comerciales.

desco Opina - Regional / 22 de febrero de 2013
Programa Regional Sur
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«Desarrollo» a la peruana

«Emputecida» fue como catalogó a la política peruana Augusto Álvarez Rodrich, semanas atrás, asignándole a Alan García no todos pero sí buena parte de los créditos correspondientes. No fue una revelación sino una reiteración de lo que venimos constatando los peruanos desde hace décadas.

A estas alturas, ya no se habla de crisis para intentar dar cuenta de una realidad que terminó por superar incluso los adjetivos más contundentes: términos como «achoramiento» o referencias más suaves y «conceptuales» –como «desborde popular»– dejaron de designar «algo» y, como parece señalar AAR, la situación obliga a recrear el lenguaje dejando constancia de un largo y continuo deterioro que no vislumbra fondo.

Sin embargo, el «todo vale» no refiere –no debería referir– específicamente a la encanallada forma de hacer política de la que vienen haciendo gala los revocadores en Lima. Tampoco al reemplazo del argumento por la matonería verbal, ni al patético ejercicio de autoridad que muestran los funcionarios electorales.

El «emputecimiento» o la «lumpenización» refieren sin más ni más a la total ausencia de reglas y al creciente imperio del fuerte y el corrupto. Sus consecuencias son funestas, como hemos vistos días atrás en Amazonas, con su vicepresidente regional asesinado por un sicario adolescente. Es el ambiente que se ha generado en Ancash, región en la que diversas autoridades y periodistas han sido también asesinados en los últimos años, en medio de disputas que aparentan ser políticas aunque inmediatamente revelan su verdadero motivo: pugnas mafiosas en torno a ingresos públicos y cupos provenientes de negocios ilegales.

De esta manera, ¿qué hipótesis hay tras el asesinato del vicepresidente de Amazonas? ¿Alguna autoridad está realmente preocupada e interesada en saber qué está sucediendo? El caso se enlaza con situaciones similares en otros lugares del país, como el ya referido de Ancash, pero también Puno, Puerto Maldonado, Ayacucho, Pucallpa y La Libertad. De la misma manera, seguramente, en este mar de fondo hecho de ilegalidad, corrupción e impunidad reside al menos una respuesta parcial a las interrogantes que abre la calamitosa situación en la que está la seguridad ciudadana en ciudades como Chiclayo.

Ante ello, la revocatoria es un aspecto nada tangencial de esta turbidez generalizada, pero no el escenario exclusivo ni, mucho menos, el único importante. La imposición contundente de la «ley de la selva» que se evidencia crecientemente en nuestro país, conduce a hablar de un país mafioso, cada vez más capturado por intereses ilícitos y que, finalmente, es el que parece estar imponiendo su ritmo a los restos de sistema político que nos queda.

En ese sentido, creemos que es muy poco el cuidado que se está prestando a una serie de factores distorsionadores que vienen actuando en los niveles locales y regionales que, genéricamente, están haciendo gravísimo daño a la denominada institucionalidad. En otras palabras, nadie pone en cuestión el crecimiento económico, pero son cada vez mayores las dudas acerca de los resultados en términos de desarrollo que nos hemos posibilitado. En todo caso, no hay mayor preocupación sobre este asunto desde la política y, para muestra, veamos solamente el comportamiento cotidiano del Congreso de la República, sin duda, parte estelar del problema a resolver.

En suma, ésta es una de las vulnerabilidades peruanas que ahora señalan todos los analistas. Estamos frente a la lógica de un Estado absolutamente informal, característica que en su momento fue considerada por Alan García para usarla como vehículo para armar su sistema de clientela. Esto es el «emputecimiento», el «Estado-lumpen» o el «Estado mafioso». El mismo que se revela en bienes inmuebles no declarados, en ingresos no justificados, en consultorías pagadas por clientes del Estado mientras se era funcionario y un largo etcétera más. El verbo matonesco que se observa impune en la campaña de la revocatoria es apenas un síntoma más de una descomposición más profunda y peligrosa, alentada por la indolencia de la clase política y la peligrosa indiferencia de buena parte de la sociedad.

desco Opina / 15 de febrero de 2013
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Auto-construcción de vivienda: ¿apoyarla o combatirla?

La actividad constructiva con fines habitacionales que llevan a cabo las familias que ya cuentan con un lote de terreno, es quizá la modalidad más extendida de provisión de vivienda en las ciudades peruanas, y en el caso de Lima, sólo en años muy recientes puede contrastarse con las cifras de nuevas unidades de vivienda producidas por empresas inmobiliarias en el marco de programas estatales como MiVivienda.

Asociada con la «informalidad» y «las invasiones», la autoconstrucción es una realidad poco comprendida y poco apreciada por nuestras autoridades. Al definirse principalmente por la ausencia de un profesional que garantice la calidad de la edificación, se pierde de vista uno de sus principales atributos: se trata de vivienda construida progresivamente, por etapas, según las posibilidades del ahorro familiar y al ritmo de las necesidades de sus miembros.

Con la retina puesta en el rentable mercado de los departamentos para los sectores socioeconómicos A, B y C, en el curso del llamado «boom inmobiliario» el empresariado de los rubros asociados a la construcción no tuvo entre sus prioridades la producción de vivienda social. Y a pesar de haber diseñado programas de crédito dirigidos a las familias de bajos ingresos, el Ministerio de Vivienda ha sido también poco proactivo para atender este mercado, presentando año tras año una baja performance en la ejecución de bonos Techo Propio.[1] Su actividad preferencial en este rubro ha sido la búsqueda de suelo nuevo para producir en masa vivienda de bajo costo, lo que resulta bien poco atractivo para los millones de familias que ya cuentan con suelo y con título de propiedad. El reto es hacer vivienda formal en lo que empezó como informal. Para desco, esto supone conocer, y luego, formalizar el paquete tecnológico que explica el éxito –y las limitaciones- de la producción social de la ciudad y la vivienda.

Es claro que sin políticas públicas para brindar asistencia técnica a la construcción progresiva de vivienda y con municipios con pocos recursos para ejercer sus funciones de control urbano, la vivienda producida en estas condiciones presenta numerosos inconvenientes y condiciona no sólo la seguridad física del tejido urbano, sino también la calidad habitacional, esto es, el disfrute de una vivienda digna. Pero justamente por ello el esfuerzo público debe dirigirse a mejorar estas condiciones, antes que a combatir una de las constantes que alimentan el crecimiento económico generado por la construcción, con un 3.6% del PBI nacional.

Con el propósito declarado de promover el acceso a la vivienda digna, en diciembre pasado, la alcaldesa de Lima Susana Villarán anunció que su gestión, a través de EMILIMA[2], ha creado el Programa Metropolitano de Vivienda Popular - PMVP (ordenanza 1643), que llevará a cabo en 2013-2014 proyectos piloto en tres frentes: renovación urbana (destugurización), nuevas urbanizaciones y «densificación», es decir, crecimiento de la vivienda ya construida, una de las principales necesidades de la autoconstrucción que realizan las familias de los sectores populares. Y lo más importante: en coordinación con el Ministerio de Vivienda, el PMVP promoverá el uso de bonos Techo Propio, generando una importante sinergia en la inversión pública. Otra razón de peso para oponerse a la aventura política que significa para nuestra ciudad el proceso de revocatoria contra las autoridades metropolitanas.

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[1] Este programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con dos modalidades: crédito para vivienda nueva y crédito para construcción en sitio propio, esto es, dirigido a las familias que ya cuentan con un lote de terrenos sobre el cual pueden edificar su vivienda.

[2] EMILIMA: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima.

desco Opina - Regional / 11 de febrero de 2013

Programa Urbano