A diez meses de iniciada su
gestión, el presidente Humala debe lidiar con los primeros síntomas de
desgaste. Exitoso en mantenerse a distancia de la caída del vicepresidente
Chehade y de los sinsabores causados por sus hermanos Alexis y Antauro, hoy Humala
es víctima nada menos que de la imagen que intenta transmitir. Al revés del
dicho, son las circunstancias las que no están a la altura que pretende el Presidente.
Los entretelones de la
llamada «Operación Libertad» muestran, en primer lugar, lo lejos que las
fuerzas combinadas del Ejército y la
Policía están de manejar adecuadamente la derrota de Sendero
Luminoso. Humala y su entorno pecaron de exitismo al querer duplicar los
dividendos que supuso la captura de «Artemio» hace unos meses y con ese
objetivo presentaron la liberación de los
rehenes de Kepashiato como producto de la supuesta presión ejercida por las
fuerzas del orden sobre la columna senderista. Las
revelaciones periodísticas y las desafiantes declaraciones del senderista «Gabriel»
muestran la fragilidad de la imagen presidencial cuando esta se sostiene en la
fantasía de que «todo está bajo control», alimentada por los mandos militares.
De fondo, algunos temas
llaman a preocupación. En primer lugar, es claro que no existe una estrategia
ante los escenarios de seguridad interna que se derivan ya no solamente del
narcotráfico, sino también del aún invisible entramado social, económico y
político que viene provocando la operación de inversiones extractivas en los
territorios amazónicos La conversión de columnas armadas –en las que apenas
puede rastrearse el componente ideológico– en aparatos de extorsión a empresas
principalmente extranjeras es un componente que el Estado no debe subestimar
intentando encajar en el discurso de la «lucha contrasubversiva». Nada impide
que el cobro de cupos sea enfrentado con mucho pragmatismo por los
inversionistas, lo que crecientemente supondrá un problema de gobernabilidad en
el centro del eje energético del país.
En segundo lugar, surge la pregunta
por la capacidad de nuestra democracia para hacer frente a situaciones de
conflicto. La región militar del VRAE,
creada en 2009 por el gobierno del APRA, no comprende el
distrito de Echarate, donde desde 2010 se reporta actuación
de subversivos en operaciones del narcotráfico y donde hoy se ha trasladado
la persecución a «Gabriel». Nuestra historia reciente nos ha dejado cargados de
lecciones –por lo visto inútiles– sobre lo que ocurre cuando el mando militar
prima sobre los gobiernos civiles: a cuenta gotas la prensa informa sobre las etnias desplazadas y los bombardeos
en áreas pobladas por civiles.
Vemos así cómo un proceso
que debería despertar la unidad de los peruanos, como lo es la derrota
final de Sendero Luminoso, termina en realidad teñida de cuestionamientos.
Mientras el Premier, el ministro de Defensa y los adeptos al poder quieren ver
en esto mezquindad y hasta complicidad con el senderismo, lo cierto es que no
hay que ser especialmente crítico con el gobierno para notar sus deficiencias
en el manejo civil y militar de la situación. Como vemos, no sólo en lo
relativo al proyecto
Conga Humala tiene serios problemas para gobernar un «modelo económico» que
se sostiene tanto en la actuación de las grandes extractivas, como en los
recursos de la coca ilegal y el «chorreo» de la minería informal.
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