Con
la popularidad cayendo en barrena y luego de salvar eventualmente un
semi hundido Gabinete Ministerial, el presidente Humala y su agónico
Premier deben ahora maniobrar para evitar colisionar frontalmente con
los embates de los mineros informales-ilegales-artesanales.
Como
cuestión previa, nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con
los esfuerzos que debieran hacerse para aligerar los procedimientos de
formalización y combatir drásticamente las actividades ilegales. Ello
está fuera de toda discusión.
Sin
embargo, es igualmente obvio que la «estrategia» seguida por el
gobierno central para manejar el asunto que tiene entre manos y enrumbar
hacia una solución, solo aparece como deplorable por todos sus
costados. Al respecto, queda sumamente ancha la palabra «estrategia» en
una posición gubernamental en la que su vocero calificado –el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental– luego de seis meses en el cargo, aún no termina de definir con claridad cuál es el problema, cómo lo va a enfrentar –además de los prometidos dinamitazos– y qué tipo de resultados debemos esperar con su gestión.
Dicho funcionario, Daniel Urresti, un oficial retirado del Ejército, considera que llegó la hora de «poner orden».
No está mal, claro está, pero a estas alturas, con los mineros en las
calles y carreteras, por un lado, y en intenso cabildeo con las
autoridades, por el otro, se debería tener ciertas cosas ya zanjadas si
de «poner orden» se trata. Por ejemplo, aun cuando se había constatado
desde años atrás las enormes dificultades para definir y conceptualizar a
la minería informal/ilegal en tanto no tipificaban con lo que la
legislación denomina «pequeña minería tradicional», muy poco o nada se
ha avanzado al respecto, pese al considerable número de personas que
involucra y de su importante contribución en cuanto a volumen y valor de
producción, particularmente en el rubro aurífero.
Sobre esto último, para la Presidencia del Consejo de Ministros, en nuestro país existen unos 100 mil mineros ilegales, de los cuales 70 mil han expresado su deseo de formalización. Pero, según la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú la actividad de extracción informal concentra a más de 300,000 mineros en todo el país.
De
igual manera, tampoco hay precisión acerca del valor total que produce
esta actividad. Según la Federación de Mineros Artesanales, el sector
informal genera ingresos por 850 millones de dólares anuales. Para otras
fuentes, los mineros informales producen alrededor de 24 toneladas de
oro, valorizadas en 500 millones de dólares. Según las autoridades
peruanas, la actividad informal representa alrededor del 20 por ciento
de la producción nacional de oro (40 toneladas anuales) y genera unos
2.600 millones de dólares al año.
Dadas
las cosas de esta manera, el 25 de marzo el gobierno llegó a acuerdos
parciales con algunas de las federaciones de mineros, siendo una parte
sustancial de los mismos el inicio de una etapa de «saneamiento» a partir del 20 de abril, con aquellos productores que hayan decidido formalizarse.
Hasta
allí todo bien si no fuera que el intento de salir de un agujero negro
está invitando, al parecer, a ingresar a otro. ¿Qué es el referido
saneamiento? Según la PCM, «contempla diversos aspectos como facilitar
la suscripción de los contratos de explotación minera de acuerdo a ley y
en condiciones justas; generación de alternativas de solución sobre la
problemática relacionada con los contratos de explotación; fiscalización
de las posibles concesiones mineras, el uso óptimo en el manejo de
insumos, entre otros». En otras palabras, un perfecto galimatías.
Es
decir, todo parece indicar que para el actual gobierno, la «solución»
consiste en saltar de una confusión a otra. Es el denominador común que,
lamentablemente, enlaza esta situación específica con todos los demás
desafíos que se le presentan con urgencia de resolución.
desco Opina / 28 de marzo de 2014
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