Un esfuerzo por la articulación en el sur: la Macrorregión Sur

A finales de octubre, el Colectivo Macro Sur (DESCOSUR, LABOR , CEDER, Diario La República, Amakella, Radio Yaraví y Arequipa Te Queremos) reunió a un grupo de organizaciones civiles provenientes de Cusco, Moquegua y Arequipa, con la idea inicial de compartir las experiencias y sacar lecciones sobre los diferentes esfuerzos de articulación social emprendidos en estas regiones para posteriormente, plantear nuevos retos colectivos teniendo a la macrorregión como un lugar geoestratégico en el cual podemos crecer y desarrollarnos juntos.

Si bien en esta primera reunión hubo ausencias de instituciones de Puno, Madre Dios y Apurímac, creemos que ha sido importante el esfuerzo de este primer encuentro de articulación, sobre todo por el ‘enfriamiento’ en la constitución oficial de la Mancomunidad Regional Macrorregión Sur, no sólo por la lentitud en poner a punto sus documentos administrativos y gestionar el aporte para su funcionamiento, sino sobre todo, por los recientes conflictos interregionales registrados dentro del bloque, de los cuales hemos dado cuenta en un artículo anterior.

En la última reunión de los miembros de la Mancomunidad con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, en Tacna, la presidenta de esta instancia, Yamila Osorio, esbozó los contenidos de la primera agenda consensuada para el bloque. Sin embargo, cuando “las papas queman” no se actúa de manera conjunta para luchar por una causa común; esto lo hemos podido ver en la última protesta cusqueña para el financiamiento del aeropuerto de Chincheros. A propósito de ello no se ha producido ningún pronunciamiento de apoyo por parte de la mancomunidad, pese a que en su agenda se incluye el impulso a la infraestructura de comunicación.

En este Segundo Gore Ejecutivo, hemos visto que los presidentes regionales también actúan únicamente como individuos, gestionando reuniones, inversiones y proyectos para sus circunscripciones, dejando de lado el pensamiento en bloque y los intereses del conjunto.

Hace poco tuvo lugar en la ciudad de Sucre, el II Gabinete Binacional Perú-Bolivia, espacio en el que se conversó entre otros temas, acerca de la reactivación de los acuerdos para el corredor bioceánico que contribuiría al desarrollo económico de la Macrorregión Sur, y sobre los cuales se precisa un seguimiento para saber al menos su cronograma de trabajo. Este evento nos muestra claramente que un esfuerzo de articulación en el sur peruano debe tener en cuenta su interacción geoestratégica con su entorno natural de relaciones con el norte de Chile, Bolivia y el noroeste brasileño, en lo que hemos denominado la Megarregión Cuatrinacional.

Por todo lo expuesto, creemos necesaria la conformación de un espacio con una articulación muy amplia, no solo para consensuar una agenda común, sino para vigilar los acuerdos tomados por la mancomunidad y en otros espacios nacionales e internacionales, así como para dar seguimiento a la ejecución de otros proyectos truncos para el sur, como el Gasoducto Sur Andino.

El reto para el Colectivo Macro Sur y para las organizaciones de esta primera reunión es lograr ampliar la convocatoria a otras instituciones gremiales, educativas, etc. para que este esfuerzo no sea solo una reunión de ONG. Se busca involucrar a más actores de la sociedad civil sureña y aspiramos a conseguirlo en la próxima reunión agendada para enero del próximo año en Cusco. Haremos lo posible para que este esfuerzo interinstitucional valga la pena.

desco Opina - Regional / 16 de noviembre de 2016

Programa Regional Sur

Keiko no se deprime por PPK ni por Trump

Una preocupación de estas épocas es hacia dónde dirigir la mirada. Miramos hacia afuera, a la victoria de Trump en los Estados Unidos, y miramos, desde Lima, hacia adentro, a la tragedia que, acicateada por la indiferencia y mala fe del Municipio de Lima, consumió en el fuego buena parte de las viviendas de los vecinos –limeños por elección y derecho– de Cantagallo. Otra mirada hacia lo que muchos siguen llamando ‘el interior del país’, nos muestra que se multiplican los conflictos sociales y el gobierno central parece estar un tanto desubicado.

Lo paradójico es que muchos analistas y no analistas se vuelcan ahora a tratar de comprender la victoria del que alguno ha llamado ‘el matón de la Casa Blanca’, mientras que para la mirada sobre la realidad en nuestro propio país no hay deseo de comprensión sino más bien descalificaciones y explicaciones simplistas, sino ramplonas. En esa concepción del mundo, por ejemplo, los conflictos son obra de agentes infiltrados buscando la desestabilización. Menuda forma de no pensar en nada. Decimos que es paradójico porque es común que ocurra lo contrario: lo propio se entiende como muy complejo y matizado y lo lejano como sencillo. Una notoria presencia en el debate norteamericano es el análisis de clase para entender lo que llevó a un populista más bien vulgar a la Casa Blanca.

Salvando las distancias, lo más cercano al populismo ‘a la Trump’ que tenemos en el panorama político peruano es, sin duda, el fujimorismo, que actualmente parece inmerso en una carrera en la que corren solos, ya sea dentro de su competencia para legislar o más allá de ella. A este paso, cuando los norteamericanos se alisten para cambiar a su Presidente, nosotros nos alistaremos para recibir a la hija de Alberto Fujimori. Ahora mismo, la bancada naranja se encuentra abocada al negocio de capitalizar todo error del gobierno de PPK, que desafortunadamente ofrece muchos flancos débiles. Aprovechan también la desconfianza hace tiempo instalada en la ciudadanía sobre los representantes políticos. El sentido común señala que ‘todos roban’ (y algunos hacen obra) y por tanto cualquier indicio de corrupción es recibido como confirmación. Así ocurrió con su indignación teatral en el caso de Carlos Moreno. En el caso de Jaililie la indignación se les acabó, por cierto, evidenciando una doble moral a prueba de balas. Por otro lado, el caso Jaililie refleja que el gobierno se dispara al pie casi sin provocación, pero al mismo tiempo representa la oportunidad para que la bancada del Frente Amplio haga una oposición sustantiva y recuerde, de paso, la corrupción del gobierno fujimorista.

Por lo demás, hay que recordar las concesiones que el gobierno ha hecho al fujimorismo, la primera de las cuales fue satanizar al gobierno de Humala, que, en toda su mediocridad, no puede compararse al latrocinio de Fujimori y Montesinos. Por momentos pareciera que retrocedemos a la ortodoxia neoliberal más llana en el Estado y nos encontramos con que el Ministro de Economía y el inefable congresista fujimorista Héctor Becerril aparecen alineados en su lucha contra el gasto corriente. Como si el gobierno anterior hubiera incrementado el gasto para favorecer a sus partidarios (¿cuáles partidarios?). Esto no es un hecho anecdótico. El fujimorismo sabe que puede achacarle el descontento de la gente al gobierno, ponerse de lado cuando le resulte conveniente, y pasar  a la ofensiva apenas vea la oportunidad. Sus crímenes e iniquidades están muy atrás como para que sean algo que afecte la marcha actual del aparato estatal.

Mientras tanto, la cabeza (in)visible del fujimorismo reapareció un tanto destemplada en la inauguración de un nuevo local partidario con dislates sobre la depresión. Tras tanto tiempo de silencio parecería que la eterna candidata reflexiona con cuidado sobre sus palabras, pero no es así. No es poca cosa que la principal líder de la oposición aparezca como si siguiera en campaña, sin ideas y sin una lectura fina de la coyuntura política, limitándose a señalar cosas como que a los cien días «la inseguridad sigue siendo dueña de las calles». Lamentablemente, sus áulicos justifican y perdonan todo; al parecer la corrupción y el crimen pasado tienen excusa, pero no el desgobierno actual.

Por tanto, es momento de que, desde la izquierda, se procure recobrar el espacio de una oposición mucho más constructiva que el fujimorismo y que eso sea notorio para el ciudadano. Es más difícil decirlo que hacerlo, por supuesto, pero actuar como perdonavidas de un gobierno desorientado no ayuda. Volviendo al ejemplo de Trump, un comentarista señala adecuadamente que representa el populismo anti globalizador. ¿Acaso eso lo emparenta con las agendas que desde la izquierda critican los aspectos más deshumanizantes de la economía global? En absoluto. La izquierda local debe acordar con el gobierno los cambios a favor de reducir las brechas de exclusión, a favor de las causas progresistas y apoyarlo cuando tiene iniciativas democráticas. Pero tener en frente al establishment fujimorista, con su conocido libreto de demonizaciones y cuchillería, no debería llevar a que tenga el instinto de proteger al gobierno. La mejor manera de oponerse al fujimorismo es oponerse con mejores argumentos que los fujimoristas (cosa no tan difícil) a un gobierno que no piensa en las mayorías sino en la racionalidad que los llevará al siguiente negocio, como parece que ocurrirá también en los Estados Unidos.

desco Opina / 11 de noviembre de 2016

Luego de Hábitat III ¿Qué y cómo seguir en nuestras ciudades?

A pocas semanas de haberse realizado en la ciudad de Quito la tercera conferencia mundial Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III, nuevamente apreciamos que esta importante cita mundial nos deja insatisfechos (como ocurre con otras conferencias mundiales similares). Particularmente en este caso en el que en las cumbres mundiales anteriores, el grado de consenso y de acuerdo propiciados por las Naciones Unidas entre los gobiernos y la sociedad civil llegaron a mejor puerto.

ONU HÁBITAT convocó hace dos años a todos los gobiernos miembros de la Naciones Unidas, incluido el gobierno peruano, al proceso hacia Hábitat III, a prepararse para este importante foro para dar cara al proceso de urbanización y expansión de las ciudades a nivel global, destacando algunos datos que evidencian la emergencia del crecimiento y el desborde de las ciudades que limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como dan cuenta de las precarias condiciones de habitabilidad que soportan las mayorías pobres del mundo.

En nuestro caso los retos están por el lado de la ocupación precaria, excluyente y desordenada de las ciudades, marcadas por procesos de migración del campo a la ciudad en contextos de crisis económica, ambiental y de desplazamiento forzoso, entre otros. Son problemas que el Perú afronta por décadas, incluso mucho antes de que se iniciaran las conferencias mundiales sobre Hábitat en 1976, (Hábitat I en la ciudad de Vancouver – Canadá). De acuerdo al INEI en 1975 la población nacional era 15 161 200 habitantes, se distribuía en un 62% urbana y 38% rural. En cuarenta años hemos duplicado la población, pues de acuerdo a cifras del Banco Mundial el 79% de la población nacional vive en zonas urbanas frente a un 21% habitando en zonas rurales. Esta situación de nuestros habitantes plantea grandes desafíos para atender las necesidades tanto en vivienda, como en infraestructura, transporte y la provisión de servicios básicos por mencionar algunas demandas de las ciudades peruanas para alcanzar un estándar de vida adecuado para sus residentes.

El informe presentado por el gobierno peruano al Hábitat III escasamente difundido y menos publicitado, es un documento técnico que penosamente no aporta novedad ante una realidad conocida y sufrida por los peruanos en nuestras ciudades grandes medianas o pequeñas.  Hemos sido testigos de cómo han participado en el Hábitat III algunos de sus autores y allí representantes del gobierno peruano. Han mostrado al mundo un Perú en el que la atención de la problemática urbana y territorial señalada solo existe en sus informes o en una dimensión desconocida que no hemos podido encontrar para la elaboración de esta nota.  

Para graficar nuestra inquietud quisiéramos una vez más que se responda desde el Estado si es que se brinda realmente atención a las demandas de vivienda de los sectores pobres del país o de los niveles C y D, como recurrentemente denominan los funcionarios del gobierno a este mayoritario grupo poblacional peruano. Cómo sabiéndose de las constantes invasiones y ocupaciones de terrenos en zonas de alto riesgo que diariamente ocurren en nuestras ciudades, ese sector de población –de familias pobres y en extrema pobreza– no es atendido por la política pública, y que en algunos pocos casos recibe escasos recursos públicos, tan pocos que además se acaban antes de finalizar el año fiscal correspondiente. Esto ocurre, por ejemplo, con el Bono Familiar Habitacional, que constituye migajas comparado con los recursos que se destinan al Fondo Mi Vivienda para atender a otros sectores, que hasta han podido hacer un enroque en medio de la crisis de las AFP para que sus aportantes que no poseen viviendas puedan iniciar los pagos para adquirirla. Al leer el informe nacional también nos preguntamos, ¿por qué razones el Estado insiste en la política de entrega de títulos de propiedad individual, cuando lo que se requiere en nuestras ciudades es promover habilitaciones urbanas de calidad y trabajar en la planificación territorial para organizar el acceso y gestión del uso del suelo, de modo que algún día pueda aspirarse a ser un país del primer mundo e ingresar a la OCDE.

El gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski parece no haber tomado nota de la ocurrencia de Hábitat III, ninguno de sus voceros principales ha informado que los gobiernos del mundo (incluido el del Perú) acaban de aprobar la Nueva Agenda Urbana que contiene lineamientos para desarrollar herramientas que podrían ser la clave para enfrentar los retos del desarrollo urbano y maximizar las oportunidades que las ciudades ofrecen. Esto es, un nuevo marco internacional para promover un modelo de desarrollo urbano capaz de integrar los tres ejes de desarrollo sostenible: económico, social y ambiental.  Sordo y ciego a este llamado de la comunidad internacional, el ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento expresó la semana pasada que su prioridad es dar agua al 100% de la población y que para ello se reducirá el presupuesto para el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios. Es innegable, por cierto, la importancia de dotar de servicios básicos a la población, pero también es estratégico y sumamente importante contar con políticas publicas financiadas e integrales que permitan atender la amplia problemática de las ciudades, la gestión territorial y el acceso a un hábitat urbano y rural adecuados. Incluso consideramos que sería oportuno colocar en agenda pública la necesidad de contar con un Ministerio de las ciudades que apunte a que la gestión territorial nacional supere las visiones fragmentadas de la acción estatal.

El Perú requiere una gestión eficiente de nuestras ciudades y el territorio, y en ese propósito promover y asegurar un modelo que proteja los derechos humanos al hábitat, es decir el acceso a suelo y vivienda en lugares adecuados para la demanda de las nuevas familias en terrenos habilitados y preparados para  el desarrollo humano. Corresponde al Estado (central, regional y/o metropolitano) jugar un rol fundamental para implementar dichas políticas y programas que garanticen el acceso a un hábitat seguro y saludable para las mayorías.  ¿Cómo podremos ser competitivos y afrontar los constantes y diversos retos que nos plantea la globalización si somos incapaces de garantizar un crecimiento inclusivo de las ciudades que amengüe las desigualdades entre nuestros ciudadanos en el acceso a beneficios del desarrollo urbano diferenciado que tenemos?

Sin políticas públicas claras y decididas será imposible evitar la segregación espacial (económica, social y cultural incluidas) que soportamos en nuestras ciudades costeras, andinas y amazónicas cargadas de la riqueza desperdiciada de nuestra diversidad cultural, en tanto no se promuevan procesos de integración y articulación social, económica y cultural que progresivamente corrijan, para empezar, el hipercentralismo histórico de Lima.

 

 desco Opina - Regional / 4 de noviembre de 2016

Programa Urbano

Los primeros costos de la corrupción y la improvisación

El gobierno de PPK cumplió sus 100 primeros días. Días antes, la última encuesta de IPSOS registraba la caída de la aprobación del Presidente y del Primer Ministro; de 63% a 55% en el primer caso y de 44% a 37% en el segundo. La explicación más inmediata parece encontrarse en el impacto del denominado «negociazo» con el Seguro Integral de Salud (SIS), descubierto con la aparición de un audio del entonces consejero presidencial, Carlos Moreno, que aparentemente involucraría al Arzobispado de Lima.

La reacción del gobierno, aunque relativamente rápida, fue contradictoria. Denunciado el escándalo, aceptaron su renuncia, agradeciendo sus servicios, mientras el mandatario negaba su condición de funcionario público, no obstante haberlo nombrado mediante una resolución, por lo menos curiosa; finalmente fue destituido del cargo que mantenía en el hospital Loayza, su centro de operaciones, arrastrando en su caída al director del mismo.

La corrupción imperante en el país tocó rápido las puertas del nuevo gobierno y reveló, entre otras cosas, la falta de celo que tuvieron en la designación de muchos de sus funcionarios. En esa falta de control y pulcritud se les escapó Moreno, que como muchos funcionarios públicos, armó a lo largo de los años y de distintos gobiernos, sus propias redes de corrupción, de las que ya existían «huellas» que se podían encontrar en espacios abiertos como google, aún antes de la instalación de un nuevo gobierno, que no se preocupó en revisar su historial, como lo demuestra este caso, que afecta al gobierno estos días.

Desde el inicio de la nueva gestión, varios de los nuevos funcionarios designados fueron cuestionados porque aparecían como parte del instalado mecanismo de la puerta giratoria, por la que distintos profesionales pasan del sector privado al público, produciendo eventuales conflictos de interés. Así, a la presidencia de INDECOPI se nombró a un conocido crítico del Código de Consumo, el director de SENACE fue gerente de Permisos Ambientales de Yanacocha, mientras  el Jefe de la DINI había sido directivo de Tía María.

Otros, como los ya renunciantes asesores Jorge Villacorta y José Labán, sin mayores calificaciones para los cargos en los que fueron designados, cayeron en medio de confusas acusaciones de cobro de cupos en las listas parlamentarias; más recientemente, un viceministro se vio forzado a renunciar al aparecer señalado por el Ministerio Público de beneficiar a una empresa con licitaciones, cuando fue funcionario de una municipalidad provincial. Aunque se trata de situaciones diferentes, porque en el caso de Carlos Moreno, todo indicaría que estamos frente a una lamentable y frecuente situación incubada en el Estado, de las que seguramente hay decenas, mientras en los otros lo que se intuye son pagos y negociaciones políticas, lo evidente es que el gobierno no hizo bien su tarea inicial, que exigía de filtros y controles previos.

Ahora paga esa factura, de la que se aprovechan tanto fujimoristas y apristas, para lavarse las manos de una larga historia que los ha tenido en el tiempo como responsables activos, cuanto la mayoría de medios de comunicación que guardan vergonzoso silencio con las declaraciones de un directivo de OAS que alcanzarían al alcalde Castañeda.

La muerte civil de los corruptos planteada por el Ejecutivo, por la que hemos abogado varias veces, no resuelve cuestiones de fondo que requieren enfrentar los distintos problemas que afectan a un Estado débil, precario y con una institucionalidad pobre. La creación de una Comisión presidida por el ex Defensor del Pueblo e integrada por ciudadanos y ciudadanas notables y fuera de toda sospecha, seguramente mejorará los diagnósticos de los que hoy disponemos y avanzará propuestas, que en algo pueden contribuir a enfrentar la situación; sin embargo, se trata de una improvisación porque el gobierno debió contar con un Plan propio y tendría que mostrarnos los primeros resultados a 100 días de su instalación.

desco Opina / 28 de octubre de 2016