Tragedias de la incompetencia neoliberal

 

Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables. Más allá de las importantes exportaciones mineras y de la agroindustria –sin ahondar en sus beneficios limitados y excluyentes y en el grosero apoyo que reciben del Estado–, el país se cae a pedazos.

El riesgo permanente y el peligro manifiesto crecen cada día para millones de peruanas y peruanos: a la acostumbrada destrucción por lluvias y huaicos, se suman puentes que ceden y se parten, techos que se desploman en centros comerciales o barrios sometidos al fuego destructor, amén de miles de escuelas en pésimas condiciones de infraestructura y sin servicios a pocos días del inicio del año escolar. Todo ello evidenciando la negligencia, la falta de planificación y de gestión pública que hacen parte del desplome del Estado al que asistimos cotidianamente. Desplome que es acompañado frecuentemente por la indolencia de grandes grupos empresariales que tratan de negar su responsabilidad en algunas de estas tragedias que los comprometen, como se continúa viendo en el caso del Real Plaza, en la capital de La Libertad.

Y es que la seguridad nacional, un poliedro de múltiples facetas, que no se agota en la criminalidad, no puede garantizarse sin la planificación y la intervención desde el Estado, dos palabras prohibidas en el credo neoliberal. Cuando el Estado no cumple este papel, sólo queda comprobar la palmaria distancia existente entre las normas, leyes y reglamentos y lo que cada ciudadano soporta por el mal gobierno generalizado. A esa distancia se suma la impunidad compartida por el Congreso y el Ejecutivo que han aprobado distintas normas que alientan y facilitan la criminalidad y limitan la capacidad del Estado para supervisar la acción de los privados.

La mayoría de las desgracias que se producen en el campo y los centros urbanos, serían absolutamente evitables si las autoridades cumplieran sus funciones más ordinarias y elementales de defensa civil y garantes de la convivencia, la tranquilidad, la salud y la vida. No se trata solo de insensatez o de una barrera ideológica, pues sabemos bien que la corrupción facilita, acelera y profundiza los males que sufrimos en lo concerniente al manejo de los recursos públicos, la ocupación y gestión del territorio y hasta en la administración de permisos y contratos de obras de infraestructura. Son los casos de Trujillo y Lima, ciudades que en las últimas semanas han estado en el foco de las noticias por sendas tragedias.

En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿dónde está la autoridad responsable de la protección de un Centro Histórico reconocido por Unesco como patrimonio de la humanidad? Es inaceptable justificar como clandestina la construcción de decenas de edificios de gran altura destinados a ser almacenes ilegales en lugares donde no se deben construir. Resulta indignante responsabilizar al Poder Judicial por permitir su funcionamiento en medio del silencio municipal. La indignación crece a medida que la corrupción edil y policial permite el paso de camiones que cargan y descargan enormes contenedores, que paralizan el tráfico, e ingresan toneladas de mercadería sin adecuados protocolos de almacenamiento, lo que, como se ha visto, termina como pasto del fuego que los bomberos han combatido heroicamente, claramente solos, durante más de una semana.

El prolongado incendio en Barrios Altos es resultado de su depredación por parte de comerciantes inescrupulosos, que actúan a vista y paciencia de las autoridades para evitar multas o clausuras, mientras PROLIMA maquilla ese entorno, con el arreglo de las fachadas de unos pocos edificios antiguos en medio del caos creciente, conformando un conservacionismo con amplia tolerancia al delito y la corrupción.

Los colegios profesionalesde ingeniería y arquitectura, concentrados en sus gestiones gremiales, son directamente competentes en relación a esta problemática, pues a diario tratan con el desarrollo urbano, la gestión de las ciudades y su planificación. Los sectores no corrompidos y democráticos de estas profesiones, son los llamados a ejercer una crítica profunda a las autoridades y a defender los mejores intereses de la ciudad, incluidos sus vecinos y vecinas, especialmente aquellos que resultan directamente afectados.

 

desco Opina - Regional / 14 de marzo de 2025

descoCiudadano

Apagando incendios en una ciudad en llamas

La tarde del pasado viernes 19 de abril, mientras muchos probablemente tomaban un descanso por los días feriados de Semana Santa, se producía un incendio de proporciones en el cercado de Lima, el cual movilizó a una importante cantidad de bomberos que tuvo grandes dificultades para llegar al lugar del siniestro debido a las características de la zona en la que se producía. En horas de la noche del mismo Viernes Santo, se informaba que el incendio estaba fuera de control y se requería la participación de todas las unidades de bomberos de Lima y Callao. Luego de una ardua labor, se confirmó que el siniestro venía siendo controlado y se contó en el lugar con la presencia no solo del alcalde metropolitano, Jorge Muñoz, sino también del presidente Martín Vizcarra, y los ministros del Interior y Salud quienes brindaron sus declaraciones manifestando preocupación por lo sucedido. Si bien este hecho no cobró vidas humanas, los primeros momentos hicieron recordar la tragedia ocurrida en la misma zona hace 18 años, cuando en un gran incendio perdieron la vida 267 personas según cifras oficiales, demostrando el alto nivel de vulnerabilidad y poca preparación por parte de todos los ciudadanos para enfrentar los peligros que se pueden producir por la falta de implementación de medidas mínimas de seguridad.

Este tipo de problemas son, lamentablemente, más recurrentes de lo que podríamos imaginar, ya que desde abril del año pasado hasta la fecha, se han producido por lo menos 19 siniestros de consideración entre Lima y Callao, sin que esto haya servido para evaluar la pertinencia y capacidad de las unidades, gerencias o direcciones de gestión de riesgo y de Defensa Civil que operan en cada una de las municipalidades del conurbado metropolitano Lima Callao, en materia de asesoría y control de los protocolos de seguridad necesarios ante la ocurrencia de un siniestro.

Más allá de la estrategia de inspección y suspensión de licencias de funcionamiento a infractores de las normas o la propuesta de reordenamiento que se viene ejecutando desde hace un par de semanas en la zona del siniestro, el problema de fondo que muestra este caso, es el de una pugna entre fiscalizadores ediles que tienen una serie de normativas estandarizadas para que todos cumplan –sean grandes o pequeños comercios con gran o poco flujo de personas– y, por otro lado, un grupo de comerciantes que lo único que ven es exigencias y sanciones que consideran exageradas para la labor y actividades que realizan. Este hecho genera confrontación y tensión sobre deberes y derechos en una ciudad donde nunca se ha discutido a profundidad cuáles son los parámetros sobre los que vivimos en esta metrópoli; sobre todo, porque no hemos podido evaluar con mayor objetividad la pertinencia de los requerimientos que se solicitan, más allá de que tanto propios como extraños lo ven como una lista de cumplimiento y no como medidas de prevención reales que nos puedan servir ante la ocurrencia de un peligro.

Hay que destacar también, que de nada servirá que se genere un plan de reordenamiento en Mesa Redonda si no se entiende lo mencionado en el párrafo anterior. Claro ejemplo de ello es lo ocurrido hace algunos meses cuando se realizó un plan de erradicación de ambulantes en Gamarra, el cual lo único que ha conseguido es generar el traslado de ambulantes a las afueras de este damero comercial, con los problemas de tránsito y congestión que se generan alrededor del mencionado emporio comercial textil.

Por eso, es necesario que se entienda que el problema de la gestión de riesgos no es un tema de licencias y permisos, sino de compromisos asumidos por los ciudadanos para hacer de nuestro hábitat un lugar seguro, mientras que esto no se comprenda de esta manera, seguiremos siendo testigos de tragedias que cada cierto tiempo nos estamos acostumbrando a lamentar.

desco Opina - Regional / 3 de mayo de 2019

Programa Urbano

Más allá de los puentes, Habla Castañeda!

Los desastres ocasionados por los efectos del fenómeno El Niño en el país y sentidos con fuerza este año en Lima Metropolitana han evidenciado una vez más la precariedad de nuestras instituciones y la debilidad de las gestiones municipales, los gobiernos subnacionales y del propio Gobierno Central.

Insistir en caracterizar el crecimiento desordenado y la expansión irracional de las áreas urbanas en el Perú no es una novedad, sino más bien una redundancia. El acceso de los habitantes de las urbes al disfrute de los beneficios de servicios como educación, salud, justicia, etc. que ofertan las ciudades es un hecho, pero paradójicamente también, las ciudades expresan otras formas de concentración que las hace casi insufribles como ocurre con el tema del transporte y las malas gestiones municipales.

Si focalizamos nuestra reflexión en el campo municipal, advertimos que muchos medios de comunicación han hecho eco de los llamados de ayuda tanto de los ciudadanos afectados como de las autoridades municipales, sin establecer las necesarias diferencias. Y es que una cosa es que un ciudadano damnificado pida atención de emergencia en su calidad de damnificado, y otra muy diferente que sea una autoridad municipal la que actúe como si fuera un ciudadano común, sin asumir su responsabilidad en la gestión del territorio que por función le corresponde como autoridad y principal responsable de defensa civil en su ámbito de administración.

Nuestros municipios no han defendido y mucho menos cautelado los derechos de los ciudadanos. Es muy penoso tener que recordar, en el caso de Lima Metropolitana, que la primera responsabilidad del alcalde, al igual que la de cualquier otra autoridad local del país es “defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos”. Algo que evidentemente no ha ocurrido ante los efectos del fenómeno El Niño que golpea al país desde principios de año.

De acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se registran ya más de 80 muertos, 263 heridos, 20 desaparecidos y más de cien mil damnificados por efecto de los desastres en el país, sin que las autoridades de muchas de las circunscripciones afectadas asuman su responsabilidad y cuota de falta. Ante esta lenidad, ya es hora de legislar duramente al respecto y establecer sanciones penales que castiguen a las autoridades que lejos de defender el bien común de sus municipios y de los ciudadanos que los eligieron, se comportan como comentaristas, o como damnificados sin compromisos y responsabilidades que cumplir. Eso, por no abundar en los temas de corrupción generalizada que han llevado a que el propio presidente de la República se niegue a hacer una declaratoria nacional de emergencia, sabedor como muchos de nosotros, que la exoneración de controles se convierte en una compuerta abierta a los malos manejos y corrupción extendida, tal como ocurrió durante el último gobierno del APRA en el proceso de reconstrucción en el sur del país, luego del terremoto del año 2007.

Vivimos en un país que aspira a fortalecer su democracia, en el que la ley nos faculta a que nuestras autoridades libremente elegidas rindan cuentas y sean transparentes en sus actos de gobierno, informando cómo se gastan los recursos públicos y con qué criterios, en este caso, se gestiona nuestra ciudad. Es tiempo de actuar, y por eso queremos invitar a suscribir la iniciativa ciudadana Habla Castañeda! como respuesta a la burla sistemática de la política de información de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ocultando información de carácter administrativo sobre la gestión de los recursos públicos. Los ciudadanos de Lima y no solo la Contraloría General de la Republica requerimos acceder a la información que la Municipalidad Metropolitana de Lima esconde y disimula. Reiteramos nuestro derecho a exigir la rendición de cuentas (mecanismo de control ciudadano regulado por la Ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano en sus artículos 31° al 36°), para que los ciudadanos promotores presenten un pliego de preguntas que deberán ser contestadas por la autoridad interpelada.

Al acreditar la adhesión de 25 000 ciudadanos ante la ONPE, la autoridad sometida a control (en este caso el señor Castañeda), está obligada a publicar el pliego de preguntas y las respuestas a éste en la página institucional de la MML en un plazo máximo de 60 días hábiles. Si el alcalde decidiera no contestar, podría ser procesado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad regulado por el artículo 368° del Código Penal.

Desde el Programa Urbano de desco los invitamos a participar de la campaña, a juntar firmas y entrar en contacto con los organizadores para decirle al alcalde de Lima, Habla Castañeda!

desco Opina - Regional / 24 de marzo de 2017

Programa Urbano

Sin política de vivienda

Según el informe de Estado de las Ciudades de América Latina y El Caribe – ONU HABITAT 2012, Lima es la segunda ciudad más densamente poblada de América Latina y la undécima a nivel mundial. Cuenta con casi nueve millones de habitantes y casi dos millones de viviendas, de las cuales alrededor del 60% han sido construidas por procesos de autogestión y autoconstrucción. ¿Cómo hace una familia en situación de pobreza para acceder a una vivienda en Lima? La política del Estado se ha basado durante décadas en otorgar tierra, mas no vivienda, encargándose solo de «facilitar» el acceso a los títulos de propiedad. Las familias acceden a una vivienda «formal», en un terreno que posee una serie de vulnerabilidades de las cuales deben hacerse cargo, eximiendo al Estado de responsabilidad civil y penal, en caso de que se produzca un desastre, por ejemplo, un fenómeno sísmico.  

Por otro lado, cabe destacar que los «programas» del Estado para el acceso a una vivienda adecuada están diseñados para los sectores poblacionales medios y altos. Se dice que se estarán entregando más de 95 mil viviendas hasta el 2015, sin embargo, en esta cifra se incluyen viviendas del programa Techo Propio, casas de 55 metros cuadrados que se venden a 35 mil dólares. La pregunta en este caso es: ¿cómo están apoyando a aquellos sectores de pobreza y pobreza extrema? La respuesta continúa pendiente, en una realidad donde la ciudad seguirá creciendo, y donde el déficit cualitativo de las viviendas se calcula en casi un 60% del total de viviendas en la ciudad.

Lima se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, y tomando en cuenta que desde hace más de cuatro décadas no se produce un sismo de consideración, mantiene una situación crítica si estimamos que es durante las últimas décadas en las que se ha producido un crecimiento acelerado y descontrolado de la ciudad. El Estado, por medio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hizo estimaciones sobre los distritos de Lima con más alta vulnerabilidad y algunas ciudades del interior del país. Uno de los casos es el de Villa El Salvador, donde se estima que de producirse un sismo de consideración, por lo menos un 88% del total de viviendas sufriría daños severos o colapso, significando más de trescientos mil personas afectadas en solo uno de los 43 distritos que componen la ciudad.

A pesar de ello, se ha dado poco seguimiento a los procesos de gestión del riesgo que alertan, según un estudio del Sistema Nacional de Defensa Civil, sobre la posibilidad de resultar con más de 50 mil fallecidos y 200 mil viviendas colapsadas en una ciudad con las características de Lima.

En ese contexto es que hacemos un llamado a la comunidad internacional, acerca del inminente peligro que conlleva el tener una ciudad carente de políticas estatales de acceso a un hábitat digno y seguro, afectando a las mayorías pobres del país.

desco Opina - Regional / 1º de abril de 2015

Programa Urbano

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