Los desastres ocasionados por los efectos del fenómeno El Niño en el país y sentidos con fuerza este
año en Lima Metropolitana han evidenciado una vez más la precariedad de nuestras
instituciones y la debilidad de las gestiones municipales, los gobiernos subnacionales
y del propio Gobierno Central.
Insistir en caracterizar el crecimiento
desordenado y la expansión irracional de las áreas urbanas en el Perú no es una
novedad, sino más bien una redundancia. El acceso de los habitantes de las urbes
al disfrute de los beneficios de servicios como educación, salud, justicia,
etc. que ofertan las ciudades es un hecho, pero paradójicamente también, las ciudades
expresan otras formas de concentración que las hace casi insufribles como
ocurre con el tema del transporte y las malas gestiones municipales.
Si focalizamos nuestra reflexión en el
campo municipal, advertimos que muchos medios de comunicación han hecho eco de
los llamados de ayuda tanto de los ciudadanos afectados como de las autoridades
municipales, sin establecer las necesarias diferencias. Y es que una cosa es
que un ciudadano damnificado pida atención de emergencia en su calidad de
damnificado, y otra muy diferente que sea una autoridad municipal la que actúe como si fuera un ciudadano común, sin asumir su responsabilidad en la gestión del territorio que por función le corresponde como autoridad y principal responsable de defensa civil en su ámbito de administración.
Nuestros municipios no han defendido y
mucho menos cautelado los derechos de los ciudadanos. Es muy penoso tener que
recordar, en el caso de Lima Metropolitana, que la primera responsabilidad del
alcalde, al igual que la de cualquier otra autoridad local del país es “defender
y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos”. Algo
que evidentemente no ha ocurrido ante los efectos del fenómeno El Niño que
golpea al país desde principios de año.
De acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
se registran ya más de 80 muertos, 263 heridos, 20 desaparecidos y más de cien
mil damnificados por efecto de los desastres en el país, sin que las
autoridades de muchas de las circunscripciones afectadas asuman su
responsabilidad y cuota de falta. Ante esta lenidad, ya es hora de legislar
duramente al respecto y establecer sanciones penales que castiguen a las
autoridades que lejos de defender el bien común de sus municipios y de los
ciudadanos que los eligieron, se comportan como comentaristas, o como
damnificados sin compromisos y responsabilidades que cumplir. Eso, por no
abundar en los temas de corrupción generalizada que han llevado a que el propio
presidente de la República se niegue a hacer una declaratoria nacional de emergencia, sabedor como muchos de nosotros, que la exoneración de
controles se convierte en una compuerta abierta a los malos manejos y
corrupción extendida, tal como ocurrió durante el último gobierno del APRA en
el proceso de reconstrucción en el sur del país, luego del terremoto del año 2007.
Vivimos en un país que aspira a fortalecer su
democracia, en el que la ley nos faculta a que nuestras autoridades libremente elegidas
rindan cuentas y sean transparentes en sus actos de gobierno, informando cómo
se gastan los recursos públicos y con qué criterios, en este caso, se gestiona
nuestra ciudad. Es tiempo de actuar, y por eso queremos invitar a suscribir la iniciativa ciudadana Habla Castañeda! como respuesta a la burla
sistemática de la política de información de la Municipalidad Metropolitana de
Lima (MML) ocultando información de carácter administrativo sobre la gestión de
los recursos públicos. Los ciudadanos de Lima y no solo la Contraloría General
de la Republica requerimos acceder a la información que la Municipalidad Metropolitana de Lima esconde y disimula. Reiteramos nuestro derecho a exigir la rendición de cuentas (mecanismo
de control ciudadano regulado por la Ley 26300, Ley de Participación y Control
Ciudadano en sus artículos 31° al 36°), para que los ciudadanos promotores
presenten un pliego de preguntas que deberán ser contestadas por la autoridad
interpelada.
Al acreditar la adhesión de 25 000 ciudadanos ante
la ONPE, la autoridad sometida a control (en este caso el señor Castañeda),
está obligada a publicar el pliego de preguntas y las respuestas a éste en la
página institucional de la MML en un plazo máximo de 60 días hábiles. Si el
alcalde decidiera no contestar, podría ser procesado por el delito de
resistencia o desobediencia a la autoridad regulado por el artículo 368° del
Código Penal.
Desde el Programa Urbano de desco los invitamos a participar de la campaña, a juntar firmas y entrar en contacto con los organizadores para decirle al alcalde de
Lima, Habla Castañeda!
desco
Opina - Regional / 24 de marzo de 2017
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