Las últimas encuestas, ratifican lo que varios percibían
desde la semana anterior: la respuesta gubernamental a la emergencia que
enfrentamos, le ha dado réditos inmediatos. La aprobación de un gabinete que finalmente se mostró
como proactivo y dinámico en los mismos territorios del desastre, subió 7
puntos, alcanzando un 30%, a la par que veía disminuir su desaprobación en 6
puntos. El Presidente del Consejo de Ministros, que finalmente encabeza la
respuesta, también gana 4 puntos y logra una mejor evaluación que su propio
gabinete en todas las regiones del país, fortaleciendo su imagen. Es cierto que
el Presidente no logra igual crecimiento y por el contrario, su desaprobación
se incrementa en dos puntos, pasándole factura por algunas declaraciones
contradictorias, como el eventual nombramiento de un zar de la reconstrucción.
En el corto plazo, como resultado de su acción,
el gobierno ha recompuesto su imagen, probablemente ha salvado al ministro
Vizcarra de la censura y ha recuperado iniciativa, mejorando su comunicación
con la gente. La activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
(COEN), liderado por el Premier y sus ministros, además de ordenar la
intervención gubernamental, ha facilitado y mejorado la relación de la actual
gestión con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya acción en el
desastre es reconocida por la población y mejora indudablemente sus bonos. Individualmente,
quien más pierde sin ninguna duda, es el alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien
ve cómo su aprobación ya no es en caída, sino en desplome. Cae 13 puntos en
general, que ascienden a 17 puntos en los estratos D y E.
Nacionalmente, quien pierde sin duda es la
oposición, especialmente el fujimorismo, que se ve obligado a ralentizar la
estrategia de crítica y demolición a la que parecía encaminarse y se enfrenta,
con dificultades, al sentido común que demanda hacer fuerza para unirse al
proceso de atención a la emergencia, tanto como a la masiva y espontánea
movilización de la solidaridad de la gente, que desborda y esconde la acción
clientelar que varias figuras naranjas intentan, fieles a su larga tradición.
En el mar revuelto de esta agrupación, quien sale mejor parado es Kenji Fujimori, quien audazmente apareció en el centro de
acopio instalado en Palacio de Gobierno, sonriendo con la señora Lange y
mostrando un cartel que decía «una sola fuerza», obligando a los «duros» recién
llegados (Alcorta y Galarreta), a ensayar confusas explicaciones, como ya
ocurriera con el caso Sodalicio.
En este escenario, conviene preguntarse por la
sostenibilidad venidera del repunte gubernamental. La reconstrucción que
estamos obligados a abordar como país puede ser una oportunidad, pero también
una gran trampa de arena. Pasada la emergencia en unas semanas más, la
proactividad del gobierno no bastará para responder a las demandas crecientes
de las víctimas, que inevitablemente empezarán a encontrarle responsabilidad en
los problemas que seguirán enfrentando y, simultáneamente tendrá que responder
a las críticas y las denuncias de una oposición que buscará recuperar la
iniciativa perdida. Pero también tendrá que lidiar con las exigencias y los
malestares de alcaldes y gobernadores regionales, dejados de lado en la
emergencia nacional por las autoridades nacionales, pero lo que es más grave, percibidos genéricamente como incapaces y corruptos, olvidando que la procesión atraviesa a
todo el Estado, como lo evidenció el vergonzoso caso de la ex viceministra
Santa María.
Para que tanto la catástrofe de El Niño Costero,
como el huaico de la corrupción hoy día cubierto piadosamente por la emergencia
nacional, devengan en oportunidad para el gobierno y el país, es indispensable
asumir el virtual colapso que arrastra nuestro Estado desde décadas atrás, tanto
como las debilidades y fragmentación de nuestra sociedad, tal como intentara establecer un ministro de este gobierno, semanas atrás. La falta de
planeamiento básico, la ausencia de previsión frente a fenómenos cíclicos, el
irracional y recurrente desafío a la naturaleza así como el desorden de nuestro
territorio, son responsabilidades acumuladas por el Estado a lo largo de
décadas. No son ciertamente responsabilidad de este gobierno, pero tampoco se
van a resolver simplificando la tramitología, multiplicando las alianzas
público privadas sin control, excluyendo a la población de los territorios
afectados y a sus autoridades de las decisiones que exige la reconstrucción.
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