Junín en una crisis continua

 

Las fuertes precipitaciones en la región Junín están generando cuantiosas pérdidas económicas y sociales, es por ello que el 23 de febrero de 2024, INDECI/DIRES, emitió el Informe Situacional N°000007-2024, en el cual señala que, en base a la información emitida por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), se evidencia desbordes de ríos, derrumbes, huaicos, deslizamientos, entre otros, generando daños a la vida y la salud de la población, afectando directamente viviendas, vías de comunicación, infraestructura de riego, agua potable, infraestructura pública (establecimientos de salud y de educación), e involucrando distritos de la región Junín y a nivel nacional, específicamente las provincias de Chanchamayo, Jauja, Satipo y Tarma; sin embargo, este problema alcanza a otras provincias como Huancayo, Chupaca y Concepción. Ante esta situación se ha declarado en emergencia a los distritos de 17 regiones, mediante el Decreto Supremo N° 020-2024-PCM, y se busca afrontar las principales necesidades, como paliar la demanda de alimentos, mediante la Ley Nº 30498 que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de donaciones en situaciones de desastres naturales.

Este escenario evidencia la necesidad de mejorar las estrategias de gestión de desastres del Gobierno Regional de Junín (GORE), de las 9 provincias y los 124 distritos, a fin de reducir la vulnerabilidad de las comunidades frente a eventos climáticos extremos. Según el portal de transparencia del MEF – Consulta amigable, el Gobierno Regional de Junín en el marco de la planificación presupuestal para este año, ha dispuesto en la categoría presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres, un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 16 133 076.00, de los cuales en el primer trimestre se ha ejecutado S/ 111 514.00 que representa el 0.7% del presupuesto total. El mayor porcentaje de gasto se ha ejecutado en acciones comunes, capacidad instalada para dar respuesta frente a emergencias y desastres, formación de recurso humano, y conocimiento en gestión de riesgo y desastre y adaptación al cambio climático.

A nivel de las provincias ubicadas en el Valle del Mantaro, Huancayo tiene designado un PIM de S/ 1 242 621.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 46 267.00, de este monto el 3.9% (S/ 37 234.00) ha sido ejecutado en productos y proyectos de desarrollo con medidas de intervención para la protección física frente a peligro. Asimismo, Jauja designó S/ 424 392.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 1805.00, el 0.5% fue destinado a acciones comunes. Concepción tiene un PIM de S/ 180 548.00, de los cuales ha ejecutado el 0.4% en capacidad instalada para la prevención de respuesta frente a emergencias y desastres. Y la provincia de Chupaca tiene considerado un PIM de S/ 160 040.00 no ejecutados.

En la zona de Selva Central, Chanchamayo tiene un PIM de S/ 2 424 992.00, de los cuales el 1.2% (S/ 27 271.00) se destinó en medidas de intervención para la protección física frente a peligros y acciones comunes. Satipo tiene un PIM de S/ 4 231 429.00, de los cuales también se viene ejecutando el 0.1% (S/ 4962.00) en acciones comunes y capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres.

Por otro lado, en la zona altoandina, Junín tiene un PIM de S/ 132 230.00, de los cuales en el primer trimestre del año se ha ejecutado el 24.2% (S/ 32 000.00) en acciones comunes. Tarma tiene un PIM de S/ 442 598.00, de los cuales se ha ejecutado el 0.7% (S/ 2530.00) en acciones comunes, capacidad de preparación, respuesta frente a emergencias y desastre, y desarrollo de medidas de intervención para protección física frente a peligros. Finalmente, Yauli no reporta gastos ejecutados.

Es claro que en Junín, la gestión de riesgos de desastres no es un tema prioritario. Por las características ya mencionadas y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales, es urgente priorizar acciones como el fortalecimiento de capacidades del Gobierno Regional y gobiernos locales para elaborar informes de evaluación de riesgo y análisis de vulnerabilidad; asistencia técnica a gobierno locales en la elaboración e implementación de planes de desarrollo territorial e institucional para la incorporación de la gestión del riesgo de desastres; incremento de las actividades, proyectos, programas y/o estudios a nivel regional y a nivel local para proteger los medios de vida esenciales de la población ante el riesgo de desastres; la promoción e instalación de Sistemas de Alerta Temprana, que respondan a los factores de mayor recurrencia en las zonas priorizadas por el Gobierno Regional y los gobiernos locales.

 

desco Opina – Regional / 1 de marzo del 2024

descocentro

Flores inmediatas… ¿temblores futuros?

Las últimas encuestas, ratifican lo que varios percibían desde la semana anterior: la respuesta gubernamental a la emergencia que enfrentamos, le ha dado réditos inmediatos. La aprobación de un gabinete que finalmente se mostró como proactivo y dinámico en los mismos territorios del desastre, subió 7 puntos, alcanzando un 30%, a la par que veía disminuir su desaprobación en 6 puntos. El Presidente del Consejo de Ministros, que finalmente encabeza la respuesta, también gana 4 puntos y logra una mejor evaluación que su propio gabinete en todas las regiones del país, fortaleciendo su imagen. Es cierto que el Presidente no logra igual crecimiento y por el contrario, su desaprobación se incrementa en dos puntos, pasándole factura por algunas declaraciones contradictorias, como el eventual nombramiento de un zar de la reconstrucción.

En el corto plazo, como resultado de su acción, el gobierno ha recompuesto su imagen, probablemente ha salvado al ministro Vizcarra de la censura y ha recuperado iniciativa, mejorando su comunicación con la gente. La activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), liderado por el Premier y sus ministros, además de ordenar la intervención gubernamental, ha facilitado y mejorado la relación de la actual gestión con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya acción en el desastre es reconocida por la población y mejora indudablemente sus bonos. Individualmente, quien más pierde sin ninguna duda, es el alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien ve cómo su aprobación ya no es en caída, sino en desplome. Cae 13 puntos en general, que ascienden a 17 puntos en los estratos D y E.

Nacionalmente, quien pierde sin duda es la oposición, especialmente el fujimorismo, que se ve obligado a ralentizar la estrategia de crítica y demolición a la que parecía encaminarse y se enfrenta, con dificultades, al sentido común que demanda hacer fuerza para unirse al proceso de atención a la emergencia, tanto como a la masiva y espontánea movilización de la solidaridad de la gente, que desborda y esconde la acción clientelar que varias figuras naranjas intentan, fieles a su larga tradición. En el mar revuelto de esta agrupación, quien sale mejor parado es Kenji Fujimori, quien audazmente apareció en el centro de acopio instalado en Palacio de Gobierno, sonriendo con la señora Lange y mostrando un cartel que decía «una sola fuerza», obligando a los «duros» recién llegados (Alcorta y Galarreta), a ensayar confusas explicaciones, como ya ocurriera con el caso Sodalicio.

En este escenario, conviene preguntarse por la sostenibilidad venidera del repunte gubernamental. La reconstrucción que estamos obligados a abordar como país puede ser una oportunidad, pero también una gran trampa de arena. Pasada la emergencia en unas semanas más, la proactividad del gobierno no bastará para responder a las demandas crecientes de las víctimas, que inevitablemente empezarán a encontrarle responsabilidad en los problemas que seguirán enfrentando y, simultáneamente tendrá que responder a las críticas y las denuncias de una oposición que buscará recuperar la iniciativa perdida. Pero también tendrá que lidiar con las exigencias y los malestares de alcaldes y gobernadores regionales, dejados de lado en la emergencia nacional por las autoridades nacionales, pero lo que es más grave, percibidos genéricamente como incapaces y corruptos, olvidando que la procesión atraviesa a todo el Estado, como lo evidenció el vergonzoso caso de la ex viceministra Santa María.

Para que tanto la catástrofe de El Niño Costero, como el huaico de la corrupción hoy día cubierto piadosamente por la emergencia nacional, devengan en oportunidad para el gobierno y el país, es indispensable asumir el virtual colapso que arrastra nuestro Estado desde décadas atrás, tanto como las debilidades y fragmentación de nuestra sociedad, tal como intentara establecer un ministro de este gobierno, semanas atrás. La falta de planeamiento básico, la ausencia de previsión frente a fenómenos cíclicos, el irracional y recurrente desafío a la naturaleza así como el desorden de nuestro territorio, son responsabilidades acumuladas por el Estado a lo largo de décadas. No son ciertamente responsabilidad de este gobierno, pero tampoco se van a resolver simplificando la tramitología, multiplicando las alianzas público privadas sin control, excluyendo a la población de los territorios afectados y a sus autoridades de las decisiones que exige la reconstrucción.

desco Opina / 31 de marzo de 2017

Más allá de los puentes, Habla Castañeda!

Los desastres ocasionados por los efectos del fenómeno El Niño en el país y sentidos con fuerza este año en Lima Metropolitana han evidenciado una vez más la precariedad de nuestras instituciones y la debilidad de las gestiones municipales, los gobiernos subnacionales y del propio Gobierno Central.

Insistir en caracterizar el crecimiento desordenado y la expansión irracional de las áreas urbanas en el Perú no es una novedad, sino más bien una redundancia. El acceso de los habitantes de las urbes al disfrute de los beneficios de servicios como educación, salud, justicia, etc. que ofertan las ciudades es un hecho, pero paradójicamente también, las ciudades expresan otras formas de concentración que las hace casi insufribles como ocurre con el tema del transporte y las malas gestiones municipales.

Si focalizamos nuestra reflexión en el campo municipal, advertimos que muchos medios de comunicación han hecho eco de los llamados de ayuda tanto de los ciudadanos afectados como de las autoridades municipales, sin establecer las necesarias diferencias. Y es que una cosa es que un ciudadano damnificado pida atención de emergencia en su calidad de damnificado, y otra muy diferente que sea una autoridad municipal la que actúe como si fuera un ciudadano común, sin asumir su responsabilidad en la gestión del territorio que por función le corresponde como autoridad y principal responsable de defensa civil en su ámbito de administración.

Nuestros municipios no han defendido y mucho menos cautelado los derechos de los ciudadanos. Es muy penoso tener que recordar, en el caso de Lima Metropolitana, que la primera responsabilidad del alcalde, al igual que la de cualquier otra autoridad local del país es “defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos”. Algo que evidentemente no ha ocurrido ante los efectos del fenómeno El Niño que golpea al país desde principios de año.

De acuerdo al informe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se registran ya más de 80 muertos, 263 heridos, 20 desaparecidos y más de cien mil damnificados por efecto de los desastres en el país, sin que las autoridades de muchas de las circunscripciones afectadas asuman su responsabilidad y cuota de falta. Ante esta lenidad, ya es hora de legislar duramente al respecto y establecer sanciones penales que castiguen a las autoridades que lejos de defender el bien común de sus municipios y de los ciudadanos que los eligieron, se comportan como comentaristas, o como damnificados sin compromisos y responsabilidades que cumplir. Eso, por no abundar en los temas de corrupción generalizada que han llevado a que el propio presidente de la República se niegue a hacer una declaratoria nacional de emergencia, sabedor como muchos de nosotros, que la exoneración de controles se convierte en una compuerta abierta a los malos manejos y corrupción extendida, tal como ocurrió durante el último gobierno del APRA en el proceso de reconstrucción en el sur del país, luego del terremoto del año 2007.

Vivimos en un país que aspira a fortalecer su democracia, en el que la ley nos faculta a que nuestras autoridades libremente elegidas rindan cuentas y sean transparentes en sus actos de gobierno, informando cómo se gastan los recursos públicos y con qué criterios, en este caso, se gestiona nuestra ciudad. Es tiempo de actuar, y por eso queremos invitar a suscribir la iniciativa ciudadana Habla Castañeda! como respuesta a la burla sistemática de la política de información de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ocultando información de carácter administrativo sobre la gestión de los recursos públicos. Los ciudadanos de Lima y no solo la Contraloría General de la Republica requerimos acceder a la información que la Municipalidad Metropolitana de Lima esconde y disimula. Reiteramos nuestro derecho a exigir la rendición de cuentas (mecanismo de control ciudadano regulado por la Ley 26300, Ley de Participación y Control Ciudadano en sus artículos 31° al 36°), para que los ciudadanos promotores presenten un pliego de preguntas que deberán ser contestadas por la autoridad interpelada.

Al acreditar la adhesión de 25 000 ciudadanos ante la ONPE, la autoridad sometida a control (en este caso el señor Castañeda), está obligada a publicar el pliego de preguntas y las respuestas a éste en la página institucional de la MML en un plazo máximo de 60 días hábiles. Si el alcalde decidiera no contestar, podría ser procesado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad regulado por el artículo 368° del Código Penal.

Desde el Programa Urbano de desco los invitamos a participar de la campaña, a juntar firmas y entrar en contacto con los organizadores para decirle al alcalde de Lima, Habla Castañeda!

desco Opina - Regional / 24 de marzo de 2017

Programa Urbano