Arequipa es una región en la
que el conservadurismo católico cuenta aún con gran arraigo entre la ciudadanía
y una fuerte influencia en el comportamiento de muchos políticos, lo que deja espacio para “confusiones”
como la que sufrió Javier Del Río Alba la semana última. El arzobispo de
Arequipa, en una ceremonia pública en la ciudad, quiso sorprender al Ministro de
Cultura, Salvador del Solar, con un insólito pedido: que se incluya al final
del Currículo Nacional Educativo “dos rengloncitos” que digan: “queda prohibido en todo los colegios del
Perú introducir la ideología de género”. El arzobispo se sumó así a la enorme
campaña de desinformación acerca de la política educativa.
No es la primera vez que Del
Río presiona a una autoridad por una política pública usando su investidura religiosa, emulando a su colega,
el Cardenal Cipriani. Si bien el Ministro Del Solar supo salir airoso con una respuesta conciliadora
sobre la necesidad de defender la igualdad e invitando a los católicos a la
reflexión, queda claro que el incidente va mucho más allá y nos interpela,
porque muestra cuán desdibujados están los límites entre la voz política y la
voz confesional de algunos líderes religiosos, como correlato de la enorme
campaña de desinformación acerca de la política educativa y la supuesta
“ideología de género” en ella.
Voces como las de Del Río
cuestionan desde argumentos religiosos –como el derecho natural– un componente establecido en las políticas públicas peruanas, como lo
es el enfoque de género, que es una herramienta para avanzar en la superación
de las desigualdades y de la discriminación. Estos cuestionamientos basados en
planteamientos de fe deben ser enfrentados desde la política. Así lo han
entendido los sectores ciudadanos que han conformado en Arequipa la Plataforma Regional por el Derecho a la Educación y la Igualdad, que ya
se han reunido con la gobernadora regional, Yamila Osorio, para disipar las
dudas sobre la aplicación del nuevo currículo nacional y su relación con las
políticas regionales educativas.
Tanto a nivel nacional como a
nivel regional, el Estado debe afirmar su carácter laico. Y no solo a nivel de
la política pública, sino en cualquier circunstancia, en particular en actos
públicos. No olvidemos que el intento de presionar a un Ministro de Estado por
parte del arzobispo Del Río ocurre en el marco de una ceremonia en la que el
Estado otorgó la Orden del Sol a la imagen religiosa del Señor de la Amargura. Si bien
el sustento de la distinción tiene que ver con el valor cultural, no cabe duda
de que esta iniciativa contribuye a reforzar la confusión ciudadana respecto a
la separación entre Iglesia y Estado. Con tales gestos la discusión sobre
políticas públicas, en este caso la educativa, se mueve en un terreno desfavorable
y puede ser aprovechada por los sectores que rechazan los avances del Estado en
la comprensión y atención a las desigualdades entre hombres y mujeres.
La educación es un factor
clave para el desarrollo. El que nuestro desempeño nacional en este campo haya
sido lamentable durante las últimas décadas –lo confirman las pruebas PISA–
debería llevarnos a un compromiso por apuntalar la calidad educativa y no a
permitir el retroceso que significa negar la necesidad de formar a las futuras
generaciones en valores como la igualdad y el respeto a la diversidad. Dejar
pasar posiciones fundamentalistas como las expresadas por la movilización de “Con mis Hijos no te metas” solo traerá a
la larga pasividad ante la violencia y el abuso de poder. Ahora más que nunca
el lema “la educación nos hace libres” debe ser una bandera sustancial.
desco
Opina - Regional / 10 de marzo de 2017
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