La tarde del pasado
viernes 19 de abril, mientras muchos probablemente tomaban un descanso por los
días feriados de Semana Santa, se producía un incendio de proporciones en el cercado de Lima, el cual movilizó a una importante cantidad de
bomberos que tuvo grandes dificultades para llegar al lugar del siniestro
debido a las características de la zona en la que se producía. En horas de la
noche del mismo Viernes Santo, se informaba que el incendio estaba fuera de control y se requería la
participación de todas las unidades de bomberos de Lima y Callao. Luego de una
ardua labor, se confirmó que el siniestro venía siendo controlado y se contó en
el lugar con la presencia no solo del alcalde metropolitano, Jorge Muñoz, sino
también del presidente Martín Vizcarra, y los ministros del Interior y Salud quienes brindaron sus
declaraciones manifestando preocupación por lo sucedido. Si bien este hecho no
cobró vidas humanas, los primeros momentos hicieron recordar la tragedia
ocurrida en la misma zona hace 18 años, cuando en un gran incendio perdieron la vida 267 personas
según cifras oficiales, demostrando el alto nivel de vulnerabilidad y poca
preparación por parte de todos los ciudadanos para enfrentar los peligros que
se pueden producir por la falta de implementación de medidas mínimas de
seguridad.
Este tipo de problemas
son, lamentablemente, más recurrentes de lo que podríamos imaginar, ya que
desde abril del año pasado hasta la fecha, se han producido por lo menos 19 siniestros de consideración entre Lima y Callao, sin que esto haya
servido para evaluar la pertinencia y capacidad de las unidades, gerencias o
direcciones de gestión de riesgo y de Defensa Civil que operan en cada una de
las municipalidades del conurbado metropolitano Lima Callao, en materia de
asesoría y control de los protocolos de seguridad necesarios ante la ocurrencia
de un siniestro.
Más allá de la
estrategia de inspección y suspensión de licencias de funcionamiento a
infractores de las normas o la propuesta de reordenamiento que se viene ejecutando desde hace un par de semanas en la zona del
siniestro, el problema de fondo que muestra este caso, es el de una pugna entre
fiscalizadores ediles que tienen una serie de normativas estandarizadas para
que todos cumplan –sean grandes o pequeños comercios con gran o poco flujo de
personas– y, por otro lado, un grupo de comerciantes que lo único que ven es
exigencias y sanciones que consideran exageradas para la labor y actividades
que realizan. Este hecho genera confrontación y tensión sobre deberes y
derechos en una ciudad donde nunca se ha discutido a profundidad cuáles son los
parámetros sobre los que vivimos en esta metrópoli; sobre todo, porque no hemos
podido evaluar con mayor objetividad la pertinencia de los requerimientos que
se solicitan, más allá de que tanto propios como extraños lo ven como una lista
de cumplimiento y no como medidas de prevención reales que nos puedan servir
ante la ocurrencia de un peligro.
Hay que destacar
también, que de nada servirá que se genere un plan de reordenamiento en Mesa Redonda
si no se entiende lo mencionado en el párrafo anterior. Claro ejemplo de ello
es lo ocurrido hace algunos meses cuando se realizó un plan de erradicación de ambulantes en Gamarra,
el cual lo único que ha conseguido es generar el traslado de ambulantes a las afueras
de este damero comercial, con los problemas de tránsito y congestión que se
generan alrededor del mencionado emporio comercial textil.
Por eso, es necesario
que se entienda que el problema de la gestión de riesgos no es un tema de
licencias y permisos, sino de compromisos asumidos por los ciudadanos para hacer
de nuestro hábitat un lugar seguro, mientras que esto no se comprenda de esta
manera, seguiremos siendo testigos de tragedias que cada cierto tiempo nos
estamos acostumbrando a lamentar.
desco Opina - Regional / 3 de
mayo de 2019
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