Que el suicidio de Alan García no
delineaba heroísmos ni cobardías, lo prueba el hecho de que días
después, finalizada la Semana Santa, rápidamente los peruanos y peruanas volvimos
a nuestras tribulaciones cotidianas que, como muestran incansablemente las
encuestas desde hace décadas, pasan por cuestiones sideralmente lejanas a los
políticos y los medios de comunicación. Hubo consternación, claro que sí, pero
no duelo.
Fue un hecho personalísimo capaz de ser
explicado únicamente por el psicoanalista del expresidente. Todo lo demás que
se diga, sólo expresa frustraciones, deseos no cumplidos, aspiraciones
personales y un largo etcétera que no quieren tomar en cuenta que el referente
simplemente, ya murió.
Asimismo, el acto cometido por el
expresidente no alterará el rumbo que han adoptado las acciones judiciales ya
programadas. Se llevan a cabo los interrogatorios previstos con Jorge Barata y otros,
esperando cuánta novedad traerán ante lo que ya se sabe. Pero, eso sí, pase lo
que pase, ya no se enjuiciará a Alan García ni se le encarcelará si se probara
su culpabilidad: el símbolo per se de
la corrupción en la mente de la gran mayoría de peruanos ya salió del juego, así
no nos guste. Por supuesto, como se adelanta desde ya, quedará el consuelo del «triunfo
moral», ese gran artífice de la historia nacional.
Entonces, decíamos, hemos vuelto a la
normalidad y nada mejor que constatando los problemas recientes que tiene el
Ejecutivo para gobernar, como se evidencia, entre otras situaciones, en la
forma que está adoptando lo que acontece alrededor de Las Bambas.
Al respecto, una cuestión es cómo se
manejan los desafíos que puedan poner sobre la mesa aquellos con quienes se
está negociando, en este caso los dirigentes de las comunidades campesinas, pero
otra muy diferente, es cómo se manejan los desatinos propios.
A estas alturas, no debe caber duda en
el Ejecutivo que haber propuesto la presencia del Poder Judicial y el Ministerio Público en las negociaciones, luego de que se le exigiera la
liberación de los dirigentes campesinos y asesores presos, fue un tremendo
error, por decir lo menos. Desde ya, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad
de Fuerabamba, ha subrayado que la resolución de la actual tensión pasa por la liberación de las personas referidas, mediante una amnistía que debe ser procesada en el Congreso. En otras palabras, descoloca al
Ejecutivo, agregando un nuevo actor estatal al escenario conflictivo.
Por ahora, Las Bambas deja de ser un
conflicto circunscrito a los impactos sociales ocasionados por la actividad
minera y ha tomado visos eminentemente políticos, donde los dirigentes
campesinos parecen desenvolverse con bastante más propiedad que los
representantes del Estado peruano. El mar no tan de fondo de todo esto es que
la paralización del referido proyecto, pone en duda las modestas cifras de crecimiento que se han propuesto las autoridades para el presente año.
En este escenario, empiezan a quedar
atrás las dudas y emergen certezas sobre la reforma política que tan buenos
réditos diera al presidente Vizcarra en el primer tramo de su administración.
Todo parece indicar que la modorra y el desinterés sobre estos asuntos no son
privativos del Congreso, sino compartidos por el Ejecutivo.
Tras haber presentado al Legislativo doce proyectos de ley el pasado 10 de abril,
no parece existir entusiasmo alguno para aligerar su aprobación. Al respecto, la
premura en su presentación se justifica en tanto parte importante de las
propuestas necesitan reformas constitucionales que deben iniciarse
inmediatamente, para tener afianzado el marco normativo electoral y de partidos
políticos el 2021. Por esta vía el Ejecutivo apenas salva su responsabilidad en
las formas.
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