Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro
país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables. Más allá
de las importantes exportaciones mineras y de la agroindustria –sin ahondar en
sus beneficios limitados y excluyentes y en el grosero apoyo que reciben del
Estado–, el país se cae a pedazos.
El riesgo permanente y el peligro manifiesto crecen cada día
para millones de peruanas y peruanos: a la acostumbrada destrucción por lluvias
y huaicos, se suman puentes que ceden y se parten, techos que se desploman en centros comerciales o barrios sometidos al fuego
destructor, amén de miles de escuelas en pésimas condiciones de infraestructura
y sin servicios a pocos días del inicio del año escolar. Todo ello evidenciando
la negligencia, la falta de planificación y de gestión pública que hacen parte
del desplome del Estado al que asistimos cotidianamente. Desplome que es
acompañado frecuentemente por la indolencia de grandes grupos empresariales que
tratan de negar su responsabilidad en algunas de estas tragedias que los
comprometen, como se continúa viendo en el caso del Real Plaza, en la capital
de La Libertad.
Y es que la seguridad nacional, un poliedro de múltiples facetas, que no se agota en la
criminalidad, no puede garantizarse sin la planificación y la intervención
desde el Estado, dos palabras prohibidas en el credo neoliberal. Cuando el
Estado no cumple este papel, sólo queda comprobar la palmaria distancia
existente entre las normas, leyes y reglamentos y lo que cada ciudadano soporta
por el mal gobierno generalizado. A esa distancia se suma la impunidad
compartida por el Congreso y el Ejecutivo que han aprobado distintas normas que
alientan y facilitan la criminalidad y limitan la capacidad del Estado para
supervisar la acción de los privados.
La mayoría de las desgracias que se producen en el campo y
los centros urbanos, serían absolutamente evitables si las autoridades
cumplieran sus funciones más ordinarias y elementales de defensa civil y garantes
de la convivencia, la tranquilidad, la salud y la vida. No se trata solo de
insensatez o de una barrera ideológica, pues sabemos bien que la corrupción
facilita, acelera y profundiza los males que sufrimos en lo concerniente al
manejo de los recursos públicos, la ocupación y gestión del territorio y hasta
en la administración de permisos y contratos de obras de infraestructura. Son
los casos de Trujillo y Lima, ciudades que en las últimas semanas han estado en
el foco de las noticias por sendas tragedias.
En el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿dónde
está la autoridad responsable de la protección de un Centro Histórico reconocido
por Unesco como patrimonio de la humanidad? Es inaceptable justificar como
clandestina la construcción de decenas de edificios de gran altura destinados a
ser almacenes ilegales en lugares donde no se deben construir. Resulta indignante
responsabilizar al Poder Judicial por permitir su funcionamiento en medio del
silencio municipal. La indignación crece a medida que la corrupción edil y
policial permite el paso de camiones que cargan y descargan enormes
contenedores, que paralizan el tráfico, e ingresan toneladas de mercadería sin
adecuados protocolos de almacenamiento, lo que, como se ha visto, termina como
pasto del fuego que los bomberos han combatido heroicamente, claramente solos,
durante más de una semana.
El prolongado incendio en Barrios Altos es resultado de su
depredación por parte de comerciantes inescrupulosos, que actúan a vista y
paciencia de las autoridades para evitar multas o clausuras, mientras PROLIMA maquilla ese entorno, con el arreglo de las fachadas de unos pocos
edificios antiguos en medio del caos creciente, conformando un conservacionismo
con amplia tolerancia al delito y la corrupción.
Los colegios profesionalesde ingeniería y arquitectura, concentrados en sus gestiones gremiales, son
directamente competentes en relación a esta problemática, pues a diario tratan
con el desarrollo urbano, la gestión de las ciudades y su planificación. Los
sectores no corrompidos y democráticos de estas profesiones, son los llamados a
ejercer una crítica profunda a las autoridades y a defender los mejores
intereses de la ciudad, incluidos sus vecinos y vecinas, especialmente aquellos
que resultan directamente afectados.
desco Opina - Regional / 14 de
marzo de 2025
descoCiudadano
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1 comentario:
El análisis sobre las tragedias provocadas por la incompetencia neoliberal es muy relevante y plantea una reflexión importante sobre las consecuencias de políticas económicas fallidas. Es crucial considerar cómo las decisiones tomadas desde un enfoque exclusivamente económico pueden generar desigualdades y crisis sociales. Me pregunto, ¿cómo podemos construir un modelo económico más justo y equilibrado que tenga en cuenta tanto el crecimiento como el bienestar social?
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