El asesinato de Paul Flores,
cantante de Armonía 10, ha generado una nueva ola de indignación, no sólo por
el avance de la criminalidad extorsiva en el país, sino sobre todo, por la
ineptitud del gobierno para enfrentarla y dar respuestas coherentes a la
ciudadanía. A estas alturas, la gente tiene más evidencia de los vínculos entre
políticos, policías y delincuentes, que de la voluntad de sus autoridades para
revertir la inseguridad generada, que se contagia por la creciente violencia de
bandas armadas contra familias de todas las clases sociales, negocios de todos
los giros y tamaños y sectores tan diversos como el transporte público, las
ollas comunes o el espectáculo musical.
La muerte de “Russo” Flores moviliza, no sólo por tratarse
de un músico querido y popular, sino porque su asesinato representa un pico en
la dolorosa cuenta de víctimas que ninguno de los ministros del Interior de Boluarte ha logrado disminuir, menos aún Juan José Santiváñez, más enfocado en
desacreditar a la prensa y a la Fiscalía que lo investiga,
además de soñar con un proyecto político propio mayor. El crimen cometido contra
Armonía 10 ha suscitado la protesta de miles de músicos del país y le ha dado
un sentimiento de unidad a la convocatoria nacional a movilizarse en las
calles, lo que resultaba muy difícil de lograr en la capital en el tiempo posterior
a la “Toma de Lima”. Algo que trae muy malos recuerdos a los sectores ultraconservadores.
Este crimen ha sido también el catalizador del proceso
de censura contra el ministro del Interior, principal síntoma del
resquebrajamiento de la alianza gobernante. Por primera vez desde que Boluarte
se instaló en el gobierno, la alianza que la sustenta desde el Congreso, cruje
con fuerza, insinuando una recomposición de poder que continuará acelerándose a
medida que nos acerquemos a las elecciones de abril de 2026. La gente está
cansada de ver como se beneficia a los criminales.
Continuar al lado del gobierno en la cerrada defensa de
Santiváñez o respaldar con entusiasmo medidas destinadas al fracaso, —como el Estado de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas en la
capital—, es de poco provecho para las fuerzas políticas en el Congreso, más
preocupadas en definir nuevas correlaciones con miras a competir por presidir
la Mesa Directiva, que en atender las demandas ciudadanas. Es decir, preocupadas
centralmente por controlar el puesto de un potencial reemplazante de la
Presidenta, sea para condicionar una nueva coalición de gobierno, sea para provocar
o sumar a una eventual caída de Boluarte, un movimiento de manual, que su
prófugo exjefe político, Vladimir Cerrón, ha pronosticado ocurrirá “antes de Fiestas Patrias”.
En lo inmediato, el país —su economía, su sociedad— exige un
cambio de estrategia ante el crimen organizado y su violencia armada. Los
estados de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas, no sólo son
medidas destinadas al fracaso, sino que su uso y abuso las ha reducido casi a
una pantomima, un programa de ceremonias y noticias para rellenar la agenda
diaria de la Presidenta, sus funcionarios y sus “estrategas” de comunicación.
Ese despliegue teatral, por su poco impacto en la tarea de controlar el crimen
y por el acento autoritario que le añade la Presidenta, tiene por único efecto
acrecentar el desprestigio de la Policía y las Fuerzas Armadas y atormentar a
los escolares que se han convertido en el auditorio favorito de la señora
Boluarte.
La situación de inseguridad y desprotección de la vida y de
los medios de vida de millones de peruanos y peruanas no es algo que se
explique única ni principalmente por la expansión de grupos criminales
trasnacionales. Estos actores, si bien determinantes en la situación actual, no
aparecieron de la nada a interrumpir la vida feliz en un país de maravillas. La
incapacidad del Estado para organizar la economía y proveer mínimos de
bienestar, la acentuada corrupción en todos los niveles de gobierno y la
degradación de la Policía, entre otros muchos factores, conformaron el ambiente
perfecto para que el crimen prospere, en un país cuyo territorio está
prácticamente repartido entre distintos extractivismos y actividades económicas
paralegales o directamente ilegales.
En ese sentido, una nueva política de seguridad nacional
exige condiciones y reglas de juego distintas a las del neoliberalismo
autoritario, demagógico y populista que vivimos. Al respecto, las fuerzas de
izquierda y de centro, que no participan de la coalición autoritaria de
Boluarte, si bien han mostrado algo de iniciativa al cuestionar la incapacidad
instalada en el sector Interior, no logran aún cuajar discursos y propuestas
que orienten el malestar de la ciudadanía hacia una crítica y rechazo que se
torne en mayoritario ante un modelo político y económico que no sólo no provee
bienestar a las mayorías nacionales, sino que no puede siquiera garantizar la
vida de nuestras familias y compatriotas.
desco Opina / 21
de marzo de 2025
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