Se quiebra el sur

La visita de los gobernadores Zenón Cuevas y Walter Aduviri, de Moquegua y Puno respectivamente, al mandatario boliviano Evo Morales, se vislumbraba como un primer paso para la formación de un bloque poderoso del sur, uno que busque hacer visibles y posibles varias reivindicaciones comunes y proyectos conjuntos, como el gasoducto del sur y la petroquímica. Las declaraciones posteriores, ya en el ejercicio de funciones, y las propuestas de otros gobernadores del sur vinculadas al gas boliviano, reforzaban esa esperanza; sin embargo, en febrero todo se desvaneció.

Dos hechos han implosionado el bloque. El primero, el reproche de Walter Aduviri a su homólogo arequipeño, Elmer Cáceres Llica, de no poder entablar diálogo alguno por su falta de interés y porque usualmente, “está borracho” durante los GORE convocados por el Ejecutivo. El segundo, el izamiento de la bandera de Puno en Pasto Grande, territorio en disputa  reclamado por los puneños, pero asumido por los moqueguanos como parte de su jurisdicción. Walter Aduviri también fue el protagonista de este incidente.

Cáceres Llica no ha respondido a Aduviri Calisaya –al menos no públicamente–, pues en enero su jefe de prensa anunció que no haría declaraciones a medios durante los primeros 100 días de su gestión. Pese al silencio, lo que se vislumbra es una batalla intestina por el agua, por la construcción de la represa Paltuture (antes Paltiture), anunciada anualmente por el Ejecutivo desde la presidencia de Alejandro Toledo.

Respecto al segundo incidente, Zenón Cuevas ha hecho público un pronunciamiento oficial. En uno de los puntos señala que interpondrá acciones legales para deslindar responsabilidades por los hechos ocurridos ese día y que defenderá legal y pacíficamente sus legítimos derechos respecto a este territorio; mientras, Walter Aduviri denunció un intento de asesinato en su contra de parte de funcionarios moqueguanos. Aquí tampoco hay un buen augurio sobre este problema limítrofe.

Entre tanto, el Ejecutivo está aliviado. Si antes se mostraron nerviosos por la presión de los gobernadores sobre el gasoducto del sur, ahora respiran tranquilos. A solicitud del Ministerio de Energía y Minas y Proinversión, una consultora viene evaluando tres nuevos trazos para el gasoducto. Así las cosas, la reiteración del pedido del gas boliviano para Puno planteada por Walter Aduviri, será tomada como una pataleta personal y no como la reivindicación de un bloque. El GORE seguirá siendo un espacio para que cada gobernador gestione dinero para su jurisdicción, desvaneciéndose la posibilidad de articular esfuerzos territoriales que propongan una política conjunta. Lo único que queda es que la ciudadanía alce la voz, porque si depende de los gobernadores, serán otros cuatro años perdidos.

En este marco, está en agenda la necesidad de recuperar la capacidad de pensar la Macrorregión Sur como el territorio articulado e integrado que permita hacer contrapeso efectivo al centralismo limeño, lo que implica ampliar la mirada localista que ha estado vigente en los gobernadores regionales desde que se establecieran las regiones sobre la base de los departamentos.

desco Opina - Regional / 8 de marzo de 2019

Programa Regional Sur - descosur

Cuando calienta el sol

Las encuestas más recientes registran el descenso de la aprobación presidencial en el último mes. Mientras una de ellas muestra una caída de 4 puntos, la otra evidencia una pérdida de 5 puntos, coincidiendo ambas en que es en el sur donde se ve más afectado el mandatario, descendiendo 7, afectado entre otras cosas, por las dificultades del Estado para responder a los huaicos y los eventos naturales que golpean esa zona del país.

En tanto que se trata del segundo mes en el que la popularidad de Martín Vizcarra desciende, distintos periodistas y analistas creen que estamos próximos al fin de la sintonía del mandatario y la opinión pública, facilitada por el referéndum, pero especialmente por su posicionamiento en materia de corrupción. Lo cierto es que en las últimas semanas, no obstante la marcha del proceso Lava Jato y la suscripción del acuerdo con Odebrecht, las debilidades y limitaciones del gobierno se han evidenciado.

Los fenómenos naturales del sur se repitieron en el centro y el norte del país. En esta región, las lluvias e inundaciones en Piura, Tumbes y Lambayeque, mostraron el nulo avance de la reconstrucción y desnudaron la retórica vacía de nuestras principales autoridades, tratando de explicar la incapacidad de la gestión pública y el condenable retraso que hay en un proceso próximo a cumplir dos años. Ver recientemente en los medios de comunicación, cómo mientras Sullana se inundaba, una ministra, en nombre de la prevención anunciaba el envío de «ayuda humanitaria» en el BAP Pisco, fue el mejor indicativo de nuestra precariedad.

Pero con los fenómenos naturales, distintos malestares se expresaron también en el interior del país. El paro agrario de 48 horas en Cusco –exigiendo declarar en emergencia la agricultura de la región y contra un supuesto intento de privatizar el agua– como una medida similar, llevada adelante en Huánuco contra la venta de la hidroeléctrica Chaglla de Odebrecht a una empresa china, pusieron a prueba la capacidad del gobierno, que por el momento ha salido bien librado en ambos trances, aunque no ha resuelto los temas de fondo. Más ampliamente, la huelga nacional de transportistas que puso en jaque al país, concluyó con un acuerdo entre el gremio y el Ejecutivo que fue una derrota del gobierno que insiste en mantener el peso de los impuestos indirectos (el selectivo al consumo, en este caso), para no abordar el tema de las exoneraciones tributarias.

La pregunta de fondo es si estos malestares pueden multiplicarse y generalizarse al extremo de terminar con la relación entre el Presidente y la opinión pública. Sin negar que los mismos la desgastan, no creemos que en un plazo cercano estén en condiciones de liquidarla. No obstante las importantes limitaciones y debilidades de un gobierno que en todas las encuestas, puntos más o menos, aparece desde su inicio como carente de un plan de desarrollo y poco capaz de reactivar la economía, el principal capital del mandatario está ligado a la imagen que da en el enfrentamiento contra la corrupción, que encabeza largamente el ranking de la percepción ciudadana de los principales problemas del país.

Así lo han entendido sus adversarios más enconados y asustados, con el expresidente García a la cabeza. De allí que empiecen a multiplicarse las acusaciones de supuestas vinculaciones del mandatario con el Club de la Construcción y con la misma Odebrecht. El ruido es alto y en su versión maximalista se intenta construir un escenario futuro de vacancia, como la única manera de hacer el «control de daños» que desesperadamente buscan distintos sectores políticos y empresariales del país, que sienten que Lava Jato les respira en la nuca. El mandatario, que desde meses atrás es acusado alegremente de manejar al Ministerio Público y a sectores del Poder Judicial, responde hasta ahora sin nerviosismo, aunque a veces con poca claridad, abriéndose flancos que después, él mismo cierra. Ese parece ser su estilo. Recordemos que si en diciembre indicó que personalmente estaba en contra de la posibilidad de Odebrecht de seguir contratando con el Estado como parte del Acuerdo, desde enero fue un entusiasta impulsor de éste.

La historia de la corrupción en la obra pública es vieja y definitivamente previa a Odebrecht. El mandatario, como muchos peruanos, seguramente lo intuye. Se trata de poderes y formas de hacer negocios que explican muchas de las fortunas nacionales. Esa es la «construcción» que está hoy amenazada. Enfrentarla, más aún cuando la información llega de afuera y no puede cernirse fácilmente, le seguirá dando aire al mandatario, más allá de sus limitaciones para gobernar.

desco Opina / 1º de marzo de 2019

La inversión pública en Junín: no basta el incremento de recursos

Junín es actualmente la tercera región receptora de inversión minera, lo que a primera vista demuestra la existencia de recursos importantes para reducir brechas sociales y promover el desarrollo regional. En junio pasado, el presidente Martín Vizcarra, anunció la apertura de la segunda etapa del proyecto Toromocho, en la cual la empresa Chinalco invertirá US$ 1300 millones, que sumados a los US$ 4800 ya invertidos en la primera etapa, constituye un gran potencial aprovechable de recaudación de tributos que contribuyan a mejorar los servicios en educación, salud y saneamiento y que, además, generará empleo para 3500 personas.

Adicionalmente, el Gobierno Central dispuso que a partir de este mes se adelante el 60% de los fondos del canon minero a las regiones, lo que puede significar la transferencia de 3200 millones, que terminarán de entregarse en el mes de julio. Este adelanto busca que la calidad y la ejecución de gasto sea mejor que la de años anteriores y de esta forma el gobierno regional cuente con un mayor plazo para la ejecución del presupuesto transferido.

Asimismo, el gobernador regional, Vladimir Cerrón, mantuvo recientemente una reunión con representantes de la minera y con directivos del Ministerio de Energía y Minas, acordándose que al menos el 60% de los empleos que genere la empresa durante la ampliación del proyecto serán cubiertos por población local. Sin embargo, el proyecto de ampliación afronta las dificultades derivadas de la expropiación de 34 hectáreas de terreno donde habitan pobladores de Morococha, asunto que hoy es materia de un proceso judicial en el que la Corte Superior de Justicia de Junín, declaró fundada la medida cautelar interpuesta por 65 familias morocochinas.

Hay una interrogante clave que responder respecto a la calidad del gasto del Gobierno Regional y de los gobiernos locales de Junín, lo que puede dar pistas respecto al futuro de las inversiones públicas en la región. Al respecto, la ejecución del gasto del Gobierno Regional en el año 2018, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, muestra que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de 5149 969 813 soles, con un nivel de gasto de 85.4%. La inversión se destinó principalmente a educación, con un PIM de 878 861 586 (95.3% de ejecución); salud con un PIM de 611 632 094 (92.3% de ejecución); saneamiento, con un PIM de 31 066 575 soles (27.2% de ejecución); agropecuaria con un PIM de 24 933 373 soles (57.3% de ejecución).

En cuanto a los indicadores de desarrollo, en la función Educación revisamos los indicadores de comprensión lectora y aprendizajes en matemáticas con los siguientes resultados: (i) el 23.2% de alumnos no logran los aprendizajes de 2º en comprensión lectora, (ii) el 35.7% de alumnos no logran los aprendizajes de 2º en matemáticas. En la función Salud, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – Endes 2018 del INEI, se revisaron los indicadores de anemia y desnutrición infantil, con los siguientes resultados: (i) un 57% de menores de 6 a 35 meses de edad padecen de anemia y (ii) la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años afecta al 19,2% del total. En la función saneamiento los indicadores reportados por la SUNASS muestran que (i) el 30.2% de la población en la zona rural y el 14.25% de la urbana no accede al servicio de agua. En la función Agropecuaria, de acuerdo al Ministerio de la Producción, se estima que solo el 4.80% de la producción total agraria tiene valor agregado, este indicador muestra que hay mucho por hacer en esta cadena productiva en la región.

Estos resultados muestran las brechas aún subsistentes, así como las dificultades de optimizar las inversiones sociales, tanto de las transferencias del Gobierno Nacional como de los ingresos derivados del canon minero, cuyo gasto está más acotado. Esto es un desafío mayor para las autoridades regionales y municipales, pero también para el Poder Ejecutivo, ya que no es suficiente con transferir recursos y desentenderse del destino de los mismos y del modo cómo se gastan y se obtienen resultados que redunden en el desarrollo regional. Ninguna región, incluyendo por cierto Junín, puede darse el lujo de desperdiciar recursos ni permitir que, vía actos corruptos, las autoridades y funcionarios los utilicen en provecho propio.

desco Opina - Regional / 22 de febrero de 2019

Programa Regional Centro - descocentro