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César Acuña: las debilidades de una trayectoria pública



César Acuña está agitando el cotarro electoral peruano, especialmente el limeño. Su ascenso en las encuestas expresa el descontento y la falta de convicción de sectores de la ciudadanía con el menú de candidatos existente. Exalcalde provincial de Trujillo, Acuña exhibe como pergamino el haber acabado con la hegemonía electoral del APRA en el sólido norte; ex Presidente Regional, cargo al que renunció a los diez meses de haberlo asumido, es conocido también como un empresario exitoso de la educación, de origen cajamarquino aparentemente humilde: dueño de las Universidades César Vallejo (UCV) y Señor de Sipán, además de colegios en Trujillo y Piura, es también propietario de un club de fútbol de la primera división. Ha sido congresista por Solidaridad Nacional (2000-2001) y por Unidad Nacional (2001-2006), tras haberlo intentado por la Izquierda Socialista en la década del ochenta.  Fundador de Alianza para el Progreso, que creó para competir en las elecciones municipales hace ya más de una década, es innegable la importancia de su agrupación que hoy día dirige dos gobiernos regionales y más de un centenar de municipalidades en el país.
Más allá de esas imágenes, que sin duda sirven para entender su crecimiento en las encuestas, su trayectoria pública permite conocer mejor sus virtudes y limitaciones, algo que no fue posible con tanto detalle con candidatos como Alejandro Toledo y  Ollanta Humala, antes de sus respectivos triunfos. Por ejemplo, para saber cuán exitosa ha sido su performance como empresario de la educación, más allá del crecimiento espectacular de su universidad y de la utilidad económica que posiblemente le genera, se puede revisar un estudio recientemente divulgado  sobre las 19 mejores universidades del país, que incluye a dos centros privados de Trujillo, pero no a la UCV. Una encuesta publicada a fines del 2013, coloca a  esta entre las tres universidades privadas menos preferidas por las 1000 empresas top del país para contratar profesionales.
Aunque relativa, con esa información, cabe preguntarse por la calidad de la educación que su universidad brinda a sus estudiantes, y cómo el éxito económico de su propietario no se traduce necesariamente en éxito laboral de los profesionales que lo mantienen con sus pensiones. Sus opositores pueden sacarle esto en cara y la opinión pública preguntarse por su idoneidad como empresario y político. ¿Contar con Francisco Miro Quesada como Rector y eventualmente con Beatriz Merino como gerente, responde a un interés por mejorar la calidad o a una preocupación política?
Un segundo aspecto de su trayectoria pública está ligado a su éxito electoral. Alianza para el Progreso compitió en las elecciones regionales de La Libertad el 2010 y 2014, obteniendo respectivamente un 36% y un 43.6% de los votos válidos, mientras Acuña mismo ganaba la municipalidad provincial deTrujillo en el 2006 y el 2010. En los comicios regionales del 2014,  Acuña ganó la presidencia regional con 10 puntos de diferencia sobre un candidato aprista desgastado por sus dos períodos en el cargo (anteriormente alcalde provincial reelecto varias veces); esta ventaja fue sin embargo, de apenas 2.4 puntos en la provincia de Trujillo (60% de la población electoral del departamento), gestionada por él durante los últimos ocho años. Una cifra bastante magra considerando, además, los recursos desplegados en su campaña; su victoria la debió especialmente a los votantes de los valles costeños y de las provincias andinas de La Libertad. Aunque los resultados no dejan de ser buenos para el exalcalde, pueden leerse también como una expresión crítica de los electores votantes sobre su trabajo al frente de la municipalidad provincial, y no como empresario exitoso, relativizando en cierta medida  el mito que su propaganda quiso instalar en la región: que su gestión había cambiado Trujillo.
A ello hay que añadir las distintas denuncias e investigaciones que lo rodean, incluyendo una de lavado de activos que data del 2011 y que fuera propiciada por su entonces esposa, que seguramente serán magnificadas en una campaña que a todas luces tendrá un fuerte tono «cuchillero» y judicial.
Sin desconocer ninguno de sus méritos, incluyendo la pragmática presencia y desarrollo nacional de Alianza para el Progreso y su particular «instalación» en el norte del país, Acuña no parece ser una figura arrolladora ni un político especialmente valorado por su gestión como autoridad política. Triunfar en una ciudad o departamento donde el APRA está dividido y desprestigiado, las otras fuerzas son bastante débiles y no hay un caudillo con una imagen comparable a la suya, dista de ser una hazaña y a pesar de su imagen como empresario exitoso la va a tener más difícil en el plano nacional, donde se las tiene que ver con grupos políticos y figuras presidenciables de similar o mayor peso.  Los puntos que está ganando en las encuestas no son definitivos; la campaña para derribarlo recién se insinúa y nada permite pensar que esté blindado ante los embates que recibirá; ello no niega, por cierto, su posibilidad de seguir creciendo, de posicionarse como una opción del interior del país y de atraer alianzas con distintas agrupaciones desesperadas por su supervivencia, pero también con cacicazgos territoriales interesados por llegar al Congreso de la República.

desco Opina / 13 de noviembre de 2015 
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¿Hasta cuándo el Gobierno Regional Junín seguirá sin rumbo?



El departamento de Junín, centro nodal de conexión de cuatro regiones con altos niveles de pobreza como Huancavelica, Pasco, Huánuco y Ayacucho, demanda políticas perspicaces y estrategias atractivas de inversión para  la diversificación productiva de los sectores agropecuario e industrial. Con un 21.90% de población pobre  (Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2007-2012. INEI) y un 64% de niños y niñas menores de tres años en condiciones de anemia (datos de DIRESA Junín), Junín  reúne un conjunto de indicadores que muestran la persistencia de la desigualdad, en gran medida fruto de la incapacidad de nuestros líderes políticos regionales para superarla.
La actual gestión del Gobierno Regional de Junín está hasta ahora pasmada, y carece de reacción o capacidad para tomar decisiones importantes para revertir la situación de la población empobrecida del departamento. El GORE actúa de manera improvisada, sin una agenda política interesante que proponga medidas para  alertar el desarrollo  de la región; es un gobierno débil para construir consensos sociales, fomentar el debate, la rendición de cuentas y superar las limitaciones que soporta desde hace años esta región. Se está  desaprovechando una vez más la oportunidad de desatar las potencialidades estratégicas de convertirse en  un gobierno dinamizador, que haga de Junín  el eje económico del corredor central del país.
Los GORE tienen por finalidad fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada en sus respectivas circunscripciones territoriales. En el GORE Junín se han desarrollado mecanismos para conceptualizar un territorio «democrático, descentralizado y desconcentrado» basado en el entendimiento del líder de cada gestión, sin tomar en cuenta, un modelo o propuesta de desarrollo viable, realista y sostenible, que permita a la sociedad civil organizada la vigilancia de este proceso. Lejos promover políticas regionales que contagien de dinamismo a gobiernos regionales vecinos, las sucesivas gestiones han permitido diferentes arreglos o acuerdos bajo la mesa, encubiertos por un supuesto «desarrollo integral sostenible» que en verdad no existe.
Nuestro país ha vivido una década de expansión económica que para algunos gobiernos regionales significó una importante afluencia de recursos gracias al canon minero, pero lo avanzado deja mucho que desear. Los principales esfuerzos de los políticos locales han estado más orientados a la promoción de sus propios movimientos regionales y algunos (pocos) partidos políticos que a plasmar un ideal o una propuesta efectiva de desarrollo y prosperidad para todos. Solo han sido agresivos en su tarea de marketing electoral para llegar al poder y luego sumar a su accionar a distintos actores privados sin visión ni compromiso de desarrollo regional, interesados tan solo en lucrar y rentabilizar sus ganancias (contratistas, empresas privadas –principalmente de la minería– y proveedores de bienes y servicios), resolviendo así los acuerdos de campaña con quienes les brindaron apoyo para llegar a gobernar.
Es duro decirlo, pero no hay una dirección que evidencie un propósito estratégico para hacer el pregonado desarrollo sostenible ofrecido. Así, la inversión en diversos proyectos a nivel regional se ejecuta sin concierto ni complementación de lo social con lo económico y lo ambiental. Lejos de promover oportunidades de crecimiento y desarrollo de Junín, estamos ante un festín de obras que no llevan a ningún buen destino. Para muestra están las diferentes ordenanzas promulgadas durante este año 2015:
En normatividad: Durante diez meses de gestión las ordenanzas promulgadas solo han servido para acomodar procedimientos administrativos atendiendo a intereses burocráticos de la gestión, sin establecer instrumentos  que faciliten la generación de proyectos destinados a dinamizar las economías locales o la formulación y ejecución de proyectos para disminuir brechas de desigualdad en términos sociales.
En gestión de proyectos de impacto regional: Durante este año fiscal 2015 simplemente se ha continuado con el programa de inversiones heredado de la gestión anterior (cumpliendo el mandato legal de dar continuidad a los proyectos pequeños) tal como se puede verificar en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, varios de los proyectos grandes e importantes como el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión se encuentran paralizados, como también  el puente Los Comuneros a la espera de un segundo peritaje. En los casos en  que se  reiniciaron  las construcciones (Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas-IREN y Colegio emblemático Santa Isabel) esto ha ocurrido  por la movilización de la población y de varias autoridades locales. Es indispensable continuar con la ejecución de estas obras más allá de cualquier proceso de investigación. Constatamos con frustración que durante estos diez meses la gestión del gobierno regional se ha caracterizado por acciones irrelevantes como la creación de una policía regional intrascendente frente a los agudos problemas de Junín.
Por lo anterior, nos sumamos a las críticas de quienes plantean  que el actual Gobierno Regional de Junín debería formular una autocrítica sobre su accionar. Comprender su papel y liderar procesos con visión macro regional, dando continuidad a las mega obras planificadas durante la gestión anterior y proponer renovados programas de desarrollo concertados con actores provinciales y distritales. No hay más tiempo que perder, exigimos eficiencia y eficacia para desarrollar un trabajo con metas concretas esperadas por la población: disminuir la desnutrición crónica infantil y la anemia, apostar por la diversificación productiva como medio para la generación de ingresos y garantía de la seguridad alimentaria regional, levantando un programa de emergencia que apunte a mitigar las posibles consecuencias del cambio climático y el Fenómeno El Niño. La decisión está en manos del GORE, la vigilancia ciudadana permitirá formular críticas, pero también apoyar el trabajo colectivo  por la mejora de la calidad de vida en un ambiente democrático y responsable.

desco Opina - Regional / 6 de noviembre de 2015
Programa Sierra Centro
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Las lecciones de octubre



La semana anterior fue adversa para la izquierda latinoamericana. Si bien pudo sospecharse lo que aconteció en las elecciones municipales en Colombia, no sucedía lo mismo con las elecciones argentinas.  Hay que añadir los resultados de Guatemala, aunque el dato que emerge de ese país tiene otra tónica, tal vez más cercano a lo que ocurre en el nuestro.
En Colombia, una primera constatación es que el apoyo social que tiene la izquierda no se ha traducido en votos. El golpe más contundente fue en Bogotá, donde tras doce  años de administración izquierdista, las denuncias de corrupción empezaron a saltar y condicionaron el triunfo de Enrique Peñalosa, el candidato centrista, sobre Clara López, la candidata del Polo Democrático Alternativo, aun cuando el Polo incrementó su representación en el Concejo de Bogotá. El vencedor fue un alcalde relativamente exitoso antes de la emergencia izquierdista.
De esta manera, el principal factor para que la izquierda perdiera las elecciones fue la sensación de «mal gobierno». Es decir, no solo se trató de una mala performance en la gestión municipal de Bogotá, sino también de la generalizada idea de que la izquierda carece de proyecto para gobernar. Dicen los analistas colombianos que esta percepción caló especialmente entre los indecisos que pertenecen a la clase media. En otras palabras, fue decisivo el llamado voto de opinión, emitido por el ciudadano que reflexiona y analiza, que fue tomando fuerza desde las elecciones del 2011. Esto tiene que ver con el aumento de la calidad de vida de la población urbana.
La pregunta que se hacían en Argentina 24 horas antes de las elecciones era si el candidato oficialista Daniel Scioli, ganaba o no en primera vuelta las elecciones generales en ese país. Tras conocer los resultados la pregunta es obviamente otra, al pasar a una segunda vuelta con un ajustadísimo triunfo ante el opositor Mauricio Macri que, para todos los efectos, trasluce una derrota política mayor porque el peronismo pierde la plaza de Buenos Aires luego de treinta años de triunfos consecutivos.
Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de Cristina Fernández y candidato oficialista derrotado para la gobernación de la ciudad capital, consideró que esto se explica porque «hubo gente de mi partido que hizo lo imposible para que me fuera mal», graficando así las divisiones internas que, al parecer, hicieron mucho daño a las candidaturas del gobierno. Sin embargo, esa es una de las explicaciones y seguramente, no la más importante. Para Macri, ocurrió que «la gente se animó a decir basta», asegurando que los argentinos hoy «quieren otra cosa». Sin precisarlo, puntualizó el alejamiento de la clase media urbana argentina de los designios del gobierno, al que algún momento apuntaló por representar los cambios que aspiraba. 
El caso de Jimmy Morales, en Guatemala, es un ejemplo extremo, para decirlo de algún modo. En un contexto institucional mucho más precario que Colombia o Argentina, la elección de un conocido cómico en supaís, refleja el fracaso absoluto del sistema político y sus actores, algo que quedó expuesto cuando las movilizaciones populares lograron la renuncia del anterior presidente Otto Pérez Molina. Morales buscó y aglutinó un «voto de castigo» con éxito abrumador, pero sin emocionar. El movimiento popular, espontáneo y sobre todo emotivo, barrió a Pérez Molina pero no germinó una respuesta política, diluyéndose y favoreciendo posturas como las del vencedor, quien no esconde su apoyo a sectores militares y afirma abiertamente que «pone a Dios por encima de todo».
¿Qué tenemos como común denominador en estos tres escenarios con particularidades muy marcadas? En América Latina, las clases medias urbanas conforman la principal masa electoral con que cuentan los partidos políticos. Los resultados muestran que la orientación política de este sector estará determinada por factores tan volátiles como la situación económica, política e ideológica imperantes, es decir, reaccionan ante los vaivenes de la economía y su conducta es fundamentalmente conservadora.
En otras palabras, no nos engañemos, porque no estamos ante una dimensión homogénea. La sucesión de cambios estructurales ocurridos desde los años cincuenta y amplificados en los noventa, han desestructurado este sector social, produciendo una mayor heterogeneidad en su composición interna. En consecuencia, lo pertinente es hablar hoy de clases medias, no de una clase media específica.
Así podemos leer los resultados de la encuesta nacional urbana de GfK. Según esta medición, el 45% de encuestados en el país, no simpatiza con ninguna tendencia política; lo que es más resaltante, su identificación con una ideología de  izquierda, derecha o centro, no está en relación directa con el nivel socioeconómico. Esto podría indicar que hemos llegado a un momento particularmente  difícil con el fin del superciclo extractivista, donde se evidencia la importancia que debió adquirir la construcción de una economía más diversificada e integrada. Es evidente que la paulatina austeridad que se impone en el escenario actual destaca aún más los niveles de corruptibilidad de nuestro sistema político.
Estamos en un escenario de extrema judicialización de la corrupción, en el que ha sido muy fácil activar una dinámica de vendettas, que recorta a la ciudadanía la posibilidad de generar y fortalecer sus mecanismos de control ciudadano y rendición de cuentas. Por ello, debemos leer con mucho cuidado lo sucedido en Argentina y Colombia, prestándole especial atención a lo que ha ocurrido en Guatemala. 

desco Opina / 30 de octubre de 2015 
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Un nuevo desborde amazónico en ciernes



Parece habitual que los miembros del Poder Ejecutivo minimicen las potenciales consecuencias de incumplir con sus promesas a las federaciones indígenas en la selva peruana. Hoy, una decisión que tendría impacto en la titulación y el respeto a la intangibilidad de las tierras de las comunidades indígenas, amenaza generar un nuevo desborde social en esta región.
El dictamen del Proyecto de Ley 3941 genera opiniones divididas: para algunos, daría potestad al Gobierno para otorgar a terceros las tierras que no cuentan con un título de propiedad. Otros, por el contrario, sostienen que el nuevo dispositivo garantizaría la intangibilidad de los territorios indígenas.
Hace varios años que la titulación de tierras indígenas viene siendo un problema ventilado en foros y congresos. Las recomendaciones son casi siempre las mismas: simplificar procedimientos y acelerar el proceso de formalización. Empero, a pesar de los recursos técnicos y financieros asignados, se ha hecho poco o nada al respecto.
Cuando funcionó el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) y luego el Organismo de formalización de la propiedad informal (COFOPRI), el reconocimiento de las tierras de los pueblos indígenas aumentó. Sin embargo, a partir de la trasferencia de funciones a los gobiernos regionales, el ritmo de la titulación ha disminuido.
El Proyecto de Ley 3941 –que viene siendo considerado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República– propone que los gobiernos regionales prioricen asignación presupuestal para delinear procedimientos que permitan establecer líneas divisorias y titulación de terrenos de comunidades nativas. Sin embargo, debido a que las instancias del nivel subnacional han demostrado escasa capacidad y/o voluntad para atender la problemática, esta propuesta parece no ser el camino más adecuado para culminar satisfactoriamente con la tarea.
Por otro lado, los jefes indígenas se han opuesto a la norma argumentando que esta abre la vía para el reconocimiento de derechos en favor de colonos/invasores y la creación de áreas de conservación privadas; asimismo, facilitaría evitar la consulta previa para otorgar concesiones a actividades extractivas; y fomentaría conflictos entre comunidades para favorecer intereses de terceros.
Desde hace poco más de un mes, los líderes de las etnias de la Selva Central han venido analizando la situación y han acordado realizar en los próximos días una movilización masiva con la finalidad de reclamar por una situación que reiteradamente vulnera sus derechos. Se anuncian marchas pacíficas. Sin embargo, no se descarta el bloqueo de carreteras, con lo cual se alterará la paz social y se generarán pérdidas económicas importantes.
Antes de que la anunciada movilización indígena se convierta en un polvorín, se requiere que las instancias competentes establezcan los canales de negociación con los líderes nativos, algo a lo que lamentablemente nuestras autoridades no están acostumbradas, ya que no existe una cultura de diálogo y prevención de los conflictos sociales. 
Por otro lado, la opinión pública peruana necesita entender que como sociedad multicultural no podemos seguir arrastrando deudas morales con los pueblos originarios. Sería importante que la prensa nacional le dé la cobertura necesaria a la situación. Lamentablemente, el historial de los medios masivos nos demuestra que los temas indígenas sólo merecen primeras planas cuando la escalada de los acontecimientos culmina en bloqueos de carreteras o víctimas fatales que lamentar. Esperamos que en esta ocasión no se repitan situaciones trágicas y se comience a concertar soluciones que preserven los derechos indígenas.

desco Opina - Regional / 23 de octubre de 2015
Programa Selva Central
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