Con un elocuente
eslogan que evoca a narrativa mística, “El
llamado del bosque” congregó a líderes indígenas de nueve países amazónicos
que se dieron cita la última semana de abril en la ciudad de Tarapoto alrededor
del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA). A pesar de que este cónclave
sociocultural tenía carácter internacional y de que el programa prometía abordar
sensibles temas que frecuentemente se visibilizan en los conflictos con las
comunidades de nuestros Andes y Selva; los medios no le han dado la cobertura
que merecía; sólo escuetas notas de prensa han aludido al Foro.
La Carta de Tarapoto ha sido el documento aprobado
por los más de 1500 participantes al evento. Sin desmerecer los otros ítems de
esta carta, queremos llamar la atención sobre dos de las 24 propuestas
planteadas: a) “Impulsar la vigilancia y
monitoreo ambiental participativo desde las organizaciones locales para
prevenir la afectación de derechos y el incremento de los conflictos que genera
el extractivismo” y b) “Denunciar y
luchar contra la corrupción relacionada con el modelo extractivista y los
megaproyectos de infraestructura y explotación en la Amazonía y el Ande”.
Estos son
importantes en el actual contexto porque en enero del presente año, el Presidente de la República ha rubricado el DL.1333,
que tiene por objeto “establecer
disposiciones orientadas a facilitar la ejecución de obras de infraestructura
de interés nacional y de gran envergadura que sean priorizadas (Ley 30025 y
modificatorias) y otros proyectos que sean priorizados”; decreto que ya
está inquietando a los líderes nativos y al cual han denominado “la Ley del
despojo” porque ante la deuda de titulación comunal que tiene el Estado
peruano, muchos derechos territoriales de comunidades campesinas e indígenas se
encuentran jurídicamente vulnerables de ser afectados.
En ese sentido, el D.L. 1333 crea un proyecto especial denominado APIP
(Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados)
que facilitará el acceso a territorios rurales públicos o privados, formales o
informales, para fomentar proyectos de inversión de "interés
nacional", concepto que en sí mismo es bastante amplio y que no ha quedado
precisado pero que por su propia naturaleza estaría eximido de someterse a los
alcances de la Ley de Consulta Previa. Así ocurrió con el proyecto
de construcción de la línea de transmisión de Moyobamba a Iquitos, el cual se amparó
en una interpretación de la ley que exonera a los servicios
públicos de ese procedimiento, tal como fuera denunciado por los
líderes indígenas en el Foro. Asimismo, los líderes de todas las nacionalidades
participantes coincidieron en señalar que en América Latina el apostar por un
modelo de desarrollo extractivista que vulnera los derechos indígenas no es
patrimonio exclusivo de los gobiernos de derecha.
Por otro lado, la
vigilancia y el monitoreo ambiental participativo es una propuesta que ya está reconocida
por la Resolución Ministerial N°304-2008-MEM/DM,
la cual ha recogido recomendaciones que en su momento emitiera la Defensoría
del Pueblo con la finalidad de reducir las causales de los conflictos socio
ambientales de las actividades extractivas. Sin embargo, los conflictos no se
han reducido porque la participación en la vigilancia es acusada de selectiva,
poco representativa y basada en la discreción de los empresarios, por lo que la
resistencia social contra las industrias extractivas depredadoras deriva en movilizaciones
y paralizaciones que en la gran mayoría de legislaciones latinoamericanas está
siendo satanizada y criminalizada. El Perú nunca ha sido la excepción y todas las formas de
expresión del descontento colectivo han sido seriamente descalificadas por el
gobierno aún antes del “perro del hortelano”. Tampoco podemos caer en la
insensata aseveración que el descontento social es causado únicamente por las
empresas privadas transnacionales. La ineficiencia de Petroperú en el control y
mantenimiento del oleoducto son una prueba de ello, con el agravante de que las
sanciones –si es que se aplican– son asumidas con fondos del erario nacional.
Demás está decir que la corrupción campea en el monitoreo e incluso al momento
de iniciar acciones contra las empresas extractivas sean estas privadas o
estatales.
Una de las
propuestas que no se visibiliza abiertamente en el pronunciamiento, pero que en
el corto plazo será puesta en vitrina nacional es el reclamo indígena de autonomía territorial,
tema que ha sido ventilado por diferentes delegaciones asistentes con la
finalidad de descolonizar sus territorios ancestrales y administrarlos ellos
mismos para asegurar la vigencia plena de sus derechos. Este es un asunto por
demás complejo debido al carácter unitario del Estado peruano aun cuando no
somos capaces de entender ni atender nuestra enorme deuda de integración
sociocultural.
El FOSPA ha
culminado pero estamos seguros de que sus resultados recién serán visibles en
el mediano plazo.
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Regional / 19 de mayo de 2017
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