Las noticias de corrupción
política y los desastres ocasionados por las lluvias, han contribuido a que las
noticias de la selva del país no se escuchen ni atiendan con la urgencia que
merecen. A inicios de febrero, con el argumento de un supuesto permiso de las
bases militares del VRAEM, traficantes de madera fuertemente armados desalojaron a la Comunidad Nativa Asháninka de Meantari (Satipo).
No es la primera vez que
desplazan a familias asháninkas de sus territorios ni que son atacados, ni
afectados en su integridad física para extraer los recursos forestales del interior de sus comunidades.
Lo que más preocupa es la escasa capacidad de respuesta de las instituciones
del Estado, lo que deriva en la impunidad de los infractores o en respuestas violentas de las comunidades amazónicas.
Se desconoce si esta denuncia ha sido atendida por las autoridades policiales
locales, sin embargo, independientemente del resultado de las indagaciones y
pesquisas quedan muchas interrogantes; ¿cómo es posible que un grupo armado de
sesenta personas pueda transitar tranquilamente en una zona declarada en emergencia
por causa del narcotráfico? De existir la supuesta autorización militar indudablemente
se trataría de un nuevo caso de corrupción y tráfico de tierras, porque el
otorgamiento de permisos forestales le corresponde al SERFOR y no a las fuerzas
armadas. Los nativos han identificado a los líderes de esa amenazante incursión
armada y esperan que las autoridades tomen las medidas correctivas pertinentes.
Entre 1980 y 1990, debido a su
vulnerabilidad, las comunidades nativas de la selva central fueron violentamente desplazadas y masacradas por las huestes terroristas. Tras conseguir el cese del
hostigamiento con la participación del llamado ejército Asháninka y de las fuerzas armadas,
los nativos volvieron paulatinamente a sus comunidades; sin embargo, en la zona
del VRAEM aún quedan territorios que son inseguros para restablecer sus
poblados. Los madereros ilegales así como los narcotraficantes y quienes se
hacen pasar por colonos con fines subalternos quieren arrebatarles el derecho
de posesión, situación que se agrava por la lentitud e inercia del Estado para
otorgarles los títulos de propiedad que les corresponden. Según recientes
informes, a la fecha quedan muchas comunidades nativas sin titular
y esa carencia de titulación se convierte en oportunidad para un sistemático
despojo. Según manifiestan las organizaciones nativas tan solo en la provincia
de Oxapampa existe un aproximado de 250 títulos de propiedad otorgados por el
Estado a terceros que se superponen sobre sus territorios. Caso similar lo
representan las concesiones extractivas que tampoco respetan la intangibilidad
de sus tierras. Cabe resaltar que el reconocimiento de los derechos de
propiedad indígena es uno de los compromisos del Convenio 169 sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes del cual el Perú es signatario
desde 1993.
Desde el año 2008 existe un
compromiso del Poder Ejecutivo por culminar con el proceso de titulación. Como
esto no sucede, se siguen generando movilizaciones de las comunidades nativas
exigiendo celeridad. El diálogo ha cambiado de interlocutor en reiteradas
oportunidades, en la última movilización nuevos rostros de la PCM se han acercado a dialogar con las mismas promesas de
siempre ante los líderes indígenas. Bajo el lema de “Resistencia Indígena
Asháninka”, los líderes de federaciones indígenas de la selva central (ANAP, UNAY,
OPIYAT, ARPI y FRECONAYAPPP), han puesto en el debate ante el representante de la PCM una amplia agenda
que incorpora la titulación de sus tierras así como la atención prioritaria de
las necesidades básicas de sus comunidades; temas que por años han sido
prometidos por los sucesivos gobiernos de nuestro país. El caso Meantari es
sólo uno de los muchos que afectan a las comunidades indígenas y su causa
principal es la lentitud en la titulación de sus tierras.
Actualmente, la comunidad nativa
de Meantari está gestionando frente a la Dirección Regional de Agricultura
(DRAG) de la región Junín el título de propiedad. No obstante, algunos
invasores por medio de la Asociación “Señor de Luren”, argumentan haber colonizado
estos aislados parajes de propiedad del Estado para actividades agrícolas y por
tanto reclaman derechos posesorios al interior del territorio comunal,
complicando el justo reclamo de propiedad de los indígenas. En la visita de inspección realizada por funcionarios del SERFOR con el acompañamiento de los comuneros, se constató el hallazgo de madera ilícitamente talada, pero no presencia de chacras ni casas de colonos. Todo indicaría que en el
terreno no hay agricultores pero es notorio que se estaría preparando la tierra
para cultivos ilegales de coca. La Central Asháninka del río Ene (CARE) exige
que las instituciones del Estado tomen las medidas correspondientes para
asegurar la pacífica toma de posesión de territorios ancestrales. Si se hace
oídos sordos a este reclamo podrían generarse nuevas paralizaciones de las
comunidades nativas. Lo más grave sería que los líderes indígenas convoquen nuevamente
al ejército Asháninka, que cuenta con armas entregadas por el ejército peruano para
el patrullaje contra los narcoterroristas. Ante la indiferencia del Estado, los
nativos podrían tomar la justicia por cuenta propia, con temibles
consecuencias.
desco Opina - Regional
/ 24 de febrero de 2017
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