De la sartén a las brasas

La crisis política que resultó en la renuncia de los ministros de Interior y Defensa continuó su curso con el nombramiento de Urquizo y Calle en las carteras que fueron «abatidas» por la situación generada en el renovado conflicto del VRAE. Los nuevos ministros no han sabido responder los cuestionamientos a sus trayectorias e idoneidad y muestran a un Ejecutivo moviéndose en círculos no sólo más estrechos, sino también con menos ideas para sortear los escollos. En ese margen veremos cómo enfrenta, camino a su primer aniversario, los conflictos políticos más inmediatos.

El pedido del Ejecutivo para legislar en materia tributaria nos devuelve al tema de la (des) confianza que las instancias políticas generan en los agentes económicos. Urgido de recursos para financiar los programas de inclusión social, el gobierno recibe por un lado respaldo de la CONFIEP, gremio para el que el único interlocutor válido en la materia es el Ministro de Economía y una eventual reforma se «politiza» al pasarla por la criba parlamentaria. Por otro lado, en la hipótesis de que la propuesta del MEF no contempla cómo ampliar la base de la recaudación, el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Luis Galarreta, y algunos sectores empresariales temen que la solicitud del Ejecutivo sea la manera de encubrir una mayor imposición a los ciudadanos, señalando que la decisión también es «política» y, por tanto, debe tratarse en el Congreso.

De cualquier modo, instalados en el consenso de que el enemigo es la evasión y el reto la formalización, se posterga atacar el fondo del debate: la necesidad de descentralización fiscal y, no está de más decirlo, la necesidad de sincerar la renta extractiva. Estos dos asuntos, que en la práctica condicionan en buena medida el proceso político de la descentralización, son obviados en gestos como el anuncio de «relanzamiento» de la misma, realizado nada menos que por el premier Valdés, el menos adecuado para proponer un ambiente dialogante en la interlocución con los presidentes regionales.

Por otro lado, sumando a la prolongada polarización generada por el proyecto Conga, Newmont, inversionista principal de la operación, anunció la reprogramación de sus inversiones en el país. Y a la movilización convocada en Cajamarca contra el proyecto Conga, lejos de los paños fríos, el gobierno responde con una marcha que cuenta con la entusiasta colaboración del connotado fujimorista Absalón Vásquez y otros personajes ávidos de recobrar protagonismo, como Luis Guerrero.

Visto desde la promesa de construir institucionalidad ambiental, Conga no ha supuesto un punto de quiebre de dimensión nacional. Tras el intenso debate que propició el peritaje al estudio de impacto ambiental del proyecto, ni desde el Estado ni desde la sociedad se registran esfuerzos reales de centrar en el MINAM la rectoría de la política ambiental. Peor aún, en ese vacío la opción gubernamental fue la creación de una unidad ambiental en la PCM. Una isla más al archipiélago del proceso de toma de decisiones en esta materia. Otra decisión que no hace sino reafirmar esa extraña vocación del gobierno de resolver situaciones apremiantes generando otras peores.

desco Opina / 25 de mayo de 2012
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El VRAE desde el presupuesto participativo regional

Quienes asumen que la solución al escenario del VRAE radica en la caída de los altos mandos del narcoterrorismo y la captura de «remanentes senderistas» olvidan que la persistencia del narcotráfico no es resultado de un trabajo político doctrinario, sino de motivaciones más cercanas a negocios criminales que, nos guste o no, forman parte de las alternativas económicas en muchos lugares del país. No obstante, mecanismos para incidir en los factores del desarrollo local, como el Presupuesto Participativo, se encuentran seriamente limitados.

Hace algunos días, durante uno de los talleres del Presupuesto Participativo basado en resultados-PPR de la Región Junín, los participantes abordaron la problemática del VRAE. En la Municipalidad de Río Negro (Satipo), lejos de la atención mediática, uno de los asistentes resumió la preocupación generalizada: “el VRAE no es una broma y nos afecta a todos en la selva central”. La invitación de los dirigentes de base a debatir el escenario de violencia en el VRAE –que atañe a Ayacucho, Huancavelica, Cusco y la selva de Junín– contradice opiniones que descalifican a la población, acusándola de inacción y complicidad.

El debate muestra las posibilidades de la democracia participativa, que más allá de representar únicamente la apertura en las decisiones sobre el gasto público, brinda condiciones para la expresión de los líderes regionales sociales y políticos. Los límites están más bien en el esquema centralista que persiste para enfrentar los problemas regionales. Por ejemplo, por la vía del PPR Junín no se habilitarán, mejorarán o construirán carreteras, en una jurisdicción en la que sólo el 3% de las vías de carácter regional están asfaltadas. La región queda en este aspecto a espera de un presupuesto para proyectos especiales desde el Gobierno Central, modalidad que contraviene el proceso de descentralización y subestima el aporte local en identificar escenarios de inversión pública que tengan impacto en la diversificación de la economía productiva local, aspecto clave para cerrarle el paso al narcotráfico.

Quienes reducen la gobernabilidad del VRAE a la necesidad de fortalecer una autoridad político – militar autónoma olvidan que los que conocen mejor los problemas son aquellos que los sufren. Al alejar de los poderes locales las decisiones de los planes e inversiones necesarias para brindar alternativas de inclusión social y económica para el VRAE, se posterga la principal responsabilidad estatal: el diseño de un esquema de recursos financieros, herramientas legales e insumos para el desarrollo regional.

El conflicto en el VRAE no es sólo de «orden interno» sino de desigualdad social, falta de oportunidades y poca atención del Estado, acentuada por la exclusión históricamente padecida por la población de la selva de nuestro país. Ofrecimientos como instalación de postas médicas o la mejora de la infraestructura escolar, además de afrontar de manera superficial el reto de llevar al VRAE la «presencia del Estado», no traen aparejadas medidas para garantizar la calidad de los servicios que se prestan. Esta «presencia del Estado» no puede darse al margen de un plan integral para la región selva central, con objetivos claros en todos los ejes del desarrollo.

desco Opina - Regional / 18 de mayo de 2012
Programa Selva Central
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Desmadres en el Gabinete

La renuncia irrevocable de los ministros de Defensa y del Interior parece haber logrado, en lo inmediato, aliviar la presión sobre el gabinete Valdés. Los renunciantes, dicho sea de paso, fueron hombres de confianza del Premier en el ministerio del Interior. Por otro lado, la renuncia llega al momento final, cuando estos integrantes del gabinete se sintieron acorralados, dando la imagen de un gobierno con poca previsión, que cede justo antes de su derrota total. Esto deja una sensación similar a la que existe sobre Conga: la tensión baja, pero el horizonte se percibe turbulento.

Es preciso recordar que el inicio de las ’hostilidades’ en Cajamarca marcó el distanciamiento con el primer gabinete de este gobierno. ¿Cómo así, entonces, un tema como las muertes de soldados y policías que ha generado una legítima corriente de indignación ciudadana y que ha desnudado de forma clamorosa las carencias operativas del Estado en una zona del territorio nacional, no podía hacer que dos ministros, en vez de agravar su situación con cada explicación que daban, asuman su legítima responsabilidad política? ¿Y por qué la bancada oficialista, salvando excepciones, estaba dispuesta a inmolarse en la hoguera defendiendo a los ministros con argumentos tan débiles como el que planteaba que la censura era un triunfo para el ahora llamado «narco terrorismo»?

Lamentablemente, parece que en este tema también, el entorno presidencial está pesando demasiado en las consideraciones y el cálculo de lo aceptable como costo político, tal vez con una concepción que ya aparece como retorcida por tanto «pragmatismo». Hasta hace unos días, las declaraciones de Freddy Otárola contra Javier Diez Canseco y contra la censura, daban a entender una subordinación total a la consigna del blindaje.

¿Se tratará de una subordinación psicológica de buena parte de la bancada con lo que ellos creían que quería el Presidente? Sea como fuere, se dejó a estos defensores de oficio deslegitimarse ante los ojos de la ciudadanía. Y más aún, la situación abrió la puerta a coqueteos con sectores del fujimorismo que se sienten cercanos, y con cierta razón, al Primer Ministro, personaje que amagó con alejarse, pero que hoy busca afianzar su posición al anunciar cambios en los mandos militares en el VRAE. ¿Si esa iba a hacer la línea de respuesta al fracaso de las operaciones emprendidas, porqué no se implementó antes?

Así las cosas, es inevitable la sensación de improvisación y hasta cierto punto de desgobierno en vista de la falta de respuesta para estos asuntos como para otros que no han sido relevados en la coyuntura, pero que van en la misma dirección: la incapacidad para completar el Directorio del BCR o al Defensor del Pueblo, las claras señales de corrupción en la pesca, la dificultad para responder a los desafíos que plantea la minería informal en pie de lucha y con toma de carreteras incluida, por no mencionar temas cotidianos que brindan la oportunidad de dar señales de alguna eficiencia como en el caso de los delfines y aves muertas. Los desastres en el VRAE y La Convención pueden suponer la decisión responsable de afectar intereses que ningún gobierno se atrevió a tocar por décadas. La forma de hacerlo, sin embargo, ha sido temeraria e irresponsable y definitivamente poco transparente e incluso chapucera.

En ese contexto, prospera el cálculo para explotar estos «reveses» mediante la glorificación y la transformación en ‘héroe’ de todo miembro de las FFAA o de la policía abatido, tratando de hacer virtud del defecto. A su vez, esto sirve para revivir el caso de los comandos de la operación Chavín de Huántar para, supuestamente, presentar un frente unido contra el ‘terrorismo’. El favor que se hace al fujimorismo es evidente aunque no estamos seguros si siempre inconsciente. A fin de cuentas, a río revuelto, ganancia de pescadores, tanto mayor si éstos son avispados.

Solo nos queda esperar que el gobierno actúe con mayor transparencia de ahora en adelante y que deje de lado el triunfalismo que lo acompañó tras la caída de ‘Artemio’. La nominación de ministros capaces para Defensa e Interior, aún cuando no sean del círculo del debilitado Premier, sería una buena señal.

desco Opina /  11 de mayo de 2012

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El re relanzamiento de la descentralización

A fines del año pasado el Ejecutivo hizo pública la propuesta del Plan Nacional de Descentralización y Regionalización (PNDR) 2012-2016, elaborado por la Secretaría de Descentralización (SD). A pesar de que para enero de este año estaba comprometida la consulta del PNDR en las 25 regiones del país, el Secretario Alberto Muñoz Nájar, ha anunciado el relanzamiento de la regionalización.

Días antes del anuncio del relanzamiento el Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, presentó el Informe Anual del Proceso de Descentralización 2011 en el que precisa que «el PNDR actualmente está en revisión para someterlo a consulta y lograr su validación final», sin precisar cuándo concluirá esta revisión y sobre qué puntos habrá cambios, o si esta revisión reemplaza o precede a la consulta anteriormente comprometida. En este ambiente de revisiones inopinadas, Muñoz Nájar ha anunciado, además, el inicio de una gira por el sur del país para redefinir las políticas descentralistas.

¿Por qué es importante el PNDR? En primer lugar, plantea que el proceso de descentralización debe responder a un enfoque territorial, esto significa que el proceso debe partir del reconocimiento de las potencialidades de cada departamento para plantear una serie de políticas que los articulen de una manera integral en un espacio territorial mayor: las regiones. De allí que las Juntas Interregionales hayan identificado los proyectos conjuntos que crean una noción del territorio que no se agota en los límites departamentales. Un reto decisivo para el relanzamiento del proceso es la determinación de este espacio territorial mayor.

En ese sentido, hay dos normas sobre las que debería estar trabajando la Secretaría de Descentralización para que se aprueben en un mediano plazo: la descentralización fiscal y el ordenamiento territorial, dos instrumentos de gestión necesarios para avanzar en el proceso, sin que esto signifique la federalización del Estado (el temor más grande de Valdés, que en todo momento habla en su informe de un Estado unitario e indivisible).

La descentralización fiscal ha motivado un arduo trabajo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales así como de la Asociación de Municipalidades del Perú y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. El resultado es una propuesta técnicamente sólida que, en esencia, plantea ampliar la base de tributos generados en las regiones con los diversos tipos de impuestos que ahí se generan (y no solo con el impuesto a la renta que pagan las grandes compañías, como las mineras) y estandarizar una metodología transparente y más predecible que los cálculos que año a año realiza el MEF en base a criterios poco claros. El fin es reducir las enormes brechas que separan a las regiones con la «suerte» de tener recursos naturales explotables, de las que no. Los picos de transferencias desde el Gobierno Nacional a las regiones más «ricas» podrían disminuir ligeramente, pero a costa de una mayor predictibilidad del sistema y de una mayor equidad, precisamente lo que corresponde a un Estado «unitario e indivisible».

Por otro lado, la Ley de ordenamiento territorial que, según la óptica con que se vea, puede ser considerada un freno para la inversión (posiblemente un argumento que se utilice interesadamente para vetar la aprobación de esta norma) o una herramienta para planificar ordenadamente la inversión, que contribuya, por ejemplo, a evitar que el Ejecutivo siga otorgando concesiones sin tomar en cuenta las potencialidades territoriales de cada departamento, los efectos del cambio climático, entre otras variables que alimentan los conflictos sociales.

Sí, es necesario desarrollar las líneas del nuevo proceso de descentralización planteadas por Muñoz Nájar, tales como la promoción de la inversión pública descentralizada para que las gestiones locales y regionales ofrezcan mejores resultados, así como enfocarse en el fortalecimiento institucional para alcanzar el mismo fin; sin embargo, creemos necesario que la SD, como ente rector del proceso de descentralización, defina de una vez por todas su plan de acción, es decir, el PNDR revisado y consensuado.

Estamos seguros que la consulta de este instrumento solo reforzará el pedido desde todas las regiones por procesos que se congregan, entre otras líneas, en los citados procesos de ordenamiento territorial y descentralización fiscal. Al parecer, la orientación del actual Premier, parece entender la «unidad» como el mantenimiento de la dependencia de las regiones a las decisiones a menudo discrecionales del Gobierno Nacional. La suerte de «shock de inversiones» planteada para Cajamarca como salida al conflicto de Conga pone de relieve esta aversión por avanzar en la autonomía de las regiones del país, ya que pasan por encima a las autoridades democráticamente electas. ¿Este nuevo relanzamiento guardará las claves para profundizar la descentralización que queremos?

desco Opina - Regional / 4 de mayo de 2012
Programa Regional Sur
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El Sacha VRAE

A diez meses de iniciada su gestión, el presidente Humala debe lidiar con los primeros síntomas de desgaste. Exitoso en mantenerse a distancia de la caída del vicepresidente Chehade y de los sinsabores causados por sus hermanos Alexis y Antauro, hoy Humala es víctima nada menos que de la imagen que intenta transmitir. Al revés del dicho, son las circunstancias las que no están a la altura que pretende el Presidente.

Los entretelones de la llamada «Operación Libertad» muestran, en primer lugar, lo lejos que las fuerzas combinadas del Ejército y la Policía están de manejar adecuadamente la derrota de Sendero Luminoso. Humala y su entorno pecaron de exitismo al querer duplicar los dividendos que supuso la captura de «Artemio» hace unos meses y con ese objetivo presentaron la liberación de los rehenes de Kepashiato como producto de la supuesta presión ejercida por las fuerzas del orden sobre la columna senderista. Las revelaciones periodísticas y las desafiantes declaraciones del senderista «Gabriel» muestran la fragilidad de la imagen presidencial cuando esta se sostiene en la fantasía de que «todo está bajo control», alimentada por los mandos militares.

De fondo, algunos temas llaman a preocupación. En primer lugar, es claro que no existe una estrategia ante los escenarios de seguridad interna que se derivan ya no solamente del narcotráfico, sino también del aún invisible entramado social, económico y político que viene provocando la operación de inversiones extractivas en los territorios amazónicos La conversión de columnas armadas –en las que apenas puede rastrearse el componente ideológico– en aparatos de extorsión a empresas principalmente extranjeras es un componente que el Estado no debe subestimar intentando encajar en el discurso de la «lucha contrasubversiva». Nada impide que el cobro de cupos sea enfrentado con mucho pragmatismo por los inversionistas, lo que crecientemente supondrá un problema de gobernabilidad en el centro del eje energético del país.

En segundo lugar, surge la pregunta por la capacidad de nuestra democracia para hacer frente a situaciones de conflicto. La región militar del VRAE, creada en 2009 por el gobierno del APRA, no comprende el distrito de Echarate, donde desde 2010 se reporta actuación de subversivos en operaciones del narcotráfico y donde hoy se ha trasladado la persecución a «Gabriel». Nuestra historia reciente nos ha dejado cargados de lecciones –por lo visto inútiles– sobre lo que ocurre cuando el mando militar prima sobre los gobiernos civiles: a cuenta gotas la prensa informa sobre las etnias desplazadas y los bombardeos en áreas pobladas por civiles. 

Vemos así cómo un proceso que debería despertar la unidad de los peruanos, como lo es la derrota final de Sendero Luminoso, termina en realidad teñida de cuestionamientos. Mientras el Premier, el ministro de Defensa y los adeptos al poder quieren ver en esto mezquindad y hasta complicidad con el senderismo, lo cierto es que no hay que ser especialmente crítico con el gobierno para notar sus deficiencias en el manejo civil y militar de la situación. Como vemos, no sólo en lo relativo al proyecto Conga Humala tiene serios problemas para gobernar un «modelo económico» que se sostiene tanto en la actuación de las grandes extractivas, como en los recursos de la coca ilegal y el «chorreo» de la minería informal.

desco Opina /  27 de abril de 2012
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Un Nuevo Plan para Lima: Que participen todos

El gobierno del ex - alcalde de Lima Luis Castañeda fue una acumulación de obras centradas casi exclusivamente en la vialidad y el transporte, algunas exitosas, pero dispersas y descoordinadas en la medida en que no respondían a una orientación integral. Lamentablemente, no se trató de un gobierno que se propusiera actuar en los campos del desarrollo económico local o el desarrollo humano, dos dimensiones que debieran considerarse ineludibles para estar a la altura de los retos y necesidades de la urbe más grande y poblada del país.

Un reflejo de este desinterés por una visión integral para Lima es que se haya gobernado al margen del Plan de Desarrollo vigente, al punto que al caducar el mismo, la administración Castañeda no hizo ninguna previsión para actualizarlo. La actual gestión metropolitana, que se propuso superar esta situación, convocó la elaboración del Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana al 2025. A la fecha se realizan Mesas Temáticas en las distintas “Limas”, con una dinámica participativa en la que se consulta sectorialmente a la sociedad civil organizada en sus gremios, sindicatos, asociaciones vecinales y grupos de interés local.

Reconocer la necesidad de contar con un plan de desarrollo significa admitir que la equidad distributiva no es consecuencia lineal de un manejo equilibrado de las cuentas, ni producto de una mera suma de esfuerzos individuales. En este sentido, la tarea de planeamiento se dirige a definir un marco común en función de prioridades, no sólo para la gestión municipal, sino para todos los actores de la ciudad. A este llamado no escapa el sector privado, entendiéndose por el mismo tanto a los capitales que empiezan en pequeños y medianos emprendimientos, como a los grandes complejos corporativos, ambos con fuertes impactos en el paisaje y la economía urbana, especialmente cuando se trata del desarrollo inmobiliario o las mega superficies comerciales, por mencionar apenas dos de los negocios más dinámicos de la ciudad. Esperamos que estos sectores acudan a las instancias de consulta que el equipo del PLAN ha previsto para ellos, recordándoles que es la falta de una visión para la ciudad la que la ha sumido en el desorden y la inseguridad y que, a la larga, es insostenible la bonanza basada en la acumulación rápida y el consumo superficial de bienes.

Nuestra capital refleja bien la tensión nacional entre una macro economía estable y una sociedad que dista mucho de sentirse segura y saludable: las alarmantes tasas de criminalidad, los altos costes en la atención de la salud y las vergonzosas cifras de la persistencia de la tuberculosis, contrastan con los optimistas y superficiales cálculos sobre cuántos celulares posee la gente o lo bien que se come en los cosmopolitas restaurantes capitalinos. Para distanciarse de esta paradoja, con la convocatoria a formular el Plan de Lima, la ciudad se ha propuesto trazar un nuevo horizonte. Lima quiere y necesita alejarse de la perversa cultura del corto plazo, aquella que nos hace repetir una y otra vez la historia de los acontecimientos que pudiéndose prever, se convierten absurdamente en desastres, como ha ocurrido en las recientes semanas en Chosica.

desco Opina - Regional / 20 de abril de 2012
Programa Urbano

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Kepashiato

A inicios de la semana, la captura y secuestro de más de 40 trabajadores de las empresas Skanska y Coga vinculadas al consorcio Camisea, remeció al país. La incursión de una columna armada en el centro poblado menor de Kepashiato y su posterior desaparición en la poco accesible geografía que rodea al distrito de Echarate, pone en cuestión la estrategia antisubversiva que viene llevando adelante el gobierno, en una zona donde los vínculos de los senderistas con el narcotráfico son tan evidentes como la pobreza de buena parte del valle de los ríos Apurímac y Ene. El sorprendente silencio gubernamental sobre los sucesos llega al extremo que transcurridos varios días del mismo, aún se desconoce con exactitud el número y la identidad de los rehenes.

Mientras buena parte de las autoridades nacionales estaban más preocupadas por atender –felizmente con éxito en este caso- el rescate de los nueve mineros informales atrapados en un derrumbe en la mina Cabeza de Negro en Ica, la alcaldesa de La Convención era de las pocas que aparecían desmintiendo la información inicial del Ministerio Público, que señalaba la liberación de un grupo de los secuestrados. El comunicado del Ministerio de Defensa anunciando el envío de un fuerte contingente militar para hacer frente a la situación, y el anuncio de la constitución de un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es absolutamente insuficiente y evidencia el desconcierto gubernamental.

La operación de los subversivos no puede ser una sorpresa para el Estado. Máxime si existe el antecedente de un hecho similar el año 2003, cuando los senderistas capturaron y retuvieron a más de 50 trabajadores de la empresa Techint en Toccate, liberándolos, tras una presumible exitosa negociación con la empresa, la que explicaría por qué ésta pudo seguir operando sin que se sucedieran problemas parecidos.

En esta ocasión, el senderismo, defendiendo ahora una supuesta política de Frente Único Democrático, exige diez millones de dólares, además de una contribución anual que superaría el millón de dólares, contra el compromiso de respetar el trabajo posterior de las empresas involucradas. En otras palabras, un negocio a gran escala, no muy distinto al que llevan adelante las distintas bandas de extorsionadores, dirigidas, todo indica, desde varios de los penales del país.

El gobierno se ve así asediado desde un flanco distinto en su intención de garantizar un ambiente adecuado para las grandes inversiones. Si Cajamarca y Conga lo interpelan política y socialmente, Kepashiato lo hace en su capacidad de garantizar la seguridad en una zona estratégica del territorio nacional. En consecuencia, es evidente que está en la obligación de dar una explicación clara de lo que viene ocurriendo y del curso de su acción. Son más de cuarenta personas las víctimas directas en esta ocasión, pero de la misma gravedad es la demostración de la vulnerabilidad de este territorio neurálgico para el presente y el futuro energético del país, donde parece movilizarse con comodidad este grupo subversivo.

Si la captura de Artemio fue una victoria importante para el país y un logro que le dio importantes dividendos a la popularidad presidencial, el ataque de Kepashiato nos golpea duramente a todos y obliga a las autoridades a revisar y replantear una estrategia que se ha demostrado definitivamente limitada.

desco Opina / 13 de abril de 2012

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