CHINCHA 2009, TESTIMONIOS DE LA AUTORECONSTRUCCIÓN

El segundo aniversario del terremoto ocurrido en el sur peruano ha sido objeto de numerosos comentarios críticos. Desde la política se ha destacado que el reciente mensaje presidencial por las Fiestas Patrias no mencionó palabra alguna sobre las labores de recuperación luego del terremoto. No sorprendió tampoco que la semana anterior al segundo aniversario fuéramos testigos de una diarrea de anuncios de inauguraciones y de promesas para el presupuesto del año 2010. Las autoridades tratan de mostrar sus acciones y justificar los magros resultados. La ocasión para criticarse unos a otros no es una sorpresa. El gobierno central acusa a las regiones de incapacidad de gasto y las regiones replican con lo mismo. Si de poder a poder se trata, la opinión pública se inclina a pensar que hay falta de voluntad política del Gobierno Central, haciéndose eco de la sensación de abandono y la desidia frente a las necesidades de la reconstrucción que observan las familias de la región afectada.

El terremoto ha ocurrido en una zona privilegiada del país. Su cercanía a la capital no es solamente un asunto de la carretera pavimentada y los buses que parten de Ica a Lima y viceversa cada 7 minutos. También es una cercanía a las costumbres costeñas y limeñas, a sus gastronomía, dulces y música. Es la cercanía a las clases más acomodadas del Perú, tanto por lazos familiares, también por sus playas y por la creciente inversión que empresarios de la capital hacen en la agricultura agroexportadora del sur, que experimenta un impresionante crecimiento.

Todo ello ha motivado la proximidad mediática y el eco a las quejas de los afectados de las ciudades más destruidas, en particular Pisco y Chincha. Esta proximidad también explica la falta de interés de la prensa en lo que sucede en Yauyos, Huaytará y Castrovirreyna, provincias serranas y pobres también afectadas por el (mismo) terremoto.

Los ciudadanos comunes y corrientes debiéramos imaginar por un instante lo que hubiera sucedido en Huancavelica, Apurímac o Puno si 600 personas hubieran fallecido y 75,000 viviendas así como sus escuelas y hospitales se hubieran venido abajo. La "cercanía" no sería la misma, lo que muestra la profunda desigualdad que existe en el país. Serían mucho menos las instituciones, personas y empresas las que se alinearían detrás de una solidaridad con la sociedad afectada. La solidaridad misma también tiene gradaciones.

Pero, si la cercanía física y emocional de la costa de Ica al poder es tanta, ¿por qué solamente se han edificado 550 de las 1100 aulas de escuela destruídas? ¿Por qué se ha entregado menos de 30,000 bonos de ayuda al daminificado cuando la ley señaló que toda aquella familia, sea propietaria, posesionaria o inquilina, esto es, 75,000 viviendas donde vivían cerca de 100,000 familias sería acreedora a ese subsidio de emergencia?

Las declaraciones grabadas que acompañan esta nota, testimonios tomados en agosto de este año en diversas localidades chinchanas, nos remiten a una situación sobre la cual los peruanos tenemos poca sensibilidad. El tema de la reconstrucción de la vivienda y de la economía local.

Los peruanos --pueblo y autoridades-- sabemos actuar en casos de emergencia y tenemos algunas nociones sobre lo que es la prevención de desastres. Pero no tenemos claro lo que significan los procesos de reconstrucción. Para el gobierno actual reconstruir significa "reponer lo que había", ignorando así que la tan mentada oportunidad que abre toda crisis era la del desarrollo integral de un vasto territorio. Por esa razón, no han faltado memoriosos que nos recuerden actitudes totalmente diferentes del gobierno central frente al terremoto de Ancash (1970) y de las autoridades central y local cuando los terremotos destruyeran Arequipa (1960) y Cusco (1950). Los planes de reconstrucción de entonces, aunque rudimentarios tenían mucho mayor visión que la broma con gusto 7.9º que publicara el FORSUR antes de desentenderse de su responsabilidad. Es indignante encontrar allí dibujos absurdos de propuestas de vivienda rural sin servicios higiénicos, pero con excelentes tecnologías que no han podido ser implementadas con el bono 6000, excepto allí donde la cooperación extranjera y la no gubernamental pisaron fuerte y forzaron la mano a las propias autoridades nacionales.

Reconstruido el aparato productivo de los grandes en el sur, se ignoró que la realidad del pujante Sur Chico de Lima también es de pobreza y discriminación... al igual que en el resto del país. Esa parte --la de la gente-- es la que no se ha reconstruido de manera oficial. Ni siquiera se piensa en ello.

La destrucción masiva de territorios y economías locales demanda una acción pública para todo el teritorio y no sólo para algunos. Demanda planes y un papel rector del Estado. El gobierno actual sigue creyendo en lo que la realidad ha desmentido: que la economía popular se reconstruye de manera automática y que la pobreza termina por goteo o chorreo. En fin, el gobierno no se preocupa en apoyar las pequeñas iniciativas privadas esto es, las de la auto reconstrucción.

Las familias han demostrado gran capacidad de reponerse a la situación, de combinar los distintos recursos disponibles, incluyendo las vitales ayudas durante la emergencia. De lo que se trata ahora no es de "ayuda" ni de más donaciones. Ahora la solidaridad tiene que expresarse en planes regionales (que debieran ser nacionales) que faciliten los numerosísimos procesos e iniciativas puntuales e individuales para producir y para construir un nuevo futuro.

Era -- y aún queda-- la oportunidad para empezar desde el principio. La oportunidad para que no se reconstruya la informalidad, la oportunidad para que las familias edifiquen viviendas que no se vayan a caer de nuevo, la oportunidad para el pequeño productor agrícola para cultivar mejor, para la Sierra Exportadora. Era también la oportunidad para desarrollar modelos de gestión que fortalezcan en vez de menospreciar sibilinamente a las municipalidades, también damnificadas por el terremoto. Era la oportunidad dorada para mostrar la posibilidad del desarrollo nacional sin exclusión.

cHINCHA 2009, TESTIMONIOS DE LA AUTORECONSTRUCCIÓN

Participaron.
En Grocio Prado: Juan Pablo Castilla y familia, Eusebio Tasayco, Jaime Orlando, Eduardo Ávalos y familia, Jackeline Saravia y familia
En Chincha Alta: Juan Gutiérrez e Isabel de Gutiérrez, Erlinda Castro y familia
En Chincha Baja: Miguel Angel Araujo
En Pueblo Nuevo: Alcides De la Cruz, Germán Piñan, Alberto Vera, Juan Tornero
En Tambo De Mora: Julia Ormeño, Melchorita Ormeño, Ana Melba Ramírez
En Nuevo Tambo de Mora: Familia Sotelo
En Cruz Verde-Tambo De Mora: Aral Caqui y Elvira Gonzáles, José Iraola y Carmen Rosa Rojas, Francisco Arango y familia

Producción. Desco- Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo
Concepto, investigación y guión. Teresa Cabrera, Gustavo Riofrío, Mario Zolezzi
Con el apoyo de Juan Tokeshi, Paul Sánchez, Claudia Canchaya
Cámara, edición y post producción. Carlos García - Monoloco Producciones
Gracias a Asociación Solidaridad Países Emergentes-ASPEM y Associazione Volontari per il Servizio Internazionale-ASVI por la colaboración de sus equipos en Chincha.

Agradecimiento especial: UN-HABITAT / ROLAC

Viaje sin novedad

desco Opina - Regional / 14 de agosto de 2009

Desde el 21 de julio, fecha en que entró en vigencia el nuevo Código de Tránsito, se han impuesto alrededor de 9 mil multas a nivel nacional, de las cuales 6 mil –67 por ciento– corresponden a la ciudad de Lima. Cabe preguntarse ¿realmente estas cifras indican una reducción en las infracciones? Más aún, ¿realmente se está produciendo un cambio?

En efecto, se ha reducido el número de multas por infracción, pero los usuarios no están convencidos de los datos oficiales, pues ello no significa que se haya producido un cambio sustancial orientado al respeto a la ley y al usuario. Ante la probabilidad de una fuerte multa, es visible una mayor preocupación por parte de los conductores de servicio público y, de otro lado, se aprecia un mayor control en las unidades de transporte público respecto al uso de paraderos y lugares de estacionamiento. Sin embargo, estos detalles siempre están supeditados a la presencia de efectivos policiales.

Recordemos que el nuevo Código de Tránsito fue promovido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como respuesta al alto índice de accidentes a nivel nacional y, en especial, en Lima, durante los pasados meses. Pero, ante la mayor dureza de las sanciones, el gremio de transportistas optó por la protesta contra las medidas tomadas por el Ministerio de Transportes, que imponía sendas multas y amenazas de traslado del vehículo infractor al depósito. Mientras tanto, los usuarios no tuvieron voz.

Ante la presión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, retrocedió con el argumento de priorizar el diálogo y la búsqueda de consenso, que devinieron en acuerdos. El ministro prefirió una postura flexible y transigir en algunos puntos que eran objeto de controversia –por existir entonces una coyuntura delicada para el gobierno– con consideraciones menos duras para los infractores que cometen faltas leves, como por ejemplo el decomiso del brevete.

De esta manera, encontramos dos aspectos importantes que resaltar sobre el ordenamiento del tránsito en la ciudad. De un lado, se anteponen intereses políticos coyunturales al beneficio de la mayoría, lo que no es ninguna novedad pero que a la larga agrava la situación y, de otro lado, se pretende generar un cambio en la cultura del conductor y de las autoridades.

Sobre lo primero, sería necesario plantear normas claras que puedan solucionar efectivamente el problema y que no se «derritan» ante la presión de los sectores que tienen intereses directos, aun cuando su potencial electoral sea importante: creemos importante resaltar que quien comete una falta debe ser sancionado.

Con respecto a la sanción, existe el riesgo que las multas elevadas propicien la corrupción y la coima en la negociación callejera, como muchos de nosotros hemos visto con lamentable frecuencia. Ello tiene que ver con la cultura enraizada –choferes, policías y usuarios– que se pretende cambiar y, otra vez, nos encontramos con diversos actores sociales involucrados –pero no comprometidos– con la solución del problema.

Mientras el efectivo policial sea un comisionista de la multa en tanto percibe el 25% de la misma, no podremos estar libres de negociaciones clandestinas en las vías. Y allí juegan un rol importante y hasta ahora no asumido, tanto las municipalidades como varios ministerios.

Por su parte, el triunfal anuncio del Ministro de Transportes, respecto a que 365 choferes son sancionados diariamente, nos parece un dato interesante para contrastar con las 1500 papeletas diarias que se emitían antes de la vigencia de este código. Pero, a la iniciativa le falta aún el sustento de la educación vial, de la campaña en concordancia con los medios, con la responsabilidad de los Ministerios de Educación y del Interior y con el liderazgo de la Municipalidad de Lima, que es la institución que tiene los recursos necesarios para tutelar el orden, el transporte y seguridad en la ciudad.

Así, la vigencia y puesta en marcha del Código de Tránsito debe ir articulado con un plan integral que solucione problemas esenciales de las ciudadanas y ciudadanos que se transportan diariamente por las vías de Lima, en concordancia con las necesidades de los que caminan por las calles, donde el gobierno metropolitano es el llamado a poner orden.

No hay solución específica ni parcial para un problema de amplio espectro: ésta debe involucrar a todos los sectores comprometidos. Si bien es cierto que en tiempos de gripe AH1N1 y de conflictos en el interior del país que requieren de atención inmediata del gobierno central y que absorben la atención de la opinión pública, el transporte no es un tema esporádico: se ha desarrollado y evolucionado con la ciudad, donde después de la época de los autos y buses empezaron a circular colectivos y mototaxis y, en el interior de ellos, personas con derechos, que requieren transportarse «sin novedad».

desco Opina - Regional / 14 de agosto 2009
Programa Urbano
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Mensaje, verbo y cintura

desco Opina / 7 de agosto de 2009

Pensábamos que al cumplirse tres años de su mandato, Alan García ya no tendría reflejos y que con la designación de Yehude Simon para el premierato había agotado su capacidad de sorprendernos. Cuán equivocados estábamos. En su Mensaje a la Nación expuso, una vez más, su destreza para la pirotecnia verbal, para ir colocando sigilosamente sus fichas para las elecciones 2010-2011.

Como se esperaba, no dijo nada sobre la situación de la lucha contra la corrupción. Tampoco abundó, salvo generalidades, sobre la conflictividad social. Menos aún sobre los efectos de la crisis internacional en la economía de los peruanos. Sin embargo, sí buscó impactar sobre un terreno impensado: la descentralización y los gobiernos locales.

Nos anunció a los peruanos que hacia adelante tendríamos una descentralización popular: se promocionaría a los denominados «núcleos ejecutores», ya sea comunales o juveniles, con la finalidad de incentivar más participación directa de la ciudadanía en la ejecución de los recursos públicos. Como este es el modelo seguido por FONCODES, inmediatamente saltaron las sospechas sobre si sería esta entidad la que conduciría el proceso. Presto, García afirmó que no. Después de su mensaje por Fiestas Patrias, mediante una columna de opinión en el diario El Comercio, señaló que estos núcleos ejecutores y su multiplicación de demandas deberán dirigirse hacia los gobiernos locales y regionales para que afinen técnicamente y financien sus obras.

Como ya sabemos que no hay capacidad técnica suficiente para soportar esta probable superposición de pedidos y, además, gran parte de los recursos que se dicen disponibles están comprometidos para el presupuesto participativo, podemos intuir el desmadre que puede ocurrir si no se pone un poco de orden a las cosas. Pero, como podrá sospecharse, la intención de García no se conduce hacia el fortalecimiento de la descentralización y de los gobiernos locales. Lo que parece haber visualizado es que en estos ámbitos van a discurrir claves importantes para la negociación política que rodeará el contexto electoral que está en la puerta.

Así, busca ganar espacios entre las autoridades municipales y regionales. De la misma manera como los apristas los desdeñaron tiempo atrás, por considerarlos poco significativos en términos políticos, ahora parecen revalorarlos y, al respecto, nada resulta mejor que repartir recursos y poner a la defensiva a las referidas autoridades.

En este mismo encuadre político debemos colocar su anuncio de una segunda vuelta para las elecciones regionales. Este es un pedido que se formuló reiteradamente en años anteriores y siempre contó con la oposición aprista. Ven ahora la oportunidad de implementarlo y, seguramente, la decisión tiene relación con las necesidades de corto plazo del partido gobernante, en donde ya deben estar imaginando la fuerza de negociación que les daría un buen conjunto de presidentes regionales militantes o consejos regionales bajo su influencia, en la campaña del 2011.

Una última cuestión es lo que señaló respecto al FONCOMUN. Anunció una restitución –casi una concesión graciosa– para compensar las pérdidas sufridas por la disminución en la recaudación del IGV, principal fuente del referido fondo. Lo que no dijo García, es que las transferencias hacia las municipalidades han disminuido no solamente por ese motivo sino también por la centralización de la gestión de programas sociales y por lo que se restó a las municipalidades para formar la Reserva de Contingencia, destinada a asistir a los sectores impactados por la crisis internacional, y el Fondo de Promoción de la Inversión Pública Regional y Local del 2009, para que los gobiernos locales puedan acceder al cofinanciamiento de sus proyectos de inversión, mediante concursos.

También afirmó que aumentaría progresivamente el porcentaje del IGV destinado al FONCOMUN: del 2% al 4%. Tampoco está mal el anuncio y debe aceptarse. Pero, como no viene acompañado de medidas que busquen mayor transparencia y rendición de cuentas en los gobiernos locales, la mayor cantidad de recursos no están suponiendo mejor gestión.

Así vienen las cosas. El Presidente ha sido bastante claro en advertirnos que tiene la llave de la caja y puede repartir según sus conveniencias. También al menos parte del mango de la sartén y, sin lugar a dudas, que ha decidido probar suerte en la política local y regional. Queremos suponer que la oposición ya está buscando ganarle la iniciativa.

desco Opina / 7 de agosto 2009
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El gabinete Velásquez Quesquén

desco opina/ 27 de julio de 2009

La designación del nuevo gabinete en el que confluyen algunas de las figuras más «duras» del bloque en el gobierno (los ministros Rey y Pastor) y representantes del gran capital vinculados a los grupos económicos de poder (el ministro Martín Pérez), indica el camino por el que optará el Presidente de cara al 2011: el endurecimiento de su relación con la sociedad, la criminalización de la protesta social y la anatemización de la oposición, así como el paulatino desconocimiento de los acuerdos firmados por el ex Premier Simon, como parte de la defensa ciega de un modelo económico que muestra señales claras de agotamiento. Por si alguna duda cabe, las declaraciones iniciales de varios de los nuevos responsables de los sectores, anunciando la necesidad de recuperar el orden y la autoridad, ratificaron esta apreciación. Que el orden que se anuncia, aparezca en esos discursos vinculado a pálidas referencias a la inclusión, nos parece que resulta irrelevante.

¿Qué explica la composición del nuevo gabinete, decidido sin duda en su totalidad por el Presidente García? Más allá de las eventuales reticencias de algunas otras personas consultadas para ocupar el Premierato, parece claro que el mandatario optó por un gabinete de choque que le permita enfrentar en el corto plazo y con dureza la conflictividad creciente que afecta su gestión. Que un gabinete con ese rol se desgaste rápidamente parece no preocuparle, porque seguramente piensa reemplazarlo para el tramo final de su mandato, por otro de corte más populista de acuerdo a las necesidades electorales, que predominarán notoriamente a lo largo del 2010. Reprimo y confronto hoy día para acallar la protesta y el malestar social; contemporizo y redistribuyo un poco para ganar votos mañana, pareciera ser su hoja de ruta hacia el 2011.

Complementariamente, se puede especular que con la nueva composición ministerial, Alan García atiende el problema interno del APRA: le concede participación mayor en las decisiones de su gobierno a la actual conducción del partido de Alfonso Ugarte y por esa vía, facilita una mayor presencia de los «cuarentones» afines a él (Omar Quezada), en el partido. La movida no es fácil, porque en ella, Jorge del Castillo quien parece disputar la Secretaría General, coloca también a algunas figuras muy próximas a él –el propio Premier Velásquez Quesquén y Aurelio Pastor– en el Ejecutivo. Como resulta obvio, con tales acomodos, el Presidente se reserva la condición de gran orquestador de la futura candidatura presidencial del actual bloque en el gobierno.

En este esquema, la combinación de represión y mecedora de la protesta en un primer momento, y el reparto populista de algunos recursos en uno segundo, debiera bastar para contener la protesta social por unos meses, cuando el inicio abierto de la campaña electoral –recordemos que las elecciones subnacionales son en noviembre del 2010–, creen, desplazaría el centro de la acción social hacia el escenario electoral abierto. En esta perspectiva, el mandatario y su entorno seguramente consideran que el desgaste de la energía social desplegada en las últimas semanas y las dificultades de representación que se observan en el campo popular, por demás fragmentado, juegan a su favor.

Además, la composición del gabinete ministerial también estaría otorgando algunas luces sobre los posibles contenidos del discurso presidencial de Fiestas Patrias. Como suele suceder, un gobierno que ingresa al tercer año difícilmente anuncia novedades y, en su lugar, propende a mostrar resultados mirando siempre a las coyunturas electorales que se avecinan. Seguramente, este será el caso, aun cuando varias cuestiones cruciales –conflictividad social, impacto de la crisis internacional, programas sociales, entre otros– merecerían ser tratadas con amplitud. Es decir, hay una amplia agenda que necesita ser aclarada, pero es posible que asistamos a un festival de artificios y recursos retóricos que se utilizarán para cubrir un pobre desempeño que está a la vista de todos. Estamos advertidos.

desco opina / 24 de julio 2009
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En la selva no hay estrellas sino estrellados

desco Opina - Regional / 17 de julio de 2009

Tras el desborde de las comunidades nativas de la selva central, que se produjo como respuesta solidaria con los hermanos fallecidos en Bagua, el ex premier Yehude Simon logró un forzado acuerdo para derogar los decretos legislativos que incendiaron la Amazonía. Aunque al retroceso gubernamental se le quiso dar apariencia de paternal dignidad y no de derrota, lo real es que en menos de un año los errores de lectura de la sociedad indígena, lo hicieron tropezar dos veces con la misma piedra.

Ahora debemos preguntarnos si el conflicto con los pueblos amazónicos se ha resuelto totalmente o sólo se ha distendido hasta nuevos momentos en que reaparecerá con otros matices. Desde nuestro punto de vista, se intenta cambiar algunas formas pero el fondo de la relación sigue siendo la misma, ya que los motivos del distanciamiento no han podido y no podrán ser absueltos en el corto plazo, porque están anidados en un ámbito estructural.

En primer lugar, si bien el acuerdo busca conformar una entidad que investigue las causas que provocaron las muertes de policías y nativos, no deberíamos tener mucho optimismo sobre la voluntad existente para que esta acción se lleve a cabo. Asimismo, tampoco se está atendiendo a los nativos heridos ni se está asegurando su rehabilitación. Más aún, se quiere poner a disposición de la justicia a Santiago Nauín, prominente dirigente amazónico que está convaleciente en el hospital tras haber recibido el impacto de ocho balas, por intentar impedir el enfrentamiento entre policías y la población en Bagua.

Nada de esto asegura la formación de un ambiente propicio para el diálogo. Las características de la intervención y la proliferación de versiones de ambas partes, dificulta la posibilidad de obtener un informe realista sobre los hechos. De otro lado, las responsabilidades políticas recaen sobre varios ex ministros que ya no están en el Gabinete. Asimismo, algunos líderes nativos no pudieron controlar firmemente la situación, permitiendo que un grupo de exaltados actuara libremente con consecuencias lamentables.

Al respecto, el informe de la Defensoría del Pueblo consigna la desaparición de un oficial de policía. Sin embargo, desde el lado de los nativos se tendría que buscar una mayor profundidad en las investigaciones, porque todo parece indicar que existen algunos que aún no retornan a sus hogares, lo que se agravaría porque muchos de ellos, posiblemente, no tienen documentos de identidad, una situación que ya se experimentó con el ciclo de violencia política de las recientes décadas, cuando se desconocía la identidad de muchas víctimas porque simplemente no poseían un documento –partida de nacimiento o DNI– que los acreditara ante las instancias formales.

La deducción es verosímil. El Programa Nacional de Identificación afirma que la región amazónica es la que presenta la mayor frecuencia de indocumentados. Muchas familias que habitan estos territorios aún no se integran ni se identifican con el Estado peruano y mantienen una distante relación con autoridades y funcionarios, por ello buscarán por sus propios medios a sus desaparecidos, no callarán sus malestares pero guardarán sus resentimientos que se harían visibles en momentos inoportunos para los intereses del Gobierno Central.

Por otro lado, una situación poco analizada es el cambio de interlocutores en las negociaciones. Por ejemplo, se ha prestado poca atención al hecho de que en las mesas de diálogo no están los que protagonizaron los hechos violentos. Quienes iniciaron las protestas contra el DL. 1090 y 1064, fueron las comunidades nativas de la Selva nororiental y quienes negociaron y aceptaron los acuerdos fueron los dirigentes de las comunidades de la Selva Central, que se sumaron a las protestas y bloquearon las vías en San Ramón, luego de los trágicos acontecimientos de inicios de junio.

En esos momentos, cualquier intento de recuperación de las carreteras por las fuerzas del orden, estaba bajo la mirada acuciosa de los organismos y prensa internacionales, por lo tanto, era poco probable que ocurriese otro «baguazo». De esta manera, retomar el diálogo fue una necesidad imperiosa para la deteriorada imagen del gobierno, pero las condiciones habían cambiado y, en la medida de lo posible, las autoridades trataron de aprovechar esta circunstancia. AIDESEP pasó de ser protagonista principal a interlocutores casi en la sombra y sin mayores pretensiones de representatividad, con sus líderes en la clandestinidad o en el exilio nicaragüense. Se relativizó su presencia y se negoció directamente con los Apus, debilitando convenientemente la efímera unidad indígena.

Desde el lado del Gobierno, el nuevo premier, Javier Velásquez Quesquén, no ingresa al cargo con buenos antecedentes como para liderar las negociaciones pendientes, ya que bajo su dirección, el Congreso de la República desestimó el debate sobre la derogación de los decretos –como lo solicitaban los dirigentes nativos– y cedió la conducción del conflicto al Ejecutivo. Además, es bueno recordar que esta postura se vio facilitada por los congresistas que en su momento propusieron el debate y luego brillaron por su sospechosa tardanza cuando se debía tomar decisiones.

Esta sola cuestión, a la que se podrían sumar muchas más, hace que el premierato de Velásquez Quesquén se inicie con sombras de dudas sobre su capacidad y buena disposición para negociar los aspectos que son sensibles a los intereses de los pueblos amazónicos. Entre los integrantes de las comunidades nativas que, a fin de cuentas, son los más vulnerables y los menos informados, la desconfianza apunta hacia ambos lados actualmente: no creen en los representantes del Gobierno y dudan de la capacidad de muchos de quienes dicen representar sus intereses. Esta situación no favorece a aclarar el enrarecido panorama que muestra la selva peruana.

desco Opina - Regional / 17 de julio 2009
Programa Selva Central
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Nuevas caras para la misma política

desco Opina / 13 de julio de 2009

Cambiar el Gabinete sin cambiar las líneas matrices del gobierno: sucedió lo mismo meses atrás, cuando a raíz de la crisis suscitada por la revelación de los petroaudios, se decidió incorporar a Yehude Simon al equipo gubernamental. Entonces, el gambito presidencial tuvo los efectos deseados. Simon guardó en el desván sus antecedentes de progresista y exitosa autoridad regional, para alinearse firmemente con las posturas del Ejecutivo.

El premier saliente le sacó las castañas del fuego a un entorno presidencial que empezaba a complicarse con las revelaciones de corrupción. A cambio, deja varios presentes griegos a su reemplazante. Entre ellos, una serie de negociaciones al paso para bajar la enorme presión social que sobrevino tras los hechos de Bagua. Por lo demás, dado el escaso marco de institucionalidad en que se realizaron, seguramente serán revisadas por el Premier entrante.

Así, las opciones para García son más o menos previsibles. Se trata de mantener el Gabinete como espacio de equilibrio en la pugna faccional del APRA, dándole un perfil «independiente» aunque claramente inclinado hacia la derecha. En esta combinación, prima la necesidad de buscar mejores posiciones con sus socios políticos y salvar el cortísimo plazo, acomodando su ubicación para la lid electoral del 2011.

Para el Presidente la cuestión es amenguar las amenazas inmediatas que se ciernen sobre su gobierno, al que ya se le agotaron las ideas. Elucubrar una conspiración internacional es un globo de ensayo que ni él mismo cree, pues es parte del juego sucio destinado a pinchar candidaturas de oposición, sembrando inseguridad. Basta ver cómo algunos medios de comunicación han empezado a publicar listas de autoridades locales y regionales a las que sindican como receptores de recursos foráneos. En esa misma línea, podemos colocar al hermano del reo Fujimori –Santiago– presto a cambiar la ley de APCI para ejercer mayores e indebidos controles a las ONG, a las que se supone correas de transmisión de intereses foráneos.

Aún cuando una renovación del Gabinete ministerial es en el papel, una ocasión propicia para plantear estas cuestiones, es claro que los cubileteos políticos no dejan espacio para incorporar asuntos de interés nacional, como los efectos de la crisis internacional, la continuidad de procesos democráticos, una mejor performance de las políticas sociales o el impulso a los planes que alguna vez anunció el gobierno (como Plan Sur, Sierra Exportadora, entre otros).

Y no habrá espacio para esa discusión porque los tiempos políticos no coinciden con los tiempos sociales. Los primeros privilegian lo inmediato, los segundos necesitan del largo plazo para madurar sus procesos. Para que coincidan, se necesita una institucionalidad que estamos lejos aún de conseguir. De esta manera, vemos algunas nuevas caras en el Gabinete, pero el escepticismo ciudadano es el mismo. Peor aún, ya que nada llama a creer que los cambios en el Gabinete puedan destrabar las obstruidas relaciones entre el gobierno y la sociedad, lo más probable será la generalización del malestar y con ello la multiplicación de los conflictos. Provecho Velásquez Quesquén.

desco Opina / 13 de julio 2009
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El olvido en el sur

desco Opina - Regional / 3 de julio de 2009

Algunos analistas han empezado a hablar del efecto del «Baguazo»: el uso de medidas de fuerza para conseguir la atención inmediata del Gobierno Nacional. Al respecto, son notables los esfuerzos hechos por los grandes medios de comunicación para generar esta sensación que, finalmente, distorsionan los verdaderos sentidos que tienen las protestas sociales.

Por ejemplo, pasemos una somera revista a lo que acontece en el sur del país. A pesar de su enorme importancia, los últimos gobiernos han preferido darle las espaldas y aplazar las tareas de su desarrollo para un eterno después. Para muestra está el Programa Sierra Sur que, se suponía, debía potenciar el desarrollo en la zona rural de esta parte del Perú, y se ha convertido en un monumento a la ineficiencia y la imprevisión, sin una visión integral de los desafíos. De otro lado, el gaseoducto que debía abastecer al sur se ha vuelto una quimera por la ampliación del ducto de gas de Camisea hacia la capital y la incertidumbre acerca de la magnitud real de las reservas gasíferas. Sobre esto último, en un taller para periodistas en Lima (en febrero), el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, ante una pregunta sobre el tema, confesó que las reservas no estaban aseguradas para alimentar el ducto del sur y que estaban haciendo los estudios respectivos. En otras palabras, este proyecto sería otra «mecida» gubernamental más, con estudios de prefactiblidad de por medio.

La Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo reportó en su último informe (al 31 de mayo) 212 conflictos sociales en todo el país, entre activos y latentes. En el sur se han reportado 73, siendo los departamentos de Ayacucho (17) y Puno (18) los que más casos cargan en sus hombros. En todo caso, dentro de este paquete hay que discernir entre los que tendrían que solucionarse de manera interna y los que tienen que ver directamente con el Ejecutivo.

En Camaná (Arequipa) tenemos el caso de la instalación y construcción de plantas harineras y de aceite de pescado, que se levantaron de forma amañada y con el aval del ex ministro de la Producción, Rafael Rey. Las autoridades regionales, locales y sociedad civil rechazan su funcionamiento porque ocasionarían daños ambientales. El problema está a la vista; sin embargo, el gobierno continuamente «meció» a las autoridades locales para no intervenir en el tema. Recién, unas semanas atrás, se instaló una mesa técnica para revisarlo. Pero los pobladores que ya no se fían de estos procesos, ya han advertido que realizarán un paro de 48 horas, vencido el plazo que se le dio a la comisión para que resuelva el conflicto. Mientras tanto, las empresas siguen funcionando ante el estupor del propio presidente Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén.

En Ayacucho se cansaron de la postergación y las autoridades y organizaciones sociales convocaron a la «marcha de los Waris», hacia Lima, exigiendo que se coloque la plataforma de demandas de su región en la agenda nacional. En el mes de mayo, se instalaron mesas técnicas para revisar la agenda, que incluye temas como educación, salud, agricultura, Camisea, institucionalidad y descentralización. Actualmente está pendiente la entrega de los resultados, pero hay que recordar que una marcha similar se hizo en el 2007 –sin éxito – por lo que los ayacuchanos amagaron con hacer una nueva en el 2008, que se postergó hasta el presente año. Aparte de estas demandas, se han reportado otras de carácter ambiental, en las que las comunidades campesinas piden que no se vulneren sus derechos y que las empresas mineras cumplan sus deberes socioambientales.

De los 16 conflictos que se han detectado en Cusco 10 son socioambientales. En la mayoría de ellos se ha iniciado el diálogo entre los actores (la población y las empresas mineras), pero no estaría de más que el Ejecutivo haga un seguimiento. En el tema que no se ha alcanzado el diálogo con el Gobierno Nacional es la derogatoria de la Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural (Ley 29164). Este pedido lo están realizando la Asamblea Regional, la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, organizaciones, autoridades regionales y población. Su pedido se basa en que la norma, más allá de proteger el patrimonio cultural o ponerlo en valor, lo que hace es facilitar las concesiones para servicios turísticos (restaurantes, hoteles, etc.) a grandes capitales, que usualmente poco hacen para generar dinamismo en las economías locales.

Pero en Cusco el conflicto más candente por estos días es el paro campesino de la provincia de Canchis, reiniciado el 30 de junio luego de un breve receso. Los pobladores caminaron hasta la capital del departamento para hacer conocer sus carencias y comunicar que su paro empezó el 11 de junio. Al gobierno le pidieron, entre otras cosas, la anulación de la concesión del la central hidroeléctrica Salcca Pukara, la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de la Carrera Pública Magisterial y declarar en emergencia al sector alpaquero. El premier Yehude Simon cumplió su promesa y fue a conversar con el Comité de Lucha de Canchis, pero el diálogo fue infructuoso. El 25 de junio dieron al gobierno una tregua de tres días para resolver su pliego de reclamos.

En Tacna y Moquegua sigue latente el problema por la repartición del canon minero de los yacimientos mineros de Cuajone y Toquepala. Autoridades regionales y población en Tacna se oponen a la modificación del artículo 5 de la Ley del Canon Minero, la 27506, por considerar que le restaría ingresos, y demandan que se mantenga la distribución del canon minero como lo estipulaba la ley.

Por último, en Puno, entre los casos más importantes está el que reúne a las comunidades campesinas de Quicho y Altiplano de Echía, y los distritos de Corani y San Gabán, quienes manifiestan su desacuerdo con la Central Hidroeléctrica de San Gabán por el incumplimiento de acuerdos. También podemos citar el pedido de las rondas campesinas de la provincia de Carabaya, quienes demandan una vía alterna a la carretera en construcción, dada la frecuencia de accidentes y pérdidas de vidas humanas. En ambos casos no se ha iniciado ningún tipo de diálogo. Aparte de los casos citados, recientemente (a partir del 25 de junio) se realizaron paralizaciones de 72 horas en Cusco, Puno y Arequipa. En Puno fue convocada por la Federación de Campesinos de Puno y en Arequipa la realizaron los agricultores de Majes. El pedido en común: la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos.

Evidentemente hay un problema de gobernabilidad, que se ha propagado por la desconfianza en la clase política, con partidos coyunturales y en profunda crisis y con congresistas poseedores de un amplio descrédito ante los electores. Hay pues un descontento generalizado en el sur, alimentado por un gobierno indiferente y capitalizado −hay que decirlo, también− por algunas dirigencias radicales que llevan consigo muy pocas propuestas que mostrar. La situación exige el establecimiento de espacios de diálogo y negociación con propósitos claros de atender las demandas sociales. La continuidad en la autosuficiencia gubernamental en la defensa a rajatabla del modelo neoliberal no hará otra cosa que atizar mayores conflictos. Tener en cuenta que el «chorreo» ofrecido hace varios años no tiene cuando llegar.

desco Opina - Regional / 3 de julio 2009

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