Recursos naturales y responsabilidad social en la Región Junín

Desde las elecciones presidenciales de 2011 se debate intensamente sobre la importancia del medio ambiente, especialmente en relación a los pasivos ocasionados por la extracción de minerales. El problema fue puesto en primer plano en la Región Junín, por un movimiento político regional de izquierda. Aunque en la práctica no haya sido así, no cabe duda que la defensa del medio ambiente debería trascender posiciones políticas, sobre todo cuando estamos ante un problema cuyas repercusiones sociales eluden la simplificación. Por ejemplo, en esta región hemos sido testigos de las protestas de un número nada despreciable de obreros que luchaban para que no se cierre la planta de DOE RUN en La Oroya, por el incumplimiento de sus obligaciones ambientales del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Finalmente, los sindicatos llegaron a un acuerdo con la liquidadora Right Business, que pagará más de 35 millones de dólares a 2,500 trabajadores.

¿Cómo tomar partido, en estos casos, entre los intereses puntuales de la población de las demandas igualmente legítimas que vienen desde las agrupaciones políticas? Más allá de Junín, en el caso de Cajamarca, por ejemplo, queda claro que prohibir por completo toda actividad minera afectaría seriamente los ingresos de la región. Los gobiernos regionales deben considerar dónde se encuentran las mayores afectaciones y también los mayores beneficios y saber defenderlos con decisión para convertirse verdaderamente en agentes que lideren las políticas de desarrollo locales sobre todo en un contexto de descentralización. Esto es preferible, antes de declararse abiertamente ‘anti’ o ‘pro’ minero.

Lamentablemente, en la región el problema ambiental se hace más agudo porque algunas empresas no cumplen los estándares de cuidado ambiental. Prefieren incumplir y mantener su rentabilidad hasta el día en que son fiscalizados y deciden detener sus operaciones. Esto origina un gran malestar social entre los trabajadores, que, como en el caso de La Oroya, ven únicamente el efecto concreto sobre su economía familiar. Este tipo de proceder por parte de algunas empresas hace muy difícil para los ciudadanos imaginar cómo podrían beneficiarse de políticas adecuadas de responsabilidad social empresarial.

En este complicado escenario, la responsabilidad social empresarial, sobre todo en el plano ambiental, abarca numerosos planos de problematización. Uno de ellos tiene que ver con la gestión desde la autoridad política. Ante lo difícil que resulta movilizar recursos institucionales ante entidades como las Direcciones Regionales que se resisten a modificar sus competencias sectoriales, esfuerzos como el Plan de Acción Ambiental Regional de Cambio Climático, promovido por la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín con la participación de entidades privadas y públicas son destacables. Cabría esperar que espacios como éste se vean fortalecidos para lograr consensos entre la empresa, el Estado y la sociedad civil y así lograr que la población conciba a la responsabilidad social como un elemento con potencial para que las empresas contribuyan a superar los retos del desarrollo. Asimismo, es el tipo de experiencia que podría proporcionar conocimiento práctico para que las entidades del gobierno nacional comprendan la necesidad de trabajar la normativa nacional sobre recursos naturales junto a los gobiernos regionales.

desco Opina - Regional / 27 de julio de 2012
Programa Sierra Centro
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«Que pase el tercer Gabinete»

Aunque es difícil anticipar las decisiones del Gobierno, todo indica que el Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, sería reemplazado antes de 28 de julio. La sensación generalizada, que confirman las encuestas, es que el Premier no sólo no ha resuelto el tema Conga sino que ha contribuido a las tensiones entre las partes en conflicto. Ante un eventual cambio de Gabinete vale la pena preguntarse si la opción es por superar el desgaste reemplazando algunas piezas, o si se avecina un cambio de orientación que permita al gobierno salir de su aislamiento político.

En un artículo publicado en Quehacer hace algunos meses, el sociólogo Francisco Durand especulaba con la posibilidad de que el gobierno dé un «giro brusco», señalando la derechización como el escenario más plausible. En efecto, el rumbo adoptado por Humala confirma la hipótesis, con el resultado adicional de su severo aislamiento político. El necesario oxígeno provendría de un regreso al centro como mecanismo de negociación de la legitimidad, teniendo como interlocutores clave a los gobiernos regionales. En esta vía, resultó sintomático que se jugara con la posibilidad de un presidente regional como nuevo Premier, sobre todo para acercar a este gobierno a las instancias regionales en medio de un entorno que ha favorecido la desconfianza desde el Ejecutivo: Valdés hablando de «los podridos», facciones del Congreso pidiendo que se les cambie el nombre a «gobernadores» o incluso las condiciones de su vacancia y la demonización de Santos.

Resulta significativo que durante el gobierno de García, éste se las haya arreglado para no antagonizar a los presidentes regionales al tiempo que paralizaba, en los hechos, el proceso de descentralización. De este periodo se recuerda lo que sucedió con Yehude Simon, una experiencia peligrosa para cualquier autoridad regional que no quiera ser reemplazada como un fusible más si Conga recrudece.

Pero en este punto uno podría preguntarse ¿cambiaría verdaderamente el Gabinete al mantener a ministros como Castilla, Silva y Cornejo solo por citar tres ejemplos? En el caso de Cornejo hablamos del pasado jefe del Fondo MiVivienda, de Pro Inversión y en este gobierno una especie de ‘Zar’ de facto para Cajamarca, vía la negociación sobre una gran bolsa de dinero (5 mil millones de soles) con los alcaldes, como táctica para erosionar la base social de Santos.

Al parecer el margen de maniobra no es amplio y aun si hubiera una sorpresa en el Premierato, la orientación del gobierno podría ser la misma. No zanja, por ejemplo, con posiciones monolíticas y francamente obstinadas respecto de los ropajes filo senderistas de los dirigentes y su supuesta capacidad de manipulación. Tampoco parece convencerse de que el arte de gobernar trasciende el simple hecho de subir y bajar órdenes.

En suma, durante los últimos seis meses la deficiente conducción política del Ejecutivo le generó enormes costos, al punto tal de provocar fisuras importantes en su legitimidad. Recuperar lo perdido significaría que el gobierno muestre desde este momento las habilidades que no ha tenido en su primer año de gestión.

desco Opina / 20 de julio de 2012
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Turismo interno e inseguridad ciudadana

El evidente crecimiento y la estabilidad de nuestra economía ha motivado a los peruanos para disfrutar del turismo interno. Capitalizando este interés, un spot televisivo de PROMPERÚ tiene como objetivo crear la atmósfera necesaria para ofrecer calidad y calidez de servicio a los visitantes. Aprovechando esta favorable circunstancia, la Selva Central –uno de nuestros más atractivos destinos turísticos– tendría todas las ventajas de su parte para recibir y atender de la mejor manera a sus potenciales visitantes. Pero, la inseguridad de sus vías terrestres y de muchos de sus lugares turísticos, no son favorables para su mejor aprovechamiento.

A pesar de que las rutas y los lugares en donde se producen asaltos son muy conocidos, las autoridades y la policía no logran articular una estrategia que acabe con estos hechos. Y más lamentable aún, es lo poco que se avanza en las investigaciones realizadas en los delitos perpetrados. Hasta ahora vienen resultando infructuosos los esfuerzos del empresariado turístico de la Selva Central para coordinar esfuerzos con las autoridades y los funcionarios del Estado y así superar la situación de inseguridad ciudadana y vulnerabilidad de los turistas. Otro aspecto negativo que podría traer esta preocupante situación, sería el alejamiento de los operadores turísticos externos ante el riesgo de no conseguir el retorno de sus inversiones y, al mismo tiempo, poner en peligro la integridad y las pertenencias de sus clientes.

Este panorama hace que sean inútiles algunos encomiables esfuerzos como los de MINCETUR y el realce de manifestaciones culturales. O, la implementación de nuevos espectáculos como Selvámonos, que este año congregó a más de cinco mil visitantes, generando interesantes dinámicas económicas en transporte, hospedaje, alimentación, artesanía y souvenirs. Sin embargo, fue penoso tener que contabilizar al lado de todo esto, el asalto a varios vehículos que la misma tarde del espectáculo se produjo en la ruta Villa Rica - Oxapampa, en donde los malhechores bloquearon un tramo de la vía, hecho que desistió a numerosos visitantes de acudir al evento.

Es una realidad que los llamados feriados largos han incentivado al turismo interno. Lo cual ha captado el interés empresarial del rubro, entre otras razones debido a la baja del turismo receptivo ocasionado por la crisis internacional. Este hecho, sumado a las opciones turísticas asequibles al bolsillo de los peruanos, debería constituir el marco propicio para hacer mucho más auspiciosa la llamada «industria sin chimeneas» en nuestro país.

Pocos meses atrás, los directivos de CANATUR se atrevían a decir que el turismo de la Selva Central crecería luego de la captura de Artemio. Pero, para hacer realidad esta codiciada meta, primero es necesario que el turismo figure entre las prioridades del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, cuya creación fue una de las ofertas electorales del actual Presidente de la República.

desco Opina - Regional / 13 de julio de 2012
Programa Selva Central
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Detener la violencia

La nota de opinión que debió aparecer en esta ocasión fue elaborada el martes 3 de julio, por la mañana. Debía tratar sobre las dificultades que tendría el gobierno en las próximas semanas. También sobre los impactos de la crisis económica mundial en el país. Sólo horas después todo ello perdió sentido.

Lo ocurrido en Celendín confirmó que haberle sustraído momentáneamente la espoleta a situaciones que amenazaban con convertirse en inmanejables, como Conga en Cajamarca o Espinar en Cusco, no debía conducirnos a falsas expectativas. En ambos casos, un desenlace consensuado era algo aún lejano y, en el mejor de los casos, la situación conflictiva había ingresado a una nueva fase, sin desaparecer del todo la probabilidad de un renovado desencadenamiento de la confrontación.

La probabilidad se hizo realidad en Celendín. Las víctimas de la protesta social siguieron sumándose, en medio de la inaudita soberbia de los directivos de la empresa involucrada en el proyecto Conga, la profunda incapacidad política del gobierno y las enormes dificultades que tiene la población para encontrar liderazgos que estén a la altura de las circunstancias.

Una situación ya gravísima no impidió que continuara el deterioro. La incalificable detención –por su forma y su fondo– de Marco Arana y la bárbara acción policial en Bambamarca que deja como saldo parcial un muerto, más heridos y más detenciones, indican claramente que la ruptura entre el gobierno y sus esperanzados votantes de hace un año es profunda y parece que sin retorno. Para el caso, es malo perder las exiguas esperanzas de diálogo y apostar firmemente por éste, pero siendo muy conscientes también, que algo o alguien muy poderoso lo impide a toda costa, para quien nada está resultando tan funcional como la infinita torpeza del Ejecutivo.

En suma, este nuevo hito en el ciclo conflictivo se escenifica en medio del desgaste continuo de los actores involucrados. Resulta patético verlos pidiendo diálogo cuando a todas luces no muestran una mínima vocación para instalarlo. De esta manera, queda claro que la voluntad y la legitimidad para generar un espacio indispensable que ponga fin a la ola de violencia, pasa a otras instancias.

Obvio que esto acarreará enormes costos políticos al Ejecutivo, pero son las consecuencias de la inacción y la incapacidad de ver incluso lo evidente. A estas alturas, se supone que el gobierno tendrá pleno conocimiento que su precaria estabilidad está colocada al borde mismo del abismo. Ojalá sea así e inicie la rectificación.

Sin embargo, también están los que insisten en la mano dura. Existen, pisan fuerte y tienen grandes medios de comunicación. Para ellos, no importa demasiado un gobierno que hace sólo un año era la bestia negra al que se debía impedir su triunfo electoral a toda costa. Lo realmente existente para ellos es la utilidad del corto plazo y que el resto asuma sus pasivos. Queda en manos del gobernante, entonces, decidir con quién y para qué gobernar.

Finalmente aunque no menos importante, expresamos nuestra solidaridad y condolencias a los deudos de las víctimas. Las de Celendín y Bambamarca. Las de Espinar. Las del VRAE. Asimismo, hacemos nuestra la indignación por la injustificada detención de Marco Arana, felizmente corregida, permitiendo aún un hilo de esperanza en la posibilidad de una salida distinta a la que ahora se afirma, a un conflicto que nos acerca al abismo.

desco Opina / 6 de julio de 2012

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Producto bandera en crisis

El Perú es el principal productor de alpacas. De acuerdo a la Sociedad Peruana de Criadores de Alpacas y Llamas (SPAR), a nivel nacional hasta el 2010 se proyectó el número de alpacas en 5 millones 343 mil, cifra que debería ser precisada por el próximo censo agropecuario. Las regiones del sur (Puno, Cusco y Arequipa) son las mayores productoras de camélidos sudamericanos: Puno posee el 52.15 % de alpacas del país, seguido por Cusco con el 13.49 % y Arequipa el 11.98 %; mientras que Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Pasco, Tacna, Junín, Lima, Ancash, La Libertad, Huánuco y Cajamarca, albergan el resto.

La concentración de la alpaca en la región Puno está en las provincias de Lampa (16.8%), Melgar (15.6%) y Carabaya (12.7%) que son las más representativas. En la región de Arequipa las provincias con mayor numero son Caylloma (71.2%) Castilla (11.4%), Arequipa (6.4%) y La Unión (5.7%). Es en estas dos regiones donde se congrega el 66% de la producción de fibra de alpaca del país.

De la cantidad de fibra que se produce, el 80% de la producción se exporta a los mercados de China, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, Japón, Corea, entre otros y solo el 20% se utiliza dentro del país en la confección de hilados, telas y prendas de vestir. La mayor cantidad de fibra de alpaca, utilizada en la industria textil, aún se dirige al mercado externo, al que se exporta sin más valor agregado que los tops (pelo fino cardado o peinado de alpaca) o en hilos. La venta de artículos confeccionados es menor en comparación a estos productos «intermedios».

La crisis económica mundial también afectó al sector alpaquero. La industria decidió retraer sus compras porque la demanda de prendas de fibra de alpaca bajó. En consecuencia, todos los procesos de comercio con la industria nacional y extranjera disminuyeron, lo que generó la caída del precio de fibra de alpaca que de S/. 12 soles (en agosto de 2008) se redujo paulatinamente hasta S/. 3 soles por libra en promedio, experimentando posteriormente una lenta recuperación hasta llegar a los actuales S/. 7 soles la libra. Como se puede ver, esto ha repercutido de manera directa sobre 100 mil familias alto andinas dedicadas a la crianza de alpacas, pues la venta de fibra es su fuente principal de ingreso.

Por otro lado, el gobierno no parece haber caído en cuenta que el sector de los camélidos andinos es estratégico por su potencialidad para el manejo de los recursos agua y suelo en todo el espacio altoandino por encima de los 4,000 msnm, permitiendo rentabilizar estos territorios donde no pueden prosperar ni cultivos ni otras crianzas y, al mismo tiempo, realizar acciones de adaptación al cambio climático.

Por ello son urgentes dos condiciones para impulsar el sector. La primera, que el Estado recupere su obligación de promover políticas para su desarrollo a través de la creación de un ente especializado (podría ser el Instituto Nacional de los Camélidos del Perú) restituyendo al fenecido ente normativo CONACS, que, entre otras tareas, se encargue de superar la dispersión de propuestas de promoción del sector ejecutadas en la actualidad por las diferentes direcciones regionales de Agricultura. La segunda condición sería el restablecimiento de la articulación de la cadena productiva, incluyendo que el eslabón de la industria textil abandone su tradicional rol extractivo al acopiar la fibra y se preocupe también por mejorar la base productiva para obtener una mejor materia prima, lo cual implicaría una nueva relación con los productores.

A pesar de que el Perú es, a nivel mundial, el primer productor de fibra de alpaca y que la fibra haya sido declarada producto bandera, si no existe la promoción de las condiciones sugeridas, además de una política de consumo interno, los problemas del sector alpaquero tenderán, cíclicamente, a repetirse.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2012
Programa Regional Sur
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¿Es tan difícil caminar derecho?

La última encuesta de opinión pública de Ipsos Apoyo (17 de junio), seguramente ha causado más de un temblor en la casa de Pizarro. La caída en picada de la aprobación presidencial, parece indetenible. Entre la medición de abril de este año y ésta última, pierde 11 puntos alcanzando 45% de aceptación, el porcentaje más bajo desde que iniciara su gestión. El retroceso, como no podía ser de otra manera, es mayor en el sur y en el oriente, donde pierde 15 puntos porcentuales. Resulta significativo observar que en ese período, su aprobación se incrementó únicamente en el estrato A, cayendo fuertemente en los ámbitos socioeconómicos C D y E, 13, 15 y 10 puntos, respectivamente.

Si nos guiamos por la propia encuesta, las razones de la desaprobación de su gestión se encontrarían en la corrupción, la inseguridad ciudadana, la presencia de gente inadecuada en los cargos públicos y el alza de los precios, que la gente ya empieza a sentir. Sin embargo, en otra pregunta de la misma encuesta, se tiene que el 56% desaprueba cómo se han manejado los conflictos sociales recientes, mientras el 67% de los encuestados en el sondeo nacional urbano señala que en los próximos meses el Presidente debería gobernar buscando acuerdos con otros líderes políticos; respuesta ésta comprensible cuando el 58% de quienes opinaron, desaprobaron la gestión del gobierno.

La pésima gestión de los conflictos sociales, la creciente sensación de desgobierno, pero también la conciencia del alza sistemática de los precios, le empiezan a pasar factura importante a una gestión que se alejó de su discurso inicial de la gran transformación, pero también de su hoja de ruta, de la que está haciendo una interpretación libre. En el camino van quedando sus electores de la primera vuelta, pero también y crecientemente, muchos que se les sumaron en la segunda ronda electoral. De allí que sólo el 34% apruebe al gobierno y que la desaprobación del gris hombre fuerte del gabinete, el Ministro de Economía, empiece a acercarse al 50%.

Para peor, el escenario de las próximas semanas se hará seguramente más difícil. Mientras en Espinar se ha abierto un curso de solución dialogado a un conflicto que debió haberse gestionado de otra manera, en Conga, el enfrentamiento parece inminente. La posición irreductible de un sector de sus principales organizaciones sociales y de sus propias autoridades, no obstante la carta del Presidente Regional pidiendo que sus argumentos contra dicha operación minera sean escuchados por el Presidente Humala, chocará con la inminente decisión gubernamental de seguir adelante con el proyecto, incorporando las recomendaciones del peritaje internacional.

La elección de la nueva mesa directiva del Congreso ha abierto los apetitos de diversas figuras del oficialismo, desde una congresista ministra que se autoofreció como artífice de una lista de mujeres, hasta el actual jefe de la bancada, que se desgañita anunciando elecciones internas en julio, cuando a lo largo del año legislativo que concluye, su comportamiento fue claramente autista. La oposición por su parte, en ese río revuelto, espera la ganancia de los pescadores. Todos, oficialistas y opositores, parecen no darse cuenta que el trabajo de su institución es aprobado apenas por el 18% de los peruanos, que los conoce más por sus reiterados escándalos que por su producción legislativa.

La conformación del nuevo gabinete, porque es evidente que el Premier Valdés está exánime, constituye otra tribulación urgente de Palacio. Que la primera dama, lapsus mediante, se haya referido recientemente a una ministra como suya, puede ser un indicio anecdótico de lo dura que es la procesión. En cualquier caso, las bolas que reproducen los medios de comunicación, algunas de ellas tan difíciles de creer como que Luis Castañeda puede ser el próximo Premier, evidencian las presiones y las disputas que seguramente existen alrededor de este tema, que es crucial, máxime en un gobierno que a todas luces carece de operadores políticos y de técnicos propios.

Así las cosas, los anuncios presidenciales sobre las exigencias y condiciones para una nueva minería, seguramente le granjearán simpatías y adeptos en los escenarios internacionales donde los ha hecho, pero no alcanzan para convencer a sus electores y no parecen tener el contenido y la fuerza suficiente para darle un orden definido a un gobierno, que no termina de entender que el pragmatismo no reemplaza a la política. Creemos que bien haría el Presidente en releer su hoja de ruta y ser consecuente con ella, que ya no lo es con la gran transformación, así insista en mantenerla en su corazón.

desco Opina / 22 de junio de 2012
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Inseguridad ciudadana en la agenda pública

En 2002, el Acuerdo Nacional definió como política de Estado la «erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana», a partir de la que se creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana-CONASEC. Tras una década de la declaración, es poco lo que se puede señalar en términos de logros y, por el contrario, existe la percepción generalizada de que en los últimos años la criminalidad y violencia han crecido exponencialmente en el país, principalmente en las zonas urbanas.

El gran impacto mediático de dos hechos de violencia ocurridos en Lima –el ataque a la familia de un congresista y el caso de la niña Romina– motivaron al propio Presidente de la República a sesionar con los representantes del CONASEC, apurando la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-PNSC. Más que una muestra de liderazgo –como se anunciara entonces– lo que se revela es una actitud reactiva. Desde entonces es poco lo que se avanzó. Para empezar, solo 37 de los 132 municipios distritales de la Región Junín y apenas 11 de 43 en Lima Metropolitana han cumplido con presentar dentro de los plazos previstos sus respectivos planes de seguridad ciudadana.

Aunque los homicidios, robos, secuestros extorsivos y delitos sexuales aumentaron respecto a 2010, un dato importante del diagnóstico del Plan está referido a la violencia doméstica, que con un índice de 58% supera a la violencia delincuencial, que alcanza el 42%. En función de estas cifras, el plan se propone reducir los niveles de victimización a nivel nacional de 45.5% al 30%. El enfoque de promoción de la convivencia pacífica entre ciudadanos dista mucho de la realidad de la inversión pública en seguridad ciudadana, orientada en general a personal de patrullaje y sistemas de vigilancia, antes que a programas preventivos, por ejemplo.

Una carencia importante respecto al PNSC 2012 –y en general a cualquier iniciativa para revertir la situación de la inseguridad– tiene que ver con la falta de registros sistemáticos y data confiable para monitorear cambios y –quizá lo más importante– trabajar con las organizaciones ciudadanas en la orientación de las inversiones necesarias y adecuadas. El proceso participativo del Plan de Lima se ha propuesto como un primer paso en este sentido, al recoger los diagnósticos y expectativas de los vecinos de las Limas, que en buena medida respaldan la información disponible respecto a que la sensación de inseguridad tiene un fuerte soporte en los peligros cotidianos en los barrios, relacionados a las necesidades de acondicionamiento urbano y la falta de espacios públicos de calidad, así como también a la falta de oportunidades entre los jóvenes luego de concluida la formación escolar. Queda por verse en qué condiciones –concluido el proceso– el instrumento de planificación de una «Lima para Todos» incorpora enfoques distintos para decidir e invertir, ampliando los criterios actualmente existentes, que se agotan en salidas como la mejora operativa de las fuerzas policiales o de los serenazgos. Sin un cambio sustancial de enfoque, no se podrá implementar estrategias que hagan frente a problemáticas específicas que causan inseguridad, más allá de la dimensión del delito callejero o la violencia delictiva.

desco Opina - Regional / 15 de junio de 2012
Programa Urbano
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