Los últimos días se vieron dramáticamente signados por una sucesión de conflictos sociales que tuvieron sus epicentros en Puno, Huancavelica y Huancayo. En el primer caso fueron necesarios cinco muertos y tres en el segundo, incrementando el triste récord que muestra la gestión del Presidente García en su respuesta a las demandas de distintas poblaciones del interior del país, para que la opinión pública tome conciencia brutalmente de las consecuencias de la ausencia del Estado y de la incapacidad y el desdén del gobierno nacional y de la clase política toda, para atender la fuerte conflictividad social que nos caracteriza desde varios años atrás.
Aunque distintos en su naturaleza y en su contenido, los tres conflictos terminaron asemejándose en sus formas. La movilización de diversos sectores de la población, la paralización de actividades, el bloqueo de vías de comunicación, el ataque a locales y dependencias públicas y finalmente el enfrentamiento con la policía como parte de una escalada de violencia que termina con varias muertes y recién, entonces, la reacción de quienes tienen el mandato de atender y negociar las demandas e intereses de los distintos sectores de nuestra sociedad. Enceguecidos hasta hoy por los números frecuentemente engañosos del crecimiento logrado, convencidos de la fe dogmática en la filosofía del libre mercado e impunes en su poder, como lo muestra el caso de Bagua, no se preocuparon en ningún momento por atender los reclamos de los pobres y excluidos del milagro económico que pregonan.
En el caso de Puno, el más grave de los tres, en el origen de los últimos y condenables sucesos encontramos, una vez más, el rechazo de parte importante de la población, a la manera en la que la minería formal e informal, impone su presencia. En un caso, con la protección del Estado, de su política de concesiones y de su indiferencia por las poblaciones afectadas y las consecuencias ambientales; en el otro, por su incapacidad para desarrollar políticas efectivas de desarrollo e inclusión, pero también por su complicidad con los grandes actores de la informalidad. En ese escenario, a lo largo de los años, los conflictos y los malestares se fueron embalsando hasta desembocar en el estallido del que hemos sido testigos y al que seguramente contribuyeron distintos sectores extremistas que aprovechan la ausencia de Estado y la fragmentación y debilidad de la sociedad.
En Huancavelica, paradójicamente, fueron las autoridades las promotoras del enfrentamiento. En la región más pobre del país que en los últimos años ha vivido un par de movilizaciones masivas reclamando recursos para su universidad pública, dos congresistas promovieron la creación de un nuevo centro superior en la provincia de Tayacaja, a pesar de que en ella funcionan varios programas de la universidad de la región. Sorprendentemente, su irresponsable iniciativa tuvo rápida acogida en la comisión respectiva y en el pleno del Congreso de la República, que aprobó su creación en base a parte del presupuesto de la universidad de la región….A la base, la irresponsabilidad de la clase política frente a la educación pública superior, abandonada a su suerte como lo muestra también el caso de Huancayo y la protesta de los estudiantes contra un rector presuntamente corrupto.
Este escenario, que es parte de las presiones «desde abajo» que encontrará el nuevo gobierno y que se complementan con aquellas otras que vienen «desde arriba» a través de los diversos grupos de poder económico, contrastan con el tono que tiene el proceso de transferencia del gobierno aprista a Gana Perú. Más allá de las escaramuzas que los medios de comunicación insisten en amplificar, ésta tiene hasta ahora un carácter centralmente administrativo y un tono burocrático. Quienes se van tratan de asegurar a su gente y algunas de las posiciones que ocupan, vendiendo la imagen de sus supuestos éxitos; quienes llegan, intentan entender cómo ha venido funcionando el Estado y cuáles son sus principales recursos y falencias.
Los distintos conflictos sin embargo, llaman la atención sobre otra dimensión de la transferencia de un gobierno a otro, ésta sí realmente importante, la dimensión política. Es de suponer que los representantes del nuevo gobierno, a la par que reciben listados de personal, detalle de presupuestos y organigramas, están haciendo balance e inventario del Estado que reciben, de manera tal de organizar las respuestas estratégicas que tendrán que proponer a partir del 29 de julio. Puno, Huancavelica y Huancayo han evidenciado la necesidad que tendrá la nueva gestión de dar respuesta inmediata y clara a muchas de las demandas de la población que son consecuencia directa del Estado ausente. Esperemos que Gana Perú y Ollanta Humala tengan claro que la transferencia en la que están hoy día embarcados, es parte de un proceso mayor en el que simultáneamente deben estar definiendo orientaciones y mecanismos muy claros para superar el actual orden de las cosas.
desco Opina / 27 de junio de 2011 Descargar aquí
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