Emergencia y cambio climático en Arequipa

Contrariamente a lo observado los últimos años, en los que las previsiones del SENAMHI se han caracterizado por anunciar probables sequías por los efectos del fenómeno del Niño –a los que nos habíamos acostumbrado en el contexto del cambio climático–, las últimas semanas se han caracterizado por intensas precipitaciones pluviales que han superado en un 100% el promedio de los últimos 50 años para esta misma época.

Esta situación ha desnudado las debilidades de los sistemas de prevención para afrontar los efectos de las variaciones climáticas, ocasionando costosos daños en viviendas, centros comerciales de reciente inauguración en medio del boom comercial de la región (y que se suponían poseedores de los mayores avances tecnológicos) destrozos de calles, algunas recientemente pavimentadas, interrupción de carreteras, colapso de las redes de desagüe, estimándose en 6,218 los damnificados en un total de 47 distritos.

El crecimiento urbano en lugar de guiarse por la definición de los usos del suelo en función de planes rectores o una adecuada caracterización del espacio, ha estado condicionado por las presiones de la población para acceder a una vivienda ante la inacción de los gobiernos locales y por la ausencia de políticas públicas. En su lugar, ha primado la iniciativa de traficantes de terrenos, culminando en invasiones que al poco tiempo son reconocidas con propósitos electorales.

Esta situación ha motivado, el 15 de febrero, la declaratoria de emergencia luego de la convocatoria del Comité de Defensa Civil y con la participación de los alcaldes distritales. Ahora se busca afrontar de la mejor manera posible, la destrucción de viviendas y del pavimento de la mayor parte de las calles. Como suele ocurrir tradicionalmente en la gestión pública, se actúa sobre los hechos consumados.

Los cauces naturales para el drenaje del agua de lluvia han sido invadidos por pobladores que construyeron sus viviendas, posteriormente autorizadas con las respectivas licencias municipales. Estas han sido las más afectadas por el embate de las aguas en las torrenteras especialmente en los distritos de Paucarpata y Mariano Melgar donde hay una mayor concentración de estas viviendas precarias.

Por otro lado, conforme avanza la estación lluviosa se acentúan los peligros de la improvisación. El sistema de represas ya tiene almacenado alrededor del 85% de su capacidad lo que está obligando a incrementar el desembalse de las mismas a fin de evitar su colapso. A ellos se añade el pronóstico de SENAMHI sobre la prolongación de las lluvias hasta el mes de marzo. Esta situación ha puesto en riesgo los cauces del río Chili, repitiéndose en otras cuencas como Majes donde se viene registrando la pérdida de 400 hectáreas de cultivos de arroz en terrenos ubicados en las proximidades del cauce. En este caso, los problemas se generan en gran medida por la expansión de las áreas de cultivo sobre las márgenes de los ríos por los agricultores denominados «avanceros», quebrantando la normatividad sobre los cauces.

Estos hechos, en medio de la campaña electoral, deberían ser una oportunidad para requerir el pronunciamiento de los candidatos en cuanto a propuestas de políticas ambientales, planes de zonificación económica ecológica y las políticas de organización de la prevención de los riesgos, sobre todo cuando las manifestaciones más evidentes del cambio climático están asociadas a la dificultad para predecir o pronosticar los eventos climáticos estacionales.

desco Opina - Regional / 25 de febrero de 2011
Programa Regional Sur
Descargar aquí

Guerra sucia y desvaríos acusatorios

Las encuestas realizadas durante la segunda mitad del mes de febrero eran importantes. Tal como había evolucionado la intención de voto en los meses anteriores, se suponía, con mucha razón, que los resultados que mostrarían en esa ocasión permitirían mayor certeza respecto a la consolidación del candidato que aparece en el primar lugar de las preferencias, así como sopesar las posibilidades de alcanzarlo o, en el peor de los casos, llegar a la segunda vuelta de los que venían en las posiciones siguientes.

Todas las encuestas, mostraron de manera homogénea, más o menos lo previsto, aunque no dejó de sorprender que uno de los candidatos en cuestión –Luis Castañeda, de Solidaridad Nacional– evidenciara un declive importante en las preferencias electorales. ¿Las explicaciones, al respecto? Dicho candidato no atinó a decir nada, mostrándose tanto o más mudo de lo habitual. Pero, el malestar trascendía a Castañeda y si bien no era generalizado, había suficientes motivos para que a estas alturas, los que han empezado a sentirse cada vez más alejados del triunfo o al menos de un porcentaje interesante de votos, se sientan negativamente aludidos por estas cifras.

Situaciones semejantes en el pasado, terminaron colocando a las encuestadoras en el centro de las dudas. Como no podía ser de otra manera, en esta oportunidad ha sucedido lo mismo, es decir, que los disgustos ante el mensaje son achacados al mensajero.

Mirando las cosas desde el mejor lado, tal vez ingenuo, las encuestadoras –no todas ellas son empresas– seguramente hacen esfuerzos para ajustar sus criterios metodológicos para obtener cada vez mejores productos. Debería ser así, porque el capital más importante que poseen es su credibilidad: si lo pierden, deben decir adiós al negocio.

En ese sentido, cabe remarcar las distinciones que se establecen entre los resultados de una u otras. En otras palabras, para el ciudadano no tiene el mismo valor informativo una encuesta realizada, digamos, por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, Ipsos Apoyo o Imasen y otra realizada por Idice. En esa línea y para empezar a despejar sospechas, sería interesante que, en una acción común, las encuestadoras realizaran una encuesta midiendo la credibilidad de cada una de ellas.

Entonces, en primer lugar, habría que preguntarse cómo es que se mantienen y obtienen tribuna esas encuestadoras que son a todas luces escasas de seriedad y pertinencia técnica. Tal vez, a esto podría responderse que sería finalmente el mercado el que termine por dilucidar quién es quién en estos ámbitos. Sin embargo, cuando lo que está en juego es algo tan sensible y subjetivo como la legitimidad, algo más debiera hacerse. Puede ser que estén fallando clamorosamente los mecanismos de autorregulación y esto debe subrayarse porque, como vemos, los defectos de unas tientan con facilidad a la generalización del desprestigio, sobre todo cuando estamos ante el registro de opinión política en tiempos electorales.

En segundo lugar, lo dicho no es una defensa de las encuestadoras, sino simplemente indicar algunos aspectos cruciales que deberían estar en el debate, para no terminar en un disparadero arrojando el agua sucia con el niño incluido. En suma, los problemas con y de las encuestadoras son de larga data, sin soluciones a la vista. Los primeros, pueden ser síntomas de la piconería de los que sienten que van a perder, pero también hay algo más que no se termina de aclarar. Los segundos, son cuestiones que tienen que asumir y resolver ellas mismas. En todo caso, es obvio que esto no puede manejarse sugiriendo la imposición de delirantes controles que suenan más a leguleyadas evidentemente inaplicables, como exigir la identificación documentada a los encuestados. El saludable retroceso del Jurado Nacional de Elecciones, en su pretensión de reglamentar las encuestas nos da la razón.

Paralelamente a estos hechos, una revista de circulación nacional arremetió contra un integrante de la plancha presidencial de Perú Posible, acusándolo de vínculos con el narcotráfico. En ese sentido, es tan cuestionable que los medios de comunicación no denuncien un hecho doloso cuando tienen la información necesaria para hacerlo, como hacerlo no sólo sin pruebas sino distorsionando hasta el absurdo lo poco que tienen. En este caso, lo único cierto es que la enorme equivocación de esa publicación, sólo ha producido un halo de desconcierto y, si se quiere, ha limitado la posibilidad de una investigación más seria. Esto último es gravísimo, porque indicios cada vez más fuertes señalan que las vinculaciones entre el narcotráfico y los políticos de nuestro país son una caja de Pandora que, compresiblemente, nadie atina a abrir.

desco Opina / 18 de febrero de 2011
Descargar aquí

Una agenda municipal para Lima Sur

Un nuevo período de gobierno se ha iniciado a nivel municipal en los distritos de Lima Sur. Como suele ocurrir en muchas localidades del país, algunas de las nuevas gestiones han empezado su período declarando en reorganización la municipalidad, lo que implica la renovación del personal, y en no pocos casos provoca la paralización de procesos, perjudicando la atención a los vecinos. A ello, se suma lo que lamentablemente es práctica común de las gestiones salientes: dejar una muy limitada información documentaria, situación que obliga a los nuevos funcionarios y trabajadores a «ingeniárselas» lo mejor posible para cumplir sus actividades.

En el caso de las gestiones re electas, aunque aparentemente se encuentran más cómodas en la continuación de sus líneas de acción, en realidad enfrentan la necesidad de operar los cambios necesarios para desactivar posibles focos de oposición impulsados por los candidatos derrotados, que en ninguno de los casos lo ha sido por diferencias demasiado holgadas. Por otro lado, tanto las gestiones nuevas como las re-electas deben resolver un problema producto de las precarias alianzas electorales: los conflictos entre los miembros de los partidos políticos que reclaman la gestión para su agrupación, frente a las nuevas autoridades y sus equipos técnicos, que rápidamente se distancian de los «partidos-membrete» que sirvieron para los tiempos electorales.

Pero ¿cuáles son los temas de fondo que, superando este tiempo de «acomodos», deben enfrentar las autoridades municipales en Lima Sur? Los distritos del tradicionalmente llamado «cono sur» así como los distritos conocidos como «balnearios», presentan una agenda amplia y diversa. En primer lugar, los problemas generados por un crecimiento urbano dado en ausencia de una política pública adecuada que, dado el escaso liderazgo de las autoridades locales, se traduce en la masiva ocupación de zonas vulnerables y de alto riesgo. La intensificación del régimen de lluvias veraniegas que atestiguamos año a año, con los consiguientes deslizamientos en las zonas de laderas –principalmente en Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores– debe ser una alarma de primer orden para la atención de las necesidades de prevención, mitigación y, eventualmente, de reubicación –una salida posible, pero olvidada entre nuestras políticas urbanas–.

Un escenario particularmente adverso se presenta en el frente de la inseguridad ciudadana, problema que va en aumento en la percepción de los vecinos y que no sólo tiene que ver con el delito callejero, sino que aparece ligado a las crecientes necesidades relacionadas al espacio público y de manera más reciente a las actividades de consumo y recreación de los jóvenes, por ejemplo, en los bulevares y discotecas, que en la percepción de la comunidad de Lima Sur, aparecen como espacios de peligrosidad, de consumo de alcohol y drogas y de peleas entre «pandillas». En este campo, en el que los recursos locales son insuficientes, serán vitales los esfuerzos de coordinación intermunicipal (por ejemplo para el servicio de serenazgo) y las políticas municipales que trasciendan la lógica represiva y apuesten por un ordenamiento comercial de las áreas de esparcimiento locales que van surgiendo en Lima Sur como parte de una ciudad diversa y compleja en la que los jóvenes deben tener espacios seguros y accesibles para su esparcimiento.

Finalmente, está la agenda pendiente de los servicios urbanos de calidad. Tanto en las áreas consolidadas, como en las zonas de expansión, persisten los problemas de salubridad tanto por el consumo de agua de mala calidad como por el almacenamiento del recurso en aquellas zonas no cubiertas por las redes existentes, donde se cierne la sombra de la epidemia del dengue que azota a nuestra selva. Además, si bien a través de Agua para Todos el gobierno central ha realizado inversiones considerables en Lima Sur, lo cierto es que su intervención no ha sido concertada con las autoridades y en gran medida, el espejismo del terreno con servicios ha alentado –de la mano de especuladores y traficantes– el ya de por si complejo proceso de nuevas ocupaciones hacia el este de las quebradas de Villa María del Triunfo, en la zona de Manchay.

Este rápido pauteo de temas sugiere la agenda que es más ampliamente desarrollada en la propuesta de Plan de Desarrollo Integral de Lima Sur elaborado por la Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima-AMASUR, instancia de la que se espera el inicio de un proceso de convergencia con la Mancomunidad de los Distritos del Litoral Sur de Lima, su par para los distritos que van de Lurín hasta Pucusana.

Además de la concertación entre las autoridades distritales de cara a los problemas de Lima Sur, es necesario renovar la apuesta por una participación amplia de las y los ciudadanos. En este sentido, los Planes de Desarrollo Concertado de cada localidad, así como los planes de gobierno de las autoridades electas, deben ser herramientas para la vigilancia ciudadana de los acuerdos sociales y de los compromisos asumidos en campaña.

desco Opina - Regional / 11 de febrero de 2011
Programa Urbano
Descargar aquí

Lima Sur: Autoridades Municipales Período 2011-2014

Zafarrancho de combate

Conforme se acerca el fin del mandato aprista, los escándalos parecen multiplicarse. Un ex vice ministro de Justicia atrapado con las manos en la masa tratando de obtener favores de un funcionario del Ministerio de Producción que lo denuncia y uno de los vice ministros del mismo sector, acusado de haber sido gerente de una empresa que le vendió equipos al Instituto Nacional Penitenciario, donde había sido Jefe, a pesar de las explícitas prohibiciones en la materia –conflicto de intereses que le dicen–, parecen pecados menores, al lado de los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011, aprobados por el gobierno el 17 de enero pasado, argumentando la necesidad de facilitar la promoción de la inversión privada en 33 grandes proyectos de infraestructura y servicios públicos.

La lista que es grande, va desde la concesión de un establecimiento penitenciario en Lima y el aeropuerto internacional de Chinchero, hasta los sistemas de distribución de gas natural para el Sur y el Norte Medio, pasando por el hub petrolero de Bayóvar y la carretera IIRSA Centro. Ni siquiera las islas San Lorenzo y el Frontón se salvan, pues aparecen incluidas en uno de los proyectos.

Lo sorprendente es que tras las reacciones en contra de los decretos, inicialmente de la Defensoría del Pueblo y después de buena parte de la oposición, distintos medios de comunicación y múltiples instituciones especializadas, no sólo el Ministerio del Ambiente salga en defensa de los mismos, sino que el propio Presidente de la República trate de restarle importancia al asunto, defendiendo sus supuestas bondades y los teóricos beneficios que le generarían al país.

En principio, las disposiciones emitidas, como alertara Beatriz Merino, son claramente inconstitucionales. La Carta Magna establece requisitos muy claros para la expedición de este tipo de decretos, cuando legislan en materia económica y financiera: se requiere de una situación excepcional e imprevisible o de la existencia de una urgencia de interés nacional y parálisis institucional. Parece claro que la única urgencia es la de un gobierno que llega a su fin y que sin mayor discusión pretende comprometer al país y sus recursos por las próximas décadas.

En segundo lugar, los decretos violan disposiciones ambientales vigentes al establecer que las certificaciones ambientales –requisitos indispensable para la ejecución de proyectos de inversión- no serán necesarias para la autorización de cualquiera de los proyectos priorizados en las normas. Finalmente, los decretos anulan el derecho de consulta.

Así las cosas, es legítimo preguntarse por el apuro del gobierno en esta materia y por la tozudez irresponsable que viene mostrando. Tozudez, decimos, porque se está enfrentando a una opinión pública que crecientemente se está pronunciando contra la decisión gubernamental y que se apresta a movilizarse por su derogatoria, aumentando la conflictividad que existe en el país y que debiera preocuparnos a todos, especialmente a quienes les encargamos el gobierno del Estado. Pero irresponsable también porque se hace a espaldas de los supuestos beneficiados y en muchos casos (por ejemplo en el proyecto San Lorenzo-Frontón) sin considerar la opinión técnica de instituciones como la Marina de Guerra, con indudable conocimiento de la materia ni, al parecer, convocando previamente al Consejo de Defensa Nacional, como ameritaba la situación.

El que una decisión de este calibre, más aún en medio de un proceso electoral o quizá tratando de aprovechar la atención que éste concita, la tome un gobierno que ya está de salida, es curiosa, por decir lo menos. El que ese gobierno no haya sido precisamente virtuoso en materia de corrupción, debiera llevarlo a ser muy cuidadoso y pulcro en sus últimos meses y no a actuar con la soberbia del perro del hortelano, tal como lo viene haciendo, máxime cuando algunas de las acciones de sus funcionarios más altos, empiezan a reventar como pop corn y escándalos como el de los petroaudios, siguen sin esclarecerse y sancionarse.

A los ciudadanos, a las organizaciones sociales y a las instituciones nos toca estar vigilantes. Da la impresión que en algún lugar del poder alguien ha llamado a zafarrancho de combate y todo vale porque el tiempo se acaba. En este caso, es indudable, si el gobierno no entiende, que será necesario usar todos los mecanismos legales que nuestra democracia contempla, para lograr su derogatoria.

desco Opina / 4 de febrero de 2011
Descargar aquí

Primera infancia, primera intervención

La población infantil, en especial la de las zonas rurales, está expuesta a condiciones de vida desfavorables que frenan sus posibilidades de desarrollo. Una de las manifestaciones de este problema es la malnutrición; que se define como la consecuencia de no cumplir con una dieta equilibrada en calidad y en cantidad. Puede ocurrir por exceso y llevar a un caso de obesidad, o por defecto lo cual conlleva a la desnutrición (bajo peso y/o talla corta) Las consecuencias de la malnutrición suelen ser irreversibles, sobre todo cuando se da en individuos que están desarrollándose: niños y adolescentes; ocasionando la aparición de enfermedades oportunistas que degradan la salud del menor.

Esta secuencia se produjo días atrás en Huancavelica, donde un menor de siete años falleció producto de una enfermedad terminal agravada por el cuadro de desnutrición. El menor fue trasladado a un hospital de la capital, pero los esfuerzos no hicieron posible cambiar el destino. Este hecho nos lleva a una reflexión que debemos considerar, principalmente en aquellas autoridades que inician su gestión tanto en los espacios locales como en el regional.

Estas situaciones se dan a pesar de la presencia estatal a través de proyectos y programas en salud, nutrición, producción, etcétera, entre los que destacan: Juntos, Pronaa, Estrategia CRECER, Agrorural, Vaso de Leche, Seguro Integral de Salud. Así, observamos que sus resultados no son los esperados, la articulación entre ellos es limitada, o la focalización de beneficiarios no es la adecuada. Los indicadores corroboran estas falencias en el caso de Huancavelica: 53.6% de desnutrición crónica y 68.3% de anemia en menores de cinco años, mientras que el 56.8% de las viviendas no cuenta con abastecimiento de agua.

Si bien la población infantil no participa de las elecciones y no escoge autoridades, las decisiones de estas influyen directamente en su desarrollo, en tal sentido las autoridades electas deben considerar esta premisa en su gestión. Huancavelica, con indicadores alarmantes en desnutrición crónica, prevalencia de enfermedades diarreicas o respiratorias y mortalidad, manifiesta una situación crítica en salud infantil, y sus autoridades están obligadas a tomar decisiones drásticas. Situar a la región como zona de emergencia sería un primer paso que permitiría canalizar apoyos desde el sector Salud y de Desarrollo Social, así como del propio Gobierno Regional. En segundo lugar, es preciso articular la mayor cantidad de actores en la generación de un espacio de concertación en la primera Infancia, que, tal como otros espacios integre al sector público y a la sociedad civil en su conjunto. Por último, se debe priorizar el desarrollo de proyectos e intervenciones de carácter integral, como la propuesta que obra en poder del Gobierno Regional denominada ’Programa de Igualdad de Oportunidades‘. El programa comprende una intervención amplia en agua, saneamiento, salud, producción, comercialización y organización para la totalidad de las familias rurales de la región.

Una nueva gestión regional se inicia en Huancavelica y con ello la expectativa de poder revertir una situación histórica. Queda en manos de las autoridades iniciar estos procesos y en las de la sociedad civil, brindar la atención necesaria para propiciar un trabajo conjunto.

desco Opina - Regional / 28 de enero de 2011
Programa Sierra Centro
Descargar aquí

Vocación suicida y desprecio por la gente

El verano electoral ya está a toda marcha. La inscripción de las distintas planchas presidenciales y la conformación de las listas parlamentarias, aún no definidas totalmente, muestran, una vez más, el desprecio de la mayoría de partidos nacionales por la gente. El espectáculo que vienen dando todos en la selección de sus representantes, resulta simplemente deplorable. Si la conformación de las planchas presidenciales trajo distintas sorpresas, el proceso de selección de los candidatos al Congreso viene siendo una exhibición de la irresponsabilidad que caracteriza crecientemente a nuestro sistema político y de la voluntad suicida de las agrupaciones que pretenden gestionarlo.

El partido de gobierno abrió fuegos en esta nueva etapa del show en que están convirtiendo el proceso electoral. La renuncia ante las cámaras de televisión de su candidata Mercedes Aráoz, enfrentada desde semanas atrás con Jorge del Castillo, quien fuera su principal promotor, no fue suficiente para esconder la guerra interna de un partido dividido en bandos, que no logró convocar ni a la vigésima parte de su declarada militancia a su proceso electoral interno para designar sus aspirantes al parlamento. Los enfrentamientos entre sus dirigentes más caracterizados se han sucedido en todas las regiones del país y continúan las denuncias de fraude en su parodia de comicios internos, en medio de la satisfacción de Alan García, quien dejó caer con gesto adusto pero sin mayor preocupación, una candidatura que alentó a todas luces. El mandatario, según distintas voces que lo conocen bien, se apresta a «refundar» hacia el 2016, la histórica agrupación que destrozó sistemáticamente los últimos años.

El proceso interno del Partido Popular Cristiano no fue mejor. Agobiado por una aguda crisis interna y por las sucesivas derrotas de su principal figura, Lourdes Flores, su «refugio» tras la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) no le alcanzó para resolver sus diferencias. El proceso de designación de sus candidatos al Congreso desnudó la naturaleza de sus pugnas internas. La renuncia de la congresista Florián, el enfrentamiento abierto entre su secretario general y su lideresa máxima y los intentos desesperados de la congresista Alcorta por mantenerse en la nómina congresal, aunque sea como invitada por PPK, demuestran que el supuesto debate entre «institucionalistas» y «renovadores» no es más que un discurso para disimular el interés y la ambición por el cargo público.

En Solidaridad Nacional, el escándalo suscitado alrededor de su candidata a la vicepresidencia, acusada de lograr esa posición tras comprometer un «jugoso» aporte a la campaña, ha hecho que la definición de su lista parlamentaria, sea tan sigilosa y silenciosa como su candidato presidencial, aunque es evidente que en ella y en lugares prominentes, figurarán actores de sonados escándalos, como el congresista Menchola. Por su parte, Perú Posible, que era el partido que mejor venía manejando su posicionamiento, también decidió entrar al espectáculo. Demostrando parte de la soberbia y la frivolidad que caracterizaron su gestión anterior, en su lista parlamentaria insiste en figuras fuertemente cuestionables como José Luis León, Juan Ramírez Canchari y Pilar Fleitas, por señalar algunas de ellas, comprometidas en diversos escándalos que le generaron costos importantes en su gestión anterior.

Fuerza 2011, por su parte, cumple con su rol en el espectáculo. Su lista parlamentaria, ya presentada en medio de acusaciones de venta de puestos, es una mixtura de parientes del ex Presidente, algunas de las figuras más oscuras de la década pasada que vuelven por su revancha, muchos congresistas que van por la reelección y algunos «imanes de taquilla» como Leyla Chihuán. Como será ésta que el congresista Souza optó por retirarse. En el caso de Gana Perú, que anunciara múltiples «filtros» para no repetir su lamentable experiencia del 2006, es evidente que la procesión sigue por dentro. Aunque no se conoce su lista definitiva, lo que ya es índice de sus problemas, todo indica que la pugna por los puestos es muy grande y que terminará dejando fuera de carrera a distintos aspirantes, muchos de los cuales eventualmente con mayores méritos y capacidades que los que finalmente sean designados.

Así las cosas, cabe la posibilidad de que el futuro Congreso de la República sea aún peor que el actual. Los partidos nacionales parecen decididos a que así sea. Con este comportamiento, los más de ellos ratifican su desprecio por la gente y afirman su voluntad suicida. La tragedia es que con su conducta debilitan aún más nuestra pobre democracia.

desco Opina / 21 de enero de 201
Descargar aquí