El baile de los que sobran

Es indispensable que los organismos electorales reconozcan su incapacidad para fiscalizar la existencia de los partidos políticos que ostentan inscripción vigente aunque nula vida orgánica; es indispensable que aquellos «sinceren» sus necesidades logísticas y presupuestales para cumplir con este mandato que tienen. El próximo Congreso debería proponer un marco legal adecuado para evitar que las justas democráticas se sigan transformando en espectáculos circenses en donde distintos aventureros arrastran a algunos inocentes a la confusión. No podremos mejorar la calidad de nuestra democracia si seguimos creyendo que la proliferación de partidos y movimientos políticos de papel contribuye a respetar la voluntad y el derecho popular.

A casi un mes para los comicios generales del 10 de Abril, los motores de los nóveles partidos políticos participantes en la carrera electoral al Congreso ya están sumamente recalentados. Tanto en Junín como en Pasco, las dos regiones que albergan a las provincias de Oxapampa, Chanchamayo y Satipo en la selva central, ha causado sorpresa la inscripción de las listas de partidos políticos de los cuales se desconocía su presencia e incluso la existencia de su militancia. En esta relación de partidos políticos desconocidos para ambas regiones podemos nombrar al Partido Político Justicia Tecnología y Ecología (JUSTE), Partido Político Cambio Radical, Fonavistas del Perú, Fuerza Nacional, al Partido Político Adelante e inclusive el Partido Descentralista Fuerza Social de la flamante alcaldesa de Lima. Si en la capital de la República, de estos grupos políticos se sabe poco o nada sobre su vida y militancia política, y según las encuestas sus candidatos a la Presidencia están por debajo de los que no saben no opinan, en las regiones su situación es más misteriosa e inclusive podríamos decir que caótica; sin locales partidarios, sin promoción de sus propuestas, sin visitas de sus candidaturas presidenciales, sin militancia y con escasas posibilidades de obtener tribuna en los medios de comunicación local, constituyen un enigma que nos invita a opinar sobre este tema.

En la inscripción de listas de candidatos al Congreso de estos pequeños partidos, sus improvisados personeros tuvieron que realizar una serie de enmiendas a sus solicitudes, las cuales iban desde la falta de documentos hasta el olvido de firmar las fichas de inscripción. Un hecho anecdótico se presentó con Fuerza Social que al levantar las observaciones de uno de sus candidatos ante el JEE de Pasco fue autorizado a hacer la publicación de su lista con el nombre de «Partido Descentralista Fuerza 2011»; la rectificación de este «error material» causó más de un malestar a su personero. La improvisación se puso de manifiesto en las solicitudes de inscripción de las listas que el Partido Político Justicia Tecnología y Ecología (JUSTE) presentó en los JEE de las regiones de Junín y Pasco, siendo ambas listas desestimadas. Lo curioso de su lista de Junín era que tres de los cinco candidatos apellidaban Pariona; dos de ellos aparentemente eran hermanos y por la edad del tercero no sorprendería que fuese familiar directo también; esta lista fue desestimada porque incorporaba dos invitados cuando la ley sólo les permite uno todo indica que faltaron candidatos e invitaron al resto de la familia a integrar la lista. En el caso de Pasco, la lista de JUSTE la encabezaba el ex alcalde de Puerto Bermúdez, Nemesio Mendoza Francisco Viriochi, quien durante su gestión edil fuera duramente cuestionado por atentar contra el Bosque de Protección San Matías San Carlos, construyendo una carretera a través de las áreas protegidas y afrontando un juicio penal por ello además de un abierto enfrentamiento con el Ministerio del Ambiente, lo que nos demuestra que la composición de la lista no tenía coherencia con su membrete de ecologista; curiosidades que se dan en muchos de nuestros «partidos políticos de papel» en donde las elecciones internas se deciden por la democracia del yan ken po.

Si para los candidatos poco conocidos de las listas con mayor opción, alcanzar una curul les será muy difícil y esperarán el rebose de la bolsa electoral que logre el partido para ganar un cupo, para los que candidatean en nombre de los partidos políticos desconocidos, más allá de algunas líneas que adornarán su currículo, no entendemos su motivación. Las posibilidades de que estos entusiastas puedan acceder a una curul son bastante limitadas por no decir imposibles. A saber; no cuentan con el respaldo institucional ni logístico de los partidos políticos a los que representan, más allá de sus propios recursos o de los de su círculo familiar y de la solidaridad de algunas amistades, no hay militancia que los respalde ni financie su campaña, he aquí que nace una pregunta ¿si no hay militancia, cómo pueden haber elecciones internas?, y si las hubo ¿cuántos participaron? y los que lo hicieron ¿desde cuándo eran militantes? Lo más probable es que en más de uno de estos partidos políticos el comportamiento haya sido el de la combi urbana, que recoge a sus pasajeros con el único requisito que cuenten con su pasaje aunque sepan que la ruta es incierta.

Estas listas, generalmente están conformadas por inexpertos aspirantes a políticos, seguramente muy honorables muchos de ellos. En el hipotético caso, de que por esfuerzo y simpatías personales puedan lograr un buen caudal de votos, todavía les queda la incertidumbre de si podrán superar la valla electoral, lo cual no depende de ellos sino de un colectivo político nacional del cual conocen poco y con quien no tienen articulación. Como nos recuerda el grupo Los Prisioneros «únanse al baile de los que sobran»”; aunque las listas de Adelante, Fuerza Social, Fuerza Nacional y Fonavistas del Perú tienen candidatos presidenciales, estos no cuentan con imagen en estas regiones, lo cual no los ayuda a arrastrar simpatías. Ni que decir de Cambio Radical que a todas luces «le tocó bailar con la más fea», porque su imagen más representativa también está postulando por Lima y en poco o nada los puede apoyar para mejorar la posición de su partido en las regiones, porque comparte las mismas penurias que sus otros candidatos.

desco Opina - Regional / 11 de marzo de 2011
Programa Selva Central

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Entre espectáculos y encuestas

Curiosa campaña electoral la que vivimos. Buena parte de los distintos candidatos se prodigan en acusaciones e insultos contra sus competidores. Los medios de comunicación, en su mayoría, funcionan como caja de resonancia de un espectáculo que, de repetido cotidianamente, ya resulta tan cansador y agobiante como la multiplicación de carteles y paneles de hombres y mujeres, que creen que con la reiteración de su imagen es suficiente para llegar al Congreso y que no necesitan de propuestas claras para el país.

Así las cosas, los más de ellos carecen de todo pudor. La disputa de varios aspirantes al parlamento con la Municipalidad de Lima, afectados por el retiro de parte de la publicidad con la que contribuyen a la contaminación de la ciudad, mostró el nulo respeto que tienen por la ciudadanía. Su argumento último que consistió en sostener que las autoridades ediles hicieron lo propio cuando fueron candidatos y que a fin de cuentas, sólo se trata de un par de meses más, permite anticipar cual será su comportamiento de ser elegidos.

Los escasos y limitados temas que han tratado de ponerse en agenda –la unión homosexual, el aborto o alguna forma de liberalización de las drogas–, rápidamente se desnaturalizaron y se convirtieron en espectáculo. Vimos entonces a distintos candidatos corriendo a analizarse el pelo para demostrar que no son consumidores; tuvimos que soportar la carga de varios homofóbicos y más de una candidata que guardó silencio frente a las desapariciones, asesinatos y torturas del pasado reciente, se rasgó las vestiduras en nombre del derecho a la vida y en contra de cualquier posibilidad de discutir, siquiera, la posibilidad de interrumpir en ninguna circunstancia un embarazo. Como no podía ser de otra manera, no estuvieron solos. En algunos casos, desde el púlpito, el Cardenal con su particular punto de vista intentó formar opinión pública. En otros, un conocido periodista deportivo exhibió su original manera de entender la tolerancia y la democracia.

Los wikileaks y su difusión, también hicieron lo suyo. Las denuncias de unos candidatos y otros ocuparon los principales espacios noticiosos, mostrando una vez más como toda esta lógica del todo vale que parece haberse apropiado de la política, por lo menos de buena parte de ella, no es nueva y tiene ya una historia larga en este país, que es anterior a si el ex presidente Toledo trató de impedir el triunfo de Ollanta Humala el 2006 o si PPK ya tenía experiencia previa en amenazar con devaluaciones, antes de octubre del 2010.

Ahora bien, más allá del show y de la pobre anécdota en la que los candidatos parecen querer convertir las elecciones, las últimas encuestas publicadas estos días, muestran la afirmación de algunas tendencias que pueden calentar la campaña. Toledo sigue apareciendo cómodo en el primer lugar, pero es claro que no le alcanza para ganar en primera vuelta. Keiko sigue mostrando un piso duro de un quinto del electorado, pero el mismo parece también muy cerca de su techo. Castañeda se sigue aferrando a la posibilidad de pasar a la segunda vuelta donde todo indica sería el único con posibilidad de competir con Toledo, pero está obligado a hablar y cuando lo hace se equivoca, mientras Ollanta, aunque muy lentamente, empieza a moverse en la intención de voto y amenaza con desplazarlo. Por su parte, PPK parece condenado a conformarse como telonero de Miguel Ángel Cornejo y su prédica emprendedora.

Aunque todavía restan varias semanas para las elecciones, hoy es difícil imaginar la segunda vuelta sin Perú Posible. Lo que resulta menos claro es con quién podría enfrentarse. Descartado PPK, Fujimori, Castañeda y Humala, así en ese orden, tienen la expectativa de competir nuevamente con el ex mandatario en junio próximo. Ello los obligará a una mayor competencia y a posicionar su oferta electoral, que hasta ahora parece contentarse con atacar y cuestionar a Toledo. Humala tiene la ventaja de aparecer como el único candidato «distinto» en el proceso, además de ser el más resistido por el Presidente García; carga sin embargo con el fuerte peso de haber sido incapaz de articular una oposición y propuestas consistentes estos últimos años. De pronto, entonces, empieza un espectáculo diferente y nuestros protagonistas hacen un esfuerzo mejor que el que nos han brindado hasta ahora.

desco Opina / 4 de marzo de 2011
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Emergencia y cambio climático en Arequipa

Contrariamente a lo observado los últimos años, en los que las previsiones del SENAMHI se han caracterizado por anunciar probables sequías por los efectos del fenómeno del Niño –a los que nos habíamos acostumbrado en el contexto del cambio climático–, las últimas semanas se han caracterizado por intensas precipitaciones pluviales que han superado en un 100% el promedio de los últimos 50 años para esta misma época.

Esta situación ha desnudado las debilidades de los sistemas de prevención para afrontar los efectos de las variaciones climáticas, ocasionando costosos daños en viviendas, centros comerciales de reciente inauguración en medio del boom comercial de la región (y que se suponían poseedores de los mayores avances tecnológicos) destrozos de calles, algunas recientemente pavimentadas, interrupción de carreteras, colapso de las redes de desagüe, estimándose en 6,218 los damnificados en un total de 47 distritos.

El crecimiento urbano en lugar de guiarse por la definición de los usos del suelo en función de planes rectores o una adecuada caracterización del espacio, ha estado condicionado por las presiones de la población para acceder a una vivienda ante la inacción de los gobiernos locales y por la ausencia de políticas públicas. En su lugar, ha primado la iniciativa de traficantes de terrenos, culminando en invasiones que al poco tiempo son reconocidas con propósitos electorales.

Esta situación ha motivado, el 15 de febrero, la declaratoria de emergencia luego de la convocatoria del Comité de Defensa Civil y con la participación de los alcaldes distritales. Ahora se busca afrontar de la mejor manera posible, la destrucción de viviendas y del pavimento de la mayor parte de las calles. Como suele ocurrir tradicionalmente en la gestión pública, se actúa sobre los hechos consumados.

Los cauces naturales para el drenaje del agua de lluvia han sido invadidos por pobladores que construyeron sus viviendas, posteriormente autorizadas con las respectivas licencias municipales. Estas han sido las más afectadas por el embate de las aguas en las torrenteras especialmente en los distritos de Paucarpata y Mariano Melgar donde hay una mayor concentración de estas viviendas precarias.

Por otro lado, conforme avanza la estación lluviosa se acentúan los peligros de la improvisación. El sistema de represas ya tiene almacenado alrededor del 85% de su capacidad lo que está obligando a incrementar el desembalse de las mismas a fin de evitar su colapso. A ellos se añade el pronóstico de SENAMHI sobre la prolongación de las lluvias hasta el mes de marzo. Esta situación ha puesto en riesgo los cauces del río Chili, repitiéndose en otras cuencas como Majes donde se viene registrando la pérdida de 400 hectáreas de cultivos de arroz en terrenos ubicados en las proximidades del cauce. En este caso, los problemas se generan en gran medida por la expansión de las áreas de cultivo sobre las márgenes de los ríos por los agricultores denominados «avanceros», quebrantando la normatividad sobre los cauces.

Estos hechos, en medio de la campaña electoral, deberían ser una oportunidad para requerir el pronunciamiento de los candidatos en cuanto a propuestas de políticas ambientales, planes de zonificación económica ecológica y las políticas de organización de la prevención de los riesgos, sobre todo cuando las manifestaciones más evidentes del cambio climático están asociadas a la dificultad para predecir o pronosticar los eventos climáticos estacionales.

desco Opina - Regional / 25 de febrero de 2011
Programa Regional Sur
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Guerra sucia y desvaríos acusatorios

Las encuestas realizadas durante la segunda mitad del mes de febrero eran importantes. Tal como había evolucionado la intención de voto en los meses anteriores, se suponía, con mucha razón, que los resultados que mostrarían en esa ocasión permitirían mayor certeza respecto a la consolidación del candidato que aparece en el primar lugar de las preferencias, así como sopesar las posibilidades de alcanzarlo o, en el peor de los casos, llegar a la segunda vuelta de los que venían en las posiciones siguientes.

Todas las encuestas, mostraron de manera homogénea, más o menos lo previsto, aunque no dejó de sorprender que uno de los candidatos en cuestión –Luis Castañeda, de Solidaridad Nacional– evidenciara un declive importante en las preferencias electorales. ¿Las explicaciones, al respecto? Dicho candidato no atinó a decir nada, mostrándose tanto o más mudo de lo habitual. Pero, el malestar trascendía a Castañeda y si bien no era generalizado, había suficientes motivos para que a estas alturas, los que han empezado a sentirse cada vez más alejados del triunfo o al menos de un porcentaje interesante de votos, se sientan negativamente aludidos por estas cifras.

Situaciones semejantes en el pasado, terminaron colocando a las encuestadoras en el centro de las dudas. Como no podía ser de otra manera, en esta oportunidad ha sucedido lo mismo, es decir, que los disgustos ante el mensaje son achacados al mensajero.

Mirando las cosas desde el mejor lado, tal vez ingenuo, las encuestadoras –no todas ellas son empresas– seguramente hacen esfuerzos para ajustar sus criterios metodológicos para obtener cada vez mejores productos. Debería ser así, porque el capital más importante que poseen es su credibilidad: si lo pierden, deben decir adiós al negocio.

En ese sentido, cabe remarcar las distinciones que se establecen entre los resultados de una u otras. En otras palabras, para el ciudadano no tiene el mismo valor informativo una encuesta realizada, digamos, por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, Ipsos Apoyo o Imasen y otra realizada por Idice. En esa línea y para empezar a despejar sospechas, sería interesante que, en una acción común, las encuestadoras realizaran una encuesta midiendo la credibilidad de cada una de ellas.

Entonces, en primer lugar, habría que preguntarse cómo es que se mantienen y obtienen tribuna esas encuestadoras que son a todas luces escasas de seriedad y pertinencia técnica. Tal vez, a esto podría responderse que sería finalmente el mercado el que termine por dilucidar quién es quién en estos ámbitos. Sin embargo, cuando lo que está en juego es algo tan sensible y subjetivo como la legitimidad, algo más debiera hacerse. Puede ser que estén fallando clamorosamente los mecanismos de autorregulación y esto debe subrayarse porque, como vemos, los defectos de unas tientan con facilidad a la generalización del desprestigio, sobre todo cuando estamos ante el registro de opinión política en tiempos electorales.

En segundo lugar, lo dicho no es una defensa de las encuestadoras, sino simplemente indicar algunos aspectos cruciales que deberían estar en el debate, para no terminar en un disparadero arrojando el agua sucia con el niño incluido. En suma, los problemas con y de las encuestadoras son de larga data, sin soluciones a la vista. Los primeros, pueden ser síntomas de la piconería de los que sienten que van a perder, pero también hay algo más que no se termina de aclarar. Los segundos, son cuestiones que tienen que asumir y resolver ellas mismas. En todo caso, es obvio que esto no puede manejarse sugiriendo la imposición de delirantes controles que suenan más a leguleyadas evidentemente inaplicables, como exigir la identificación documentada a los encuestados. El saludable retroceso del Jurado Nacional de Elecciones, en su pretensión de reglamentar las encuestas nos da la razón.

Paralelamente a estos hechos, una revista de circulación nacional arremetió contra un integrante de la plancha presidencial de Perú Posible, acusándolo de vínculos con el narcotráfico. En ese sentido, es tan cuestionable que los medios de comunicación no denuncien un hecho doloso cuando tienen la información necesaria para hacerlo, como hacerlo no sólo sin pruebas sino distorsionando hasta el absurdo lo poco que tienen. En este caso, lo único cierto es que la enorme equivocación de esa publicación, sólo ha producido un halo de desconcierto y, si se quiere, ha limitado la posibilidad de una investigación más seria. Esto último es gravísimo, porque indicios cada vez más fuertes señalan que las vinculaciones entre el narcotráfico y los políticos de nuestro país son una caja de Pandora que, compresiblemente, nadie atina a abrir.

desco Opina / 18 de febrero de 2011
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Una agenda municipal para Lima Sur

Un nuevo período de gobierno se ha iniciado a nivel municipal en los distritos de Lima Sur. Como suele ocurrir en muchas localidades del país, algunas de las nuevas gestiones han empezado su período declarando en reorganización la municipalidad, lo que implica la renovación del personal, y en no pocos casos provoca la paralización de procesos, perjudicando la atención a los vecinos. A ello, se suma lo que lamentablemente es práctica común de las gestiones salientes: dejar una muy limitada información documentaria, situación que obliga a los nuevos funcionarios y trabajadores a «ingeniárselas» lo mejor posible para cumplir sus actividades.

En el caso de las gestiones re electas, aunque aparentemente se encuentran más cómodas en la continuación de sus líneas de acción, en realidad enfrentan la necesidad de operar los cambios necesarios para desactivar posibles focos de oposición impulsados por los candidatos derrotados, que en ninguno de los casos lo ha sido por diferencias demasiado holgadas. Por otro lado, tanto las gestiones nuevas como las re-electas deben resolver un problema producto de las precarias alianzas electorales: los conflictos entre los miembros de los partidos políticos que reclaman la gestión para su agrupación, frente a las nuevas autoridades y sus equipos técnicos, que rápidamente se distancian de los «partidos-membrete» que sirvieron para los tiempos electorales.

Pero ¿cuáles son los temas de fondo que, superando este tiempo de «acomodos», deben enfrentar las autoridades municipales en Lima Sur? Los distritos del tradicionalmente llamado «cono sur» así como los distritos conocidos como «balnearios», presentan una agenda amplia y diversa. En primer lugar, los problemas generados por un crecimiento urbano dado en ausencia de una política pública adecuada que, dado el escaso liderazgo de las autoridades locales, se traduce en la masiva ocupación de zonas vulnerables y de alto riesgo. La intensificación del régimen de lluvias veraniegas que atestiguamos año a año, con los consiguientes deslizamientos en las zonas de laderas –principalmente en Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores– debe ser una alarma de primer orden para la atención de las necesidades de prevención, mitigación y, eventualmente, de reubicación –una salida posible, pero olvidada entre nuestras políticas urbanas–.

Un escenario particularmente adverso se presenta en el frente de la inseguridad ciudadana, problema que va en aumento en la percepción de los vecinos y que no sólo tiene que ver con el delito callejero, sino que aparece ligado a las crecientes necesidades relacionadas al espacio público y de manera más reciente a las actividades de consumo y recreación de los jóvenes, por ejemplo, en los bulevares y discotecas, que en la percepción de la comunidad de Lima Sur, aparecen como espacios de peligrosidad, de consumo de alcohol y drogas y de peleas entre «pandillas». En este campo, en el que los recursos locales son insuficientes, serán vitales los esfuerzos de coordinación intermunicipal (por ejemplo para el servicio de serenazgo) y las políticas municipales que trasciendan la lógica represiva y apuesten por un ordenamiento comercial de las áreas de esparcimiento locales que van surgiendo en Lima Sur como parte de una ciudad diversa y compleja en la que los jóvenes deben tener espacios seguros y accesibles para su esparcimiento.

Finalmente, está la agenda pendiente de los servicios urbanos de calidad. Tanto en las áreas consolidadas, como en las zonas de expansión, persisten los problemas de salubridad tanto por el consumo de agua de mala calidad como por el almacenamiento del recurso en aquellas zonas no cubiertas por las redes existentes, donde se cierne la sombra de la epidemia del dengue que azota a nuestra selva. Además, si bien a través de Agua para Todos el gobierno central ha realizado inversiones considerables en Lima Sur, lo cierto es que su intervención no ha sido concertada con las autoridades y en gran medida, el espejismo del terreno con servicios ha alentado –de la mano de especuladores y traficantes– el ya de por si complejo proceso de nuevas ocupaciones hacia el este de las quebradas de Villa María del Triunfo, en la zona de Manchay.

Este rápido pauteo de temas sugiere la agenda que es más ampliamente desarrollada en la propuesta de Plan de Desarrollo Integral de Lima Sur elaborado por la Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima-AMASUR, instancia de la que se espera el inicio de un proceso de convergencia con la Mancomunidad de los Distritos del Litoral Sur de Lima, su par para los distritos que van de Lurín hasta Pucusana.

Además de la concertación entre las autoridades distritales de cara a los problemas de Lima Sur, es necesario renovar la apuesta por una participación amplia de las y los ciudadanos. En este sentido, los Planes de Desarrollo Concertado de cada localidad, así como los planes de gobierno de las autoridades electas, deben ser herramientas para la vigilancia ciudadana de los acuerdos sociales y de los compromisos asumidos en campaña.

desco Opina - Regional / 11 de febrero de 2011
Programa Urbano
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Lima Sur: Autoridades Municipales Período 2011-2014

Zafarrancho de combate

Conforme se acerca el fin del mandato aprista, los escándalos parecen multiplicarse. Un ex vice ministro de Justicia atrapado con las manos en la masa tratando de obtener favores de un funcionario del Ministerio de Producción que lo denuncia y uno de los vice ministros del mismo sector, acusado de haber sido gerente de una empresa que le vendió equipos al Instituto Nacional Penitenciario, donde había sido Jefe, a pesar de las explícitas prohibiciones en la materia –conflicto de intereses que le dicen–, parecen pecados menores, al lado de los Decretos de Urgencia 001-2011 y 002-2011, aprobados por el gobierno el 17 de enero pasado, argumentando la necesidad de facilitar la promoción de la inversión privada en 33 grandes proyectos de infraestructura y servicios públicos.

La lista que es grande, va desde la concesión de un establecimiento penitenciario en Lima y el aeropuerto internacional de Chinchero, hasta los sistemas de distribución de gas natural para el Sur y el Norte Medio, pasando por el hub petrolero de Bayóvar y la carretera IIRSA Centro. Ni siquiera las islas San Lorenzo y el Frontón se salvan, pues aparecen incluidas en uno de los proyectos.

Lo sorprendente es que tras las reacciones en contra de los decretos, inicialmente de la Defensoría del Pueblo y después de buena parte de la oposición, distintos medios de comunicación y múltiples instituciones especializadas, no sólo el Ministerio del Ambiente salga en defensa de los mismos, sino que el propio Presidente de la República trate de restarle importancia al asunto, defendiendo sus supuestas bondades y los teóricos beneficios que le generarían al país.

En principio, las disposiciones emitidas, como alertara Beatriz Merino, son claramente inconstitucionales. La Carta Magna establece requisitos muy claros para la expedición de este tipo de decretos, cuando legislan en materia económica y financiera: se requiere de una situación excepcional e imprevisible o de la existencia de una urgencia de interés nacional y parálisis institucional. Parece claro que la única urgencia es la de un gobierno que llega a su fin y que sin mayor discusión pretende comprometer al país y sus recursos por las próximas décadas.

En segundo lugar, los decretos violan disposiciones ambientales vigentes al establecer que las certificaciones ambientales –requisitos indispensable para la ejecución de proyectos de inversión- no serán necesarias para la autorización de cualquiera de los proyectos priorizados en las normas. Finalmente, los decretos anulan el derecho de consulta.

Así las cosas, es legítimo preguntarse por el apuro del gobierno en esta materia y por la tozudez irresponsable que viene mostrando. Tozudez, decimos, porque se está enfrentando a una opinión pública que crecientemente se está pronunciando contra la decisión gubernamental y que se apresta a movilizarse por su derogatoria, aumentando la conflictividad que existe en el país y que debiera preocuparnos a todos, especialmente a quienes les encargamos el gobierno del Estado. Pero irresponsable también porque se hace a espaldas de los supuestos beneficiados y en muchos casos (por ejemplo en el proyecto San Lorenzo-Frontón) sin considerar la opinión técnica de instituciones como la Marina de Guerra, con indudable conocimiento de la materia ni, al parecer, convocando previamente al Consejo de Defensa Nacional, como ameritaba la situación.

El que una decisión de este calibre, más aún en medio de un proceso electoral o quizá tratando de aprovechar la atención que éste concita, la tome un gobierno que ya está de salida, es curiosa, por decir lo menos. El que ese gobierno no haya sido precisamente virtuoso en materia de corrupción, debiera llevarlo a ser muy cuidadoso y pulcro en sus últimos meses y no a actuar con la soberbia del perro del hortelano, tal como lo viene haciendo, máxime cuando algunas de las acciones de sus funcionarios más altos, empiezan a reventar como pop corn y escándalos como el de los petroaudios, siguen sin esclarecerse y sancionarse.

A los ciudadanos, a las organizaciones sociales y a las instituciones nos toca estar vigilantes. Da la impresión que en algún lugar del poder alguien ha llamado a zafarrancho de combate y todo vale porque el tiempo se acaba. En este caso, es indudable, si el gobierno no entiende, que será necesario usar todos los mecanismos legales que nuestra democracia contempla, para lograr su derogatoria.

desco Opina / 4 de febrero de 2011
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