Una historia repetida

 

A cinco días de la primera vuelta electoral, aún desconocemos quién será el rival de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta, quiénes los integrantes del Congreso futuro y cuáles las fuerzas que controlarán al Senado todopoderoso. Sin embargo, es meridianamente claro que no estamos asistiendo a un proceso electoral “normal”. Lo sabíamos desde un inicio, porque se trata de uno diseñado por un congreso mafioso y autoritario que, convertido ya en primer poder del Estado, busca perpetuarse en el gobierno y lo diseñó a su imagen y semejanza.

Como se recordaba en un artículo publicado el día mismo de las elecciones, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto al derecho de las minorías. En nuestro país, aquellas se fragmentaron aceleradamente por la perversión de las reglas de juego, consagrándose el imperio de las segundas. La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, AP y Perú Libre, destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, todo en su beneficio. En ese proceso, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios que hoy cuesta 1768 millones de soles, más del doble de lo que costaba el 2022, así como su grosero desprecio por sus electores, explican el profundo rechazo que generan en la población, rechazo que, como es obvio, comparten los partidos políticos.

La cédula de votación, 44 cm x 21 cm, era el símbolo perfecto del desorden y la confusión que podían producirse el 12 de abril. Cinco columnas para igual número de elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y varios miles de aspirantes en pugna, hablaban de la elección con más candidatos en los últimos 60 años en toda la historia nacional. La eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) multiplicó el número de partidos y abrió las puertas a agrupaciones que no habrían superado los filtros de procesos anteriores, asegurando una arquitectura electoral que asegurara el acceso al gobierno y a la representación con números irrelevantes. En otras palabras, la decisión de prolongar la situación que ya se observaba desde años atrás, manteniendo la baja legitimidad de origen de los parlamentarios. Recordemos que Fuerza Popular, con el 39.8% de los votos, logró el 56.15% de los congresistas el 2016, mientras que la alianza de facto que controla el actual Congreso, sin contar los votos de Perú Libre, no alcanzó ni el 15% del voto emitido.

Lo que no era tan previsible fue el naufragio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de la votación. Retrasos significativos en la distribución del material electoral, problemas con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de éstas y locales inadecuados se fueron evidenciando en Lima desde las primeras horas. Finalmente, 52 261 electores en Lima se quedaron sin ejercer su derecho, porque no se pudieron instalar 187 mesas de votación en varios distritos del sur de la capital. La incapacidad de la ONPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la pronta reaparición de López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado semanas atrás y que incluía, desde entonces, una amenaza directa a Corvetto, enrarecieron rápidamente el ambiente y en pocas horas asistimos a una acelerada película que permite múltiples sospechas, y que debe ser aclarada pronto.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salvar su indiscutible responsabilidad en los problemas suscitados, el Ministerio Público y la Policía, todos atrás del cuento del fraude, enfilaron contra Corvetto como responsable único y avanzaron en su afán de encontrar delito y flagrancia, incluyendo la detención y la exhibición de un funcionario esposado. Para entendernos, las gruesas fallas logísticas de la ONPE, los silencios y las importantes omisiones de su máxima autoridad, más allá de afectar de distinta manera el voto de más de 850 000 personas, exigen investigación inmediata y profunda, pero no justifican ni las denuncias de fraude ni la cacería de chivos expiatorios desde un Estado en derrumbe y en creciente deriva autoritaria (Nicolás Vargas en “Un golpe silencioso; un golpe perfecto”, La República 17 de abril de 2026). Mientras no se presenten pruebas, insistir con el argumento linda con el delito. El asunto es tan grosero que Keiko Fujimori hizo un llamado a la calma y a no hablar de fraude, cierto que como preámbulo a recordar que “el enemigo es la izquierda”, mientras distintos abogados, insospechables de izquierdismo, como César Nakazaki, insisten en que no se puede usar el derecho penal en este momento.

En medio de ese escenario, la gente participó y votó masivamente el domingo 12 porque asumió que con el voto también se lucha. Los resultados hasta el momento, así lo demuestran. Más allá de quién competirá con Fuerza Popular en la segunda vuelta, lo que es indiscutible es la lista de quiénes desaparecen del Congreso, sentenciados sin apelación. A César Acuña y APP, José Luna y Podemos, Avanza País y sus ruidosos voceros, Somos Perú con su triste paso por la presidencia del país, el huidizo Cerrón y su Perú Libre, así como a los viejos partidos históricos –APRA, PPC y AP, previamente suicidada –, les quedará como consuelo su eventual participación en las elecciones subnacionales de octubre. Los electores no se perdieron en la fragmentación ni en las dificultades del proceso mismo, decidiendo recordar y castigar.

El competidor de la señora K en la segunda vuelta difícilmente se definirá en las próximas horas. Hay más de 5400 actas impugnadas en el país, 18.8% en Lima. Los personeros naranjas y celestes se las reparten, priorizando muchos de los territorios en los que ganó Sánchez, en un proceso electoral cuya calidad ha sido seriamente afectada, involucrando la representatividad de los resultados y aumentando la polarización y la desconfianza de la ciudadanía. A la incontinente violencia verbal del exalcalde limeño se suman periodistas que no dudan, por ejemplo, en calificar de “ignorante, revanchista y odiador” al voto del sur, así como una derecha que no aprende y que mira como rojo y peligroso todo lo que no ve el mundo como lo hacen desde sus intereses y sus miedos. En este escenario, los próximos días las denuncias de fraude se multiplicarán, seguramente desde el lado de los candidatos en pugna, pero también de sectores del electorado y de poblaciones que sentirán que atrás de las acusaciones de fraude está el interés de desconocer su voluntad.

Como lo señaló un analista, citando a Marx, la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Recordemos que a la segunda vuelta concurrirán dos candidatos, no importa si López Aliaga o Sánchez, que sumados a Fujimori no representan al 30% de los electores.

 

 

desco Opina / 17 de abril de 2026

Tiempo electoral y timing político en escenarios vacíos

 

En su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte omitió públicamente el tema de las elecciones generales de 2026, a pesar de que estaba incluido en el texto original de su discurso. De las 97 páginas que conformaban el documento, Boluarte leyó hasta la página 81, desde donde saltó directamente a la 96 para leer una carta del papa León XIV y cerró con palabras personales, dejando sin leer 13 páginas que abordaban algunos temas importantes, entre ellos el proceso electoral.

De esta manera, en los últimos 30 años, Boluarte es la única mandataria que ha dejado de referirse explícitamente a las elecciones generales en su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. Trascendió que el texto omitido, contenía la siguiente reflexión sobre el proceso electoral que se avecina:

“Uno de los desafíos de este último año de gestión es garantizar elecciones libres, transparentes e incuestionables, proceso en el cual mantendremos absoluta neutralidad, pero siempre vigilantes del desarrollo de los comicios. En esa línea, me permito invocar a nuestros ciudadanos a evaluar con responsabilidad el destino de su voto y elegir al futuro presidente o futura presidenta y futuros representantes que nos garanticen el respeto al orden democrático, la institucionalidad y el futuro de la patria”.

¿Por qué es relevante esta omisión? El 2026 será un año electoral doble: se celebrarán elecciones generales (Presidencia, Congreso bicameral, Parlamento Andino) y elecciones regionales y municipales. En suma, se elegirán más de 13 000 autoridades durante el año.

Recordemos que la última vez que elegimos un Congreso bicameral fue en 1990, lo que significa que aproximadamente 65% de la población electoral del país lo hará por primera vez. En esa línea, todo indica que muchos votantes no conocen aún las funciones diferenciadas entre el Senado y la Cámara de Diputados; tampoco que el Senado tendrá el mayor poder legislativo, incluyendo la aprobación de tratados, decretos de urgencia y nombramientos de altos funcionarios. Menos aún que estos cambios podrían reconfigurar el equilibrio de poderes y abrir nuevas dinámicas de representación política.

Bajo estas consideraciones, la omisión de Boluarte genera suspicacias, ya que, en un contexto de nula aprobación de la mandataria y una alta tendencia a la confrontación, no mencionar el proceso electoral puede interpretarse como una estrategia para evitar compromisos explícitos o para reducir el escrutinio público.

A ello deben sumarse cuestiones como que en este momento ningún candidato supera el 10% de intención de voto y que el 56.5% del electorado está indeciso o votaría en blanco/nulo, reflejando una nítida crisis de representación.

No debe olvidarse, además, que el escenario electoral ha sido negativamente alterado con decisiones, entre otras, como la eliminación de las elecciones primarias abiertas (PASO), que debilitan la participación ciudadana y favorecen a las cúpulas partidarias; las reformas que debilitan a los movimientos regionales y convienen a los presuntos partidos nacionales, así como las trabas impuestas a las iniciativas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que buscan que los directivos de partidos sean personas idóneas, sin condenas por delitos graves.

Por otro lado, tenemos otro factor central, que es la actual vigencia de la vacancia presidencial. Es cierto que doctrinariamente se ha considerado inconveniente vacar a un presidente en su último año de mandato, usando fundamentos políticos como constitucionales, entre ellos el principio de estabilidad institucional (vacar al Presidente en el último año de su mandato puede generar una crisis innecesaria, afectando la organización del proceso electoral y la gobernabilidad). Ello, además, de considerar la pertinencia de evitar el uso instrumental de la vacancia en contextos de alta conflictividad, porque puede convertirse en una herramienta de cálculo electoral, donde los partidos buscarían posicionarse para las elecciones venideras.

Es decir, la idea de no vacar en el último año no es explícita en la Constitución, pero si emerge, aparecería como una convención política para preservar una estabilidad conveniente a sus promotores, evitando que el Congreso se convierta en un actor desestabilizador.

En ese sentido, se trata de una doctrina de prudencia institucional, más que de una norma jurídica. Así, no hay inmunidad temporal y la presidenta puede ser vacada en cualquier momento de su mandato si se cumplen las causales constitucionales. Por otro lado, es un acto político y no judicial, porque si bien se basa en causales objetivas, la vacancia es decidida por el Congreso y puede estar influida por las correlaciones de fuerza y la coyuntura política.

Como vemos, el escenario electoral peruano rumbo a las elecciones generales de abril de 2026, se presenta como uno de los más fragmentados, inciertos y desafiantes de las últimas décadas. Sin embargo, que haya sido convenientemente suprimido a última hora del discurso de la gobernante, no significa que no esté en las consideraciones de esa derecha, cuyo único objetivo político es enlodar a más no dar el escenario electoral, para que su mantra preferido, fraude, tenga la muy remota posibilidad de tomar algo de forma.

 

desco Opina / 8 de agosto de 2025

Acostumbrados a la mediocridad

En algo más de un mes el gobierno del presidente Castillo cumplirá un año ocupando el poder Ejecutivo. Totalmente desgastado, no aparece más como un gobierno novedoso que ofrece esperanzas de una gestión, ni siquiera mediocre, del país. A esa derrota de la expectativa por avanzar y tener un destino mejor se suma, circunstancialmente, una derrota deportiva que nos deja fuera del campeonato mundial de futbol y que no se ha expresado en ningún descontento adicional con los políticos en el gobierno.

La marcada polarización no se ha atenuado y no se perciben aportes de la clase política que apunten a mejorar la gobernabilidad en función de lograr mejores condiciones de vida para los peruanos. La inestabilidad continua con fuerza. Es una época de intransigencias, donde la política entendida como negociación está desprestigiada. La mala calidad de nuestros políticos añade sombras a este escenario.

El vivir el «día a día» se reafirma así como parte de nuestra identidad, y contagia por cierto, todas las dimensiones de la vida pública y privada de las grandes mayorías, desprovistas de un empleo digno, de servicios básicos o de educación con mínimos de calidad. Eso, por no mencionar la larga lista de carencias en otros ámbitos como la agricultura, la vivienda y la salud. La lógica de la informalidad y la opacidad de un grupo mayoritario de congresistas que pretenden permanecer en sus cargos, pareciera señalar que esta situación se prolongará por un tiempo indefinido y las posibilidades de alcanzar un consenso mínimo están todavía muy lejos.

La lista de enfrentamientos entre poderes e instituciones públicas es cada vez más amplia e infructuosa. Casi todos los peruanos y peruanas coinciden en que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, se han entrampado en un enfrentamiento vano, y viven en medio de una situación incierta que se prolonga. El afán por entorpecer la acción del otro o por preservar intereses conservadores y negocios oscuros o incrementarlos, es lo único que queda claro en este escenario de confrontación entre ambos poderes

Los enfrentamientos entre las derechas del Congreso y el presidente de la República en su afán por vacarlo se expresan de múltiples maneras como, por ejemplo, el propósito de vacar prestamente a la vicepresidenta Dina Boluarte por una infracción constitucional discutible. También destaca el enfrentamiento entre el Jurado Nacional de Elecciones y varios de los partidos del Congreso cuyos dirigentes mostraron su incapacidad para inscribir a buena parte de las listas de sus candidatos para los próximos comicios regionales y municipales Más recientemente, se añadió, a propósito de la próxima elección del Defensor del Pueblo, el intento de desacato del Congreso a una orden judicial que confronta también a dos poderes del Estado en medio de su escasa capacidad para negociar y asumir sus propias responsabilidades. Un nivel muy alto de desorden e improvisación que hace más difícil la situación general del país.

La consigna «que se vayan todos» compite con la crecida resignación y la disposición que mostramos a aceptar la ecuación que suma incapacidad, mediocridad y corrupción, que caracteriza la vida política institucional del país; sin verdaderos partidos políticos ni liderazgos sólidos con proyectos colectivos de mediano o largo alcance, como parte del paisaje nacional. 

El alejamiento de la pandemia y la innegable disminución de los peligros del COVID-19 en el escenario sanitario, nos trasladan ahora a una nueva situación que se define por el proceso inflacionario interno, una contagiosa crisis económica internacional y un país que rechaza el trabajo parlamentario tanto como el del gobierno, sin que se genere mayor reacción de la ciudadanía acostumbrada por la informalidad a tolerar todo tipo de mediocridad, como en el caso del empleo informal, la educación universitaria «bamba» y de pésima calidad y las estafas recurrentes desde los sectores público y privado. Para la opinión pública esta nueva forma de país en el que la inestabilidad pareciera ser lo único constante y sólido de la política peruana es la «nueva normalidad».

En medio de este panorama carente de liderazgos, hay que señalarlo también, la izquierda real ha desaparecido como un actor propositivo del escenario nacional, y lo que se espera de las elecciones regionales y municipales del mes de octubre es que sus resultados, como ha sido durante los últimos procesos, encumbren a las fuerzas locales que en abrumadora mayoría son la expresión de más informalidad en política que nos lleva a seguir en la indefinición, la incertidumbre y la instalada mediocridad.

desco Opina / 17 de junio de 2022

Campaña con candidatos TikTok

 

La campaña política hacia las elecciones generales de abril está como este verano: muy poca luz y calor y un panorama gris dominante. Sin mítines, marchas ni caravanas y en limitados encuentros con personas mascarilla a mascarilla –por las necesarias medidas de prevención ante el contagio por la pandemia– las candidatas y candidatos casi no aparecen en las calles y espacios públicos. Del lado de los ciudadanos, está claro desde hace más de tres décadas que frente a los diversos hechos de la coyuntura política, la gran mayoría ha buscado informarse a través de la televisión y, en segunda instancia, por la radio y los medios escritos. Las agrupaciones políticas no son ya una fuente prioritaria de información y han sido reemplazadas por las redes sociales, donde son una página o un muro más entre millones de emisores.

Crecientemente los candidatos utilizan los medios digitales, que son una alternativa barata y supuestamente de fácil acceso para una campaña on line. Puede verse así, con progresiva frecuencia, a aspirantes al Congreso nacional y a quienes postulan a la presidencia de la República, en diferentes redes sociales, en invitaciones a eventos de webinar (plataformas de video en salas virtuales como Meet o Zoom). También es cierto –y suelen olvidarlo muchos de ellos– que los ciudadanos con acceso digital regular siguen siendo pocos en el país, y en su mayoría se limitan, cuando lo hacen para dejar huella, a un clic de aprobación o rechazo. La cobertura básica universal a Internet en nuestro país es solo una pequeña parte del problema, pues se sabe que, aún más importante, es la calidad de la señal que recibimos los usuarios. Al respecto, en trece departamentos, más de la mitad de las conexiones están por debajo del umbral aceptado.

En el Perú, como en todo el mundo, las normas y reglas que se producen para el ámbito digital son crecientes y se espera avanzar mucho durante este año en la prestación del servicio de Internet, básico para acceder a redes, a plataformas y demás… pero eso será luego de las elecciones generales. Al mismo tiempo, como novedad de transparencia digital, la plataforma Facebook, como lo ha hecho en Estados Unidos durante la reciente campaña presidencial, revelará la identidad de los anunciantes durante las elecciones en Perú. Para ello adjunta ya una etiqueta con la información “pagado por” notificando quién es responsable, cuál fue la inversión aproximada y a quiénes fue dirigido, contribuyendo así con la transparencia y a reducir en algo la presencia de los odiosos trolls.

Simultáneamente, el Jurado Nacional de Elecciones convocó hace poco, con éxito, a la mayoría de los partidos en competencia a firmar un Pacto Ético Electoral, que esta vez incluye como un tema específico, lineamientos de conducta para los partidos y candidatos en las redes sociales. Pocas organizaciones, como la ultraderechista Renovación Nacional de López Aliaga, se han negado a hacerlo y hay candidatos como Hernando De Soto, que en el sentido contrario, expresamente han manifestado privilegiar esta herramienta.

Sin embargo, la generalidad de la población no está al tanto de los planes de gobierno de los candidatos, inclinados muchos de éstos a una campaña demagógica desde las redes sociales como megáfono, con envíos patéticos en algunos casos, frases repetidas y desparramadas e, incluso, bailes y chistes. La credibilidad en los diarios preferidos por distintos sectores ciudadanos y la televisión (cada vez más vía cable) siguen siendo por la fuerza de la costumbre los medios de mayor impacto general en cuanto a creencia, de cara a la competencia que significan tweets, post, historias, fotos y videos en Instagram o TikTok.

La estrategia, la imagen del candidato, el posicionamiento y sus mensajes compiten ahora con el humor y el malhumor. ¿Tendremos un presidente y nuevos congresistas TikTok? Es un reto difícil pero importante contribuir a elevar el nivel de esta campaña electoral. Podemos hacerlo.

 

desco Opina / 12 de febrero de 2021

Los competidores en la liga electoral macrorregional

El largo periodo de crisis en la presidencia nacional, que incluyó el indulto al exdictador Alberto Fujimori, la dimisión de PPK y la asunción de Martín Vizcarra, relegaron a un segundo plano la convocatoria oficial a elecciones regionales y locales. Los grandes medios masivos de comunicación, esos que copan portadas y noticieros televisivos de alcance nacional, no le dieron mayor cobertura en sus agendas y, al parecer, terminado el mundial de fútbol, estás elecciones recién adquirirán visibilidad.  

Este etéreo clima electoral también fue alimentado en las mismas regiones, pues a diferencia de años anteriores, la propaganda de los candidatos ha sido muy reservada; tanto así, que recién el 19 de junio –fecha límite para la presentación de listas de candidatos ante el Jurado Electoral Especial (JEE)– hemos podido conocer a todas y todos los interesados en gobernarnos los próximos cuatros años. Se pensaría que esta discreción era para guardar las formas electorales, pues los candidatos se tenían que ajustar a los designios de las elecciones internas, pero vistos los acontecimientos, esta autorregulación respondió más bien a negociaciones políticas que se han dado hasta el último momento previo a la inscripción, para alcanzar un lugar en la liga electoral. Recordemos que, por mucho tiempo, se vieron pintas de candidatos sin partido que los avale, es decir, candidaturas en oferta al mejor postor. Al menos en Arequipa, vimos varios casos para los sillones municipales.

El Jurado Nacional de Elecciones ya publicó las listas regionales inscritas. En el sur hemos encontrado nuevamente una atomización de propuestas electorales, siendo Arequipa una de las regiones con más candidatos a gobernantes (21 en total), seguidos de Madre de Dios (19 candidatos), Tacna (18), Cuzco (17), Apurímac y Moquegua (13 en ambos casos), y Puno (11).

¿Por qué tanto interés? Podemos ensayar una respuesta: además de la gran fragmentación política existente a nivel nacional, Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, figuran entre los diez departamentos que recibieron mayor renta de las industrias extractivas entre el 2004 y el 2014, y en la lista de los diez departamentos con mayor inversión minera los dos últimos años. Sin duda, esto genera expectativas en toda la ciudadanía, incluyendo desde luego a quienes aspiran a controlar espacios estatales para, desde allí, presumiblemente, intentar acceder a estos recursos con fines personales o grupales. Por ello, es previsible que esta tendencia se mantendrá en los próximos años. En el caso de Madre de Dios, hay además muchos intereses tras la explotación de recursos como la madera y el oro.

Si bien algunos de los ajustes de la ley electoral han dejado a muchos candidatos fuera, no nos garantiza la calidad de las propuestas de los aspirantes a nivel regional, pues no es exigencia que los candidatos tengan una militancia comprobada en los movimientos regionales o partidos políticos que los promueven. Entonces, nuevamente tendremos una mayoría de propuestas de gobierno sin un respaldo político para llevarlas adelante, y autoridades que no tienen el deber de responder a sus organizaciones por las malas decisiones que tomen ni tampoco cuadros técnicos partidarios detrás de sus planes de gobierno. El mentado fortalecimiento de los partidos políticos y movimientos regionales, nuevamente quedará postergado, quien sabe si hasta el próximo proceso electoral regional post Bicentenario.

Otra característica de este proceso, es que vamos a tener candidatos que harán campaña a la par que siguen sus procesos judiciales, o investigaciones fiscales. Tal es el caso de Walter Aduviri Calizaya, del Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi casita) en Puno, condenado en julio del año pasado a 7 años de prisión y al pago de 2 millones de soles como reparación civil por delito de disturbios por el famoso Aymarazo; o Alfredo Zegarra Tejada, del Movimiento Regional Arequipa Renace, investigado por tráfico de terrenos y depredar la campiña de la ciudad durante su última gestión municipal.

Con este panorama ¿qué le queda a la ciudadanía? Pues echar mano de la información disponible de las hojas de vida de los candidatos, de sus planes de gobierno, y estar atentos a las denuncias de la prensa seria, pues la prensa, en ocasiones, ha hecho más por el control político que el mismo Jurado Nacional de Elecciones, órgano encargado de fiscalizar las candidaturas. Ciertamente, en el Perú de hoy, los medios para obtener información sobre los candidatos aún son restringidos para la mayoría de la población, pues no todos saben cómo navegar por la red o no tienen acceso a este servicio, o la conexión es deficiente, como en las zonas rurales. Aun así, tenemos el deber de ser más responsables con nuestro voto.

Ante el descrédito de la política y los políticos por la profundidad y amplitud de la corrupción, estas elecciones también deberían ser entendidas como una oportunidad para exigir a todos los postulantes, propuestas concretas para enfrentarla y hacer de esto un factor de distinción, de modo que los electores tengan mayor información al momento de decidir su voto. La ausencia o debilidad de partidos políticos, el desencanto, la desafección y desconfianza ciudadanas son, sin embargo, grandes obstáculos, aunque hay iniciativas de vigilancia y de exigencia de rendición de cuentas que deben ser potenciadas.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2018

Programa Regional Sur - descosur