En su último mensaje a
la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte omitió públicamente el tema de las elecciones generales de 2026, a pesar de
que estaba incluido en el texto original de su discurso. De las 97 páginas que
conformaban el documento, Boluarte leyó hasta la página 81, desde donde saltó
directamente a la 96 para leer una carta del papa León XIV y cerró con palabras
personales, dejando sin leer 13 páginas que abordaban algunos temas importantes,
entre ellos el proceso electoral.
De esta manera, en los
últimos 30 años, Boluarte es la única mandataria que ha dejado de referirse explícitamente a las elecciones generales en su último mensaje a la Nación por Fiestas
Patrias. Trascendió que el texto omitido, contenía la siguiente reflexión sobre
el proceso electoral que se avecina:
“Uno de los desafíos de
este último año de gestión es garantizar elecciones libres, transparentes e
incuestionables, proceso en el cual mantendremos absoluta neutralidad, pero
siempre vigilantes del desarrollo de los comicios. En esa línea, me permito
invocar a nuestros ciudadanos a evaluar con responsabilidad el destino de su
voto y elegir al futuro presidente o futura presidenta y futuros representantes
que nos garanticen el respeto al orden democrático, la institucionalidad y el
futuro de la patria”.
¿Por qué es relevante
esta omisión? El 2026 será un año electoral doble: se celebrarán elecciones
generales (Presidencia, Congreso bicameral, Parlamento Andino) y elecciones
regionales y municipales. En suma, se elegirán más de 13 000 autoridades durante
el año.
Recordemos que la
última vez que elegimos un Congreso bicameral fue en 1990, lo que significa que
aproximadamente 65% de la población electoral del país lo hará por primera vez.
En esa línea, todo indica que muchos votantes no conocen aún las funciones diferenciadas
entre el Senado y la Cámara de Diputados; tampoco que el Senado tendrá el mayor
poder legislativo, incluyendo la aprobación de tratados, decretos de urgencia y
nombramientos de altos funcionarios. Menos aún que estos cambios podrían reconfigurar el equilibrio de poderes y abrir nuevas dinámicas de representación política.
Bajo estas
consideraciones, la omisión de Boluarte genera suspicacias, ya que, en un
contexto de nula aprobación de la mandataria y una alta tendencia a la
confrontación, no mencionar el proceso electoral puede interpretarse como una
estrategia para evitar compromisos explícitos o para reducir el escrutinio
público.
A ello deben sumarse
cuestiones como que en este momento ningún candidato supera el 10% de intención
de voto y que el 56.5% del electorado está indeciso o votaría en blanco/nulo,
reflejando una nítida crisis de representación.
No debe olvidarse,
además, que el escenario electoral ha sido negativamente alterado con
decisiones, entre otras, como la eliminación de las elecciones primarias
abiertas (PASO), que debilitan la participación ciudadana y favorecen a las
cúpulas partidarias; las reformas que debilitan a los movimientos regionales y
convienen a los presuntos partidos nacionales, así como las trabas impuestas a
las iniciativas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que buscan que los
directivos de partidos sean personas idóneas, sin condenas por delitos graves.
Por otro lado, tenemos otro
factor central, que es la actual vigencia de la vacancia presidencial. Es
cierto que doctrinariamente se ha considerado inconveniente vacar a un
presidente en su último año de mandato, usando fundamentos políticos como
constitucionales, entre ellos el principio de estabilidad institucional (vacar
al Presidente en el último año de su mandato puede generar una crisis
innecesaria, afectando la organización del proceso electoral y la
gobernabilidad). Ello, además, de considerar la pertinencia de evitar el uso
instrumental de la vacancia en contextos de alta conflictividad, porque puede
convertirse en una herramienta de cálculo electoral, donde los partidos buscarían
posicionarse para las elecciones venideras.
Es decir, la idea de no
vacar en el último año no es explícita en la Constitución, pero si emerge, aparecería
como una convención política para preservar una estabilidad conveniente a sus
promotores, evitando que el Congreso se convierta en un actor desestabilizador.
En
ese sentido, se trata de una doctrina de prudencia institucional, más que de
una norma jurídica. Así, no hay inmunidad temporal y la presidenta puede ser
vacada en cualquier momento de su mandato si se cumplen las causales
constitucionales. Por otro lado, es un acto político y no judicial, porque si
bien se basa en causales objetivas, la vacancia es decidida por el Congreso y
puede estar influida por las correlaciones de fuerza y la coyuntura política.
Como
vemos, el escenario electoral peruano rumbo a las elecciones generales de abril
de 2026, se presenta como uno de los más fragmentados, inciertos y desafiantes
de las últimas décadas. Sin embargo, que haya sido convenientemente suprimido a
última hora del discurso de la gobernante, no significa que no esté en las
consideraciones de esa derecha, cuyo único objetivo político es enlodar a más
no dar el escenario electoral, para que su mantra preferido, fraude, tenga la
muy remota posibilidad de tomar algo de forma.
desco Opina / 8 de agosto de 2025
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