Ni olvido ni perdón

 

El pasado 24 de marzo se conmemoró el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una oportunidad para dar un repaso a los retrocesos del último año en nuestra legislación que buscan dejar impunes a militares por sus crímenes durante el conflicto armado interno; y revisar cómo las decisiones de otros poderes del Estado están impidiendo que muchas familias de las regiones del sur del país encuentren justicia frente a la violencia ejercida por el Ejecutivo a fines del 2022 e inicios del 2023, que dejó muertos y heridos con secuelas irreparables.

En agosto del año pasado fue promulgada le Ley 32419, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo en el Perú entre 1980 y 2000. Esta ley revierte sentencias firmes y puede detener juicios que aún están en curso por crímenes cometidos en ese periodo. Los votos que permitieron su aprobación provinieron de Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, APP, Somos Perú, Honor y Democracia, y Avanza País, destacando de ellos, dos de sus fervorosos artífices y defensores: el exmilitar y congresista Jorge Montoya, y el congresista Fernando Rospigliosi, ahora candidatos al Senado Nacional. Este último también fue el artífice de la Ley Nº 32107, que establece que los crímenes de lesa humanidad y de guerra no son perseguibles si ocurrieron antes del 1 de julio de 2002.

Si bien diversos jueces y salas del Poder Judicial se han negado a aplicar estas normas por considerarlas inconstitucionales, los abogados de condenados, como los ocho exmilitares procesados por la masacre de Cayara, han comenzado a recusar los casos de sus clientes. La anulación de la pena de doce años de cárcel a Daniel Urresti que dio el Tribunal Constitucional, es una muestra de los graves efectos provocados por los impulsores de estas normas pro impunidad. No hay que olvidar que Urresti fue condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos; sin embargo, el candidato presidencial Pepe Luna, de Podemos Perú, lo ha incorporado en sus filas como flamante pieza clave para luchar contra la inseguridad.

Por su parte, el ahora Fiscal de la Nación Tomás Gálvez, desactivó el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip), además de otros tres, dejando en el aire 57 carpetas fiscales producto de las diligencias e investigaciones hechas en Ayacucho, Cusco y Puno, regiones donde se reportaron parte de las 49 personas asesinadas durante las masacres perpetradas por el régimen de Dina Boluarte. Si bien esta desactivación no significa que los casos se archiven, al pasar a manos de nuevos fiscales, los procesos y acusaciones a los responsables se vuelvan a retrasar. Peor aún, puede que esas carpetas fiscales queden olvidadas como tantas otras, debido a la abundante carga procesal del Ministerio Público.

Las víctimas del Estado en el sur no son sólo un número, se trata de vidas y familias que han quedado destruidas debido a la represión brutal que el régimen eligió desplegar a cambio de salvaguardar su permanencia en el poder. Vidas como la de José Luis Aguilar Yucra de 20 años, asesinado por un disparo que militares hicieron a 70 metros de distancia, el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho; o de Marco Antonio Samillán de 29 años, un estudiante de medicina que murió por un balazo en el tórax mientras brindaba auxilio a manifestantes durante las protestas, el 9 de enero de 2023 en Juliaca, Puno.

A más de tres años de lo acontecido, el avance para procesar a los culpables es lento y frustrante. La saña del Congreso no ha tenido límites: seis congresistas de Fuerza Popular, encabezados por Rospigliosi, presentaron el año pasado un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a policías y militares por las muertes que pudieran ocurrir durante la represión de una protesta. Si bien el proyecto fue duramente criticado por la opinión pública, no se archivó y continúa en la agenda parlamentaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.  

Lastimosamente, el discurso sostenido por la derecha peruana que argumenta que “los derechos humanos solo sirven para proteger a los delincuentes”, ha calado y podemos ver a muchas personas haciendo eco de esta falacia en redes sociales. El negacionismo y la alta tolerancia sobre estos y otros hechos, se hacen visibles en las recientes encuestas electorales, donde los grupos políticos cuestionados siguen ostentando altos porcentajes en la intención de voto.  

Hasta ahora no se discute seriamente la desproporcionalidad de la fuerza entre los que reprimen las protestas y los protestantes. No hay consensos básicos sobre cómo se debe controlar una protesta sin el uso de armas letales. Mientras tanto, estos crímenes de Estado se siguen normalizando y pasando por agua tibia todo intento que el régimen logra articular para evitar el acceso a justicia y verdad. Es sintomático que, durante el primer debate presidencial rumbo a las elecciones 2026, candidatos como Carlos Álvarez de País Para Todos, Pepe Luna de Podemos Perú y Cesar Acuña de Alianza por el Progreso, hayan evitado responder sobre si reactivarían los grupos especiales que Tomás Gálvez ha preferido alejar.

La memoria y la justicia deben ser también un motor importante para convocarnos a las urnas este 12 de abril. Nuestro voto es, en este contexto de democracia imperfecta, una muestra de nuestra resistencia y lucha frente a los grupos de poder que han priorizado mantener su status quo a costa de la vida de las y los peruanos. ¡Ni olvido ni perdón!

 

desco Opina – Regional / 27 de marzo del 2026

descosur

Impunidad de compadres: a todo trapo

Las últimas semanas, la presidenta Boluarte parecía muy próxima a su vacancia. No era por los muertos, heridos y perseguidos por las protestas, abusiva y violentamente reprimidas el 2022-2023. Era, finalmente, por el escándalo de los relojes Rolex a los que se sumaron otras joyas, el desbalance que existiría en sus cuentas bancarias y su reticencia a aclarar la situación ante la Fiscalía de la Nación. La historia que empezó a partir de una investigación periodística la primera quincena de marzo, llevó inicialmente a la mandataria a argumentar que se trataba de un bien del pasado, fruto de su esforzado trabajo. Luego de encerrase en el silencio unos días, el 22 de marzo anunció que asistiría al Ministerio Público con “su verdad”. Pronto, Fuerza Popular, mediante comunicado, expresó su preocupación por los “escándalos” que alcanzan al gobierno, solicitando que la mandataria precise el origen de los relojes en cuestión. Ante su inasistencia a las citaciones que le hiciera la Fiscalía, ésta, juez mediante, finalmente allanó el domicilio presidencial el 29 de marzo, abriendo la puerta con un ariete.

La respuesta de la presidenta, como nos tiene acostumbrados, fue victimizarse invocando su condición de mujer, provinciana y luchadora contra la corrupción, denunciando temprano un complot. Fastidiada porque los medios que sistemáticamente defendieron su permanencia, aparecían exigiéndole una mínima rendición de cuentas y subrayando su mediocridad, los incorporó como parte de la conspiración. Asustada, más allá de su soberbia y su frivolidad, esperó, sí, que los principales partidos de la derecha se pronunciaran a su favor y condenaran el fuerte sentido simbólico del allanamiento que vivió. Como no podía ser de otra manera, ocurrió así, sumándose a la preocupación por lo que ocurría, distintos analistas que sorprendieron a muchos con una mirada que olvidaba que Palacio ya había sido allanado con Castillo, como lo fuera también el domicilio de los Castillo Paredes.

Gustavo Lino Adrianzén, heredero del estilo y las maneras de su predecesor, quien ya había dado muestras de su talante autoritario e intolerante en su intervención en la CIDH defendiendo a Boluarte ante la OEA, justificando las muertes en las protestas, asumió el rol de leal escudero y finalmente encubridor del silencio de la mandataria, apareciendo como su defensor y acompañado por el abogado real de aquella, evidenciando sin tapujos su intención de castigar al coronel de Policía Harvey Colchado, responsabilizándolo de afectar la imagen del país con su acción, obviando toda explicación sobre las razones y el contexto de ésta. La mandataria y su Premier, para que no queden dudas, se exhibieron con los mandos militares, que una vez más, sin aprender lecciones del pasado reciente, aparecen como parte del mensaje de “fuerza” de la mandataria que busca mostrar las buenas relaciones que pretende tener con ellos, tanto como con el Congreso.

70 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones cerraron el capítulo más reciente de la triste historia que estamos viviendo. Con el apoyo pleno de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Renovación Popular, al que se sumó el respaldo parcial de Avanza País, Acción Popular, Podemos Perú y el Bloque Magisterial, el gabinete presidido por Gustavo Lino Adrianzén, obtuvo el voto de confianza que buscaba. Lograrlo, como ya es un clásico en la coalición autoritaria que han construido el Legislativo y el Ejecutivo de la señora Boluarte, tuvo su precio. Así, tras sus anuncios de austeridad, el Ejecutivo –en una demostración más de su debilidad y precariedad–, con las firmas de la mandataria y del ministro José Arista, autorizó a favor del Congreso que tiene un presupuesto de más de 1200 millones de soles, un crédito suplementario que supera los 50 millones para el año 2024, a fin de financiar gastos de personal, servicios y equipamiento, en otra muestra de la falta de escrúpulos del Parlamento, a decir del congresista Anderson.

El mismo ministro, evidenciando su particular manera de entender la cacareada “austeridad” del gobierno, se apuró en aprobar el Decreto de Urgencia 006-2024 en el que retrocedió y autorizó el financiamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) por 3,5 veces sus ingresos hasta el 31 de diciembre del 2024, claudicando así ante el alcalde López Aliaga, jefe de Renovación Popular, quien desde febrero anunciaba su voluntad de desacato de las reglas fiscales dispuestas por el Ejecutivo, obviando las advertencias del Consejo Fiscal que alertó de un sobreendeudamiento que dejará sin recursos a los próximos burgomaestres de la ciudad.

A estos estímulos crematísticos, y como parte de las componendas con sus socios políticos, 48 horas antes de la asistencia de Adrianzén y sus ministros al Parlamento, la mandataria cambió a seis de aquellos y aquellas y recompuso el gabinete, respondiendo a las exigencias de la mayoría congresal. Entre los nuevos ministros y ministras figuran militantes de Avanza País, Somos Perú y el Partido Morado, que se suman al ministro de Salud, militante del partido de César Acuña. El voto de confianza ha sido el corolario. La deslucida presentación del primer ministro, vacía de contenido y plena de lugares comunes, alentó “duras” intervenciones de los mismos congresistas que inmediatamente después le dieron la confianza en una sesión llena de lamentables intervenciones desbordantes de autoritarismo y promotoras de la impunidad, como la de Fernando Rospigliosi.

Una vez más, los socios de la coalición autoritaria que nos gobierna, se han dado la mano y prolongan su impunidad. Boluarte se aferra a la presidencia, con el fujimorismo y la derecha extrema que la toleran mientras siga haciendo, como hasta ahora, lo que quieren; aún la necesitan para concluir con el entramado institucional que pretenden para mantenerse en el poder, continuar con sus negocios y preservar el modelo. Estamos advertidos.

 

 desco Opina / 5 de abril de 2024

«Desarrollo» a la peruana

«Emputecida» fue como catalogó a la política peruana Augusto Álvarez Rodrich, semanas atrás, asignándole a Alan García no todos pero sí buena parte de los créditos correspondientes. No fue una revelación sino una reiteración de lo que venimos constatando los peruanos desde hace décadas.

A estas alturas, ya no se habla de crisis para intentar dar cuenta de una realidad que terminó por superar incluso los adjetivos más contundentes: términos como «achoramiento» o referencias más suaves y «conceptuales» –como «desborde popular»– dejaron de designar «algo» y, como parece señalar AAR, la situación obliga a recrear el lenguaje dejando constancia de un largo y continuo deterioro que no vislumbra fondo.

Sin embargo, el «todo vale» no refiere –no debería referir– específicamente a la encanallada forma de hacer política de la que vienen haciendo gala los revocadores en Lima. Tampoco al reemplazo del argumento por la matonería verbal, ni al patético ejercicio de autoridad que muestran los funcionarios electorales.

El «emputecimiento» o la «lumpenización» refieren sin más ni más a la total ausencia de reglas y al creciente imperio del fuerte y el corrupto. Sus consecuencias son funestas, como hemos vistos días atrás en Amazonas, con su vicepresidente regional asesinado por un sicario adolescente. Es el ambiente que se ha generado en Ancash, región en la que diversas autoridades y periodistas han sido también asesinados en los últimos años, en medio de disputas que aparentan ser políticas aunque inmediatamente revelan su verdadero motivo: pugnas mafiosas en torno a ingresos públicos y cupos provenientes de negocios ilegales.

De esta manera, ¿qué hipótesis hay tras el asesinato del vicepresidente de Amazonas? ¿Alguna autoridad está realmente preocupada e interesada en saber qué está sucediendo? El caso se enlaza con situaciones similares en otros lugares del país, como el ya referido de Ancash, pero también Puno, Puerto Maldonado, Ayacucho, Pucallpa y La Libertad. De la misma manera, seguramente, en este mar de fondo hecho de ilegalidad, corrupción e impunidad reside al menos una respuesta parcial a las interrogantes que abre la calamitosa situación en la que está la seguridad ciudadana en ciudades como Chiclayo.

Ante ello, la revocatoria es un aspecto nada tangencial de esta turbidez generalizada, pero no el escenario exclusivo ni, mucho menos, el único importante. La imposición contundente de la «ley de la selva» que se evidencia crecientemente en nuestro país, conduce a hablar de un país mafioso, cada vez más capturado por intereses ilícitos y que, finalmente, es el que parece estar imponiendo su ritmo a los restos de sistema político que nos queda.

En ese sentido, creemos que es muy poco el cuidado que se está prestando a una serie de factores distorsionadores que vienen actuando en los niveles locales y regionales que, genéricamente, están haciendo gravísimo daño a la denominada institucionalidad. En otras palabras, nadie pone en cuestión el crecimiento económico, pero son cada vez mayores las dudas acerca de los resultados en términos de desarrollo que nos hemos posibilitado. En todo caso, no hay mayor preocupación sobre este asunto desde la política y, para muestra, veamos solamente el comportamiento cotidiano del Congreso de la República, sin duda, parte estelar del problema a resolver.

En suma, ésta es una de las vulnerabilidades peruanas que ahora señalan todos los analistas. Estamos frente a la lógica de un Estado absolutamente informal, característica que en su momento fue considerada por Alan García para usarla como vehículo para armar su sistema de clientela. Esto es el «emputecimiento», el «Estado-lumpen» o el «Estado mafioso». El mismo que se revela en bienes inmuebles no declarados, en ingresos no justificados, en consultorías pagadas por clientes del Estado mientras se era funcionario y un largo etcétera más. El verbo matonesco que se observa impune en la campaña de la revocatoria es apenas un síntoma más de una descomposición más profunda y peligrosa, alentada por la indolencia de la clase política y la peligrosa indiferencia de buena parte de la sociedad.

desco Opina / 15 de febrero de 2013
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Mensajes detrás del Mensaje a la Nación

Transcurrida una semana, mucho se ha dicho ya sobre el Mensaje a la Nación de Fiestas Patrias. Sin embargo, hay aún algunas preguntas que permiten volver sobre algunos pasajes, esta vez de cara a las recientes movilizaciones sociales y al escenario que se abre en lo que resta del período presidencial. Pensamos que, más que un recuento de su gestión –a pesar de la avalancha de cifras- el 28 de Julio primó en el Presidente García el deseo de “hablarle” a algunos interlocutores específicos, expresando la orientación que piensa asegurar en su salida del poder, con miras a un eventual regreso el 2016.

De lo que se dijo, queremos resaltar apenas uno de los mensajes entrelíneas, el de la consolidación de las Fuerzas Armadas como parte del esquema de gobernabilidad por el que apuesta el García que se va y que ya nos amenaza con volver. Con varios exploraciones mineras en transición a la fase de explotación y abierto el tema del gas, estamos en un momento en el que el modelo debe asegurarse la resolución de los crecientes conflictos. García no piensa dejar este cabo suelto en su período de ausencia (formal) y ha empezado por un “gesto” público, extendiendo la mano a los uniformados, “escogidos” de entre la larga lista de quienes esperan homologación de sueldos y ajustes en su sistema pensionario. El aumento ofrecido a los militares y policías -al que amarra al próximo gobierno- es un dato importante de este movimiento de fichas, que refuerza la apuesta por las tendencias represivas que han hecho cómodo nido en la actual gestión.

Basta recordar que la experiencia inmediata anterior del gobierno en materia de conflictos sociales lleva la marca del “Baguazo”, cuyo resultado político fue la paralización de los decretos legislativos que tenían como objetivo la concesión de extensos territorios amazónicos. Hoy, la sombra de nuevas protestas acosa al Presidente, que no estaría dispuesto a aceptar otra vez que sus compromisos con los grandes inversionistas sean frenados u obligados a retroceder por la fuerza que cobran las protestas, en buena medida debido a la incapacidad de sus operadores para llevar las movilizaciones sociales hacia salidas negociadas. Por la expeditiva vía de las declaratorias de emergencia, las fuerzas armadas tendrán cada vez mayor rango de actuación en el “control interno”, a la vez que levantarán las coartadas favoritas del ineficiente aparato de inteligencia (actuación terrorista e infiltración venezolana). Lo estamos viendo ahora mismo en la movilización de La Convención por el gas.

Dentro de esta apuesta por tendencias regresivas, queremos también resaltar una serie de “movidas” recientes. Por un lado, tenemos la toma de posición de diversos personajes públicos –entre ellos Javier Villa Stein y César Vega, presidentes de las cortes Suprema y Superior, respectivamente- que junto a Rafael Rey publicaron en Fiestas Patrias una carta de respaldo al Cardenal Cipriani, en la que lo reconocen por su “sacrificada entrega a la causa de la pacificación en nuestro país, especialmente en (…) Ayacucho”, dando una vez más claras muestras de su “neutralidad”. De otro lado, están los arreglos en el Congreso, cuya Mesa Directiva controlada por el aprismo, le ha dado a la casi extinta bancada de Solidaridad Nacional una “ayudita” que le permitirá a su presidente y Alcalde de Lima, Luis Castañeda, librarse de la investigación por corrupción en el caso COMUNICORE. Se sella así una nueva alianza pro impunidad, anunciada hace semanas por el Premier Velásquez Quesquén, que respaldó públicamente a Castañeda en el citado caso. A estar atentos, pues acaba de declarar que considera “un exceso” la investigación reabierta a Keiko Fujimori -candidata heredera del dictador- por la dudosa procedencia del dinero con el que se financiaron sus estudios universitarios.

Como vamos, represión directa a las movilizaciones sociales en las que se seguirán “encontrando” nexos con “venezolanos y terroristas” y canje de negociados por impunidad serán las dos principales fórmulas que marcarán el ambiente en este último año del gobierno aprista. De acuerdo al discurso del mandatario, ese será el camino que nos trasladará al Primer Mundo, puerto al que llegaremos con su conducción, si sus deseos y la pesadilla de miles de peruanos, se hacen realidad.

desco Opina / 06 de agosto de 2010
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