A propósito de la censura

 

Una rápida mirada a la situación de la seguridad en nuestro país en los últimos meses, permite apreciar ocurrencias inaceptables: Perú se cae a pedazos. Lo sucedido en la provincia de Pataz ha dado la vuelta al mundo y estremecido a la nación. En particular, a casi la mitad de la población que por su edad no vivió los tiempos de Sendero Luminoso y el conflicto bélico que soportamos décadas atrás.

El caso ha saltado como el disparador de una reacción política de parte significativa del Congreso Nacional para recolectar firmas –que fácilmente superaron las requeridas– en cuatromociones distintas que fueron presentadas planteando la censura al Presidentedel Consejo de Ministros. Solo los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú no han firmado ninguna moción.

En medio de la indolencia gubernamental ese sector se niega a sumarse a lo que constituye una demanda nacional. Esto se explica, a nuestro entender, por el gran contubernio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con las mutuas ventajas que obtienen dando la espalda al país y cumpliendo su propósito de mantenerse, compartiendo el poder hasta el último día y de ser posible, extenderlo.

El reingreso a la escena del censurado ministro del Interior constituye una grave afrenta al orden constitucional. Si bien no se infringe ninguna norma con el retorno del cuestionado exministro como miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), también es cierto que, en la actual coyuntura, y dada la ubicación estratégica que ahora ocupa Santiváñez, es una burla abierta al Congreso que lo expectoró. Más aún si el oscuro personaje mantiene su cargo de Jefe de la Oficina general de Monitoreo Intergubernamental del despacho de Dina Boluarte.

Como lo hemos dicho más de una vez, la lista de ataques a la democracia y la gobernanza es amplia y variada. En esta movida de fichas el rol de Juan José Santiváñez pone en jaque, una vez más, el funcionamiento de las reglas de la democracia constitucional.

Si bien se puede ver a diario en la televisión y escuchar por distintos medios a ciudadanos comunes y corrientes denunciando que el sicariato y la extorsión están matando a personas inocentes, mientras las quejas ante la violencia y la inseguridad aumentan, es lamentable la falta de coordinación para enfrentar a autoridades que, a los ojos de cualquiera, no hacen nada, o peor aún, nombran en posiciones estratégicas a personajes nefastos.

Periodistas acribillados, colegios que no funcionan por amenazas a los estudiantes, trabajadores mineros vilmente asesinados, choferes y mototaxistas baleados, comerciantes amenazados y atacados, negocios y oportunidades de trabajo que desaparecen, son parte del resultado de la inacción del Estado en las zonas urbanas y rurales del país. Que en este escenario se pretenda duplicar el sueldo de la señora Boluarte, es un nuevo y grosero agravio absolutamente insensible y convencido de su impunidad.

Al parecer, no basta ya sumarse a las voces de protesta que resuenan como coro de lamentaciones sin rumbo en medio de noches oscuras. Creemos que, una vez más, debemos esforzarnos por encontrar los hilos de la concertación nacional que permitan a los que habitamos este país milenario y ferozmente maltratado por hampones y delincuente de distinta laya, salir del marasmo y la anomia, que como se sabe bien llevan por mal camino a las personas y sociedades.

El escenario electoral en marcha, por ahora corre por cuerda separada en tanto se definen y ajustan las listas y sus candidatos. Las expectativas de un cambio de rumbo siguen siendo pequeñas y el tema no convoca.

desco Opina - Regional / 9 de mayo de 2025

descoCiudadano

Viviendo en mundos paralelos, sembrando vientos

 

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra que la desaprobación de Dina Boluarte ascendió dos puntos en el mes que terminó y se instaló en 90%, mientras su aprobación parece definitivamente condenada a no superar el 5%. El sur del país (94%) y el Perú rural (93%), no podía ser de otra manera, son los más disconformes con ella. Por su parte, la aprobación del Congreso, se mantiene dentro de los ínfimos niveles registrados en meses anteriores; un mayoritario 92% lo desaprueba, acentuándose en el sur (96%) y sorprendentemente, en el estrato A/B (93%). Nada nuevo bajo el sol en un mes en el que los incendios forestales y el crecimiento exponencial de la inseguridad, paro de transportistas incluido, evidenciaron una vez más el desplome del Estado y el naufragio de la política.

De acuerdo al portal Ojo Público, los bosques y suelos arrasados por incendios forestales en el Perú crecieron más de 60% en cuatro años y hasta la tercera semana de septiembre hubo 3411 alertas de incendios en el país. La cifra es 32% mayor que la registrada en el mismo periodo de 2023. El impacto es aún más grave desde la perspectiva histórica. Entre 2019 y 2023, el área de bosques y suelos afectados por el fuego pasó de 18 088 a 29 308 hectáreas En este escenario, con la banalidad y la soberbia que caracterizan al Ejecutivo, mientras el patético ministro Adrianzén se esforzaba en restarles importancia, cuestionando que se los califique de tremendos y terribles para justificar su inacción, su colega Manero, minimizó la quema de cinco mil hectáreas, sosteniendo que ello no afecta el abastecimiento de los mercados porque “tenemos más de 7 millones de hectáreas agrícolas”.

El Gobierno, desde el primer momento, pretendió explicar la multiplicación de los incendios por la práctica ancestral de quema y roza como única causa. La misma era tan infantil, que la propia Defensoría del Pueblo, la misma que está capturada y silenciada por la coalición autoritaria en el Gobierno, se vio obligada a recordar que la exoneración de sanciones administrativas y penales que promueve la Ley 31973, llamada ley “antiforestal”, contribuyó decididamente a la proliferación de los incendios.

De igual manera, en lo que hace al aumento de la inseguridad, aunque los números no dejan lugar a dudas, la incapacidad gubernamental se exhibió también. A septiembre, 15 empresas de transportes en Lima se encontraban amenazadas, 3 habían parado operaciones, los choferes asesinados el 2024 ya eran 9 y sólo en ese mes se habían producido 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao. En el caso de construcción civil, 5 dirigentes fueron asesinados hasta ese momento y más de 5000 trabajadores se vieron desempleados por la paralización de obras. En el año en curso, según la Asociación de Bodegueros, más de 9000 microempresarios denunciaron actos delincuenciales, 2600 bodegas se vieron obligadas a cerrar solo en Lima Metropolitana y 5000 más cerrarán a fin de año. Según INEI, entre enero y junio de este año, en las principales ciudades de 20 000 a más habitantes, 29,7% de la población fue víctima de algún hecho delictivo y 13 de cada cien fueron víctimas de robo de dinero, cartera, celular.

En este escenario de violencia e inseguridad, el ministro del Interior, más preocupado por explicar los silencios de la mandataria y por defenderse de las distintos señalamientos sobre su trabajo de ambicioso escudero, que se multiplican en los distintos medios, apareció anunciando la convocatoria a una marcha por la paz como parte de una “estrategia” primitiva y demagógica que combina la declaración del estado de emergencia, la presentación de una propuesta legislativa más, que se suma a las 17 del Congreso de la República, creando la inútil figura de un nuevo tipo delictivo, el “terrorismo urbano”, anunciando el aumento de las penas, pero guardando cuidadoso silencio frente a la resistencia de la Junta de Portavoces a poner en debate la derogatoria de la ley que favorece al crimen organizado. En la misma dirección, y con el mismo gesto adusto, el Presidente del Consejo de Ministros adelanta la decisión de volver a un Fuero Militar para que policías y militares se “sientan respaldados” en sus tareas de orden interno. Con ellos, el ministro de Educación, señalando que no le harán el juego a ningún paro, mientras el Jefe del Estado Mayor de la Policía trató de convencernos de que luego de El Salvador de Bukele, nos encontramos entre los países más seguros de la región.

En este cuadro de horror, el Congreso se mantiene firme en su línea. Defiende la Ley Nº 32108 que favorece a las organizaciones criminales, convencidos de que su derogatoria afecta la búsqueda de impunidad de muchos de sus integrantes; en la última semana presentan hasta 4 nuevos proyectos –Fuerza Popular y Renovación Popular– para incorporar el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, y por si fuera poco, para engañar a una platea que sólo existe en su imaginación, interpelan a los ministros de Ambiente por los incendios forestales, y al del Interior por motivos múltiples, con menos de una veintena de asistentes en cada caso, para demostrar que como fiscalizadores de sus socios, son buenos punteros mentirosos.

Como imagen final, la mandataria que ya se acostumbró al silencio con los periodistas y la altisonancia en inauguraciones o visitas, pasando con enorme facilidad de su cotidiana torpeza, por ejemplo, señalar a quienes no tienen ingresos de terminar convertidos en delincuentes, a la agresividad primariosa de acusar a sus críticos de envidiosos e insatisfechos o de “cargar en sus hígados enfermos el odio…”.

Imposible sorprenderse de los resultados de la encuesta. El desinterés total por la política que ha crecido 6 puntos el último año (33% y 39% en el Perú rural) es comprensible. La inacción de la coalición gobernante, con Fuerza Popular encabezándola cada vez más, frente a la ola delincuencial que nos azota, ha comenzado a generar la reacción ciudadana. En Sullana, la mandataria fue rechazada por una población afectada por la extorsión y el sicariato; en Ica, el Ministro del Interior fue abucheado y tuvo que partir rápido; en Lima, el 26 de setiembre miles de choferes de transporte público paralizaron sus actividades exigiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto; más de 20 gremios empresariales, entre los que están la  Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), han suscrito un pronunciamiento señalando que hay un gobierno paralelo: el del crimen organizado….

Cuidado, que de tanto sembrar vientos, empecemos a cosechar huracanes….

 

desco Opina / 4 de octubre de 2024

Dina, sus waykis del Congreso y el bajo apoyo a la democracia

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos resulta demoledora. Como se señala en la introducción de sus resultados, a lo largo de los últimos años nos hemos caracterizado por nuestro débil apoyo a la democracia como régimen de gobierno. Si el Barómetro de las Américas registraba que el 2023, apenas un 19% declaraba estar satisfecho o muy satisfecho con ella, hoy apenas el 13% está satisfecho con su funcionamiento en el país y 53% de encuestados, que llegan hasta el 64% en el Perú rural, evidencia un apoyo bajo a aquella. Estos resultados no son difíciles de entender porque, como lo muestra la misma medición, ocho de cada diez encuestados creen que sus derechos básicos no están protegidos por el sistema político, percepción que es mayor entre los residentes de Lima Metropolitana, las macrozonas centro y sur del país y entre los que pertenecen al nivel socioeconómico C. Como en la medición anterior, apenas 5% aprueba a la mandataria, y la desaprobación del Congreso ya trepó a 94%, 3% y 95% respectivamente en el sur.

No obstante tales resultados, si miramos con algún detenimiento la forma en que se comportan el Ejecutivo y el Legislativo, entenderemos con facilidad por qué menos de la mitad de los encuestados (48%), siente respeto por las instituciones políticas. En este escenario, la Presidenta pretende que miremos la democracia como un asunto electoral, desde el que ella cree tener una legitimidad impune, más allá de muertos, heridos, perseguidos, relojes y pulseras, cirugías, wantanes e Inca Kolas, como sostuvo en China; legitimidad que cree sinónimo de impunidad, de acuerdo y sujeción al parlamentarismo autoritario que nos gobierna. Así lo evidencia la indignante y patética carta de respuesta a la CIDH, que firma con otro de sus waykis, en defensa de la ley perpetrada por los congresistas Rospigliosi y Cueto, para que se declare inaplicable la figura de lesa humanidad antes del 2002, protegiendo así a asesinos, violadores y torturadores, más allá de figurones como Fujimori, Montesinos, Aguinaga, Urresti y un largo etcétera más.

Como sus socios de la Avenida Abancay, la señora ha convertido “la defensa de la democracia” en su frase favorita, convencida que se trata de la muletilla perfecta, además de su silencio que es lo que mejor hace, para enfrentar las críticas y cuestionamientos que le llegan desde la opinión pública y los reales malestares de la calle. Como aquellos, no entiende que los enemigos de la democracia no son los ponchos rojos y sus balas dum dum, el comunismo internacional o un reducido grupo de malos peruanos, sino fundamentalmente, su desconexión con la gente y su incapacidad, la de su gobierno y su Congreso, para atender las demandas básicas de la población.

La señora Boluarte parece creer que con sus incondicionales escuderos argumentando por ella –Gustavo Adrianzén, Morgan Quero, Juan Santibáñez y César Vásquez–, y con su aparente quebranto en una entrevista internacional por la dramática situación de la salud en el país, resulta suficiente. Feliz por el blindaje que le ofrecen aquellos y segura, por el momento, de su relación con los congresistas, cierra los ojos a las barbaridades de los primeros, aplaude y aprueba las arbitrariedades, las leyes y los abusos de los segundos.

En el primer caso, se resigna a que Adrianzén sea apenas un Otárola chiquito. No se le ha oído palabra sobre la condenable y vergonzosa postura de sus ministros de Educación y de la Mujer, que poco menos justificaron la violencia sexual contra más de 500 escolares de la comunidad Awajún ante la posibilidad de “prácticas culturales que lamentablemente ocurren en los pueblos amazónicos”; la madre de todos los peruanos, como se autodenominó, a más de un mes de la denuncia, guarda silencio. Sonríe ante las mentiras constantes y las bravuconadas de su ministro del Interior, aparente encargado de la desactivación de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) que beneficiaría a la mandataria y a su hermano, pero también a parte importante del elenco político y del Congreso. Aplaude a su ministro de Salud mientras la central de compras de medicamentos esenciales a su cargo, ha dejado de efectuar el 97% de las compras requeridas y hay problemas de stock en 120 tipos de medicinas afectando a pacientes con cáncer, VIH y diabetes e hipertensión.

En el segundo caso, el Ejecutivo que preside, acepta todas y cada una de las normas que viene aprobando el Congreso, entre las que destacan 26 normas que reformaron la Constitución o introdujeron cambios en leyes orgánicas que afectan la institucionalidad. Estas modificaciones que afectan al sistema democrático, tienen impactos negativos en la economía, la salud, la educación, el medio ambiente, el transporte y el enfoque de género, sin que le preocupe a la mandataria y su equipo directo. La reciente aprobación de las leyes sobre organizaciones criminales y la prescripción de delitos de lesa humanidad son parte de esa orientación.

La situación es tan grosera que incluso figuras que estuvieron vinculadas al gobierno de Alberto Fujimori, explicando por qué la gente no cree en el Estado y la democracia, dicen que “no hay autoridad, sino matonería; no hay educación, sino deshumanización; no hay justicia, sino revancha; no hay castigo, sino impunidad”.

Así las cosas, para las próximas semanas están anunciadas distintas respuestas desde la movilización de la gente. Entre el paro convocado para el 19 de julio y la movilización a Lima a la que llaman para fines de mes diversas organizaciones nacionales y de las regiones, la capacidad de agencia de la sociedad será nuevamente puesta a prueba, en una película en la que todo indica que, sin la participación activa de la calle, difícilmente veremos cambios en la situación desde lo que es hoy la política.

 

 

desco Opina / 12 de julio de 2024