Una maquinaria de largo plazo en acción

 

La difusión de una encuesta reciente ha causado alguna sorpresa. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y dueño de Renovación Popular, aparece por primera vez encabezando las preferencias electorales con 10%, seguido por Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y César Acuña con 8%, 6% y 3% respectivamente. Entre enero y agosto la candidata naranja perdió cuatro puntos, mientras el alcalde de Lima, al ritmo de sus influencers y sus trenes, ganó 6.  La medición mostraba también que 58% definitiva o probablemente no votaría por Fuerza Popular, 55% no lo haría por Perú Libre y 54% por APP. Lo que los titulares y los comentarios de la encuesta dejaron en segundo plano, es que entre enero y agosto, el voto blanco, viciado, ninguno o no precisa, creció 7 puntos, llegando a 51% –67% en el nivel socio económico E y 57% fuera de Lima–, vale decir derrotando a todos los candidatos.

Como foto instantánea, la medición adelanta la importante probabilidad del antivoto dando paso en abril del próximo año a una elección en la que, al ausentismo, que puede crecer, se sumarán el pragmatismo de corto plazo y, seguramente, la resignación de sectores del electorado. La gente tiene claro quiénes manejan el Congreso de la República y gobiernan el país con la subordinación complaciente de Dina Boluarte, preocupada centralmente por asegurar su impunidad.

Mientras sectores de la opinión pública se distraen con las encuestas, la coalición autoritaria que gobierna avanza sin tregua, consolidando una maquinaria que camina, cree que imparable, en la consolidación de sus intereses. La elección de la presidencia de las comisiones del Congreso fue una pieza más de la repartija a la que nos han acostumbrado; muchos de los congresistas hoy en esa función, enfrentan investigaciones fiscales, denuncias penales o directamente carecen de preparación, mientras que otros enfrentan cuestionamientos por su trayectoria política y sus antecedentes personales. Así, uno de los denominados “Niños”, indagado por corrupción en el gobierno de Castillo, preside la comisión de Ética; una parlamentaria, invasora de varios espacios públicos para ampliar sus propiedades, lidera la comisión de Vivienda, mientras un congresista, promotor de la prolongación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2026, lo hace en la de Energía y Minas.

La mandataria firmó con entusiasmo y alentada por su ministro de Agricultura la nueva Ley Agraria, la ley Chlimper 2.0 en julio, aprobada por el Congreso que, por diez años, reducirá el Impuesto a la Renta de las grandes agroexportadoras y cambia las reglas del agua, permitiendo que las asociaciones de usuarios realicen “transacciones con terceros” del excedente que ahorren, sin intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), debilitando el control público sobre un recurso que es patrimonio de la Nación. El regalo que nos cuesta 20 000 millones de soles beneficia especialmente a Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú, a las que se suman industrias del sector vitivinícola como Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero).

Más grosero aún, Boluarte promulgó con satisfacción una ley que otorga amnistía a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa por crímenes graves contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000) y permite la liberación de condenados mayores de 70 años. Su entusiasta abrazo con el grupo Colina desnudó su pobre humanidad y aparecía comprando su impunidad y pagando los servicios de quienes dispararon contra civiles desarmados, defendiendo su régimen.

Todo esto como parte de un espectáculo donde el Congreso, ahora liderado por Fernando Rospigliosi pretende duplicarse el sueldo, y quien se piensa mandataria, continúan con su hostigamiento al Ministerio Público, su afán por recortar la autonomía judicial, su decisión de acabar con la posibilidad de elecciones competitivas, y el desprecio abierto que muestran por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un espectáculo donde todas las piezas funcionan en la misma dirección: un Tribunal Constitucional que blinda a la señora, una Junta Nacional de Justicia que evapora 1200 expedientes, un gobierno y congresistas que resultan patrioteros tras los despropósitos de Petro y se desentienden de las responsabilidades que les tocan por el abandono de Santa Rosa y de nuestras fronteras en general.

Las cosas son más duras aún. La maquinaria que avanza, busca instalarse en el largo plazo. Más allá de las ambiciones puntuales que separan a sus integrantes, antes que grandes diferencias, que explican el posicionamiento «opositor» que buscan López Aliaga y sus secuaces para afirmarse como la futura cabeza de la misma coalición autoritaria de hoy, comparten ese como interés fundamental. Si cabe alguna duda sobre aquel, basta mirar el programa tentativo del CADE Ejecutivos 2025, con el claro nombre de “Firmes en la acción ¡por la patria! Porque liderar hoy es una responsabilidad ineludible”. Más allá de los temas, lo impresionante es el reparto. No podía ser muy distinto, siendo la presidenta del evento María Isabel León, exresponsable del plan de gobierno en educación y vocera del fujimorismo en la materia el 2016.

Desde Javier Milei, el presidente argentino, y Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular español, pasando por el parlamentario platense del Partido Libertario Bartolomé Abdalá, hasta Axel Kaiser, activista de derecha y presidente de la Fundación para el Progreso (Chile), la extrema derecha global dice presente y evidencia la actividad de sus redes y fundaciones en la región. Con ellos, lo más rancio, pero también lo más duro de nuestra derecha. Abogados como Humberto Abanto, Natale Amprimo y Aníbal Quiroga ocupándose de la seguridad jurídica y la justicia para los peruanos. Militantes de la Coordinadora Republicana y columnistas de Lampadia repartidos en los distintos paneles, Francisco Tudela y Juan Claudio Lechín ocupándose del impacto de la geopolítica en las próximas elecciones. Obviamente, también en protagónicos papeles Aldo Mariátegui y Fernando Rospigliosi.

Más allá de la apariencia del CADE, todo indica que la maquinaria de la derecha se mantiene anclada en la cultura patrimonial, racial y mercantil que la caracteriza. Que seguirá respondiendo a pactos informales y a la exclusión sistemática de las grandes mayorías para mantener cerradamente su espacio, preservar sus privilegios y administrar el Estado a su servicio, con la violencia que crea necesaria.

 

desco Opina / 22 de agosto de 2025